domingo, 30 de abril de 2017

NUEVO SECTOR PÚBLICO


 desempeño bajo la lupa y estabilidad limitada

Paula Urien
LA NACION, 30 DE ABRIL DE 2017

El nuevo recorrido que debe hacer el empleado público desde sus inicios hasta la alta dirección es: un examen de ingreso, una inducción una vez que es aprobado, el seguimiento de su carrera paso a paso a través de evaluaciones de desempeño y cursos "a la carta", es decir, según sus funciones, y, finalmente el acceso a la alta dirección, a la cual también llega por concurso.


En este camino, la evaluación de desempeño pasará a ser vital para permanecer en la función pública, según dice a LA NACIÓN Pablo Legorburu, secretario de Empleo Público: "En la función pública la evaluación de desempeño positiva o negativa tiene consecuencias en el desarrollo profesional. O se acelera el desarrollo de las personas y son promovidas, o, si la evaluación negativa es reiterada, existe la posibilidad de desvinculación. La estabilidad existe en el empleo público como instituto, pero también existe un régimen de evaluación en el marco de la misma ley de empleo".


Consultado por LA NACIÓN, el secretario general de ATE, Hugo "Cachorro" Godoy se mostró en desacuerdo con las evaluaciones, el presentismo (el gobierno reglamentó un nuevo régimen más estricto) y la medición de productividad, entre otras prácticas, diciendo que "el mal funcionamiento del Estado es responsabilidad de quienes gobiernan. Los trabajadores tenemos derecho constitucional a la estabilidad laboral para evitar el manejo político del empleo público". Agregó también que hay una deuda con los "90.000 empleados precarizados a nivel nacional, y 600.000 si se suman provincias y municipios".

Por concurso
En un intento de poner un punto final al nombramiento "a dedo" de personas en funciones ejecutivas que deben retirarse una vez que finaliza el gobierno de turno, hay un plan para concursar los cargos más altos. A fin de la gestión, se estima tener concursado más del 50% de los concursos de la Alta Dirección Pública (ADP). Se trata de las posiciones de gerenciamiento en el Estado, en las que trabajan alrededor de 3000 personas. De ellas, la gestión anterior concursó solamente seis cargos, por lo que "hubo que nombrar momentáneamente a personas en esos puestos a partir de la nueva gestión", afirman desde el Ministerio de Modernización.

"Cuando nosotros llegamos aquí después de 12 años de otro gobierno, nos encontramos con lo que nos encontramos: un Estado devastado", dice el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, en diálogo con LA NACIÓN.


"Como parte del camino que emprendimos estamos concursando la alta dirección pública. De las 3000 personas que la integran había solo 6 concursados. Obviamente que esos puestos hubo que cubrirlos, porque el Estado tiene que seguir funcionando, y lo hicimos con las personas más idóneas", continúa.

Para arrancar, hace dos semanas se concursaron 11 directores nacionales de museos "y ahora lanzamos un programa para concursar 300 personas de la alta dirección, entre directores y coordinadores, para después seguir".

Ibarra destaca que en esta categoría de directores el objetivo es que el Estado sea independiente de la política. "Estamos pensando en períodos de cinco años, renovables con examen. Va a cambiar completamente lo que es la conducción del Estado."

Hoy hay aproximadamente 800 personas con cargos políticos que integran los ministerios, secretarías y subsecretarías. Más allá, los 3000 puestos de alta dirección corresponden a directores y coordinadores "que están debajo de la política". "El tema pendiente es que el Estado sea autosuficiente en su conducción desde las direcciones y que sean personas que permanecen en sus puestos porque llegaron por concurso y no desde la política", continúa Ibarra.

En el informe de Cippec, "El juego de la oca y la Alta Dirección Pública en la Argentina", realizado por Laura Zuvanic y Gonzalo Diéguez, se consigna que desde los inicios de 2002 hasta la actualidad la función directiva ha sido cubierta de manera discrecional. Para diciembre de 2015, el 78% del cuerpo directivo, conformado por directores nacionales y generales, fue designado bajo la modalidad "asignación transitoria de funciones superiores".

