Juan Federico
(Enviado especial)
Tres muertos al sur.
Una trabajadora social asesinada en otro barrio al norte. Militantes baleados
al oeste. En 2012, fueron 182 los homicidios en Rosario. Muchos más los
heridos. En la mayoría de los casos, las víctimas fueron tiroteadas por
conocidos. Violencia urbana, ajustes de cuentas, crímenes con el sello del
narcotráfico. En enero, los crímenes ascendieron a 23. Demasiada muerte en una
ciudad de 1.200.000 habitantes cuya tasa de homicidios supera dos veces y media
la nacional.
En los últimos días, La Voz del Interior recorrió los
diferentes barrios de “la
Chicago Argentina ” buscando entender qué pasó para que allí
los asesinatos dupliquen a los de la ciudad de Córdoba (76 en 2012).
Las condiciones que
describieron los vecinos, periodistas, trabajadores sociales, políticos,
funcionarios judiciales y todos aquellos que en los últimos días se han sumado
a esta suerte de debate nacional llamado Rosario se asemejan al mismo caldo de
cultivo que hoy se cuece en el centro del país.
El volumen de las
drogas que corre en los barrios rosarinos es similar a lo que se escucha en la Capital. Los
“búnkers” son los “quioscos” cordobeses; y a quienes denominan “soldados”,
pibes de corta edad que no estudian ni trabajan y que son tentados por las
bandas que cada vez tienen más poder en los territorios, son los mismos “teros”
(porque silban cuando notan algún movimiento extraño en sus zonas) que se paran
en las esquinas de Maldonado, Yapeyú, Villa Cornú, Bella Vista, o los
“barrios-ciudades” de Córdoba, para nombrar sólo algunos sectores donde esta
modalidad hace tiempo que se expandió (o los llamados “perros”, que hacen de
guardaespaldas baratos de los narcos locales).
Un poder en la
sombra. Como ocurre en otras provincias del país, aquellos que son nombrados
como los capos de diferentes clanes narco, lejos están de ser realmente los que
se quedan con la tajada mayor. La
Policía y la
Justicia no han logrado aún ponerles nombre a quienes
financian y lavan los multimillonarios ingresos de este mercado ilegal.
En Rosario, todos
nombran a dos familias como las responsables de manejar el tráfico y comercio
al menudeo en los barrios. Se trata de los Cantero y los Romero, que los
investigadores presentan con un poder de fuego y económico “considerable”
(aunque no existen pruebas judiciales contra ellos); y con una ostentación
violenta entre los sectores pobres. Sin embargo, lejos están de ser los
cerebros absolutos de un negocio fenomenal.
En Ludueña, Nuevo
Alberdi, Tablada o Villa Moreno, zonas calientes del narcotráfico rosarino, las
armas que se ven, calibre 22 o 9, son similares a las que ostentan los
aprendices de narcos cordobeses. Sólo en los últimos tiempos han aparecido unas
pocas ametralladoras, lo que generó una inquietud mayor. No existe, hasta
ahora, un sicariato organizado, bandas sofisticadas, sino más bien pequeñas
células de jóvenes a la deriva que encontraron en estos grupos, en la
ostentación de un revólver, una manera simbólica de sentir pertenencia a alguna
parte.
Incluso, en Rosario
hubo muchos sorprendidos al enterarse de que en un barrio de Córdoba,
Maldonado, los vecinos llegaron a pedir que se instalaran cámaras públicas para
intentar contrarrestar el avance narco. Incrédulos, escuchaban también la
historia de Mónica Torres, la vecina de barrio Yapeyú que vive con custodia
policial, casi encerrada en su casa, luego de que hace dos años denunciara un
“quiosco” cercano a su domicilio. ¿En serio que se tiene que mudar y todo allí
sigue igual?, es la pregunta que surgió una vez que conocían su caso.
En ambas provincias,
son adolescentes recién asomados a la vida la mayoría de los que mueren
atacados o en enfrentamientos con jóvenes de la misma edad.
El Estado, en
retirada. ¿Por qué en 2012 los homicidios en Rosario duplicaran a los de la
ciudad de Córdoba? Tienta pensar que unos tienen mejor puntería que otros, pero
esto no alcanza.
“Se trata de una
espiral de violencia típica de un descontrol del territorio y un descontrol de
las organizaciones criminales; hay un retiro del Estado (policial y social),
sumado a la connivencia de las agencias policiales”, diagnosticó el fiscal
federal Nº 2, Juan Murray, atestado de trabajo durante la feria judicial.
