miércoles, 30 de septiembre de 2015

COMUNICADO

MESA DE CONVERGENCIA REPUBLICANA

 Sábado, 26 de Septiembre de 2015 

Estimados:
                      En el  dia de la fecha, se realizó una reunión con Patricia Bullrich (Presidente de Unión por Todos, aliada con el PRO) y el Dr Alberto Solanet (Presidente de los Abogados por la Justicia y la Concordia), el Coronel Verna ( Presidente de la Unión del Personal Militar) y el General Giuliano (Presidente del Foro de Generales Retirados).

                     Esta reunión fue la continuación de la reunión realizada al día siguiente  de las PASO, con el Presidente del PRO y Lider del Frente CAMBIEMOS, ing. Mauricio Macri. 

                     Se ratificó el Compromiso asumido por el Ing Macri en el sentido de atender a las necesidades de la Defensa Nacional y apoyar a la solución definitiva del drama que viven nuestros Presos Políticos.
                     Pedimos además que esto se reflejara en una Declaración para que sea difundida en el ámbito de la gran familia de las FF.AA., de las FFSS., (Gendarmería, Policiales y Penitenciarias, de todo el País, como una forma de inducir el voto hacia este Espacio Político, único hasta ahora que manifestó estar de acuerdo con los Objetivos de la Mesa de Convergencia Republicana integrada por dieciseis Organizaciones afines a la Causa por la Liberación de nuestros PP (No se pudo establecer hasta ahora la posición de los espacios liderados por los Candidatos  Scioli y Massa).

                     Esperamos difundir de manera enfática y definitiva la opinión sobre a quien votar en la semana previa a las elecciones del 25 de Octubre de 2015.

                     Un abrazo

              General Giuliano

REVÉS JUDICIAL

Marijuan pidió desestimar la cédula azul para Stiuso

 (Urgente24) 30-9-15

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió este miércoles (30/09) que sea desestimada la presentación del Gobierno nacional para que se pida a Interpol la ubicación del ex director general de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia Antonio Horacio "Jaime" Stiuso quien, se sospecha, se encuentra en Estados Unidos.

Marijuan solicitó la medida ante el juez federal Norberto Oyarbide, argumentando la "inexistencia de delito" por parte de Stiuso, quien está involucrado en un supuesto entorpecimiento de la investigación del atentado a la AMIA.

El jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, afirmó esta mañana que no tiene "ninguna duda" de que Estados Unidos "protege" al espía Stiuso, que fue desplazado de la ex Secretaría de Inteligencia (SI) a fines de 2014 y a quien el Gobierno relaciona con la muerte del fiscal especial para la causa AMIA, Alberto Nisman.

"Estados Unidos está protegiendo al exagente de inteligencia Horacio Antonio "Jaime" Stiuso, que hoy se encuentra en el Estado de Florida", aseveró Parrilli en declaraciones a la radio Rivadavia y reclamó que el gobierno de Barack Obama "diga en qué carácter se encuentra este ex agente argentino en aquel país".

Parrilli dijo que "a Stiuso se lo investiga por encubrimiento y enriquecimiento ilícito, pero lo más importante es su participación en la investigación del atentado a la AMIA".

"Lo denunciamos penalmente porque en estos diez años se dedicó a entorpecer a la investigación del atentado contra la AMIA", sostuvo el funcionario.

Cabe destacar que, tal como informó más temprano Urgente24, Parrilli reconoció que "todavía Stiuso no es prófugo de la Justicia, pero su paradero es desconocido", y explicó que por eso se envió a Interpol una alerta color azul. En ese contexto, ¿cómo es que Cristina Fernández acusó a USA de "proteger" a Stiuso? ¿Qué protección precisa Stiuso si no hay contra él una alerta color rojo, tal como las que la Justicia argentina difundió contra ciudadanos iraníes?

¿"Protección" para una persona con alerta color azul?  La Administración K se encuentra haciendo un papelón global (¡otro más!)

Fuentes judiciales ya habian informado, antes que Parrilli, que la Unidad Fiscal AMIA había librado un oficio para que Interpol ubique en el exterior a Stiuso, quien se presume se encuentra en USA, e Interpol informó a los fiscales argentinos que está en etapa de evaluación del pedido de paradero, según la agencia Noticias Argentinas, que recordó que el nivel de alerta es la cédula azul, "la cual implica una solicitud de localización de personas vinculadas a investigaciones penales, pero no significa una detención."


Si no hay una detención solicitada, ¿cómo funcionaría lo de la protección gubernamental estadounidense? 

MACRI DECLARÓ BIENES POR % 52 MILLONES


La Nación, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Mauricio Macri declaró bienes por $ 52 millones en la presentación patrimonial presentada el lunes ante la Oficina Anticorrupción (OA). Su patrimonio creció $ 11 millones en 2014; un 26%.

La nueva presentación, sin embargo, contiene varias modificaciones con respecto a la declaración jurada que entregó el 29 de junio ante la Escribanía General de la ciudad de Buenos Aires, aunque ambas son del ejercicio 2014. Las diferencias se generaron por los distintos requisitos que existen entre los formularios de la ciudad y de la Nación.

Las principales modificaciones se perciben en los detalles que contiene esta nueva presentación. Macri informó en esta declaración jurada dos cuentas en el exterior (una en Estados Unidos y otra en Suiza), reveló que le prestó dinero a su amigo Nicolás Caputo y declaró el valor de sus sociedades a un precio simbólico.

Lo más llamativo de la nueva presentación son las inversiones fuera del país. El candidato a presidente de Cambiemos declaró una cuenta corriente en Estados Unidos por el equivalente en dólares a 10,4 millones de pesos y otro depósito en Suiza, que ingresó a su patrimonio el año pasado, por 7,5 millones de pesos. El origen de los fondos de dichas cuentas bancarias -y de casi todos sus bienes- es la "venta de activos".