Además, más del 50% de los directivos públicos no cumplía con los requisitos mínimos de acceso a su posición, como 3 años de experiencia en conducción de equipos de trabajo y 6 años en funciones de complejidad equivalente, entre otros.

Entrenamiento y evaluación

El Gobierno relanzó entonces esta semana el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), y con él, la Escuela de Formación para la Alta Dirección Pública. Se incorpora un programa de Gestión por Resultados, desarrollado junto al BID, para mejorar la gestión de la Alta Dirección Pública. "La gestión por resultados es una política para todos los empleados, pero en la alta dirección cobra aún más relevancia", aseguran desde el INAP.

Se pondrá énfasis, para crecer en la carrera de empleado público, en el hecho de hacer los cursos, aprobarlos y también en los resultados de la evaluación de desempeño que tendrán que sobrellevar también todos los empleados públicos.

El nuevo director institucional de INAP, Santiago Bellomo, recalcó la importancia de la evaluación desempeño para, desde el INAP, poner en marcha un plan de formación de competencias asociadas a los resultados de la evaluación. "Hoy estamos trazando ese puente entre la evaluación de desempeño y capacitación", aclara Bellomo.

Por su parte, el secretario de Empleo Público, Pablo Legorburu, agrega que "estamos convencidos de que tiene que existir un proceso de evaluación que se lleva adelante a lo largo de todo el año en un diálogo entre las personas y quienes conducen a las personas. En esa conversación primero hay que establecer objetivos y metas para la persona, que tienen que ver con objetivos de su trabajo, su desarrollo y la capacitación que tenga que cubrir en ese año. En el camino hay instancias de monitoreo y de control para saber qué pasó".


También entra en el juego la gestión por resultados porque, según Bellomo, es uno de los elementos que constituyen el inicio de una buena evaluación de desempeño. "Si no hay objetivos concretos y medibles que se hayan propuesto como punto de partida , difícilmente se pueda evaluar a una persona para saber si alcanzó o no los resultados".

RAVIOLES QUE ENGORDAN




La Nación, editorial,  30 DE ABRIL DE 2017


En el argot de la administración pública se le dice raviol a cada uno de los rectángulos del organigrama que muestra gráficamente la estructura del gobierno, o de un ministerio u organismo. Son ravioles las secretarías, las subsecretarías, las direcciones, etc. Toda vez que hay una reorganización, la atención de los funcionarios y empleados se concentra en ver si subsiste el raviol al que cada uno pertenece. Si no es así, tendrá que actuar rápidamente para ser encasillado en otro raviol, que cuanto más arriba de la pirámide esté ubicado, mejor. Todo empleado o funcionario pugna por estar en planta permanente y no como contratado. Se previene así de no caer fuera de algún raviol en una modificación de la estructura y gana estabilidad. En la siguiente gestión presidencial vendrán otros contratados que en su momento agregarán una nueva capa geológica a la planta permanente.

La raviolada suele activarse con los cambios de gobierno. La Constitución de 1994 excluyó de su contenido la definición del número de ministerios y la delegó en el Poder Ejecutivo Nacional. Desde entonces, cada nuevo presidente ha tenido cierta libertad de diseñar su gabinete y la estructura de sus ministerios. Cuantos más ravioles genere, más fácilmente cumplirá con compromisos políticos y personales, aunque como contrapartida, deberá cuidarse del gasto que ocasione.

Ha sido el actual presidente quien se lleva el premio a la mayor raviolada de la historia argentina: 21 ministerios, 88 secretarías, 208 subsecretarías y 305 direcciones nacionales o generales.
Al menos dos motivos lo llevaron a esta exuberancia. Uno fue su aversión a tener un superministro de economía con demasiado poder que le permita en algún momento la clásica e inoportuna extorsión: "Presidente: o hace lo que yo le propongo, o renuncio". El otro fue la necesidad de crear suficientes cargos de alto nivel para satisfacer a los aliados en la coalición Cambiemos. Mauricio Macri no creyó que al ampliar el número de ministerios debiera incrementar la cantidad de empleados públicos. 

