Por Darío
Palavecino
El diálogo está abierto y es lo más saludable
de un escenario por demás crítico. Pero las primeras respuestas concretas del
Gobierno saben a poco para los empresarios de la pesca. Dicen que es uno de los
momentos más dramáticos de esta industria que tiene más de 60% de su flota
paralizada, que presenta una caída en picada de la producción y que transita
por la cornisa de la rentabilidad, en especial por una relación cambiaria
desfavorable para una actividad que puede respirar sólo con buenos niveles de
comercio exterior.
Ya el año pasado las
exportaciones cayeron un 13% con respecto a 2011 y sólo en Mar del Plata, en el
inicio de este año, el volumen de capturas rondó las 77.000 toneladas contra
las 97.000 logradas en igual período de 2012.
Con mayoritaria
presencia en esta ciudad -epicentro de la pesca argentina con desembarque en
sus muelles de más de la mitad de las capturas nacionales- unos 40.000
trabajadores que tiene el ramo padecen las consecuencias de una virtual
parálisis del sector.
Los armadores
advierten que soltar amarras ya no es negocio porque los actuales rendimientos
de las exportaciones no logran estar por encima del presupuesto de costos.
"Producimos en pesos y se vende a otros mercados a valores muy buenos,
pero cuando esos dólares los transformamos en pesos no son suficientes para
recuperar lo invertido", explica una y otra vez el presidente del Consejo
de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), Oscar Fortunato. Y ahí el principal
reclamo del sector: pretende un tipo de cambio más cercano a la cotización blue
que a la oficial.
Pero en varias
reuniones con funcionarios nacionales entendieron pronto que ni el Gobierno
tiene intenciones de modificar la actual paridad cambiaria ni la industria, con
despachos por unos 1200 millones de dólares al año, tiene una incidencia tan
fuerte en la balanza comercial como para presionar modificaciones en ese
sentido.
Los ministros de
Trabajo de la Nación ,
Carlos Tomada, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Norberto Yauhar, y el
titular de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo
Echegaray, recibieron esta semana a los integrantes del Consenso Pesquero
Nacional, que reúne a cámaras empresarias, gremios y autoridades municipales.
El Gobierno puso sobre esa mesa sus dos primeras ofertas con ánimo de llevar
alivio y reactivar la industria: precio mayorista para la compra de combustible
y líneas de créditos para capital de trabajo a través de los bancos Provincia y
Nación con intereses de 9 a 11 por ciento.
"No [se deben]
generar falsas expectativas sobre los anuncios realizados por el
Gobierno", pidieron en un comunicado conjunto la Cámara de la Industria Pesquera
Argentina (Caipa) y CEPA en su primer balance de la reunión del martes último.
Y recordaron una larga lista de demandas pendientes que incluyen restituir
valores preferenciales de derechos de exportación para principales especies,
rebajas en retenciones, aplicación de reintegros y devolución de los adeudados,
devolución del 100% del IVA y diferimiento de cargas sociales.
"La industria
pesquera requiere la adopción de medidas de fondo para dejar de trabajar a
pérdida", insisten los empresarios y señalan que la caída de la actividad
no responde a una decisión de los armadores, sino al "agotamiento de los
medios económicos".
La aclaración no es
casual. Es que desde algunos sectores gremiales sospechan y acusan de una
suerte de lock out patronal. La operatividad de la flota es más que parcial y
mayor aún tras Semana Santa, momento hasta el que hubo un leve repunte para
responder a una mayor demanda interna para una fecha que se caracteriza por el
consumo de pescados y mariscos.
Este freno a la
actividad lo sufren por igual las tripulaciones de los buques pesqueros y el
personal de las plantas de procesamiento. A esos establecimientos es poco el
pescado que llega para filetear y mucho aún el stock existente en cámaras
frigoríficas, producto de una demanda que cayó por crisis económicas en algunos
de sus principales destinos. Por ejemplo, España.
La crisis pesquera es
más grave aún si se tiene en cuenta que aquí hay complicaciones importantes en
el conjunto de las actividades portuarias. Las demoras en la obra de dragado de
la terminal marítima local, comprometida por los gobiernos nacional y
provincial en una inversión conjunta, mantienen a este destino sin
posibilidades de ingreso de buques portacontenedores ni otras embarcaciones de
gran porte. Una merma que impacta al corazón de actividades como la estiba y la
industria naval.
Las empresas
advierten sobre la virtual e inminente situación de quebranto y entonces se
acrecienta la preocupación por la posible pérdida de fuentes de trabajo. Para
Mar del Plata el golpe puede ser durísimo por la incidencia que la industria
pesquera tiene en su economía, a lo que se suma una temporada estival que
rindió por debajo de lo esperado.
Vale recordar que en
esta misma época, hace un año, el puerto estuvo parado por cuatro meses por una
sucesión de conflictos gremiales. Hoy la chance de medidas de fuerza empieza a
quedar relegada a último recurso.
El gobierno nacional
ya había acercado el año anterior una oferta de subsidios por personal en
relación de dependencia siempre y cuando no se produjeran despidos en las
empresas pesqueras. El mecanismo sigue habilitado, pero pocas firmas pueden
aprovecharlo porque han tenido que desprenderse de empleados por la caída en la
producción y las ventas.
Ya son tres las
reuniones mantenidas entre los altos funcionarios nacionales y la siguiente
está programada para el próximo 24, cuando el Consenso Pesquero Nacional dé su
respuesta a las propuestas recibidas el martes y reciba otras que las
autoridades tienen pendientes. Por lo pronto, rescatan este espacio de diálogo,
negociaciones y aportes para la recuperación de la actividad. Lo reflejaba un
importante empresario del ramo: "Que nos estén recibiendo ministros y con
esta frecuencia confirma que la situación que estamos denunciando es grave de
verdad", dijo a LA
NACION.
