jueves, 25 de octubre de 2012

NO EXISTE LA SOBERANÍA, PUES NO EXISTE EL ESTADO




Mario Meneghini*

Desde hace un tiempo se ha extendido la preocupación por la supuesta pérdida o disminución de la soberanía de los estados nacionales.
Se parte de un error conceptual, pues la soberanía no es otra cosa que la cualidad del poder estatal que consiste en ser supremo en un territorio determinado y no depender de otra normatividad superior. No es susceptible de grados. Existe o no. Por lo tanto, carece de sentido mencionar la “disminución” de soberanía de los estados contemporáneos.
Lo que puede disminuir o incrementarse es el poder propiamente dicho, es decir, la capacidad efectiva de hacer cosas, de resolver problemas e influir en la realidad. Entonces, lo que nos debe interesar es si existe el Estado argentino, pues si no es así, obviamente resulta superfluo pretender “defender” o “recuperar” la soberanía.

Sostiene Marcelo Sánchez Sorondo que todo Estado incluye un gobierno, pero no todo gobierno implica que exista un Estado.
El Estado es una entidad jurídico-política que surge recién en una etapa de la civilización, como complejo de organismos, al servicio del bien común. Supone una delimitación explícita del poder discrecional. Si un gobernante puede afirmar “el Estado soy yo”, queda demostrada la inexistencia del Estado. Pues la hipertrofia del poder personal, sin frenos, es un síntoma de la ausencia de un Estado.
El gobierno no encuadrado en un Estado es errático y caprichoso; sirve únicamente para el enriquecimiento y la influencia individual de los gobernantes, que no pueden lograr el funcionamiento eficaz de la estructura gubernamental.
De allí la paradoja de culpar al Estado de todos los problemas, cuando el origen de los problemas es la ausencia del Estado.

Tres funciones.
En síntesis, la Argentina no tiene Estado; sólo gobiernos. Más allá de las formalidades constitucionales y del tipo de gobierno establecido, puede definirse al Estado como el órgano de síntesis, previsión y mando de una sociedad territorialmente delimitada, que procura el bien común.
Es decir que sólo puede calificarse de Estado a aquel que cumple las tres funciones básicas señaladas.

1) La función de síntesis. La unidad social es el resultado de la interacción de las diversas fuerzas sociales constitutivas, síntesis en constante elaboración por los cambios que se producen en los grupos y en el entorno.
La superación de los antagonismos internos no surge de manera espontánea; es el resultado de un esfuerzo consciente por afianzar la solidaridad sinérgica a cargo del Estado.
El poder estatal tendrá legitimidad en la medida en que cumpla dicha función, garantizando la concordia política.

2) La función de planeamiento. El Estado centraliza la información que le llega de los grupos sociales, recopila sus problemas, necesidades y demandas.
Con mayor o menor intensidad, según el modelo gubernamental elegido, es en el marco del Estado donde debe realizarse el planeamiento global que establezca las metas y las prioridades en el proceso de desarrollo integral de la sociedad.
Por cierto que la autoridad pública no debe realizar todo por sí misma, pero mediante el planeamiento debe animar, estimular, coordinar, suplir e integrar la acción de los individuos y de los cuerpos intermedios.

3) La función de conducción. La esencia de la misión del Estado es el ejercicio de la autoridad pública. La facultad de tomar decisiones definitivas e inapelables está sustentada en el monopolio del uso de la fuerza y se condensa en el concepto de soberanía.
El gobernante posee una potestad suprema, en su orden, pero no indeterminada ni absoluta. El poder se justifica en razón del fin para el que está establecido y se define por este fin: el bien común temporal.
Si un Estado no posee, en acto, estas tres funciones, ha dejado de existir como tal o ha efectuado una transferencia de poder en beneficio de organismos supraestatales o de actores privados, o de otro Estado.
Esta es, precisamente, la situación argentina desde hace cuatro décadas, en que quedaron afectadas las tres funciones básicas.

Acentuando la crisis, el actual Gobierno nacional ha debilitado todas las instituciones, impedido el federalismo y exacerbado la concentración del poder en una sola persona.
En conclusión, si es correcto el análisis, la prioridad absoluta consiste en restaurar el Estado y procurar que actúe eficazmente al servicio del bien común.
Para ello, debe encararse con seriedad la preparación de un proyecto nacional y la constitución de equipos aptos para aplicarlo.

*Doctor en Ciencia Política, miembro de Esperanza Federal.

La Voz del Interior, 25-10-12