Más bien pensó lo contrario, pero las leyes de Parkinson le están jugando con sus reglas. La administración del Estado es como una ameba que se reproduce y multiplica cuando encuentra espacio. De hecho, desde el 10 de diciembre de 2015 prácticamente no ha sido posible reducir la planta de empleados públicos.

Una de esas leyes de Parkinson dice que cuando se crea un nuevo raviol, indefectiblemente habrá al menos dos nuevos ravioles que dependan de él. Si no fuera así, el responsable del raviol superior no podría justificar su propia existencia. Esta ley se aplica también para los dos o más ravioles dependientes, por lo tanto la pirámide se ensancha hacia abajo. Veamos el caso más reciente. Con la salida de Prat-Gay, su ministerio se dividió en dos. Uno de Hacienda, y otro de Finanzas. En Hacienda fue designado Nicolás Dujovne, un destacado economista al que naturalmente se le asignaron funciones de mayor alcance que el mero manejo presupuestario. A las dos secretarías clásicas de Presupuesto y de Ingresos Públicos se agregó una adicional de Política Económica. Dependiendo de ella se creó la Subsecretaría de Programación Macroeconómica. Era lógico. Pero cumpliendo con aquella regla de Parkinson, se creó la segunda Subsecretaría de Programación... ¡Microeconómica! Pero la regla parkinsoniana sigue. De esta insólita subsecretaría dependen dos direcciones: la de Planificación Sectorial y la de Información y Análisis Sectorial.

Por la misma ley hoy encontramos otras varias duplicaciones poco explicables. Van algunos ejemplos. Dentro del Ministerio de Justicia conviven la Subsecretaría de Protección de los Derechos Humanos con la de Promoción de los Derechos Humanos. En el Ministerio de la Producción están la Subsecretaría de Políticas del Desarrollo Productivo, y también la de Desarrollo y Planeamiento Productivo. En ese mismo ministerio se crearon las subsecretarías de Bioindustrias, y la de Alimentos y Bebidas, como si hubiera políticas públicas tan específicas y tan diferenciadas. En el Ministerio de Turismo encontramos la Subsecretaría de Desarrollo Turístico, y la de Promoción Turística Nacional. Es difícil explicar la diferencia de sus cometidos, como también para el caso de la Subsecretaría de Desarrollo Minero y la de Política Minera. ¿Qué podemos decir de una Secretaría de Agregado de Valor o de una Subsecretaría de Asuntos Globales? Hay muchísimos otros casos peculiares.

La duplicación de funciones es bien notoria entre las dependencias de la Jefatura de Gabinete y las de los ministerios. Con una aparente intención de controlar, hay una desorbitante cantidad de ravioles presidenciales que duplican los temas contenidos en los ravioles ministeriales. Salvo la Agencia Federal de Inteligencia, el resto de las dependencias controlan y duplican a las de los ministerios y de la Jefatura de Gabinete. La consecuencia es que unos funcionarios trabajan arduamente para responder cuestionarios de otros, los que a su vez dedican ingentes esfuerzos y reuniones para contradecirlos. El arbitraje de las discrepancias debería ser resuelto por el propio Presidente, lo que constituye una misión imposible para un hombre. El resultado es más y más ineficiencia.


Recuérdese otro principio de sana administración. Un jefe no puede atender eficientemente más de ocho subalternos. De Mauricio Macri dependen 21 ministros, además del jefe de Gabinete, el que a su vez tiene cinco secretarías. Esta desbordante estructura no logra más que complicar lo que podría ser simple y que hasta 1943 lo era. El presidente no tenía asesores ni funcionarios que intervinieran entre él y sus ministros. Las estructuras eran tan limitadas que no hacía falta dibujarlas y, por lo tanto, nadie hablaba de ravioles. Hoy sabemos que los numerosos ravioles engordan un gasto que no se alcanza a cubrir con una insoportable presión impositiva. De esa forma coloca a la Nación en el peligroso camino de un acelerado endeudamiento externo, que además de riesgoso ya causa retraso cambiario. 