Tener cuentas bancarias en el exterior no es un delito, siempre que hayan sido declaradas ante la AFIP.

Entre sus activos fuera del país, el líder de Pro también informó un terreno en Maldonado, Uruguay, que recibió como donación en 2011, y que cotizó en 3,3 millones de pesos. En ese mismo país detalló una participación de $ 50.000 en La Barra, un club de golf de Punta del Este. También declaró casi 300.000 dólares en efectivo.

"Yo no he cambiado en nada desde que hago política, ni mi patrimonio ni mi forma de ser, no sé cuántos pueden asegurar lo mismo", dijo ayer Macri desde Tucumán, en plena campaña.

El jefe de gobierno porteño se vio envuelto el lunes pasado en una polémica por el retraso en la entrega de su declaración jurada ante la OA. LA NACION intentó ayer contactarse con el contador de Macri para aclarar las diferencias entre las declaraciones juradas, pero no hubo respuestas.

El formulario de la OA también obligó a Macri a detallar por primera vez sus acreencias. Es decir, los créditos por cobrar, uno de sus principales activos. El jefe de gobierno porteño le prestó $ 18,5 millones al empresario Nicolás Caputo, el hombre más influyente de su entorno. La deuda se duplicó en 2014, ya que al comienzo del año Macri declaró un crédito a su favor por $ 9 millones. La acreencia del empresario aparece registrada en la declaración jurada en dos operaciones distintas, ambas a nombre de "PMO Nicolás Caputo".

El candidato de Cambiemos también le prestó a Néstor Grindetti, ministro de Hacienda porteño, otros $ 440.000. Entre sus acreencias aparecen, además, dos sociedades en las que Macri informó tener participación accionaria. Son Agropecuaria del Guayquiraro SA, por $ 1,4 millones, y E. Costa SA, por $ 83.500.

Las acreencias de Macri explicitaron las diferencias entre la declaración jurada porteña y la nacional. En la última presentación, este rubro suma $ 20 millones, unos $ 10 millones menos que en el formulario presentado ante la Escribanía porteña.

Valor simbólico

Las sociedades de Macri también sufrieron considerables modificaciones entre ambas presentaciones. Declaró participación accionaria en 12 firmas, todas por un valor simbólico de $ 0,01. Una importante diferencia si se compara con los $ 27 millones que declaró como inversión en compañías en el mismo período, pero ante las autoridades de la ciudad. LA NACION esperó sin éxito hasta el cierre de esta edición una explicación técnica del equipo de Macri sobre estas diferencias.

Ante la OA, Macri informó por primera vez la razón social de esas sociedades: Inmobiliaria Litoraleña SA, Socma Cárnicos SA, Socma Corp. SA, Socma Farináceos SA, Meat American Group SA, Flour American Group SA, E. Costa SA, Agropecuaria del Guayquiraro SA, Molino Arrocero Río Guayquiraro SA, Yacylec SA, María Amina SA, 4 Leguas SA y Fideicomiso Caminito.

Por último, el jefe de gobierno porteño declaró gastos personales por $ 4 millones, es decir, unos $ 300.000 por mes.

Curiosidades de la declaración

Mauricio Macri

Candidato de Cambiemos

El líder de Pro declaró bienes por $ 52 millones en su última declaración jurada, presentada el lunes ante la Oficina Anticorrupción

$ 18 millones

Depósitos en el exterior

Declaró una cuenta bancaria en Estados Unidos con 10,4 millones de pesos y otro depósito en Suiza por 7,5 millones de pesos

$ 0,01


Informó esa cotización simbólica en las 12 firmas que menciona -por primera vez- en la OA. Ante la ciudad de Buenos Aires, había declarado acciones por $ 27 millones

¿DICTADURA?



La Nación, editorial,  30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

La señora Mirtha Legrand ha dicho, una vez más, lo que piensa. A pesar de que constituya un hecho natural que alguien exponga sus convicciones, no es lo más frecuente en estos controvertidos tiempos. A veces por temor, otras por prudencia, lo cierto es que hablar de un modo rotundo suele sorprender a algunos y hasta incomodar a otros, más de lo conveniente.

Quien fue actriz exitosa y se desenvuelve desde hace muchísimos años como célebre conductora de programas televisivos, se atrevió a pensar en voz alta al afirmar que la Argentina vive bajo una dictadura. Le contestó la Presidenta, pero, más que para desmentirla, para apelar a uno de sus recursos favoritos: la descalificación de la persona por lo que hizo o no hizo en el pasado, como si todos los tiempos hubieran estado requeridos por igual de comportamientos idénticos para el común de los mortales.

Lo asombroso es que en esta ocasión la Presidenta fundó su cuestionamiento en una supuesta verdad irrefutable: "A ver si alguno se acuerda -dijo si algún periodista, a Videla, alguna locutora, algún comentarista o analista se atrevió a llamarlo, yo no digo asesino o genocida, simplemente dictador". No.

Se podrían releer las ediciones de los periódicos y revistas de todo el país; se podrían desgrabar cuantos programas de radio y televisión hubiera de aquella época con referencias a la política de entonces, y con seguridad sería inhallable una calificación como la que ha desafiado a encontrar la Presidenta. No, no sería posible hallarla sino en hojas que circulaban clandestinamente, como brazos políticos de organizaciones insurreccionales. ¿Recuerda la Presidenta cuántos intendentes peronistas hubo en ese tiempo, de qué manera los dirigentes de su partido, y de otros partidos, o los sindicalistas mantenían diálogos activos con aquel oficialismo militar? ¿Cómo trataban a sus interlocutores, de dictadores?

