Por Carlos Pagni
Jorge Capitanichy
Axel Kicillof pasaron las últimas 24 horas bamboleándose en el vacío como dos
saltimbanquis del Cirque du Soleil. Cristina Kirchnerdirige esa infartante
exhibición. Capitanich anticipó ayer que el Gobierno no enviará una comisión a
negociar la forma de pago de la deuda con los holdouts en el juzgado de Thomas
Griesa. La noche anterior, Kicillof comunicó que no se pagarían en Nueva York
los US$ 900 millones correspondientes a bonos reestructurados que tienen
vencimiento a fin de mes. La
Argentina había anunciado, por segunda vez en 13 años, el
default de sus compromisos financieros. La Bolsa tuvo su enésima caída y el dólar paralelo
trepó a $ 12,65.
Al mediodía, una
fuente anónima del Ministerio de Economía informó a la agencia Reuters que esa
definición de la más alta conducción económica no era "tan así". Se
alineaba con los abogados del estudio Cleary Gottlieb, que patrocina a la República , quienes
anteayer informaron a Griesa que "las autoridades están dispuestas a venir
a negociar". El mercado suspiró cuando leyó el cable: pasó de la certeza
del colapso a la incertidumbre. Es lo más que se puede esperar en estas horas
de la administración económica argentina. El Gobierno sigue oscilando en el
abismo.
La brumosa aclaración
de Economía fortaleció la versión de una negociación con el fondo Elliot y los
demás holdouts.
Varios de ellos son
pequeños ahorristas argentinos. Minibuitres.
El acuerdo
consistiría en pagar los US$ 1330 millones adeudados con un título similar al
que recibió Repsol por las acciones de YPF. La oferta podría extenderse a los
tenedores de bonos impagos que no fueron a juicio.
Algunos expertos
sugerían anoche que, para evitar la cláusula RUFO (rights upon future offers),
que obliga a extender a los tenedores de papeles reestructurados las ventajas
que se concedan a otros acreedores, convendría pedir la intermediación de un
banco.
La entidad recibiría
del Estado una suma que no superara la que se ofreció en los canjes. Pero
pagaría a los holdouts la totalidad de su reclamo. La diferencia sería saldada
con el banco con la excusa de algún otro concepto.
Paul Singer, el
titular del fondo Elliott, tiene un fuerte incentivo a aceptar una propuesta
como ésa. Los que le prestaron sus ahorros a la espera de cobrar en un juicio
rápido han pasado ya una década recibiendo no más que una moneda. Mientras
tanto, él debió pagar los letrados que llevan adelante la aventura. "Desde
el comienzo queremos negociar", dijo el abogado de Singer, anteayer, en lo
de Griesa.
Los indicios de un
encauzamiento del conflicto no alcanzaron para despejar la confusión. No por
una estrategia de los funcionarios de nublar el panorama. La vacilación se debe
a que el Gobierno da señales de estar perdido en un laberinto conceptual.
El comunicado de
Economía, por ejemplo, lamentaba que la Cámara de Apelaciones neoyorquina hubiera
levantado la cautelar que impedía embargar a favor de los holdouts los fondos
destinados a los tenedores de bonos reestructurados. "Muestra la
inexistencia de voluntad de negociación", dijo. Como si fueran los jueces,
y no los acreedores, los que deben negociar con el deudor.
La misma falta de
discernimiento -y de astucia- se puso de manifiesto el lunes, en el discurso de
la Presidenta ,
cuando además de vituperar a los pestilentes holdouts también vapuleó a Griesa,
como si fuera un "buitre" más.
Kicillof cayó en ese
error al día siguiente, al explicar que él ya conocía el resultado de la
peripecia judicial, por ser la instrumentación de una estrategia de destrucción
de la economía nacional a la que sirven el Poder Judicial norteamericano, los
holdouts y, moviendo su perversa mano invisible, el capitalismo a secas.
Esa tendencia a la
generalización vuelve a demostrar que a Kicillof el bosque no lo deja ver el
árbol. Cristina Kirchner también hizo apreciaciones ajenas al problema, como
cuando habló de la gran rentabilidad que obtuvieron los "buitres" en
estos años. Una tasa convencional si se la compara con la de sus hoteles en El
Calafate o con el incremento de su patrimonio desde el año 2003.
Con la misma falta de
rigor, la señora de Kirchner y Kicillof dictaminaron que el fallo de Griesa
supone desembolsar no US$ 1300 millones en títulos, sino US$ 15.000 en
efectivo, que sería el monto de todos los bonos que no entraron en el canje.
