Raúl Eduardo Carranza y Enrique Oscar Seia Goñi
Integrantes y asesores de la Comisión de Manejo Sustentable del Bosque Nativo de la Sociedad Rural de Jesús María
La ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos (llamada ley Bonasso), establece que cada provincia debe realizar a través de un “proceso participativo” el ordenamiento territorial de bosques nativos de acuerdo con los criterios de sustentabilidad que esta determina, con un manejo sostenible tanto del bosque como del suelo.
Con ese motivo la Secretaría de Ambiente –autoridad provincial designada al efecto– realizó una invitación para la formación de una Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN).
Dicha invitación se concretó 24 de noviembre del año 2008 y se dio voz y voto a un sinnúmero de entidades, comunidades indígenas, movimientos campesinos, organismos y cátedras de universidad. En la oportunidad, los que comparecieron se arrogaron una representación que no acreditaron para participar en dicha comisión. Más allá de que no acreditaron representación, se citó en mayoría a los grupos ambientalistas.
Las sociedades rurales del norte cordobés (Jesús María, Cruz del Eje, Deán Funes y Villa Dolores) y la Confederación de Asociaciones Rurales de la tercera Zona (Cartez) denunciaron ante la autoridad las irregularidades, haciendo saber que en la conformación de la COTBN había quedado sin ser representada la parte productiva, esto es, los propios titulares de las tierras.
Se han realizado gestiones por las entidades, incluida la Mesa de Enlace de la Provincia ante el propio gobernador y el ministro de Agricultura, no obstante aún sigue funcionando dicha COTBN y, lo que es peor, dentro del seno de la propia Secretaría de Ambiente.
Las cátedras de las universidades Nacional de Córdoba y Católica de Córdoba, como así también la propia Legislatura han presentado notas denunciando también estas irregularidades.
Politiquería sectorial. Nadie puede estar en desacuerdo en que hay que preservar los Bosques Nativos (BN) remanentes. Ahora bien, es preciso hacer conocer a cada uno de los propietarios de las tierras que el proceso de conformación de la COTBN y su trabajo ha dado participación a grupos fundamentalistas, filántropos, burócratas, falsos ambientalistas, defensores de causas perdidas, mediáticos, esnobistas, disponedores de lo ajeno, todos autoerigidos para cobrar protagonismo y aceptados por una sociedad a la que se engañó “vendiéndole” la idea de “topadora o vida”.
Las personas que están interviniendo en la confección del ordenamiento territorial para Córdoba no tienen representatividad o peso y han marginado la participación de los principales y verdaderos actores, que son los propios productores o dueños de las tierras.
La política, o politiquería sectorial, y de escasísimo nivel de representatividad, como son estos grupos radicalizados, no puede estar por encima de la ciencia, de la ley y de los intereses de los propietarios.
El objetivo de estos grupos es limitar en forma total la intervención en espacio y tiempo sin detenerse a evaluar una propuesta de recuperación ambiental, superadora de la inacción que intentan imponer sin fundamentarla científicamente, económicamente ni con soluciones como propuestas.
Podemos entender y compartir la defensa de los BN como patrimonio social, cultural y ambiental, pero debemos entender que actualmente son pocas las zonas que podemos denominar “bosque nativos prístinos”, pues los que conocemos son resabios que hoy cumplen función ambiental escasa y empobrecida.
Son fachinales en condiciones degradadas producto de la tala indiscriminada y el sobrepastoreo por falta de políticas y de control y en franco proceso de desertificación, agravada por la clausura impuesta que promueve la invasión de leñosas xerófitas.
El proceso de degradación se agrava día a día por la inexistencia de políticas de sustentabilidad ambiental y económica. Las únicas existentes con la inacción y la clausura, promotoras de la degradación.
Nuestra propuesta es un manejo de recuperación de un ambiente degradado, edáfica, vegetativa, faunística, social, cultural y económicamente.
El enriquecimiento del estrato arbóreo y pastoril, conjuntamente con el control del arbustivo, hoy predominante, es la base de la propuesta.
A la sociedad se le vendió la idea de que son “preciosos bosques nativos” a los que no hay que tocar. Evidentemente es una falsa acción ambiental y una estafa política.
