domingo, 12 de octubre de 2014

INMIGRACIÓN: PRESCINDIR DE HIPOCRESÍAS




La Nación, editorial, 12-10-14

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Nadie puede dar lecciones de ningún orden a la Argentina en esta materia. En el derecho constitucional comparado continúa siendo un modelo de generosidad el artículo 20 de la madre de todas nuestras leyes. Estipula que "los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano". Y no se sabe de quienes estén dispuestos a conspirar en sentido contrario a tal sentimiento, expresado por la tradición argentina con fuerza constitucional, desde alguna de las grandes fuerzas democráticas del país.

A estas alturas, lo que la sociedad pide es que el Estado argentino actúe con responsabilidad en controlar en debida forma las fronteras nacionales. Que quienes lleguen lo hagan con la documentación suficiente para acreditar su verdadera identidad personal, que incluye el lugar de procedencia y los elementos probatorios que garanticen un comportamiento compatible con el orden legal interno. Esto debe ser ajeno a las consideraciones políticas, pero no a las especificaciones del Código Penal, aplicables a quienes habitan el país.
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Somos un país de mestizos, nadie lo niegue, y es motivo de orgullo una interrelación que ha hecho posible la convivencia pacífica de dos grandes comunidades, tan enfrentadas en el Medio Oriente, como las originadas entre árabes católicos y musulmanes, por un lado, y judíos, por el otro.
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Entre 2004 y 2014 se iniciaron 2.038.978 solicitudes de radicación en el país; 1.860.876 han sido resueltas, de una u otra manera, favorablemente. La mayoría son paraguayos (40%: 744.350), bolivianos (25%: 465.219) y peruanos (14,5%: 269.827); después, figuran los colombianos (3,7%: 68.852). Son cifras importantes en relación con los poco más de 40 millones de habitantes de la Argentina. Con todo, no está en el número, sino en el derecho a la fiscalización legal que tiene todo país sobre entradas y salidas, donde ha de centrarse la atención pública y, muy especialmente, la de las autoridades competentes.

Se trata, en definitiva, de no perder nuestra gran cualidad de país hospitalario, que creció bajo el lema alberdiano "Gobernar es poblar". Con políticas públicas inclusivas, pero con garantías para la seguridad de todos los habitantes, incluidos los de las más recientes corrientes inmigratorias, y sin las hipocresías que tanto daño han hecho a la República. Sobre todo en el siglo XXI.


Delincuentes extranjeros presos


Paraguayos:     1.014

Peruanos:           490

Chilenos:            305

Colombianos:     140


Fuente: Sistema nacional de estadísticas sobre ejecución de la pena
Min. De Justicia y Derechos Humanos

Clarín, 12-10-14