La ciudadanía está en condiciones de comprender estos excesos y sus riesgos e incluso premiar electoralmente a un gobierno que sepa explicarlos y corregirlos, amortiguando los efectos sociales. Técnica y legalmente es posible hacerlo. Es hora de reducir la raviolada y otros excesos fiscales antes de que nos produzcan una indigestión como las que ya varias veces hemos conocido.

JUAN GABRIEL TOKATLIAN


Aunque no compartimos la tesis de la "reducción de daños", ni la conveniencia de que no intervengan las Fuerzas Armadas en la guerra contra las drogas, reproducimos este artículo pues aporta datos sobre la necesidad de poner el acento en la prevención del flagelo.
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"Tenemos evidencia tangible de que la 'guerra contra las drogas' no sirve"

 LA NACION, 30 DE ABRIL DE 2017


"Estamos en el peor de los mundos", dice el investigador y docente Juan Gabriel Tokatlian. No porque la Argentina se haya "colombianizado" o "mexicanizado", como suelen decir políticos y funcionarios agitando fantasmas sin fundamento fáctico que sirven como esgrima política, sino porque la Argentina carece de un diagnóstico integral y veraz sobre el narcotráfico y se empeña en persistir en políticas que ya han mostrado su rotundo fracaso en otros países del mundo.


Quien lo afirma acaba de publicar Qué hacer con las drogas (Siglo XXI), un ensayo exhaustivo sobre la historia del régimen internacional de drogas ilícitas y el fenómeno del narcotráfico en todas sus escalas y dimensiones. Su interés por este tema le debe mucho a los 18 años que vivió en Colombia, donde fue cofundador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes e investigador de la Universidad Nacional, ambos en Bogotá.

"En aquellos años, las investigaciones sobre el narcotráfico mostraron la necesidad de tener un estudio más riguroso y sistemático. Se abrió una avenida que me llevó obviamente a la relación con Estados Unidos y me llevó también, siguiendo al álbum de Pink Floyd, al lado oscuro de la luna. Y eso me llevó al crimen organizado, al terrorismo y a la violencia armada. Eso pasó a ser un paquete de asuntos sobre los cuales deposité mucho mi atención", remarca Tokatlian, profesor plenario de la Universidad Torcuato Di Tella e investigador especializado en temas globales y teorías de las relaciones internacionales.


¿Existe hoy un diagnóstico, un mapa real de la escala, el alcance y el tipo de penetración del narcotráfico en la Argentina?

Si uno mira la virtud de Colombia en esta materia, es que obligó a todos los actores -el Estado, los académicos, la sociedad civil, los políticos, los empresarios y los investigadores- a ser mucho más meticulosos y rigurosos, y a tratar de entender de dónde provenía este fenómeno y cómo se desplegaba. Colombia hoy tiene un buen diagnóstico de su situación y de su situación geopolítica en el negocio global. Argentina nunca ha tenido ni tiene la dimensión de un fenómeno parecido al de Colombia o al de México, sin embargo hay un discurso persistente y recurrente de la mayoría de los líderes políticos, funcionarios y especialistas que insisten en "colombianizar" o "mexicanizar" nuestra situación.


Y usted cree que es un discurso exagerado.

No sólo es exagerado. Es errado. En buena medida asumimos un conjunto de principios o parámetros para evaluar la situación de la Argentina que no tienen que ver efectivamente con lo que pasa en el país. Estamos en mora de tener un buen diagnóstico: un diagnóstico integral, riguroso, basado en evidencia. Sin embargo, esto no quiere decir que no tengamos datos sobre la Argentina.

¿Es posible tener buena información en tanto el narcotráfico es una actividad ilegal y conforma un PBI negro?