De modo simétrico, podría preguntársele a la Presidenta, como le ha preguntado a la señora Legrand, si ella o el ex presidente Kirchner alguna vez se atrevieron, en los años de terror -de doble terror, por cierto, tanto gubernamental como subversivo, a calificar de dictadores a los mandones de la época. Como tampoco la ministra Alicia Kirchner se atrevió a tanto por aquellos años en que fue alta funcionaria en Santa Cruz, prescindiremos de la pregunta del caso.

Quienes ejercían el periodismo en los años del gobierno militar caminaban sobre el filo de una navaja que cortó mortalmente hasta la vida de gentes tan próximas al régimen como el mismísimo embajador argentino en Venezuela Héctor Hidalgo Solá. Otros ciudadanos de condición parecida también cayeron.

Tan verdadero es lo que ha dicho la Presidenta que algunos veteranos políticos, intelectuales y periodistas, no habiendo por las razones expuestas apelado a la adjetivación de dictadura en los años de plomo, han preferido en muchas ocasiones prescindir también de hacer lo contrario después de la recuperación democrática de 1983. No por discrepancia en algo tan obvio como la caracterización del período de 1976-1983, sino por una discreción que desconocen los cínicos o quienes cambian de lenguaje como de color el camaleón.

La señora Legrand retomó el tema para decir más tarde: "La de Videla era una dictadura, pero la de ahora también". Quien quiera exaltar la templanza de carácter de esta personalidad del mundo del espectáculo no tiene por qué compartir su opinión. Basta con poner de relieve su entereza, valentía y desdén frente a la jauría oficialista que pretende siempre injuriarla.

El Diccionario Esencial de la Lengua Castellana, editado por Santillana con el respaldo de Gregorio Salvador, uno de los miembros de número de mayor relieve de la Real Academia Española, dice que dictadura es la "concentración de todos los poderes en un solo individuo o institución". Sería bueno que la Presidenta contestara: ¿no han procurado, tanto ella ahora como antes quien fue su marido, concentrar al máximo los poderes del Estado en sus manos? ¿Cuál ha sido, acaso, el objetivo de gobernar en estos 12 años con más decretos de necesidad y urgencia que todos los dictados desde 1810 hasta 2003? ¿Cómo calificar la pretensión de subsumir al Poder Judicial a poco menos que un conjunto de reparticiones con jurisdicción federal al servicio de los presidentes de turno? ¿O utilizar los medios de comunicación del Estado sólo para beneficio de un gobierno faccioso, negándoles pauta publicitaria o atacando directamente a los independientes?

Sería deseable que la Presidenta o alguno de sus servidores pudiera poner las cosas en su lugar. ¿Cómo creen que debe llamarse el régimen que ellos encarnan? Disponen de una paleta de excepcionales definiciones alternativas si arrancan de la calificación de "democracia", que hoy no vamos a discutir. Los legos ignoran la enorme cantidad de definiciones que la ciencia política ha aplicado a los sistemas fundados, en principio, en el voto popular. El origen del sistema está fuera de discusión en la Argentina, aunque pueda volverse controvertible si se profundizan las investigaciones sobre la degradación que el populismo ha inferido al voto popular, en los últimos días de elecciones como también en los otros 364 días del año.


De modo que tomemos las valerosas palabras de la señora Legrand como la invitación a un gran sinceramiento. Seguramente más de uno se atreva hoy a arrojar una segunda piedra.

EL PROBLEMA MÁS GRAVE DEL PAÍS ES EL AVANCE NARCO


Eugenio Burzaco
La Nación, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Hace unos años, Bill Clinton supo leer el momento histórico de los Estados Unidos y en un debate acorraló a su adversario -el presidente George Bush- con una frase que se hizo célebre: "Es la economía, estúpido". En la Argentina, si bien existe un escenario económico complejo que heredará quien gobierne el país por los próximos cuatro años, el principal problema que tenemos es el avance del narcotráfico. Es el drama subyacente más relevante que deberá encarar el próximo gobierno, con su legado de muerte, de destrucción del núcleo familiar, de corrupción de los distintos estamentos del Estado, y con la generación de empleo esclavo entre los más vulnerables, muchos con una dependencia de la sustancia que los envía a los brazos del que maneja dinero espurio pero en cantidades en el barrio: el líder narco. Esto, que muchas veces se manifiesta a través de la inseguridad, pone a los argentinos a la hora de votar frente a un momento bisagra en nuestra historia.

La violencia que impulsa el narcotráfico es inédita en el país, con ciudades, como Rosario y Santa Fe, ubicadas entre las 30 más peligrosas del mundo por sus niveles de homicidios. Mar del Plata tiene hoy una tasa de homicidios similar al DF mexicano, y casi todos los distritos del conurbano tienen tasas endémicas con más de 10 homicidios cada 100.000 habitantes. Mientras que los homicidios aumentaron a nivel nacional un 45% de 2007 a la fecha, en el mismo período la provincia de Buenos Aires observó un aumento cercano al 65% (pasaron de 884 a 1425 al año, según el Ministerio Público Fiscal de la PBA).

La presencia narco se relaciona de tres maneras con el aumento de la violencia delictual y los homicidios. La primera es que las bandas criminales pelean por el control del territorio y esa puja se dirime a los tiros con la eliminación del adversario. La segunda cuestión es el efecto que tienen ciertas drogas "duras" en la psiquis del consumidor, que deteriora los límites inhibitorios y los lleva a cometer crímenes aberrantes: "Te matan por un celular o un par de zapatillas". La última relación violencia-drogas ilegales es el vínculo sistémico que genera el consumo de algunas drogas, como el paco, que lleva a los adictos a salir "de caño" convertidos en "soldaditos" de las organizaciones narcos, para sostener su adicción.

