La Nación, editorial,
17 DE DICIEMBRE DE 2015
Debido a la cómplice pasividad de la mayoría de las
autoridades nacionales durante los 12 años del régimen kirchnerista, la tan
temida como innegable infiltración del narcotráfico en los organismos e
instituciones encargadas de combatirlo ha avanzado con inusitada gravedad. Así
comenzó en Colombia y luego en México el debilitamiento y la captación de esas
áreas clave sin las cuales el Estado y la sociedad quedan inermes ante los
poderosos carteles de la droga.
Lo ocurrido en esta materia en esos dos países está
lejos de nosotros en lo que hace a la geografía, pero no en cuanto a la
gravedad institucional que tal avance representa, como venimos sosteniendo
desde hace mucho en esta columna.
El año pasado, mediante una valiente decisión en una
compleja causa por narcotráfico, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo
Salgado, ex mujer del fallecido fiscal Alberto Nisman, allanó tres sedes de la
fiscalía general bonaerense de aquella localidad e imputó nada menos que al
fiscal general de la jurisdicción, Julio Alberto Novo, a dos fiscales que
dependían de él y a dos secretarias. La jueza los acusó de encubrimiento
agravado, atentado a la autoridad por estorbo al acto funcional, abuso de
autoridad y violación de sus deberes oficiales.
En ese sumario se investiga a una red de funcionarios
judiciales que presuntamente encubría el accionar de importantes
narcotraficantes. Por decisión del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios
bonaerenses, Novo deberá afrontar un juicio político bajo la sospecha de haber
encubierto las actividades de un cartel colombiano que opera en nuestro país.
A su caso se suma el escándalo protagonizado por el
juez federal de Orán, en Salta, Raúl Reynoso, investigado por el presunto cobro
de coimas para beneficiar a narcotraficantes y recientemente procesado como
responsable prima facie de asociación ilícita y prevaricato con un pedido de
prisión preventiva, aunque esto último no podrá concretarse pues a Reynoso aún
lo protegen sus fueros de magistrado. En esa misma causa también se procesó a
abogados de Orán y empleados del juzgado.
Al referirse a este caso, el fiscal general ante la
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Gustavo Gómez, sostuvo con razón que no
puede ser tomado como un hecho aislado: "Las complicidad de algunos jueces
federales del noroeste argentino con el narcotráfico es de vieja data, aunque
el tema nunca haya estado en la agenda periodística".
Poco antes, en Santa Fe, el ex jefe de la policía de
esa provincia, Hugo Tognoli, fue condenado en un juicio oral a seis años de
prisión por sus vínculos con el narcotráfico. Se trata del primer jefe de una
fuerza de seguridad condenado por ese delito. Tanto el ascenso de Tognoli como
el asombroso crecimiento de los grupos de narcotraficantes en esa provincia
coincidieron con los años en que Santa Fe fue gobernada por el socialismo, que
de ninguna manera pudo haber ignorado lo que estaba ocurriendo, y sin embargo
no actuó, hasta que el avance de las mafias y sus luchas territoriales fueron
inocultables.
Hay que recordar, como otra alarmante muestra de la
creciente relación entre droga, instituciones y poder político, que se
encuentran procesados el ex titular de la secretaría antidrogas (Sedronar) José
Granero y otros dos altos funcionarios del organismo como partícipes necesarios
de la introducción en el país de efedrina destinada a fabricar estupefacientes.
La Sedronar autorizó el incremento de las importaciones en un 1363% en sólo cuatro
años. Alrededor del 85% de esa sustancia importada tuvo por destino la
producción ilegal de drogas sintéticas.
Existen denuncias de que el dinero del negociado de la
efedrina habría financiado la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Es que
el vínculo entre la droga y la política es innegable. Mucho se ha escrito sobre
el financiamiento ilegal de la política por medio de fondos provenientes del
narcotráfico. Es del poder político de quien dependen las fuerzas policiales, y
ese poder no puede ignorar cuándo sus oficiales policiales llevan un tren de
vida incompatible con sus sueldos.
Pero la captación por parte de las redes narcos de
jueces y funcionarios judiciales es la más nefasta. Si los narcotraficantes
pueden comprar su libertad entre jueces corruptos, también pueden hacerlo
quienes cometen otros delitos. A su vez, quienes denuncian a los delincuentes
corren el peligro de recibir los contragolpes de una justicia al servicio del
delito mediante denuncias de falso testimonio que anulan sus testimonios y
sirven para disuadir a otros potenciales testigos.
