domingo, 14 de agosto de 2016

CORTESANO, MÁS QUE MIEMBRO DE UNA CORTE


La Nación, editorial, 14 DE AGOSTO DE 2016

El Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige que sus jueces sean independientes e imparciales, y que su comportamiento no afecte ni la dignidad ni el prestigio de su cargo. No es lo que ocurre con Eugenio Raúl Zaffaroni.

La Asociación Civil Usina de Justicia, integrada por familiares de víctimas del delito, por prestigiosos juristas y periodistas, y destacadas personalidades ha denunciado por inconducta a Zaffaroni en razón de que, contemporaneamente a su designación, ha desarrollado una intensa actividad político-partidaria, descalificando "los procesos políticos que actualmente se desarrollan en la Argentina y Brasil", al considerarlos "golpes institucionales" .

Expresaron, además, que Zaffaroni ha actuado "en forma ostensible como asesor legal de la ex presidenta Cristina Kirchner en las causas penales que afronta", que ha emitido "opiniones críticas sobre otros procesos en los que se investiga la presunta comisión de delitos por parte de ex funcionarios y dirigentes" como el caso de Milagro Sala; que ha cuestionado las actuaciones que se labran en el combate a la corrupción en nuestro país y denostado a los jueces actuantes en declaraciones y actos públicos partidarios.

En suma, consigna esa denuncia que al mismo tiempo que desempeña un cargo de juez en un tribunal internacional, Zaffaroni se dedica a la actividad política, a la militancia partidaria, a inmiscuirse en los asuntos judiciales y de política interna de nuestro país y de Brasil, asesorando profesionalmente a imputados de delitos de corrupción o de graves inconductas en el ejercicio de sus funciones.

Organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos alzaron igualmente su voz respecto de su actuación cuando era titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Sentencia y fueron desoídas.

La reciente sanción que el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados le impuso, suspendiéndolo por 90 días para ejercer su profesión, es otra confirmación de todas esas irregularidades.

Al haber asumido como defensor del juez Áxel Gustavo López, acusado de mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura por haber concedido salidas transitorias a dos condenados que luego cometieron asesinatos fuera de la cárcel, y hacerlo a semanas de su renuncia a la Corte de nuestro país, Zaffaroni incumplió los dos años de restricción que le imponía la ley para el ejercicio de la profesión.

Las Madres del Dolor objetaron la participación del ex ministro por las mismas razones por las cuales el Tribunal de Disciplina terminó sancionándolo.

A la hora de destacar los méritos de Zaffaroni para su designación como magistrado siempre se han ponderado sus publicaciones y actividad docente. Pero su desempeño como juez y su conducta constituyen una muestra elocuente de que la erudición no garantiza la independencia ni la imparcialidad ni la integridad ni, mucho menos, la laboriosidad, condiciones todas ellas indispensables en un magistrado.

La influencia de su pensamiento en la legislación argentina ha sido uno de los factores causantes de la inseguridad que vivimos diariamente, mientras que muchos de sus fallos se han apartado del sentido común y de la ley misma, consagrando la impunidad en casos aberrantes.

La Corte Interamericana está integrada por siete jueces, elegidos por la Asamblea General de la OEA, según un proceso de selección entre candidatos propuestos por los gobiernos de cada país miembro. La sanción recibida por Zaffaroni a causa de su desempeño como abogado particular y su notoria actividad político partidaria muestran no sólo su incompatibilidad para el cargo, sino que su postulación por parte de la ex presidenta Cristina Kirchner podría haber tenido como objetivo asegurarse alguna forma de influencia de Zaffaroni sobre sus colegas del tribunal internacional, especialmente frente a causas que involucran a la ex mandataria y a sus allegados.


Se trata de un magistrado cuyo nombramiento compromete el prestigio del alto tribunal regional y cuyos antecedentes académicos nunca podrían suplir las condiciones éticas necesarias para ocupar el destacado cargo con el que ha sido investido.