Lamentablemente, la Argentina ya entró en la tercera etapa de evolución del negocio narco. Además de comenzar con la faz productiva, que transforma la pasta base en cocaína y genera subproductos como el paco, los narcos ahora pasan a controlar territorios tanto en la zona de fronteras calientes en el NEA y el NOA, que son un colador, como en enclaves físicos en las ciudades grandes y medianas, donde controlan ingresos, egresos y actividades en el interior de varios barrios carenciados. Las bandas narcos toman de rehén a la población y someten a muchos de sus miembros a transformarse en eslabones de la cadena criminal. Mediante el miedo y la extorsión, desarrollan sus negocios aprovechando la ausencia del Estado.

La debilidad de nuestra frontera ha sido un elemento crítico para la expansión del negocio. La imposibilidad de controlar el espacio aéreo por donde entran los vuelos ilegales se debe a que éste no está plenamente radarizado, objetivo proclamado y siempre postergado (la mayoría de nuestros vecinos tienen el 100% bajo control). Hay más de 1000 pistas irregulares en el norte de la Argentina. Nuestra amplia frontera física, con cada vez menor presencia de gendarmes, prefectos y ausencia de tecnología de punta, facilita el tráfico de estupefacientes.

El crimen organizado necesita corromper a funcionarios públicos (fuerzas de seguridad, jueces, fiscales, funcionarios de aduana, concejales, intendentes, organismos de control) para conseguir impunidad, inacción de su parte, eliminar adversarios y desarrollar el negocio. Cuanto más alto el nivel de corrupción, mayor nivel de penetración del narcotráfico en la sociedad. En el último año, el jefe de la policía de Santa Fe y los más altos jerarcas de la policía de Córdoba y Entre Ríos fueron detenidos e imputados como cómplices del desarrollo de bandas de narcos de esas provincias.

Probablemente, el hecho que mostró la cara más visible de la corrupción y cooptación narco haya sido el proceso de importación de efedrina para la producción de drogas de síntesis y su triangulación a México, que hizo crisis en 2008 con el triple crimen de General Rodríguez. Durante ese proceso el país pasó de importar unos 200 kilos de efedrina al año a más de 20 toneladas. No sólo hubo inacción de los organismos de control, como el Sedronar, sino que se entregaron permisos de importación que excedían la tonelada a laboratorios locales, cifra que superaba de cinco a diez veces lo que importaba antes toda la industria farmacéutica. Esa red de corrupción quedó reflejada en la causa que hoy tramita el juzgado de Servini de Cubría, que tiene a varios altos funcionarios del Ejecutivo nacional procesados, pero tuvo su lado más oscuro en el triple crimen, que puso de manifiesto el costado mafioso de estas bandas capaces de matar con alevosía para consolidar su poder y su negocio ilegal.

Se puede revertir el avance narco. Eso requiere fuerte voluntad política y un plan integral aplicado de manera sostenida en el tiempo. Es clave terminar con la faz productiva local, eliminando las cocinas de producción de drogas para así erradicar el paco. Podemos erradicar el paco de la Argentina. Debemos proteger a los chicos que hoy están siendo explotados por estas bandas. La segunda cuestión clave es blindar nuestras fronteras: radarizar 100% el espacio aéreo, poner scanners móviles en rutas y puertos, y aumentar los miembros de las fuerzas de seguridad en esa zona crítica.

Debemos recuperar las calles y espacios públicos de nuestras ciudades para prevenir el delito, con un Estado presente en todo el territorio. Para fortalecer el poder del Estado proponemos crear la Agencia contra el Crimen Organizado con foco en narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y lavado de dinero. Esta institución podría desactivar las bandas narcos en operaciones en el territorio nacional y detener a sus jefes. Ningún líder narco colombiano, mexicano, peruano o argentino quedará impune si viene a vender muerte y esclavitud a nuestros jóvenes.

Por último, y tal vez más importante, debemos prevenir las adicciones a través de una política integral como la que hicimos en la ciudad de Buenos Aires: acción temprana, asistencia para los chicos y su grupo familiar, integración comunitaria y líneas de atención anónima y gratuita para todos. El avance del consumo queda de manifiesto en el reciente informe del Observatorio Social de la Universidad Católica, que señala que de 2010 a 2014 aumentó un 50% el registro de venta de drogas en los barrios, llegando al 45% de los hogares urbanos. El consumo de drogas ilegales de jóvenes entre 15 y 25 años en el último mes alcanza al 15%.

El papa Francisco señala que no hay salidas fáciles ni soluciones mágicas en la legalización: "La droga no se derrota con la droga. La droga es un mal y con el mal no puede haber concesiones ni compromisos.".

No debemos perder la dimensión humana del drama que significa el avance de las drogas y el poder narco en los individuos, sus familias y en la sociedad argentina. Parte de este proceso de cambio comienza con las elecciones de octubre, eligiendo líderes que aceptan nuestra dolorosa realidad y que estén dispuestos a hacerse cargo de esta dura y larga batalla. Hoy, como nunca antes en nuestra historia, es el narcotráfico la mayor amenaza contra la ciudadanía y el Estado.


El autor fue jefe de la Policía Metropolitana; es coautor del libro El poder narco

EL DOCUMENTO FINAL DE LA CCEE DE JERUSALÉN:

 una demostración de valentía y realismo cristiano que ha pasado inobservada.

