lunes, 10 de diciembre de 2012

LA CORTE DEBE "RESPETAR LA VOLUNTAD POPULAR"





Por José Antonio Riesco
Instituto de Teoría del Estado

Con un discurso largo, apasionado, tipo führer, la Sra. Presidente dio severas instrucciones al Poder Judicial de la Nación. Necesitamos –dijo—jueces “con decoro, independientes de las corporaciones”, y con ello que “respeten la voluntad popular”. Un mensaje directo y claro a la Corte Suprema de Justicia. En la calle y en la prensa sus ministros y aplaudidores acusaban a los jueces de beneficiar al Grupo Clarín y al Alto Tribunal de promover un alzamiento y hasta un golpe institucional.

¿Qué quiso decir la Presidente con eso de que la Justicia debe responder a la “voluntad popular”..? O sea a Ella que, con  uso y abuso de los recursos públicos, logró el 54% de los votos hace un año…?  Da la impresión de que la Presidente, en los años que dicen concurrió a la Facultad de Derecho seguramente faltó a clases muy seguido y no escuchó las lecciones de derecho constitucional ni leyó los apuntes del caso. O sea, no aprendió eso de la “supremacía constitucional”.

En el Estado de Derecho , y máxime en una república, cuando los jueces resuelven un caso mediante el fallo pertinente, están obligados a cumplimentar, ante todo, a la Constitución.  Y desde este primer nivel del orden jurídico interpretar las leyes y decretos en relación a las pruebas y alegatos de las partes. Tienen encima eso de que “esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación…” – O sea, primero la Constitución. (art. 31 CN)

Respecto a la jerarquía, pues, de las normas que regulan la conducta de los gobernantes, de los funcionarios y de los ciudadanos, cuando se habla de la “voluntad popular” en estas cuestiones, es la que el Poder Constituyente dejó impresa en dicha Ley Suprema. A ella se deben los jueces y no al ruido de los bombos o a las presiones de los punteros y aplaudidores. Esto es, asimismo, lo que pone en juego a los Derechos Humanos como garantía de su autenticidad y eficacia. Y esto vale también para el Ejecutivo y el Legislativo.

Alguno de los abogados que representan al gobierno en esta pelea con Clarín (y luego seguirán otros medios) debería romper la norma de que “con Cristina no se habla, sólo se escucha”, y explicarle algo esencial. “-Sra. Ud. no fue elegida jefe de una horda o de una patota – Ud. es la Presidente de una república donde se debe respetar la división de los poderes, y dentro de ello la independencia de los jueces; por que es precisamente lo que nos separa de una tiranía”.

La pretensión de que el concepto de “voluntad popular” se reduce a la voluntad del gobernante de turno y que a ésta deben subordinarse las decisiones judiciales para que los magistrados no pierdan “el decoro” (incluidos los miembros de la Corte Suprema), hace recordar el caso del juez Jeffrey. Un funcionario con plenos poderes para enviar a la cárcel o al cadalso a quien se le ocurriera y según las instrucciones de Jacobo II (estuardo) el último de los monarcas del absolutismo en la Inglaterra del siglo XVII. Alguien le preguntó sobre el fundamento legal de sus resoluciones y respondió : “-Yo fallo para la Corona y nada más”.