Sin embargo, la identificación de los tenedores de esos papeles todavía está
pendiente y requiere un trámite judicial.
Lo aclaró el abogado
de los holdouts, Robert Cohen, delante de Griesa: "Aquí estamos
discutiendo US$ 1300 millones, no 15.000". Tal vez Cohen no advierte que
hablar de 15.000 le permitiría al kirchnerismo dar la vuelta olímpica cuando
pague los 1300.
La señora de Kirchner
también dijo que, si se reconociera la deuda de los holdouts, habría que
compensar a los bonistas que aceptaron los canjes.
Sin embargo, existe
un consenso bastante extendido acerca de que la cláusula RUFO no rige si a los
holdouts se les paga por un mandato judicial y no por un acuerdo. Los tenedores
de bonos reestructurados ya consiguieron una abogada exitosa: pueden reclamar
en la justicia alegando el discurso de la Presidenta.
No fueron los únicos
desaciertos que desnudan una gestión poco profesional del problema. Cristina
Kirchner lamentó que, con fallos como el de Griesa, todas las
reestructuraciones futuras se malogren. Mientras lo decía, Rafael Correa, su
amigo ecuatoriano, que declaró el default en 2008, regresaba al mercado
capturando US$ 2000 millones a una tasa inferior a 8%. Ella también repitió que
la deuda que se discute no fue contraída por ella. El detalle no atenúa su
responsabilidad. ¿Qué pasaría si el próximo presidente no corrigiera la
inflación o el déficit energético diciendo que él no los provocó?
En su presentación, la Presidenta despotricó
contra el Poder Judicial argentino, sobre todo por la celeridad en citar a
Amado Boudou. Pero, al mismo tiempo, anunció que tal vez ofrecerá a quienes
tengan bonos reestructurados evadir la jurisdicción neoyorquina para someterse
a la de esos jueces indeseables.
La amenaza de evadir
a la justicia norteamericana, en la que insistió Kicillof, también es una
gaffe. En principio, exhibe la irrefrenable propensión del kirchnerismo a
desobedecer a los tribunales. Por ejemplo, a la Corte Suprema
argentina, cuando ajusta el haber de los jubilados. ¿Qué casillero de la
ornitología ocuparán estos acreedores?
Además, la fuga que
se insinúa es impracticable. Supondría entrar también en default con los que
aceptaron los canjes, una chance que relampagueaba anteanoche en el comunicado
de Economía.
La dificultad para
modificar la sede de pago es que requiere la aceptación de una mayoría superior
al 66% de los bonistas. Muchos de ellos son instituciones que tienen prohibido
atesorar papeles con una jurisdicción distinta de Nueva York. Además, los bonos
son administrados por instituciones alcanzadas por la sentencia de Griesa. Por
ejemplo, están depositados en la Depositary Trust Company, una especie de Caja de
Valores de alcance global. Quiere decir que la hipótesis de profugarse de la
jurisdicción norteamericana presenta inconvenientes logísticos casi insolubles.
Sería un error, sin
embargo, atribuir a estas deficiencias la incertidumbre generada por el
Gobierno. La raíz de ese desasosiego está en la dificultad de Cristina Kirchner
y su equipo para comunicar que conocen los costos a los que se expone el país
si se arrojan al abismo del default.
Ni siquiera está
claro si están al tanto de los daños que se provocarían a sí mismos. Porque la
decisión de terminar de romper con las redes de financiamiento haría que la
economía involucionara hacia el momento previo a la devaluación de enero.
Se reabriría el
drenaje de reservas, obligando a subir la tasa de interés hacia un nivel insostenible,
que desencadenaría una nueva devaluación. Las provincias e YPF ya no podrían
seguir ingresando dólares y también se retraería la oferta de los exportadores.
Para compensar esa
falta de divisas deberían derrumbarse las importaciones, con la consecuente
caída del nivel de actividad y de empleo. Si los problemas que afectan al país
son la inflación y la recesión, la receta rupturista garantizaría el
agravamiento de ambas.
Tampoco hay motivos
para pensar que la
Presidenta detecta los beneficios que obtendría de un
acuerdo. El país podría financiarse a una tasa inferior a 8%, lo que permitiría
reponer reservas sin necesidad de aumentar la recesión.
Los acróbatas están
en el aire. Y la vida pública, expuesta al peligro de esa tercera ley de la
estupidez humana que tan bien formuló Carlo Cipolla: "Una persona es
estúpida si causa daño a otras personas o grupo de personas sin obtener ella
ganancia personal alguna o, incluso peor, provocándose un daño a sí misma en el
proceso".