Stefano Fontana
Osservatorio Internazionale Cardinale Van Thuân

Me parece que ha pasado inobservado el documento final con el que el Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa (CCEE) ha concluido su Asamblea, que ha tenido lugar en Jerusalén del 11 al 16 de septiembre. Representando a Italia estaban presentes, entre otros, el cardenal Angelo Bagnasco, presidente del CCEE, y el Arzobispo Mons. Giampaolo Crepaldi, que preside su Comisión Caritas in veritate. Es una pena porque de una manera sencilla y clara, sobria en la forma y firme en el contenido, los obispos han dado prueba en esta ocasión de un sabio (y por lo tanto valiente) realismo cristiano.
Tres han sido los puntos afrontados por el mensaje.

Primero de todos, la emigración. Eliminado todo lenguaje sentimental y retórico que toca los corazones pero ofende la razón, los obispos europeos han reafirmado el deber de los Estados de “responder inmediatamente a las necesidades de ayuda urgente y de acogida de las personas desesperadas”, pero no han dejado esta afirmación aislada, como sucede a menudo, suscitando las reacciones de la política. De hecho, han añadido que los Estados “deben mantener el orden público”, por lo tanto, ninguna apertura sin criterio; deben “garantizar la justicia para todos” y, por consiguiente, también para los ciudadanos que acogen; deben proporcionar disponibilidad "para quien tiene verdaderamente necesidad", pues tal vez no todos los que la piden la necesitan; y deben actuar en vista de una “integración respetuosa y de colaboración”, es decir, que los emigrantes tienen derechos para también deberes que tienen que respetar. Los obispos recuerdan que los Estados “son los primeros responsables de la vida social y económica de sus pueblos” y mientras ayudan a quienes lo necesitan deben pensar también que esto no puede hacerse contra viento y marea, sino que deben sopesarse las consecuencias para la vida de los pueblos que acogen. Es bastante raro que eclesiásticos se expresan de este modo tan concreto y no se limiten a hacer grandes anuncios de una caridad abstracta.

También sobre las causas de la emigración los obispos de la CCEE han sido valientes, resaltando que, como mínimo, es contradictorio desestabilizar zonas de África y de Oriente Medio y después lamentarse de que la gente piense en huir de esos lugares abandonados a violencias caóticas. Este es el motivo por el que invitan a “adoptar medidas adecuadas para detener la violencia y construir la paz y el desarrollo de todos los pueblos… la paz en Oriente Medio y en el Norte de África es vital para Europa”.
También han sido originales los contenidos que hacen referencia a la libertad religiosa, que a menudo se piensa que está en peligro sólo fuera de Europa. Los obispos de la CCEE, en cambio, saben bien (y lo dicen) que las guerras de religión son a menudo guerras contra la religión, no sólo por parte de los Califatos sino también por occidente: “la secularización en acto en los países europeos tiende a desterrar la religión a la esfera privada y en los confines de la sociedad. En este ámbito se incluye el derecho fundamental de los padres a educar a sus propios hijos según sus convicciones. Para que esta libertad sea posible es necesario que las escuelas católicas puedan llevar a cabo su tarea educativa en favor de toda la sociedad con cualquier apoyo que sea oportuno”.

Por último, los obispos reunidos en Jerusalén han hablado de la familia. Su mensaje a este propósito hay que leerlo en vista del Sinodo que iniciará en breve. Ninguna duda, concesión o ambigüedad en sus palabras. “La belleza humana y cristiana” de la familia es una “realidad universal: papá, mamá, hijos” y no algo que tiene relación con construcciones sociales. Y por si esto no fuera suficiente, he aquí la rotunda afirmación: “La Iglesia cree firmemente en la familia fundada sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer: ésta es la célula base de la sociedad y de la misma comunidad cristiana. No se ve porqué realidades distintas de convivencias deban ser tratadas del mismo modo”. Es decir: nada de uniones civiles y cosas de este tipo. “Despierta una particular preocupación -declaran por último los obispos-, el intento de aplicar la “teoría de género”. Para ellos las cosas son claras: “La Iglesia no acepta la “teoría de género” porque es expresión de una antropología contraria a la verdadera y auténtica valorización de la persona humana”. “La Iglesia no acepta la teoría de género”: ¿queda claro?
Documentos como este consuelan. Aquí los pastores se comportan como tales. Los obispos de la CCEE, de hecho, concluyen con una afirmación de la que no debería prescindir nunca un pastor de la Iglesia católica: “conscientes de que sólo en Jesucristo encuentran respuesta las profundas preguntas del corazón y se cumple plenamente el humanismo europeo".



martes, 29 de septiembre de 2015

NISMAN: LA MUJER CALCINADA HABRÁ MANEJADO UNA EMPRESA DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS



"La calcinada de Puerto Madero.
A.R. ¿Son las iniciales de su identidad?
Ampliaremos".
Parece que sí.
Jorge Zaín Asís ‏@CayetanoAsis
10/09/2015

 (Urgente24).- 29-9-15

 El 16 de febrero, cuando estaba por cumplirse 1 mes del fallecimiento de Alberto Nisman, apareció  un cuerpo calcinado en el barrio porteño de Puerto Madero, a metros del edificio de Le Parc, donde vivía el fiscal federal. Las primeras informaciones indicaron que se trataba de una persona que se electrocutó en una subestación eléctrica situada en el sitio del descubrimiento. Hubo un testigo: un vecino advirtió la situación sobre el predio ubicado en Avenida de los Italianos y Parque Lynch, al lado de una subestación, por lo que llamó a la Policía, que dio aviso al SAME. El titular del SAME, Alberto Crescenti, aseguró que se trató de una electrocución. Sin embargo, la empresa Edesur negó que la muerte se haya producido por una falla eléctrica. Al misterio se sumó el hecho de que en el lugar fueron hallados un bidón con rastros de combustible y una botella de alcohol etílico y que no se registraron apagones por tal incidente.

