Por Julio María Sanguinetti
Vuelve el Frente Amplio contra la ley de caducidad. Empujado por un grupo de activistas movidos por la venganza, sus legisladores no se atreven -salvo excepciones- a decirles que no tienen derecho a insistir, ni en el terreno democrático, ni en el jurídico, ni en el moral.
Realmente es penoso estar obligados a seguir escribiendo sobre el tema, pero repasemos, por lo menos sucintamente, las poderosas razones que hacen insensato el paso legislativo propuesto:
1) Una ley ratificada en plebiscito no puede ser derogada y, mucho menos, anulada. Con toda claridad lo ha dicho el principal constitucionalista del Frente Amplio, el Dr. Korzeniak, quien afirma que no está dispuesto a cambiar el criterio con que ha enseñado treinta años a sus alumnos: el cuerpo electoral está por encima de todas las demás instituciones, incluso parlamentarias.
2) Más allá del Derecho, en términos políticos, ¿no es profundamente antidemocrático desconocer el pronunciamiento de la ciudadanía, expresado en 1989 y reiterado en 2009? ¿Cómo alguien puede considerase demócrata cuando desprecia de ese modo el veredicto de la ciudadanía?
3) ¿Se puede dudar de que las Fuerzas Armadas han actuado subordinadas estos 25 años? Es inequívoco que no resultó cierto el argumento que se hacía en 1986, cuando se votó la ley, sosteniendo que la sensación de impunidad las llevaría a la autonomización.
4) Moralmente, ¿por qué hay que perseguir a los militares que cometieron delitos y no a los guerrilleros o terroristas que, en su tiempo, pretendieron tirar abajo el sistema democrático e instalar un sistema a la cubana? Los crímenes fueron todos horrorosos. ¿Alguien puede sostener que matar a un profesor en la puerta de su casa, como represalia, o a un peón rural que tuvo la desgracia de verlos, es comparativamente más justo que cualquier exceso cometido por los militares en un enfrentamiento contra una fuerza rebelde alzada contra las instituciones? Todo fue condenable y por eso todo debe caer bajo el mismo manto del perdón.
5) Perdonar no es olvidar. Lo enseñó Mandela, que construyó una Sudáfrica reconciliada, amparado en la enorme fuerza del perdón, sentimiento tanto más elevado que la inferior pasión revanchista, que no logra superar el odio y se enquista en la venganza. Esos bajos instintos horadan hoy lo que es un espíritu general de reconciliación y paz, que se vive con naturalidad en el pueblo uruguayo, lejano, muy lejano a aquel rencor.
6) En estos años de democracia, nadie pretendió eludir la ley que amnistió a los guerrilleros, reabriendo la causa de los 30 asesinatos cometidos por ellos y por los que nadie fue preso. ¿Hubiera sido distinto, moralmente, que la invocación a los 28 desaparecidos, cuyo infortunio pesa sobre la conciencia de los mandos militares de los turbulentos "años 70"?
7) Un principio incuestionable de Derecho, que viene desde Roma, establece que no se puede hacer indirectamente lo que está prohibido directamente. Si no se posee facultad para anular o derogar una ley, ¿cómo se pretende, por la vía oblicua de una pretendida interpretación, lograr lo mismo? Es una trampa institucional,
8) Es totalmente falso que el país esté internacionalmente obligado a derogar una ley de amnistía. Todas las Constituciones democráticas contienen esta facultad, prevista para situaciones extremas, como el final de una guerra, en que normalmente hay violaciones a los derechos humanos de las dos partes en pugna. En ningún lugar existe una norma internacional que establezca su superioridad sobre nuestra Constitución. Cuando así se ha querido hacerlo -caso de la Argentina- la propia Constitución nacional ha dicho que los acuerdos internacionales predominan sobre la ley nacional. Pero esto no es así en Uruguay, ni en ninguna de las grandes democracias del mundo, desde EE.UU. a España.
9) En nuestro continente, Brasil, nuestro vecino, ensalzado hoy como democracia ejemplar, respetó las amnistías votadas por las dictaduras (no por la democracia, como las nuestras). Nadie juzgó en Brasil a militar alguno y nadie le acusó internacionalmente. ¿Por qué ha de serlo el Uruguay, que decretó dos amnistías, una para cada lado, y ratificó popularmente la que refirió a militares? Y la tan feliz transición española, ¿no transcurrió sobre la base de las amnistías?
Podríamos seguir acumulando razones. Alcanzan y sobran las señaladas. Lo que no podemos dejar de decir es que no entendemos cómo un gobierno que proclama todos los días su ánimo de reconciliación y rechaza enfáticamente la revancha, se desliza a este atropello por la gritería de unos pocos.