Debemos compartir el no al desmonte, no a la soja, no a la agricultura sobre bosques nativos en ambientes inapropiados.
Pero no compartimos la defensa de los “fachinales” y los supuestos 300 años de espera para su reconversión en bosques nativos.
Parques sombreados y empastados con vacas gordas y ciudadanos fuera de la miseria es la obligación de productores, Estado, ecologistas y ambientalistas y debe ser la herencia para nuestros hijos.
Por eso debemos decir “sí” a la reconversión de fachinales y a la rápida recuperación del ambiente. “Sí” al respeto de la Ley.
La sociedad no puede esperar 300 años: necesitamos ya cinco grados menos de temperatura y 20 veces más oxígeno. La ley Bonasso debe aplicarse a los bosques nativos, no a los fachinales.
Dentro y fuera de la ley. Debemos reconocer dos aspectos.
Sociocultural: es entendible, desde ese punto de vista, declarar intangible aquel bosque que se conserva original y también generar “áreas simbólicas de clausura” y “corredores biológicos” en aquellos lugares que están menos degradados, para intentar su recuperación en los próximos siglos.
Ambiental: el BN degradado no brinda un servicio ambiental importante, y es totalmente superado por un sistema alternativo y sustentable como el silvopastoril con enriquecimiento arbóreo, que consigue superar con creces los beneficios ambientales que brinda aún un BN original.
El aspecto sociocultural puede cubrirse con superficies moderadas, pero sobre el aspecto ambiental se está incurriendo en una información errónea e intencionada a la sociedad y no se está procediendo o facilitando a la recuperación del ambiente por el “costo que significa reconocer una política ambiental equivocada”.
Aun así, si el Estado considera la intangibilidad total o la trashumancia, el camino es la “expropiación a precio justo” y no obligar a un pequeño grupo de productores a convertir sus establecimientos en “parques naturales degradados” en forma gratuita.
No se puede condenar a los que están dentro de la ley, con programas de recuperación del ambiente y dejar impunes a los que están fuera de la ley, degradaron el ambiente y se están beneficiando económicamente en desmedro de los que aún conservan bosques nativos.
© La Voz del Interior, 3-3-09
Integrantes y asesores de la Comisión de Manejo Sustentable del Bosque Nativo de la Sociedad Rural de Jesús María
La ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos (llamada ley Bonasso), establece que cada provincia debe realizar a través de un “proceso participativo” el ordenamiento territorial de bosques nativos de acuerdo con los criterios de sustentabilidad que esta determina, con un manejo sostenible tanto del bosque como del suelo.
Con ese motivo la Secretaría de Ambiente –autoridad provincial designada al efecto– realizó una invitación para la formación de una Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN).
Dicha invitación se concretó 24 de noviembre del año 2008 y se dio voz y voto a un sinnúmero de entidades, comunidades indígenas, movimientos campesinos, organismos y cátedras de universidad. En la oportunidad, los que comparecieron se arrogaron una representación que no acreditaron para participar en dicha comisión. Más allá de que no acreditaron representación, se citó en mayoría a los grupos ambientalistas.
Las sociedades rurales del norte cordobés (Jesús María, Cruz del Eje, Deán Funes y Villa Dolores) y la Confederación de Asociaciones Rurales de la tercera Zona (Cartez) denunciaron ante la autoridad las irregularidades, haciendo saber que en la conformación de la COTBN había quedado sin ser representada la parte productiva, esto es, los propios titulares de las tierras.
Se han realizado gestiones por las entidades, incluida la Mesa de Enlace de la Provincia ante el propio gobernador y el ministro de Agricultura, no obstante aún sigue funcionando dicha COTBN y, lo que es peor, dentro del seno de la propia Secretaría de Ambiente.
Las cátedras de las universidades Nacional de Córdoba y Católica de Córdoba, como así también la propia Legislatura han presentado notas denunciando también estas irregularidades.
Politiquería sectorial. Nadie puede estar en desacuerdo en que hay que preservar los Bosques Nativos (BN) remanentes. Ahora bien, es preciso hacer conocer a cada uno de los propietarios de las tierras que el proceso de conformación de la COTBN y su trabajo ha dado participación a grupos fundamentalistas, filántropos, burócratas, falsos ambientalistas, defensores de causas perdidas, mediáticos, esnobistas, disponedores de lo ajeno, todos autoerigidos para cobrar protagonismo y aceptados por una sociedad a la que se engañó “vendiéndole” la idea de “topadora o vida”.
