Gabriela Origlia
LA NACION, MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE DE 2015
Hace tiempo que los gobernadores exigen rediscutir el esquema de coparticipación, ante la discrecionalidad e inequidad en el reparto de fondos, profundizada en los últimos años. Córdoba fue uno de los distritos que demandó a la Nación ante la Corte Suprema.
En el caso del descuento del 15% para la Anses -que ayer la Corte declaró inconstitucional-, la Nación se comprometió a financiar las cajas de jubilación provinciales. En algunos casos lo hace y en otros no, como en Córdoba, porque "no se consensuaron" regímenes.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), calcula que las provincias alcanzadas por la resolución resignaron desde 2006, a valor real, $ 89.246 millones: Córdoba, $ 39.446 millones; Santa Fe, $ 39.800 millones, y San Luis, $ 10.000 millones.
Desde la óptica del Tesoro nacional, los $ 89.000 millones significan el 7% del gasto primario neto de coparticipación o casi la totalidad de lo recaudado por el Impuesto al cheque.
Sobre la declaración de inconstitucionalidad de otro decreto que fijó una deducción de recursos coparticipables para financiamiento de la AFIP, la consultora Economía & Regiones estima que el monto acumulado, a partir de 2002, es de $ 47.154 millones ($10.816 millones del actual ejercicio). Para 2016 el volumen para las 24 jurisdicciones sumaría $ 14.232 millones.
"No es que las provincias no reciben el dinero. Lo hacen, pero a través de asignaciones condicionadas, que es una forma de control político. La mayoría del gasto público lo realizan las provincias y no tienen los recursos", explicó Ernesto Rezk, economista de la Universidad Nacional de Córdoba.
Nadín Argañaraz, director del Iaraf, coincide en que hay que "definir un esquema federal consensuado y sostenible", que además de la coparticipación abarque la distribución del gasto público y de los subsidios". Indicó que la ciudad de Buenos Aires hoy recibe menos coparticipación per cápita que Córdoba o Mendoza, pero si se suman subsidios, queda en una posición similar.
El mandato de la Constitución de 1994, que dispuso que en 1996 debía regir un régimen de reparto basado en criterios objetivos, lleva 19 años de incumplimiento. Todos los economistas consultados por LA NACIÓN coinciden en que la discusión política no es simple, ya que deben ponerse de acuerdo todas las jurisdicciones, entre las que hay intereses contrapuestos.
Negociación y acuerdo
Para el macrismo, que no tendrá el control del Congreso, el debate implicará la necesidad de negociaciones con los gobernadores y de acuerdos con legisladores de distintos signos políticos.
En el Ieral, de la Fundación Mediterránea, Marcelo Capello subrayó que hay una "notable" caída en la participación provincial desde 2002; la pérdida es menor si se incluyen las transferencias discrecionales: "Es riesgoso para las finanzas provinciales depender de la arbitrariedad con alta heterogeneidad entre provincias".
Para los economistas, la destrucción del sistema federal genera más presión impositiva porque las provincias y los municipios echan mano de nuevos impuestos para financiarse. Otra "innovación" de este período son las transferencias directas a las intendencias.
Entre las "innovaciones", los especialistas incluyen el Fondo Federal Solidario, creado en 2009 para distribuir entre las provincias el 30% de la recaudación por retenciones a la soja; el destino específico eran las obras públicas. No hay control ni datos ciertos de adónde fue el dinero.
Otro punto clave es el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, al que iría el 10% de la recaudación de Ganancias. En 1995 se estableció un tope de $ 650 millones, que nunca más se modificó; el excedente se reparte entre otras jurisdicciones.
