En lo que constituye un nuevo avance sobre el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura estaría por anular el concurso para cubrir las vacantes de dos juzgados porteños del fuero federal criminal en los cuales se investigan algunas de las principales causas de corrupción. El impulso para dejarlo sin efecto partiría de dos de las principales espadas del gobierno de Cristina Kirchner en el Consejo: Diana Conti y Carlos Kunkel.
La idea de la anulación del concurso ya había sido planteada el año último por el diputado Kunkel, pero no llegó a concretarse. En aquel momento, la consejera Conti señaló: “El planteo es anularlo todo. Pasó demasiado tiempo y la mayoría de las calificaciones fue horrible”.
En efecto, el expediente que dio lugar al concurso no tuvo movimiento en 13 meses y ahora los consejeros que responden al Gobierno quieren anularlo con el argumento de que vencieron los plazos y la mayoría de los candidatos obtuvo calificaciones muy bajas en la prueba escrita: de los 33 aspirantes, más de la mitad no llegó a cuatro. El planteo afronta una dificultad: en su momento, el mismo Consejo había solicitado un dictamen a tres juristas de primer nivel que revisaron los exámenes y afirmaron que la tarea de los evaluadores había sido intachable.
El proceso de selección de jueces es un procedimiento perfectamente reglado y los candidatos mejor calificados tienen derecho a que la evaluación a la que se sometieron llegue hasta el final. Pero, además, queda la sospecha de que todo lo que se está tramando para dejar sin efecto los concursos podría tender a favorecer a otros candidatos que no sacaron las mejores notas, pero que podrían ser más permeables o tener un mayor grado de afinidad con el Gobierno. De ser así, quedaría afectada la independencia que deben tener los jueces.
(Fuente: La Nación, 9-4-08)
