jueves, 27 de febrero de 2014

LEY ANTIMOTINES PARA LA POLICÍA DE CÓRDOBA


 Por Javier Cámara


La Legislatura provincial aprobó ayer la ley que establece mecanismos de cesantía o exoneración de policías y guardiacárceles involucrados en casos de inconductas, insubordinación o abandono del servicio de seguridad pública.

La ley fue aprobada por casi todos los bloques parlamen­tarios a raíz de que el oficialismo aceptó incluir algunas sugerencias planteadas por la oposición, en particular por el radicalismo, con el objetivo de que la norma tenga un carácter de excepcionalidad, es decir, que se aplique siempre y cuando se den circunstancias que la propia ley describe.

Por esa modificación, este régimen sancionatorio podrá aplicarse siempre y cuando la alteración de la subordinación jerárquica “ponga en riesgo la prestación normal del servicio que garantiza la convivencia, la paz social y la seguridad de los cordobeses”.

Desde los saqueos
El proyecto original había sido anunciado por el gobernador José Manuel de la Sota hace un mes, como respuesta frente a la ­tragedia de los saqueos que ­fueron facilitados por la re­vuelta policial del 3 y 4 de diciembre último.

Esos episodios usó el oficialismo ayer para justificar y fundamentar la sanción de esta ley que prevé un proceso sumarísimo de cesantía y exoneración para aquellos efectivos que incurran en insubordinación; en abandono del servicio; en adopción de medidas contrarias a la normal prestación del servicio; en reclamo hostil o tumultuoso; o en la afectación del prestigio de la institución a la que per­tenece, según describe el artículo 2 de la norma aprobada.

También establece las mismas sanciones para oficiales jefes y superiores “cuyos subalternos de manera general” incurran en las conductas mencionadas; como así también para los uniformados que “inciten, instiguen, coadyuven, promuevan, oculten o faciliten por cualquier medio, la realización” de episodios como los que ocurrieron en diciembre pasado.

Todos estos casos serán considerados faltas gravísimas y no se requerirá sumario previo para que el involucrado sea puesto en situación pasiva.

Por pedido del radicalismo, se incluyó la obligatoriedad de que formule descargo en el término de 24 horas, tras las cuales el Ejecutivo podrá disponer su exoneración mediante resolución fundada. También por sugerencia de la oposición se exceptuó de la aplicación de este régimen a los órganos auxiliares del sistema de seguridad provincial, por ejemplo, los bomberos.

La ley también advierte a los policías retirados que no pueden participar de este tipo de reclamos tumultuosos, bajo amenaza de que perderán el estado policial.

Consenso ampliado
La normativa fue aprobada por casi todos los bloques, excepto el FIT y Encuentro Vecinal Córdoba.

No obstante, juecistas, radicales y el socialista Birri cuestionaron la falta de autocrítica del gobernador De la Sota, a quien responsabilizaron de que hoy la policía esté divorciada de la gente y con permanente peligro de insubordinación.

Coincidieron los críticos en que De la Sota les echó la culpa de lo sucedido en diciembre a las esposas de los policías, cuando el responsable –argumentaron– fue el propio gobernador.

Respondió las críticas el oficialista Carlos Gutiérrez, para quien esta “gran ley” no es otra cosa sino “la respuesta de un gobierno que actúa para sub­sanar los errores y mejorar la convivencia”.

El gobierno provincial difundió la sanción de la ley con el consenso ampliado de bloques de la oposición, como consecuencia del diálogo iniciado en la reunión de De la Sota con los bloques de la oposición par­lamentaria, en la tarde del ­martes pasado.

“El consenso los legisladores del pueblo de Córdoba a la hora de sancionar esta norma, importa un claro mensaje: nunca más se repetirán los hechos desgraciados del 3 y 4 de diciembre pasado”, dijo el Gobierno en un comunicado.




La Voz del Interior, 27-2-14