El ex presidente Carlos Menem y dos de sus funcionarios resultaron procesados por el delito de estrago doloso agravado a raíz del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero, que el 3 de noviembre de 1995 destruyó parte de la ciudad cordobesa, mató a siete civiles e hirió a centenares de ellos.
"La orden [de volar la fábrica] la impartió el imputado Menem", aseguró el juez federal de Río Cuarto Oscar Valentinuzzi, en una resolución en la que dispuso la falta de mérito para el ex jefe del Ejército de Menem y actual embajador en Colombia, genera (R) Marín Balza, el ex subjefe de esa fuerza, general Raúl Gómez Sabaini y otros oficiales del Ejército.
Menem no deberá cumplir prisión, y tampoco los otros procesados: el ex secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, Jorge José Baeza, y el subinterventor de Fabricaciones Militares, Norberto Osvaldo Emanuel.
En línea con los peritajes oficiales, Valentinuzzi reiteró que las explosiones fueron intencionales y programadas, y calificó al atentado de "crimen de Estado", pues entendió que la intención fue borrar pruebas del contrabando de armas del Ejército a Croacia y a Ecuador. Esas armas se acondicionaban en la fábrica de Rio Tercero. "La fábrica, sin duda, tuvo un rol protagónico en el contrabando de armas", sostuvo el juez.
Luego agregó que la orden del atentado provino de Buenos Aires y de lo más alto del Poder Ejecutivo, y que para concretarla "se habría facilitado y armado un teatro de operaciones para ocultar que se efectuarían explosiones programadas [para] borrar vestigios del tráfico de armas, haciendo aparecer lo acontecido como un accidente".
(La Nación, 16-8-08)
"La orden [de volar la fábrica] la impartió el imputado Menem", aseguró el juez federal de Río Cuarto Oscar Valentinuzzi, en una resolución en la que dispuso la falta de mérito para el ex jefe del Ejército de Menem y actual embajador en Colombia, genera (R) Marín Balza, el ex subjefe de esa fuerza, general Raúl Gómez Sabaini y otros oficiales del Ejército.
Menem no deberá cumplir prisión, y tampoco los otros procesados: el ex secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, Jorge José Baeza, y el subinterventor de Fabricaciones Militares, Norberto Osvaldo Emanuel.
En línea con los peritajes oficiales, Valentinuzzi reiteró que las explosiones fueron intencionales y programadas, y calificó al atentado de "crimen de Estado", pues entendió que la intención fue borrar pruebas del contrabando de armas del Ejército a Croacia y a Ecuador. Esas armas se acondicionaban en la fábrica de Rio Tercero. "La fábrica, sin duda, tuvo un rol protagónico en el contrabando de armas", sostuvo el juez.
Luego agregó que la orden del atentado provino de Buenos Aires y de lo más alto del Poder Ejecutivo, y que para concretarla "se habría facilitado y armado un teatro de operaciones para ocultar que se efectuarían explosiones programadas [para] borrar vestigios del tráfico de armas, haciendo aparecer lo acontecido como un accidente".
(La Nación, 16-8-08)