“Rosario es una
ciudad linda entre los bulevares, pero después en los cordones hay una
naturalización interna de los hechos de violencia”, agregó el funcionario
judicial. En la puerta del edificio, se observa un buzón verde para que los
ciudadanos puedan dejar denuncias contra los narcos y la Policía.
“Hay hechos de
violencia todos los días –indicó el fiscal–, que son silenciados, porque las
víctimas son nadies para la
Policía y para la
Justicia de la provincia. Esto recién empezó a tomar estado
público cuando atacaron a personas que tenían organizaciones sociales por
detrás que se movilizaron”.
Para el periodista e
historiador Carlos del Frade (excandidato a diputado provincial por Proyecto
Sur), en los lugares donde avanza la droga existe una complicidad de las
fuerzas de seguridad y del poder político.
“Todos dicen que esto
empezó a desbocarse cinco años atrás, pero hace 24 años que el problema del
narcotráfico comenzó; fue con el peronismo cuando se generó en la provincia el
huevo y cuerpo de la serpiente, y hace seis años, con el socialismo, empezó la
madurez de esa serpiente”, describió.
“Ahora, hay una pelea
política entre la Nación
y la Provincia ,
pero eso es ‘fulbito’ para la tribuna, las cuestiones de fondo no se discuten”,
enfatizó, y explicó: “En noviembre, el ministro de Seguridad de Santa Fe (Raúl
Lamberto) fue interpelado en la
Legislatura , respondió preguntas durante ocho horas, pero no
se habló nunca de lavado de dinero, de la ruta de los dividendos del
narcotráfico”.
Negocios y lavado.
En
Rosario se estima que los narcos generan entre 1.500 y 2.000 millones de pesos
por año, lo que significa casi un tercio del presupuesto anual de la Municipalidad local.
Hoy, algunos han
comenzado a preguntar de dónde surge el dinero de las enormes inversiones
inmobiliarias que se están generando en diferentes puntos de la ciudad.
El periodista Del
Frade también apuntó a la complicidad policial. “Hay nichos de corrupción muy
fuertes de la Policía
provincial, que parece que está atomizada, porque no todos responden a un mismo
jefe (en referencia al entramado de las coimas) sino que cada grupo policial
maneja un departamento de la provincia”, contó.
Ante esto, las
organizaciones narco que supuestamente están en connivencia con un sector
policial empezaron en los últimos años a intentar expandirse hacia sectores
donde otros grupos ya tenían la zona liberada por una facción diferente de la
misma Policía.
El enfrentamiento a
los tiros a cualquier hora fue el paso siguiente. En igual dirección, apuntó el
fiscal Murray: “Ante la deserción del Estado, se produjo una feudalización del
territorio y de la ‘caja recaudatoria’”.
Un débil tejido
social.
La descomposición social ha sido clave. La Justicia provincial, al
buscar culpables de estos crímenes, sólo se quedó en la parte del delito, no en
su génesis. En su experiencia de trabajo, el fiscal federal ha entendido que
ante la complejidad del problema no alcanza con el Código Penal.
“En los barrios
–dijo–, la gente no habla si no está acompañada por un referente social, no
confía en la Policía
ni en la Justicia. Para
abordar este problema, no hacen falta más abogados en las fiscalías, sino que
se debe empezar a trabajar en conjunto con sociólogos y antropólogos sociales,
por ejemplo”.
Del Frade denomina a la Policía como “Santafesina
SA”. A fines de octubre, el escándalo sacudió a la provincia. El jefe de
Policía, Hugo Tognoli, tuvo que renunciar tras conocerse una investigación en
la que se lo relacionaba con narcos. Estuvo detenido pocos días y recuperó la
libertad, aunque el proceso aún continúa. Pero, lejos de cambiar algo, su lugar
fue ocupado por quien era el subjefe, Cristian Sola. Sobre él pesa una denuncia
por presunto enriquecimiento ilícito, ya que tiene una mansión en la localidad
de Roldán cuyo valor de mercado podría acercarse a los 500 mil dólares. “Que me
investiguen”, contestó ante las críticas.
El ministro Lamberto
aseguró que había otros 21 efectivos sospechados por vínculos con los narcos,
pero no dio más detalles. El martes pasado, tres policías fueron detenidos y
pasados a disponibilidad, ya que, en una investigación por el asalto que sufrió
la fiscal Nora Marull, surgió que los uniformados habrían utilizado o recibido
llamadas del celular que le robaron.