"Dado como estaba el cuerpo fue imposible reconocerlo. Seguramente con la autopsia se va a poder arribar a alguna conclusión", añadió Crescenti por entonces. El caso quedó a cargo de la Prefectura Naval Argentina y la comisaría 22 de la Policía Federal.

Al día siguiente, los investigadores aún no habían podido determinar la identidad de la víctima porque los restos estaban tan dañados que ni siquiera habían conseguido determinar su sexo, aunque se consideraba que se trataba de una mujer de 1,65mts de altura.  

El caso de la mujer calcinada se fue olvidando, el periodista Jorge Asís lo reavivó días después cuando publicó una serie de tuits que fueron considerados “anticipatorios” de lo que sucedió en el crimen del fiscal. Aunque en el momento parecieron un disparate, sus dichos encontraban luego confirmación. Asís adelantó en su cuenta personal de tuiter que “no había sólo un muerto en el bulo de Le Parc” y que sería “una muerta” la que “iba a aparecer convertida en carbón. 25 días después”, justo lo que ocurrió después.

Así advirtió a sus seguidores sobre el misterio del cádaver carbonizado que él supone o cree que pertenece a una segunda persona que habría muerto esa misma noche en el departamento del Le Parc donde falleció el fiscal Alberto Nisman. Sin embargo, más allá de los tuits del periodista y ex funcionario nada más se supo de la investigación judicial y el caso del cuerpo calcinado volvió a permanecer en misterio hasta ahora.

A través de su cuenta de Twitter, la Dra. en Derecho Gabriela Alonso asegura que la mujer calcinada es Alejandra Beatriz Ravenna de 41 años, socia junto con su hermana Vanesa Laura Ravenna de SEDEMI SRL, una sociedad que tiene actividades muy interesantes y que se vinculan con las tareas del informático Diego Lagomarsino además de las labores de Nisman. Según el instrumento que publica Alonso en su cuenta de Twitter, SEDEMI se dedica a elementos de microfilmación y da servicios de “digitalización de documentos, guarda y custodia de documentos de terceros”. 

EL ASESINATO DEL FISCAL


“Nisman trató de evitar el disparo del sicario, eso explica el ángulo del disparo”

 (Urgente24).- 29-9-15

 El conductor del programa periodístico 1+1=3, Santiago Cúneo, había anticipado hace tiempo atrás que tenía información y una explicación sobre cómo mataron al fiscal Alberto Nisman. Pero durante este tiempo y a pocos días de que se cumplan 9 meses de la muerte del funcionario judicial y de la investigación de Viviana Fein, anoche (28/9) decidió explicar cómo fueron los últimos instantes del ex titular de la UFI-AMIA, tomando como información las pericias tanto oficiales como las de parte, que coinciden en el particular ángulo de tiro.

Primero, Cúneo explicó que el polémico video de la Policía Federal de los momentos en que se produce el ingreso de los peritos con el secretario Sergio Berni, Viviana Fein y personal de fuerzas de seguridad, no está grabado en forma continua: “El video es trucho en sí mismo, no es en tiempo real” por lo tanto no se grabó desde que llegaron los peritos y “estaba todo armado”, aseguró el conductor.

El error, indicó Cúneo, que demuestra su afirmación es que el cargador de la pistola Bersa está con las municiones puestas en el piso al lado de un charco de sangre: “esto se llama error de filmación, se olvidaron de borrar una escena. Y hay otro error. El perito estaba parado adelante del bidet. ¿cómo hizo para no pisar la mancha de sangre?”

Luego, pasó a la explicación del disparo que recibió Nisman y porqué hubo un sicario:

“El disparo es producto de un hecho fortuito, casual y humano. Que fue el último gesto que tuvo Nisman en vida y por lo cual se produce este ángulo de disparo. Los peritos (de Fein y los de parte) están de acuerdo con el ángulo de disparo. Sin embargo, el suicidio, en el 99,99% de los casos se produce en la cien. Pero el ángulo no se corresponde con alguien que se suicida, con lo cual hubo una segunda persona, el sicario”.

Según las pericias de parte, Cúneo prosigue: “Nisman estaba rodilla en tierra y uno puede suponer que llegó al baño con la creencia de que no iba a ser asesinado. Con la promesa de que contara hasta mil o cien mil y que nada le iba a pasar. Con este estado de conciencia de que estaba negociando su vida, pudo haber llegado al baño voluntariamente sometido al sicario. Cuando éste le pide que se arrodille, Nisman comete un acto involuntario. El sicario tiró para atrás el percutor, y Nisman escucha el arma cargándose, cuando escucha el arma cargándose, el gesto es de temor, de cubrirse, (y se hace a un lado) y el gesto coincide con el ángulo de disparo de atrás para adelante y de abajo hacia arriba, que mató a Nisman. Y la última defensa fue la mano, tratando de evitarlo (tomando el arma), por eso tiene sangre”.

LA POBREZA PONE LÍMITES A LA DEMOCRACIA



 LA NACION, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

No hubo nada novedoso en las recientes elecciones de Tucumán y Chaco salvo la indignación que generaron. Cayó el velo, y la ilusión democrática de 1983 se nos revela en su actual viciosa fealdad. El diagnóstico social se resume en dos palabras: fraude y clientelismo. En materia de elecciones, el país ha vuelto al siglo XIX. El núcleo del problema no es sólo moral ni jurídico; está en la conjunción del mundo de la pobreza y de un Estado destruido.