Sin duda es difícil de medir, pero también hay un conjunto de elementos que permiten aproximarse y tener una relativa certidumbre. Un ejemplo: tenemos encuestas que ha hecho en diferentes momentos el Sedronar sobre la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas. Es muy usual escuchar que "el consumo creció exponencialmente en la Argentina", como dijo el presidente Macri en el discurso de la apertura del Congreso en 2016.

¿Y no es cierto?

No es cierto. Los datos y la evidencia que tenemos por parte de estudios relativamente rigurosos que siguen una metodología internacional, muestran que creció sí un poco más el consumo de paco -y es evidente que ahí hay un problema central-, pero en cuanto a la marihuana y la cocaína, no ha habido un crecimiento exponencial de ningún tipo. Más allá de algunos cuestionamientos que uno pueda tener a algunas políticas del Sedronar, hay trabajos concretos que muestran que la Argentina destina el 95 % de su presupuesto a la lucha antidrogas, específicamente a la represión y al control de la oferta, y un 5 % en la educación y la prevención. Esto, en comparación con lo que sucede en el mundo, es un porcentaje abismalmente errado.

¿Usted dice que vamos a contrapelo de lo que hacen otros países que invierten más en prevención y educación?

Efectivamente, vamos a total contrapelo de lo que se hace en otros lugares, incluido Estados Unidos, para tomar el epítome de la prohibición, que dedica el 52 % a controlar la oferta y el 48 % a reducir la demanda. Aquí hay una distorsión significativa: sostenemos que tenemos que controlar la oferta como sea -aunque los efectos del control de la interdicción y los encarcelamientos sean bajísimos en la Argentina- y no destinamos recursos a las personas, a los consumos, a los usos y abusos, a la prevención y a la educación, algo que en países desarrollados y no desarrollados se ha comprobado que es mucho más efectivo en términos de costo e inversión. Además, tenemos buenos trabajos de todo tipo -localizados, sociológicos, politológicos- sobre el papel deletéreo de la policía que nos muestran el contubernio de la policía en los negocios ilícitos en general, y en particular en el tema de las drogas. O sea, no tenemos un gran diagnóstico, integral, compresivo y riguroso pero tenemos elementos aquí y allá que nos permitirían tener un cuadro de situación un poco más consistente.

¿Y por qué se escucha tan frecuentemente que la Argentina ha dejado de ser un país de paso para ser un país de producción y consumo? Hay un abismo entre lo que usted plantea y lo que circula como discurso público.

Vuelvo a marcar el papel de la evidencia. Doy un ejemplo que es muy claro en el caso argentino. En algún momento, a raíz de un informe de Naciones Unidas del año 2013, se señalaba que la Argentina era el tercer exportador de cocaína. ¿Cómo es que un país que no produce y que no procesa, un gran exportador? Naciones Unidas, la Unión Europea y las mismas agencias especializadas corrigieron este dato de manera relevante a partir del año 2014 y lo que trataron de aclarar es que había información de cargamentos que se conocían provenientes de Argentina gracias a la información que daba Argentina que no daban otros países. Y en segundo lugar, que las rutas y los actores vinculados mostraban claramente que los mayores exportadores de cocaína al África Occidental pasaban por Venezuela o por Brasil y que los mayores exportadores al Pacífico eran Ecuador y Colombia. Entonces, las estadísticas propias del Departamento de Estado en esta materia se corrigieron, pero ese dato nosotros no lo corregimos. No lo corregimos políticamente.

¿Por qué cree que pasa eso?

Porque tendemos a asumir y usar un elemento que sirve para el debate y la pugna política pero no para mejorar nuestro diagnóstico ni para diseñar políticas. Entonces estamos en el peor de los mundos, en el sentido de que usamos la evidencia limitada que tenemos en este tema por esto que usted dice, que es un negocio ilícito, pero tenemos el problema mayúsculo que cuando aparece algún dato que proviene de una fuente respetable, no lo evaluamos y no lo profundizamos. Y cuando ese dato se aclara, nos quedamos anclados al anterior para hacer de eso un argumento político.

