La Nación, editorial,
05 DE DICIEMBRE DE 2016
Pasa el tiempo y las declaraciones juradas de bienes
de los funcionarios siguen siendo un problema insalvable para muchos de ellos,
a tal punto que abundan quienes prefieren no presentarlas y afrontar las
consecuencias.
En la actualidad, suman 47.329 los funcionarios
jerárquicos del gobierno nacional y los ex funcionarios de la anterior
administración -éstos deben presentar el informe de baja de la función- que se
encuentran obligados a cumplir con esa formalidad en la Oficina Anticorrupción
(OA).
Pero aunque el plazo inicial había vencido el 30 de
mayo pasado, hasta hace un mes había 3683 funcionarios y ex funcionarios de la
administración nacional que no habían cumplido con su obligación, y por ese
motivo 93 de ellos fueron sancionados con la retención del 20% de sus sueldos.
En julio pasado, los incumplidores sumaban el doble,
por lo cual la titular de la OA, Laura Alonso, envió una nota a todos los
ministros con copia al Presidente para solicitarles que insten a sus
subordinados a llenar los formularios y presentarlos. Los sancionados con el
descuento pertenecen al Pami, la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte, los ministerios de Trabajo y de Ambiente y siete universidades
nacionales.
Ocurre que hay funcionarios que no han tomado
conciencia de que el cumplimiento de ese trámite no consiste en una cortesía de
su parte, sino en una obligación ineludible. Por eso es que la sanción del
descuento en el salario resulta insuficiente y hasta risible, cuando vemos que
hay funcionarios que prefieren esa quita con tal de eludir su obligación legal.
Es más que sugestivo que dos gremios hayan presentado
amparos ante jueces en lo contencioso administrativo, acusando al Gobierno de
violar la ley cuando la OA y el Ministerio de Modernización difundieron las
declaraciones juradas en un portal de datos. Se trata del poderoso Sindicato
Único de Personal de Aduanas (Supara) y la Unión de Personal Superior de la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
Más graves fueron las consecuencias de la orden que
impartió la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, para que subcomisarios
y comisarios presenten declaraciones juradas de bienes. Hubo 154 oficiales de
esas jerarquías que se negaron a hacerlo.
Una larga y muy sugestiva lista de políticos que
tuvieron serios tropiezos con sus declaraciones confirma que se trata de un
tema sumamente sensible. El ex presidente Carlos Menem fue uno de ellos, y
también Néstor y Cristina Kirchner, a quienes el vergonzoso ahora ex juez
federal Norberto Oyarbide sobreseyó irregularmente en una causa de
enriquecimiento ilícito.
Similares situaciones se repitieron con Daniel Scioli,
Mauricio Macri y Sergio Massa, cuyas declaraciones juradas presentaban, el año
pasado, contradicciones, falta de información o valores asombrosamente bajos
para ciertas propiedades. La de Scioli, entonces gobernador bonaerense, era
francamente escandalosa, y con sospechosa celeridad el juez de Garantías de La
Plata, Pablo Raele, lo sobreseyó por enriquecimiento ilícito, y el fiscal Jorge
Paolini no apeló la medida, que quedó firme. Hace poco se descubrió que Roberto
López, ex titular kirchnerista de la Lotería Nacional, aumentó 77 veces su
patrimonio declarado, desde 2004.
Las dificultades de los funcionarios con la
exteriorización de sus bienes persisten pese a que hace más de tres años se
modificó, en beneficio de ellos, y en perjuicio de la ciudadanía, la ley que
rige esas declaraciones para tornarlas menos transparentes y dificultar las
investigaciones sobre el verdadero valor de los bienes declarados al tornar muy
dificultosa la comparación de los últimos valores con los anteriores. Además,
tras la modificación, sólo es obligación informar las ganancias y bienes del
funcionario, no los de su cónyuge, que se declaran en un formulario al que sólo
se accede mediante una orden judicial.
La transparencia de los funcionarios se ha vuelto una
imperiosa necesidad para una sociedad sacudida sin tregua por reiterados casos
de corrupción pocas veces esclarecidos y casi nunca sancionados.
En este marco, las pruebas de la transparencia de los
funcionarios, que deberían quedar reflejadas principalmente en sus
declaraciones juradas de bienes, no pueden ser, como ya expresamos, una
concesión graciosa sino una obligación ineludible cuyo incumplimiento debería
acarrear sanciones mucho más severas y efectivas. También es preciso que una
nueva ley restituya las anteriores exigencias en materia de declaraciones
juradas y que la confección de éstas sea idéntica en las distintas
jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales. Los reiterados
incumplimientos son la prueba de que allí debe ponerse la lupa.