El Presidente Mujica tiene sobrada autoridad para cerrar este capítulo que mantendría vivo, a lo largo de todo su gobierno, esta semilla de odio.
www.politicaydesarrollo.com.ar, 27-10-2010
Vuelve el Frente Amplio contra la ley de caducidad. Empujado por un grupo de activistas movidos por la venganza, sus legisladores no se atreven -salvo excepciones- a decirles que no tienen derecho a insistir, ni en el terreno democrático, ni en el jurídico, ni en el moral.
Realmente es penoso estar obligados a seguir escribiendo sobre el tema, pero repasemos, por lo menos sucintamente, las poderosas razones que hacen insensato el paso legislativo propuesto:
1) Una ley ratificada en plebiscito no puede ser derogada y, mucho menos, anulada. Con toda claridad lo ha dicho el principal constitucionalista del Frente Amplio, el Dr. Korzeniak, quien afirma que no está dispuesto a cambiar el criterio con que ha enseñado treinta años a sus alumnos: el cuerpo electoral está por encima de todas las demás instituciones, incluso parlamentarias.
2) Más allá del Derecho, en términos políticos, ¿no es profundamente antidemocrático desconocer el pronunciamiento de la ciudadanía, expresado en 1989 y reiterado en 2009? ¿Cómo alguien puede considerase demócrata cuando desprecia de ese modo el veredicto de la ciudadanía?
3) ¿Se puede dudar de que las Fuerzas Armadas han actuado subordinadas estos 25 años? Es inequívoco que no resultó cierto el argumento que se hacía en 1986, cuando se votó la ley, sosteniendo que la sensación de impunidad las llevaría a la autonomización.
4) Moralmente, ¿por qué hay que perseguir a los militares que cometieron delitos y no a los guerrilleros o terroristas que, en su tiempo, pretendieron tirar abajo el sistema democrático e instalar un sistema a la cubana? Los crímenes fueron todos horrorosos. ¿Alguien puede sostener que matar a un profesor en la puerta de su casa, como represalia, o a un peón rural que tuvo la desgracia de verlos, es comparativamente más justo que cualquier exceso cometido por los militares en un enfrentamiento contra una fuerza rebelde alzada contra las instituciones? Todo fue condenable y por eso todo debe caer bajo el mismo manto del perdón.
5) Perdonar no es olvidar. Lo enseñó Mandela, que construyó una Sudáfrica reconciliada, amparado en la enorme fuerza del perdón, sentimiento tanto más elevado que la inferior pasión revanchista, que no logra superar el odio y se enquista en la venganza. Esos bajos instintos horadan hoy lo que es un espíritu general de reconciliación y paz, que se vive con naturalidad en el pueblo uruguayo, lejano, muy lejano a aquel rencor.
6) En estos años de democracia, nadie pretendió eludir la ley que amnistió a los guerrilleros, reabriendo la causa de los 30 asesinatos cometidos por ellos y por los que nadie fue preso. ¿Hubiera sido distinto, moralmente, que la invocación a los 28 desaparecidos, cuyo infortunio pesa sobre la conciencia de los mandos militares de los turbulentos "años 70"?
7) Un principio incuestionable de Derecho, que viene desde Roma, establece que no se puede hacer indirectamente lo que está prohibido directamente. Si no se posee facultad para anular o derogar una ley, ¿cómo se pretende, por la vía oblicua de una pretendida interpretación, lograr lo mismo? Es una trampa institucional,
8) Es totalmente falso que el país esté internacionalmente obligado a derogar una ley de amnistía. Todas las Constituciones democráticas contienen esta facultad, prevista para situaciones extremas, como el final de una guerra, en que normalmente hay violaciones a los derechos humanos de las dos partes en pugna. En ningún lugar existe una norma internacional que establezca su superioridad sobre nuestra Constitución. Cuando así se ha querido hacerlo -caso de la Argentina- la propia Constitución nacional ha dicho que los acuerdos internacionales predominan sobre la ley nacional. Pero esto no es así en Uruguay, ni en ninguna de las grandes democracias del mundo, desde EE.UU. a España.
9) En nuestro continente, Brasil, nuestro vecino, ensalzado hoy como democracia ejemplar, respetó las amnistías votadas por las dictaduras (no por la democracia, como las nuestras). Nadie juzgó en Brasil a militar alguno y nadie le acusó internacionalmente. ¿Por qué ha de serlo el Uruguay, que decretó dos amnistías, una para cada lado, y ratificó popularmente la que refirió a militares? Y la tan feliz transición española, ¿no transcurrió sobre la base de las amnistías?
Podríamos seguir acumulando razones. Alcanzan y sobran las señaladas. Lo que no podemos dejar de decir es que no entendemos cómo un gobierno que proclama todos los días su ánimo de reconciliación y rechaza enfáticamente la revancha, se desliza a este atropello por la gritería de unos pocos.
El Presidente Mujica tiene sobrada autoridad para cerrar este capítulo que mantendría vivo, a lo largo de todo su gobierno, esta semilla de odio.
www.politicaydesarrollo.com.ar, 27-10-2010