Marull investiga los
incidentes que se produjeron el domingo 20 de enero último en la cancha de
Newell’s Old Boys, donde la barra se enfrentó con la Policía , caos que derivó
en la suspensión del clásico futbolero de la ciudad que se iba a disputar en
otro punto de la ciudad, en el estadio de Central. Otra vez, la mirada del país
se posó sobre la seguridad rosarina, incapaz de organizar un partido de fútbol
en paz. Ante lo irracional del enfrentamiento entre barras y policías, quedó
flotando la sensación de que algo estuvo “armado” para que la ciudad quedara de
nuevo en el ojo nacional (en Villa Moreno cuentan que, en los saqueos de fin de
año, los narcos reclutaban gente).
A diferencia de
Córdoba, las barras bravas de los dos clubes más importantes de Rosario tienen
una participación importante en la trama de las organizaciones mafiosas. Sus
líderes se codean con sectores poderosos y aparecen siempre nombrados en las
investigaciones por tráfico de drogas y ajustes de cuentas.
Cada vez que se
buscan las raíces de la ola de crímenes que sacude hoy a la ciudad, los
informantes terminan por nombrar a Roberto “Pimpi” Caminos, líder de la barra
de Newell’s que fue asesinado en la madrugada del 19 de marzo de 2010, justo el
día en que cumplía años quien fue durante 14 años amo y señor del club, el
expresidente Eduardo López, también muchas veces investigado y nunca condenado
por la Justicia
rosarina por delitos financieros.
Tras el homicidio de
este personaje, asociado al submundo de la droga y las armas, empezó, poco a
poco, a desatarse el vendaval de tiros en las disputas de los grupos para ir
ganando terreno en los barrios y la tribuna.
Policía y política.
¿Y el poder político? Nadie hasta ahora subraya una vinculación directa entre
altos funcionarios y narcos. “A la
Policía el socialismo no la pudo manejar”, interpretó el
periodista Del Frade. Sin embargo, del miedo a la corrupción no existe una gran
distancia cuando el encargado de encontrar las soluciones no lo hace.
Otro escándalo podría
salpicar al exgobernador socialista Hermes Binner, según trascendió de
diferentes fuentes consultadas y que siguen de cerca la problemática narco en
Rosario. Una persona que supo ser de su confianza habría sido filmada cambiando
una importante suma de dinero en una “cueva” financiera del Centro rosarino. El
mismo local al que los narcotraficantes suelen acudir con dinero sucio, según
una denuncia pública.
Corrupción. Lavado de
dinero. Complicidad. Inacción. Jóvenes desesperados. “El diagnóstico está, pero
nadie reacciona”, remarcó Del Frade.
“Todo esto es por la
droga, los chicos andan disparando drogados, los usan de ‘mulitas’ y los narcos
están protegidos por la
Policía porque a ellos los cuidan más que a nosotros”,
resumió Stella Maris Gómez (“Lita”), una vecina de Villa Moreno que en la
madrugada del 1º de enero del año pasado se topó con la peor cara de este
drama: su hijo, Claudio Suárez (19, “el Mono”, para todos), fue uno de los tres
pibes ejecutados por un grupo narco que los confundió con “soldaditos” de una
banda enemiga.
Rosario parece haber
regresado, en los últimos tiempos, a aquella “Chicago argentina” de la década
del ’30. Los hoteleros se espantan cuando se enteran de que los periodistas
allí alojados viajaron para cubrir los crímenes con raíz narco. “Se nos caen
las reservas por lo que están mostrando en Buenos Aires”, señalaron.
En el Centro, la
gente va y viene ajena a un drama que aún no lo siente cerca, pese a tanta
muerte. El Gobierno local asegura que se preocupa en contrarrestar la ola de
crímenes. Remarca que, en la mayoría de los asesinatos, la víctima conocía a su
victimario. “No es un problema de inseguridad”, intenta tranquilizar. En el
medio, las mezquindades políticas. “Narcosocialismo”, disparó el diputado
kirchnerista Andrés Larroque en noviembre. “Las fronteras por las que entra la
droga tienen que custodiarlas ellos”, respondieron desde el socialismo.
En el cordón de
pobreza que rodea a la ciudad, los vecinos sobreviven como pueden entre
balazos, “soldaditos”, “búnkers”, deserción escolar, changas, clientelismo,
aguas servidas y un listado de necesidades ante las que hoy sólo el narco
parece reaccionar en beneficio propio.
Negocio millonario.
Los narcos generan entre 1.500 y 2.000 millones de pesos por año, lo que
significa casi un tercio del presupuesto anual de la Municipalidad de
Rosario.
