Por JOSÉ BRILLO
INGENIERO
(EX JEFE DE GABINETE
DE NEUQUÉN)
En éste último
tiempo, y acaso porque algunos se dieron cuenta – tarde — de que estábamos en
medio de la peor crisis energética de nuestra historia, los argentinos han
comenzado a involucrarse y a tomar contacto con los temas energéticos.
Y al abordarlos, se
concluye rápidamente que estamos frente a un grave problema, pero a ese grave
problema se le opone la gran solución. A partir de ese punto, los argentinos
comenzaron a escuchar términos tales como ‘no convencionales’, o si se prefiere
‘tight gas’, ‘shale oil’, y pegado a ellos Vaca Muerta, en Neuquén.
El potencial del
shale gas y del shale oil en la
Argentina abre un nuevo horizonte. Las reservas de gas
convencional en la Argentina ,
según YPF, alcanzan a 0,5 billones de metros cúbicos; el shale multiplicaría
estas reservas cuarenta veces. Algo similar ocurre con el petróleo: las
reservas actuales alcanzan a 2.500 millones de barriles; los recursos no
convencionales las multiplicarían diez veces.
Es decir, el
desarrollo del shale le permitiría a la Argentina revertir la declinación de las
reservas, lograr el autoabastecimiento y volver a exportar energía, sostener el
crecimiento, terminar con la importación de energía y combustibles y finalizar
con un drenaje anual de 15.000 millones de dólares.
Definido este
horizonte de oportunidades y riqueza, la pregunta que no integra la agenda y
que muy pocos se hacen es: ¿quiénes son los dueños de los recursos no
convencionales en nuestro país?
La respuesta sería
sencilla: la reforma constitucional del 94 consagra la potestad de las
provincias sobre sus recursos naturales; existe un correlato con la sanción en
2006 de la ley 26.197, conocida como ley corta, que ratifica la titularidad de
las provincias sobre los yacimientos. Pero, en la práctica, las provincias
productoras quedaron acotadas a la formalidad de la concesión de sus áreas.
El gran condicionante
radica en que las provincias son dueñas de un recurso cuyo precio lo fija de
manera arbitraria e inconsulta la Nación. Esta arbitrariedad del Gobierno Nacional
‘congeló’ el precio del gas convencional — la principal fuente de ingresos de
Neuquén — en estos últimos diez años, bajo la mirada complaciente del gobierno
neuquino, que permitió la inmensa brecha entre los precios que reciben los
productores en nuestras cuencas respecto a los que se pagan por su importación.
Así, se paga un promedio de US$2,5 por millón de BTU en las cuencas productoras
locales y se abona US$11 el que se compra a Bolivia y alrededor de US$18 el gas
natural licuado (GNL), que proviene de Venezuela o Qatar. Para que quede claro:
en la provincia del Neuquén hay pozos cerrados porque tienen un costo de
producción de US$4 o US$5, mientras se importa gas natural mucho más caro.
Hoy, quienes son las
“dueñas” de los recursos participan de la renta en un 12 o 15 % en concepto de
regalías, calculadas sobre la base de precios que son un insulto a las
provincias productoras y a las economías regionales.
Se necesita una
legislación que reglamente todos los aspectos de la producción y
comercialización hidrocarburífera, que no haya margen para la prepotencia que
se plasmó con la creación de una Comisión de Planificación y Coordinación
Estratégica comandada por el Ministerio de Economía, de Planificación y la Secretaria de Energía
de Nación.
Hay que dar la
discusión a fondo sobre lo medular, que se debata y propicie una justa
participación de las provincias productoras en el negocio del petróleo y del
gas. Mientras esto no ocurra, las provincias seguirán siendo testigos de
millonarias inversiones en las que participan con una renta insignificante, en
calidad de dueñas del recurso, mientras la Nación y las empresas se llevan la mayor parte.
Clarín, Ieco, 9-2-14