Sin embargo, conviene precisar los términos. El fraude se refiere a acciones ilegales, mientras que el clientelismo queda en el área de las costumbres viciosas, pero no punibles. Vender el voto es una decisión personal, muchas veces comprensible; el fraude, en cambio, se refiere a la violación de una o varias normas. Incluso allí no todo es blanco o negro, pues la normativa suele dejar zonas grises, no regladas, donde se viola el fair play, pero no la norma. Sobre todo, lo lícito y lo ético han cambiado con el tiempo, de acuerdo con la función que en cada época se asignó al sufragio. Una recorrida por el pasado nos ayudará a comprender las diferencias y entender nuestro retroceso.

El "siglo XIX", para el caso, arranca con la Revolución Francesa, de 1789, y llega hasta las últimas décadas. Luego de la revolución, los Estados fueron reemplazando la perimida legitimidad del derecho divino de los reyes por la nueva voluntad del pueblo. En el lugar de la unción con los santos óleos se instaló otro rito: el sufragio para elegir representantes. Por entonces, los Estados avanzaban sobre los poderes locales, mientras que las sociedades, legalmente igualitarias, conservaron su carácter estamental, fundado en el rango: nadie confundiría por entonces a un notable con un sirviente.

Trascendentes discusiones sobre la forma de gobierno o el comercio libre se dirimían en un círculo relativamente reducido, en el que el debate público importaba mucho más que las votaciones. No se creía que todos tuvieran capacidades iguales y era lícito operar sobre el sufragio, manipular las reglas y hacer valer la influencia personal. La elección debía limitarse a legitimar a los gobiernos y a dirimir los conflictos entre los poderosos locales y el Estado central. Por entonces se decía: "Los votos no se cuentan, se pesan". Valga un ejemplo. La ley solía limitar el sufragio a los alfabetizados, pero en el comicio la regla se flexibilizaba y se abría a la zona de las prácticas toleradas. Muchos analfabetos se presentaban con el brazo enyesado; entonces, alguna persona respetable, interesada en ese voto, daba fe de su capacidad y lo reemplazaba en el trámite de escribir la papeleta.

Había diferencias, que dependían del interés suscitado por las elecciones. En la España de la Restauración, donde la movilización política era escasa, los funcionarios estatales "escribían" los resultados de un comicio al que nadie había concurrido. Eran actas impecables, sin protestas. En Inglaterra, en cambio, la participación siempre fue grande; sólo algunos votaban, pero el resto intervenía en los actos y manifestaba ruidosamente sus opiniones. Pero a la hora de votar, era corriente que los votos se compraran y vendieran. No se trataba de un acto de sumisión, como en Tucumán, sino de lo contrario, pues vender el voto era el derecho del "inglés libre", el impuesto que debían pagar quienes querían hacerse elegir.

Entre esas variantes están las elecciones en la Argentina, regulares desde 1852. Consolidado el Estado, los gobiernos "electores" manejaron libremente las reglas del juego en favor de las elites políticas; donde había competencia, un buen comisario pesaba mucho más que un gran propietario. Articular los poderes locales con el nacional preocupaba mucho más que la posible ilegitimidad, denunciada por los radicales. El gran cambio lo produjo en 1912 la ley Sáenz Peña, que estableció el sufragio obligatorio y secreto, el uso del padrón militar y la representación de la minoría. El voto se transparentó, aumentó el premio y los votantes fluyeron a los comicios, lo que cambió sustancialmente el significado de las elecciones.

Por entonces, en todo el mundo occidental se desarrollaba un proceso similar de ampliación democrática. El sufragio avanzó en la universalización, las zonas grises se redujeron, mejoró el control ciudadano y la línea del fraude fue más clara. Las formas clientelares tradicionales retrocedieron, pero se desarrollaron otras, cuyos protagonistas fueron los medios masivos de comunicación y el Estado. Desde Le Bon, el manejo de las llamadas masas se convirtió en un desafío y en una ciencia; uno de sus mejores lectores fue Mussolini.

El sufragio adquirió un nuevo sentido en una sociedad en la que el capitalismo arrasó con los antiguos rangos y privilegios, afirmó la igualdad civil y, a la vez, creó nuevas y mayores desigualdades. El voto, organizado por los grandes partidos políticos, les dio mayor legitimidad a los gobiernos. A la vez, confirió a los ciudadanos de a pie un instrumento para influir sobre el Estado y equilibrar las desigualdades mediante distintos beneficios universales. Este nuevo compuesto democrático no se llevó bien con las instituciones republicanas. Los liderazgos plebiscitarios, más eficaces en la política de masas, predicaron la unanimidad del pueblo, despreciaron a las minorías, arrinconaron al parlamentarismo y acunaron a los grandes dictadores. Sólo después de la Segunda Guerra Mundial se conformó un nuevo equilibrio, basado en la democracia liberal, los grandes acuerdos sociales y un sufragio transparente y relativamente liberado de influencias.

En la Argentina, la nueva democracia transcurrió con intermitencias. Los líderes exitosos, como Yrigoyen y Perón, combinaron la democratización social y el unanimismo autoritario. Hubo que esperar a 1983 para conocer una democracia basada en la ciudadanía, las instituciones, el pluralismo y los acuerdos sociales.

Pero no fue un punto de llegada, sino una pausa, pues ya faltaban las bases mínimas para esta democracia. Desde hace varias décadas, nuestro capitalismo genera poca riqueza y mucha desigualdad. Nuestra sociedad, con un mundo de la pobreza consolidado, no produce suficientes ciudadanos. Nuestro Estado está derruido y a merced de gobiernos arbitrarios.

Desde 1989, los gobiernos, en general bajo la franquicia peronista, organizan sus "partidos", que son sólo la prolongación de la administración nacional o provincial. Adecuándolas a una democracia de sufragio obligatorio, actualizan las viejas técnicas del siglo XIX. Como entonces, mediante el fraude y el clientelismo, el sufragio igualitario reproduce la desigualdad.

