Manuel Calvo
(Ministro de Agua,
Ambiente y Energía de la
Provincia de Córdoba)
En los últimos días,
se instaló una polémica que no debería haber sido tal si el Gobierno Nacional
hubiera respetado la autonomía de la Provincia de Córdoba y se ajustara a las leyes
que rigen para todos los ciudadanos en el territorio provincial.
Muchos vecinos se
preguntan el por qué de esta controversia. Lo explicaré de manera sencilla,
pero con la responsabilidad que me cabe como funcionario público de hacer
cumplir las normas de las actividades bajo mi jurisdicción.
Ignorando adrede
nuestra Ley Provincial de Ambiente, el Gobierno nacional –a través del
Ministerio de Planificación Federal– mandó a instalar antenas de Televisión
Digital Abierta en Río Cuarto, Villa María, Leones, Villa Dolores y Malagueño,
haciéndolo en forma patoteril y arbitraria.
La ley provincial
obliga a las entidades públicas o privadas a presentar estudios de impacto
ambiental para proyectos que degraden o puedan alterar el ambiente. Las antenas
están comprendidas en esta condición.
Desde el Gobierno
nacional politizaron una actividad enmarcada en un plano estrictamente legal:
si cumplen con la ley, se habilitan las antenas; si no cumplen con la ley,
estas no se habilitan.
El Gobierno nacional,
en lugar de reclamar en la
Justicia contra la Provincia de Córdoba, debería primero preocuparse
por cumplir con las normas. Hemos constatado que, pese a que no deben emitir
señal, lo siguen haciendo en las localidades de Leones y Villa María.
Los funcionarios K se
amparan en la ley y la
Justicia pero no cumplen con las resoluciones administrativas
dictadas por el Gobierno provincial.
La ley exige un
trámite para evaluar el posible daño ambiental que produciría, o no, la
instalación de estas antenas.
Los eventuales
impactos o daños sólo se pueden valorar y predecir con la información contenida
en el estudio de impacto ambiental, que no han enviado.
Hay una comisión
técnica interdisciplinaria encargada de la verificación, a la que el Gobierno
nacional no quiere someterse. Es una comisión eminentemente técnica, no
política.
Ante este flagrante
incumplimiento, mis deberes de funcionario público me obligan a imponer un cese
preventivo y precautorio de las antenas que no cumplan las normas.
Los emprendimientos
que cumplen con la Ley
de Ambiente se habilitan en no más de cinco días. Evidentemente, desde el
Gobierno nacional llevan mucho más de cinco días denunciando supuestas
persecuciones, lo que revela que la verdadera intención es politizar el tema en
vez de cumplir con las exigencias legales.
Frente a esto, cabe
preguntarse: ¿Por qué leyes se rige el Gobierno nacional, que atropella a los
cordobeses, ya no sólo a su Gobierno, sino también a nuestro ambiente?
Por todo esto
reitero, en nombre de los cordobeses: las leyes se respetan. De prepo, NO.
