La Presidenta ha formalizado la convocatoria a sesiones extraordinarias para que el Senado preste acuerdo a los ascensos solicitados para diplomáticos y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas.
La acotada agenda incluye una controvertida propuesta de promociones militares que corona la discriminatoria política castrense de los últimos años concretando el pase a retiro de los oficiales "portadores" de apellidos vinculados con el último gobierno militar, con lo que consuman una ominosa injusticia.
Desde 2006, las propuestas de ascenso de las Fuerzas Armadas al grado de coronel y equivalentes, avaladas por las respectivas juntas de calificaciones de cada arma y por lo establecido en la ley 19.101 para el personal militar, han sido modificadas arbitrariamente por el Poder Ejecutivo al elevar los pliegos al Senado.
Esta columna ha denunciado la existencia del "delito genético" en el ámbito del Ministerio de Defensa. Los oficiales afectados poseen fojas de servicio intachables desarrolladas en democracia; no han participado en hechos delictivos de ninguna especie y, por sus edades, fueron ajenos a los trágicos años 70.
Sin perjuicio de que la Secretaria de Derechos Humanos informara que no pesaba sobre ellos reproche ético alguno, en los últimos años debieron portar una condena penitencial que postergó sus carreras profesionales.
La ministra Nilda Garré parece encaminada a imponer su criterio para "sanear" a las Fuerzas Armadas de oficiales emparentados directa o indirectamente con miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad que tuvieron alguna participación durante el último gobierno de facto, con lo que da cabal cumplimiento al decreto 1736/09 y a la resolución 382/10.
Ambas normas otorgan andamiaje legal a la delegación presidencial dispuesta por decreto que faculta al Ministerio de Defensa a apartarse discrecionalmente de las clasificaciones discernidas por los respectivos jefes de Estado Mayor y disponen un nuevo procedimiento de selección y clasificación militar, alejado de los parámetros de igualdad e idoneidad.
En efecto, esta arbitraria decisión ha impactado profunda y negativamente en la política de desarrollo profesional de las instituciones castrenses.
El nuevo procedimiento se traduce en una notoria subjetividad y falta de transparencia a la hora de materializar la recalificación en la instancia del Ministerio de Defensa, circunstancia propicia para cometer actos arbitrarios y de dudosa juridicidad, al tiempo que impulsa el regreso a una práctica que ha resultado funesta a través de nuestra historia: alentar la politización de las Fuerzas Armadas y crear en el seno de las mismas graves situaciones de injusticia.
La exclusión de los ascensos en razón de parentesco viola la Constitución nacional; afecta, asimismo, los derechos a una legítima defensa y a la igualdad ante la ley, derechos que también consagra nuestra Carta Magna.
Ya señalaba Juan Bautista Alberdi que "no basta que la Constitución contenga todas las libertades y garantías reconocidas. Es necesario que contenga, además, declaraciones formales de que no se dará ley que, con pretexto de organizar o reglamentar el ejercicio de estas libertades, las anule y falsee con disposiciones reglamentarias".
El propio Congreso ha sido soslayado en este debate porque la Comisión de Acuerdos del Senado citó a los oficiales afectados para que pudieran expresar su agravio ejerciendo un legítimo derecho de defensa. Sin embargo, Garré les prohibió comparecer.
En oportunidad de la reunión de la Comisión de Acuerdos, la senadora Sonia Escudero expresó: "Tenemos que abrir una mínima investigación a ver si realmente aquí se está produciendo un quiebre de la carrera donde no hay ascenso por mérito, sino un sistema de discriminación organizado". Su posición fue ampliamente respaldada por la comisión.
Tampoco la ministra Garré ha dado cuenta de sus dichos en un comunicado de prensa del año último en el que quiso justificar las exclusiones en la existencia de sumarios abiertos, el rechazo por las juntas de calificaciones en dos años consecutivos, la participación en casos de violación de derechos humanos y en hechos de corrupción, entre otras razones.
Pero la verdad es que nada de ello sería cierto y el motivo de fondo es, en buena parte de los casos, la portación de apellido, como ocurre con una reciente resolución de Garré que condena al retiro a varios oficiales. Uno, el capitán de Fragata Eduardo Enrique Pizzagalli, primero de su promoción y medalla de oro, es hijo de un intendente de Ensenada durante el gobierno militar.
Que la sola circunstancia filiatoria importe soportar postergaciones o desconocimiento de méritos y servicios, tratándose de personas ajenas a cualquier hipótesis de culpabilidad o responsabilidad, constituye una discriminación y podría ser plausible de denuncias criminales.
Estos hechos constituyen una ignominia que no puede ni debe permitirse, porque profundizan el desencuentro entre argentinos, no contribuyen a afianzar la unión nacional y materializan una injusticia de graves consecuencias al truncar el desarrollo profesional de oficiales intachables e idóneos que, con entrega, abrazaron la carrera de las armas en defensa de su patria.
La Nación, editorial, 7-12-10
