“No le tengo ningún respeto a la Presidenta , ni el más
mínimo respeto”, fustigó Strassera al ser consultado sobre los seis proyectos
que envió el Ejecutivo al Congreso para impulsar una reforma de la Justicia , por los cuales
“el Estado va a acumular más poder. Lo único que podemos hacer es inundar las
calles para que se den cuenta”.
El exfuncionario
cargó también contra el ministro de Justicia, Julio Alak, de quien dijo que
“tiene la cara de piedra” y “le queda grande el puesto”, y contra el jefe de
los senadores oficialistas, Miguel Pichetto, a quien le reprochó haber sido
“menemista, duhaldista, kirchnerista” y ser “un hombre carente de principios”.
“No tienen vergüenza,
la Presidenta
es una megalómana que no tiene vergüenza, porque ella misma dijo en oportunidad
de modificarse el Consejo de la
Magistratura (en 2007) que era un órgano elefantiásico, y
redujo los miembros para ahora aumentarlos”, expresó el ex funcionario.
Tras denunciar que
“se pretende hacer de la
Justicia un apéndice del Poder Ejecutivo, como lo es el
Congreso”, se quejó Strassera, que, además, reprochó que “no se va a discutir
una coma, qué debate hay”, y cuestionó la iniciativa que limita el plazo de
vigencia de las medidas cautelares.
“Es el disparate más
grande. El que limitó las medidas cautelares fue Onganía en su dictadura. Esta
Presidente hizo lo mismo que Onganía, que limitó por ley las medidas cautelares.
Ella ha hecho lo mismo que Onganía y se titula demócrata. El que queda
indefenso (con estas medidas) es el particular. El Estado es todopoderoso”,
remarcó.
“Esto es gravísimo,
es cambiar el sistema republicano de gobierno por un totalitarismo. La Justicia nunca depende de
procesos electorales porque es un contrapoder, es para contener los excesos de
aquellos que son producto de la voluntad popular, entonces esto hay que
separarlo, como en cualquier república normal”, explicó.
De rodillas.
Mientras, el diputado nacional por el Frente Peronista Francisco de Narváez
consideró que “la
Presidenta quiere a la Justicia de rodillas y así, lo que está en riesgo
es la libertad” porque “donde no hay libertad ni justicia, no hay derechos”, al
rechazar la reforma judicial que impulsa el Gobierno.
El legislador aseguró
que para garantizar la igualdad ante la ley y la libertad, “la justicia debe
ser independiente”.
“Lo que está en juego
es la libertad y esa es la batalla que se va a dar en la provincia de Buenos
Aires”, aseguró.
De Narváez estuvo
acompañado por la diputada nacional Natalia Gambaro, la senadora provincial
Nidia Moirano, el diputado provincial Mauricio D’Alessandro y José “Pepe”
Scioli.
Tres pronunciamientos
Adepa.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación por los proyectos impulsados por el
Poder Ejecutivo, que amenazan la independencia del Poder Judicial. Si se
vulnera ese principio central del régimen republicano, la sociedad en su
conjunto, todos los ciudadanos, perderemos uno de los resortes básicos para
defender nuestros derechos. Y la prensa, en particular, verá aun más
comprometida la libertad que le permite cumplir con el rol esencial que tiene
dentro de toda democracia. Sin una Justicia y un periodismo independientes, la
sociedad carece del sistema de frenos y contrapesos que previene los abusos del
poder y preserva las libertades individuales”.
Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. “Los riesgos que amenazan a la República a raíz de los
proyectos de ley iniciados por el Ejecutivo bajo el argumento de ‘democratizar´
la Justicia. La
denominada elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura
contradice lo establecido en el artículo 114 de la Constitución y
desvirtúa en su esencia los atributos de ese Consejo para asegurar la
independencia e idoneidad del sistema judicial. Las modificaciones sobre las
medidas cautelares pretenden la subordinación de la Justicia al Ejecutivo y
confirman la existencia de un proyecto de acumulación de poder”.
Poder Ciudadano. “Consideramos que apuntan al debilitamiento de la independencia del
Poder Judicial. La elección popular de la totalidad de los representantes en el
Consejo de la
Magistratura otorgará un poder extraordinario al partido
triunfante en las elecciones. Observamos que los objetivos reales de esta
reforma se vinculan con intereses políticos del actual Ejecutivo, que busca
controlar al organismo de selección y remoción de jueces. En el caso de las
cautelares, las limitaciones propuestas plantean una fuerte disparidad entre
los derechos de defensa del Estado y el de los ciudadanos. La creación de
nuevas cámaras de Casación generará mayores dilaciones”.
