El
nuevo año que acaba de comenzar nos demandará a todos los argentinos
una contribución a tono con nuestras responsabilidades en pos de un
objetivo primordial: reconstruir la armonía social.
Por supuesto, son las autoridades nacionales, provinciales y
municipales, de los tres poderes, quienes deben dar el ejemplo, junto
con la dirigencia de la sociedad civil. Pero los demás actores de la
vida social deben realizar un significativo aporte en el mismo sentido.Los saqueos de diciembre en distintas provincias; los piquetes ciudadanos en reclamo por los cortes de servicios esenciales, como la luz y el agua; la violencia que emerge en manifestaciones supuestamente pacíficas que buscan impedir el normal funcionamiento de una empresa; una violencia barrial que parece descontrolada y que con mínimas diferencias locales se advierte en varias ciudades del país; la violencia creciente que se vincula con el problema no menor del narcotráfico; la violencia del fútbol, donde las jefaturas de las barras, una vez más, aparecen como los sujetos que anudan una trama que vincula a los clubes con sectores empresariales y dirigentes políticos...
Estas son, al menos, las seis caras del dado de la violencia que a diario rueda entre nosotros, de un tiempo a esta parte, y que, en consecuencia, también a diario nos muestra su trágico resultado de muerte y dolor.
No podemos dejar de ver y de preocuparnos por lo que al resto del mundo ya le llama la atención: la publicación británica The Economist, caracterizada tanto por su seriedad como por su compromiso con la ideología liberal –en lo político y en lo económico–, en su pronóstico anual sobre probabilidad de convulsión social en 2014, ubica a la Argentina, junto a otros 18 países, en el grupo de los que presentan un “riesgo muy alto” de agitación social por efecto de sus debilidades políticas e institucionales.
Según los autores del estudio, las dificultades económicas son condición necesaria pero no suficiente para desencadenar la violencia social.
Suelen actuar como disparadores la desconfianza en los gobiernos y las instituciones estatales, los bajos niveles de prestaciones sociales, una historia previa de violencia y una evaluación social negativa de los gobernantes.
Es hora, entonces, de asumir el compromiso de reconstruir la paz social. Los actores de la sociedad civil no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que sean otros los que den el primer paso. Las autoridades democráticas no pueden seguir echándole la culpa de lo que pasa a la acción o inacción de otros estamentos gubernamentales, y algo semejante vale para los dirigentes políticos que se enrolan en la oposición.
Todos por igual deben ser prudentes en sus declaraciones, para aportar claridad y no herir susceptibilidades. Está de por medio nada menos que la reformulación de las normas que deben regular una pacífica convivencia social.
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