jueves, 26 de julio de 2012

VIDELA, LA ÉTICA PERIODÍSTICA Y LA IGLESIA DURANTE EL PROCESO



 Diego García Montaño

En los últimos días, se ha podido conocer por distintos medios un reportaje que concediera Videla  a la Revista: “El Sur” (Río Cuarto, Córdoba).
Se trata de una entrevista llevada a cabo durante tres días, bajo el título de: “La Confesión” por Adolfo Ruiz, en el año 2010, cuando el ex presidente de facto se encontraba encarcelado en Córdoba.

Pero, ¿por qué recién se publica esta conversación,  que tiene casi dos años?
Al parecer, Videla puso varias condiciones para que la entrevista pudiese ser difundida, entre otras, que recién se publicara después de su muerte.
Las explicaciones dadas por el director del medio gráfico, Hernán Vaca Narvaja, de por qué incumplió con la palabra empeñada, son poco creíbles.
Primero dice que lo hizo porque fue el propio Videla quien no respetó el pacto, al haber hablado para otros medios; pero en otra parte, Vaca Narvaja dice que es por: “…Pedido de nuestros lectores y atento a la repercusión nacional que ha tenido la nota…”[1]. ¿Y la ética periodística? Bien, gracias…

Hacemos estas prevenciones para que las tengamos en cuenta al momento de poder fiarnos, o no, sobre lo que declara  Videla.
Pero supongamos que creemos de buena fe, que todas las expresiones del ex presidente fueran ciertas. La pregunta que nos surge es la siguiente: ¿Qué es lo que ha provocado tanta movida mediática?

Aparentemente, lo novedoso sería que Videla declaró que la Iglesia estaba al tanto de los desaparecidos, desde un primer momento. ¿Y?... ¿qué es lo “novedoso” del tema?
De hecho, de la larga entrevista sólo una respuesta del militar va dirigida a la conducta de la Iglesia en esos tiempos. 
Refiriéndose a los desaparecidos, contesta: “En mi vida lo he hablado con muchas personas. Con Primatesta muchas veces. Con la Conferencia Episcopal Argentina, no a pleno, sino con algunos obispos… Con el nuncio apostólico Pío Langhi ( Laghi, debería decir). Se lo planteó como una situación muy dolorosa y nos asesoraron sobre la forma de manejarla. En algunos casos, la Iglesia ofreció su buenos oficios…”.

Fin, no hay más nada. Pero y entonces… ¿qué es lo impactante?

Bueno, aquí la cosa ya requiere un poco más de esfuerzo intelectual. La exégesis que se pretende hacer con las manifestaciones de Videla, es que la Iglesia y la Junta Militar formaban una especie de asociación ilícita para encubrir y silenciar la cuestión de los desaparecidos.
El tema de siempre, de aquellos que nos quieren hacer ver la historia con su visión tendenciosa: La Iglesia fue cómplice del Proceso. Eso dice la “memoria” de ellos, a la que tanto apelan, pero, ¿qué dice la historia?

A esta altura del relato y si es que no lo hemos aburrido mucho, le proponemos algo: que tampoco nos crea a nosotros, si le parece,  pero sí a los documentos de la Iglesia que le presentaremos a continuación.

Nos hemos tomado el trabajo de reproducir algunos escritos, todos oficiales, públicos y publicados en su momento por la Conferencia Episcopal Argentina[2].
Señalamos solamente aquellos informes eclesiales que van dirigidos a Videla, ya sea a modo particular, o como miembro de la Junta.

En 1975 (gobierno peronista), y con motivo de la proximidad de la Navidad, le solicitan[3]: “…se otorgue: 1) a los familiares de los presos, un tiempo más amplio de visita; 2) puedan los detenidos recibir obsequios… 3) quienes lo soliciten puedan recibir los sacramentos…”.