El clientelismo es practicado con recursos estatales: pequeños empleos, autorizaciones para actividades ilegales o subsidios discrecionales. Todo genera sufragios, en un proceso permanente, mucho más significativo que los bolsones de comida repartidos el día del comicio. El "gobierno elector", que abusa de los medios públicos de comunicación, posibilita el fraude en cada uno de los pasos de la elección. El Ministerio del Interior, que confecciona el padrón, puede importar votantes de los países limítrofes; también maneja el escrutinio provisorio, que a la larga se considera definitivo. El Correo permite que se falsifiquen telegramas y que las urnas sean embarazadas o desembarazadas en el traslado. La "vista gorda" de la policía permite que los operadores amedrenten a fiscales, roben boletas o quemen urnas. Una elección provinciana del siglo XXI se parece mucho a una del siglo XIX.

El fraude y el clientelismo revelan el fondo de la crisis del país y de su democracia. Las mejoras parciales son bienvenidas, lo mismo que el esfuerzo ciudadano por el control. Pero no hay que ilusionarse: un pequeño dique no puede frenar un río desbordado. Se trata de revertir la pobreza estructural y reconstruir el Estado. No hay grandes soluciones sino un encadenamiento de pequeñas medidas que apunten sostenidamente a ese objetivo. Sólo se necesita una voluntad política fuerte y persistente. Estamos en las vísperas de uno de los momentos en que el sufragio libre puede comenzar a modificar las condiciones que hoy lo limitan.


El autor es historiador por la Universidad de San Andrés

UNA PAZ DIFÍCIL ALCANZAR EN COLOMBIA


Andrés Oppenheimer
LA NACION, 29-9-15

 El gobierno del presidente Obama; el papa Francisco; el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y los presidentes de Colombia, Cuba, Venezuela y muchos otros países aplaudieron con entusiasmo el acuerdo preliminar de Colombia con la guerrilla de las FARC para poner fin al conflicto armado de cinco décadas que ha causado más de 220.000 muertes en ese país. Pero puede que estén celebrando prematuramente.

En primer lugar, el acuerdo preliminar se puede estancar en el Congreso de Colombia. Los legisladores de la oposición dicen que el acuerdo actual, que establece un plazo de seis meses para un acuerdo final, necesitaría una reforma constitucional, entre otras cosas porque la actual Constitución no permite que personas acusadas de crímenes de lesa humanidad puedan postularse a cargos públicos.

Aunque el presidente Juan Manuel Santos tiene suficientes votos en el Congreso para reformar la Constitución, puede que no tenga tiempo para hacerlo. Los expertos legales estiman que se necesitarían ocho debates legislativos que tomarán 14 meses para aprobar una reforma constitucional, lo que va mucho más allá de la fecha límite fijada para la ejecución del acuerdo.

En segundo lugar, el acuerdo de paz podría ser derrotado en un referéndum público, que Santos ha prometido convocar. Las encuestas muestran que la mayoría de los colombianos apoyan un acuerdo de paz, pero que también detestan a las FARC y están en contra de dejar sin penas de prisión a los responsables de crímenes de guerra como masacres, torturas sistemáticas o el reclutamiento forzoso de niños para la guerra.

El ex presidente y líder opositor Álvaro Uribe y varios grupos de derechos humanos están criticando duramente este acuerdo de paz por permitir que criminales de guerra puedan evitar ir a la cárcel. Bajo el acuerdo actual, los responsables de delitos de lesa humanidad podrán cumplir sus condenas en áreas restringidas vagamente definidas -podrían ser sus pueblos o ciudades- y tendrían que hacer servicio comunitario.

"Esto podría sentar un precedente terrible -me dijo José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch-. Existe un consenso en el derecho internacional de que, cuando se trata de crímenes de guerra, estas atrocidades deben ser castigadas. Hacer servicio comunitario en una zona restringida del país no califica como un castigo."

Asimismo, Amnistía Internacional dice que "definiciones vagas y potenciales amnistías (en el acuerdo) hacen aumentar el temor de que no se hará justicia con todos los violadores de los derechos humanos". La organización añade que "la única manera de que Colombia salga de su turbulenta historia es asegurar que todos los responsables finalmente rindan cuentas por sus crímenes".

En tercer lugar, la mayoría de los principales comandantes de la guerrilla de las FARC están siendo requeridos para extradición por cargos de narcotráfico en Estados Unidos y hay una recompensa de 5 millones de dólares sobre sus cabezas. Aunque el gobierno de Obama apoya entusiastamente este acuerdo, no está nada claro que el sistema de justicia de Estados Unidos anule sus pedidos de extradición.

Al preguntársele sobre si el gobierno de Obama no desdeñó el tema de los derechos humanos cuando aplaudió el acuerdo la semana pasada, el enviado especial de Estados Unidos para el proceso de paz colombiano, Bernard Aronson, me dijo que no hay unanimidad entre los expertos legales sobre si los comandantes de las FARC deben ir a la cárcel.

"Son los colombianos, las víctimas de guerra, quienes tienen el derecho de decidir en qué términos están dispuestos a poner fin a esta guerra -me dijo-. No me corresponde a mí ni a ningún otro norteamericano que no viva en Colombia decir si este acuerdo es o no justo."


Mi opinión: los líderes mundiales se apresuraron demasiado en aplaudir este acuerdo. Si en los próximos seis meses Santos anuncia que los narcoterroristas de las FARC acusados de crímenes de lesa humanidad han aceptado cumplir al menos algún tiempo en prisión -como lo hicieron los narcoterroristas de los grupos paramilitares de derecha en Colombia-, el acuerdo de paz merecería apoyo. De otra manera, cuéntenme entre los escépticos.