Las personas que están interviniendo en la confección del ordenamiento territorial para Córdoba no tienen representatividad o peso y han marginado la participación de los principales y verdaderos actores, que son los propios productores o dueños de las tierras.
La política, o politiquería sectorial, y de escasísimo nivel de representatividad, como son estos grupos radicalizados, no puede estar por encima de la ciencia, de la ley y de los intereses de los propietarios.
El objetivo de estos grupos es limitar en forma total la intervención en espacio y tiempo sin detenerse a evaluar una propuesta de recuperación ambiental, superadora de la inacción que intentan imponer sin fundamentarla científicamente, económicamente ni con soluciones como propuestas.
Podemos entender y compartir la defensa de los BN como patrimonio social, cultural y ambiental, pero debemos entender que actualmente son pocas las zonas que podemos denominar “bosque nativos prístinos”, pues los que conocemos son resabios que hoy cumplen función ambiental escasa y empobrecida.
Son fachinales en condiciones degradadas producto de la tala indiscriminada y el sobrepastoreo por falta de políticas y de control y en franco proceso de desertificación, agravada por la clausura impuesta que promueve la invasión de leñosas xerófitas.
El proceso de degradación se agrava día a día por la inexistencia de políticas de sustentabilidad ambiental y económica. Las únicas existentes con la inacción y la clausura, promotoras de la degradación.
Nuestra propuesta es un manejo de recuperación de un ambiente degradado, edáfica, vegetativa, faunística, social, cultural y económicamente.
El enriquecimiento del estrato arbóreo y pastoril, conjuntamente con el control del arbustivo, hoy predominante, es la base de la propuesta.
A la sociedad se le vendió la idea de que son “preciosos bosques nativos” a los que no hay que tocar. Evidentemente es una falsa acción ambiental y una estafa política.
Debemos compartir el no al desmonte, no a la soja, no a la agricultura sobre bosques nativos en ambientes inapropiados.
Pero no compartimos la defensa de los “fachinales” y los supuestos 300 años de espera para su reconversión en bosques nativos.
Parques sombreados y empastados con vacas gordas y ciudadanos fuera de la miseria es la obligación de productores, Estado, ecologistas y ambientalistas y debe ser la herencia para nuestros hijos.
Por eso debemos decir “sí” a la reconversión de fachinales y a la rápida recuperación del ambiente. “Sí” al respeto de la Ley.
La sociedad no puede esperar 300 años: necesitamos ya cinco grados menos de temperatura y 20 veces más oxígeno. La ley Bonasso debe aplicarse a los bosques nativos, no a los fachinales.
Dentro y fuera de la ley. Debemos reconocer dos aspectos.
Sociocultural: es entendible, desde ese punto de vista, declarar intangible aquel bosque que se conserva original y también generar “áreas simbólicas de clausura” y “corredores biológicos” en aquellos lugares que están menos degradados, para intentar su recuperación en los próximos siglos.
Ambiental: el BN degradado no brinda un servicio ambiental importante, y es totalmente superado por un sistema alternativo y sustentable como el silvopastoril con enriquecimiento arbóreo, que consigue superar con creces los beneficios ambientales que brinda aún un BN original.
El aspecto sociocultural puede cubrirse con superficies moderadas, pero sobre el aspecto ambiental se está incurriendo en una información errónea e intencionada a la sociedad y no se está procediendo o facilitando a la recuperación del ambiente por el “costo que significa reconocer una política ambiental equivocada”.
Aun así, si el Estado considera la intangibilidad total o la trashumancia, el camino es la “expropiación a precio justo” y no obligar a un pequeño grupo de productores a convertir sus establecimientos en “parques naturales degradados” en forma gratuita.
No se puede condenar a los que están dentro de la ley, con programas de recuperación del ambiente y dejar impunes a los que están fuera de la ley, degradaron el ambiente y se están beneficiando económicamente en desmedro de los que aún conservan bosques nativos.
© La Voz del Interior, 3-3-09