En mayo de 1976, a tan solo un mes y medio del golpe de Estado, dicen:[4] “El Estado no puede renunciar a su deber de ejercer la autoridad legítima y necesaria, aún en el plano coercitivo… El bien común y los derechos humanos son permanentes, inalienables y valen en todo tiempo-espacio concreto, sin que ninguna emergencia, por aguda que sea, autorice a ignorarlos…
Hay hechos que son más que error: son pecado y los condenamos sin matices… es el asesinar-con secuestro previo o sin él- y cualquiera sea el bando del asesinado…
Además, se podría errar: si en el afán por obtener seguridad,…se produjeran detenciones indiscriminadas,…ignorancia sobre el destino de los detenidos…”.

7 de Julio de 1976[5]: “…las gentes se preguntan, a veces sólo en la intimidad de su hogar o círculo de amigos... ¿qué garantía, qué derecho le queda al ciudadano común?
Reiteran asimismo el pedido: “…sobre la situación de los presos y la posibilidad de alguna información que tranquilice a sus familias… haciéndonos portavoces de mucha gente que no sabe o no se atreve a dirigirse a los jefes del país”.

15 de noviembre de 1976[6]: “…parecería que las personas constituidas en autoridad civil o militar han perdido la serenidad de discernimiento ecuánime…
El problema de los derechos humanos: se reciben pedidos por presos o secuestrados; se habla de personas con problemas de conciencia porque han debido intervenir en torturas; la ignorancia sobre el destino de las personas;…”.

17 de marzo de 1977[7]: “… las inquietudes que de todas partes nos llegan desde hace tiempo… la situación de no pocos ciudadanos a quienes el reclamo de sus parientes y amigos presenta como secuestrados o desaparecidos, por la acción de personas que dicen ser de las Fuerzas Armadas o policiales;… los casos que nos son presentados, de abusos contra la propiedad en las operaciones de represión: desaparecen todo tipo de objetos que nada pueden tener que ver con una adecuada averiguación policial… el fin no justifica los medios”.

Podríamos seguir reproduciendo documentos, pero pensamos que con los hasta aquí expuestos, son más que suficientes como para tener una idea de cual fue el papel y la postura oficial de la CEA en aquellos años difíciles.

Paradójicamente, en el imaginario popular y como lo hemos dicho antes, la Iglesia es catalogada como cómplice del Proceso.
Mientras Sábato almorzaba con el “culto, modesto e inteligente”[8] de Videla en mayo de 1976, el episcopado ya denunciaba el la cuestión de los desaparecidos.

Remitiéndonos a nuestra actualidad, sería auspicioso que la CEA se expresara una vez más y como lo hiciera en aquellos años,  para poner de manifiesto la situación de injusto encierro que viven hoy los cerca de mil presos políticos detenidos, integrantes del las FF.AA. y de Seguridad, incluidos algunos miembros de la propia Iglesia.

Casi todos mayores de 70 años, para ellos lo único que existe es la venganza revanchista, disfrazada de Themis.
Para ellos, ni Derechos Humanos ni soluciones humanitarias. Solamente prisiones preventivas indefinidas, anulaciones de leyes, desconocimiento del principio de inocencia, de la irretroactividad de la ley penal, etc.
Para ellos, ni la esperanza de una muerte digna.

Diego García Montaño.



[1] Ver: revistaelsur.com.ar, edición del 24/07/12.
[2] Conferencia Episcopal Argentina: “Iglesia y Democracia en la Argentina”, Buenos Aires, 2006, pp. 625 y sgts.
[3] 14 de diciembre de 1975: “Carta al Comandante en Jefe del Ejército Argentino solicitando-con motivo del Año Santo- cierta dulcificación de la penas a los detenidos”.
[4] 15 de mayo de 1976: “Carta Pastoral de la Conferencia Episcopal Argentina”.
[5] “Carta de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina a la Junta Militar sobre el incalificable asesinato de una comunidad religiosa”.
[6] “Reunión de la Comisión Ejecutiva de la CEA con la Junta Militar”
[7] “Carta de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina a los miembros de la Junta Militar sobre inquietudes del pueblo cristiano por detenidos, desaparecidos, etc.”.
[8] Expresiones de Ernesto Sábato al diario: “La Nación”, 20 de mayo de 1976.