¿Por qué sostiene que recurrir a discursos y promesas punitivas como más mano dura o la militarización de la cruzada contra el narco es peligroso e inalcanzable?

Porque la experiencia histórica comparada dice eso. Cuando se han involucrado las FFAA en los países en los que lo han hecho en América Latina, ¿han sido exitosas? Evidentemente no. Fue el caso de Colombia y también el de México. Cambio de ejemplo: un país ocupado por la OTAN como Afganistán tuvo el año pasado el record histórico de producción de heroína. En un país ocupado por países que tienen políticas prohibicionistas de distinto nivel sigue prosperando este negocio. Entonces no es una cuestión de involucrar más a los militares. Ese paradigma no sirve porque tenemos evidencia tangible de que no es así.

¿Cuál es la alternativa a este política prohibicionista?

Tenemos que cambiar algunos principios y parámetros. El primer punto es que nuestra atención debe estar colocada en la persona y no tanto en la sustancia: en las personas vulnerables y vulneradas, en las familias, las comunidades. Tenemos que poner atención en ver de qué manera evitamos situaciones de riesgo o de qué manera decrecemos la vulnerabilidad de ciertos sectores más que obsesionarnos por tener un indicador de cuánta droga se confiscó o se destruyó. Segundo punto: erradicar este fenómeno es algo inalcanzable, imposible. Es una quimera. Las sociedades van a seguir ensayando con sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas de diferentes tipos. Eso no es fracaso, es realismo. Por eso, hay un conjunto de elementos que nos pueden llevan a pensar en cómo reducir, contener y regular -según la sustancia de la que se trate- y no en cómo eliminar.

Se refiere a hacer "un control de daños".

Así es, cómo hago para aminorar los efectos nocivos en la salud y en la familia. Y además, este tema no puede resolverse en el corto plazo. No hay una política única que resuelva esto y un único dispositivo institucional. Entonces, pensemos en el largo plazo y pongamos metas razonables. Una buena política para la juventud ayuda muchísimo. Una política de empleo y de provisión de bienes colectivos, es fenomenal. Una buena política de derechos humanos es mejor que una mala política de derechos humanos. Hay un conjunto de políticas públicas que no necesariamente están bajo el rótulo de las políticas antidrogas y que tienen efecto indirecto. Los problemas de pobreza a los que ha llegado la Argentina, ¿pueden resolverse de manera inmediata? No. Se va a necesitar tiempo y buenas políticas públicas. Y lo que muestran los trabajos internacionales es que las políticas más punitivas y coercitivas no solamente no han resuelto el problema de la pobreza sino que han generado más desigualdades. Estas políticas afectan a algunos pero benefician a otros y hay connivencia transnacional y financiera con estos negocios, un entramado de la clase empresarial y política que tiene un doble standard: beneficia a los poderosos y afecta a los más vulnerables.

¿Qué opinión tiene del "Plan Argentina sin drogas" lanzado por el Presidente Macri?

Es importante ver el decreto de 1991 de la administración Menem. Y es importante comparar lo que decía Menem con este documento de política antidroga lanzado por Macri: los principios y los propósitos son idénticos. Es un gran refrito de muy poca creatividad, que repite y reitera hábitos y formas de aproximarse al tema que solamente son sostenibles en una lógica prohibicionista y punitiva. Este plan, que no tiene ninguna métrica por la cual podamos evaluarlo, no es un plan, son enunciados con niveles altísimos de generalización. La expresión "guerra contra las drogas" que usó el Presidente está descendiendo urbi et orbe. Nadie cree que haya que emprender una guerra irregular contra las drogas. Hay niveles de experimentación y regulación diferente. En Estados Unidos, por ejemplo, hay cuatro estados que legalizaron la marihuana.

¿Y qué nos dice, como dato, la reciente legalización del cannabis para uso medicinal en la Argentina?

Es un puntapié inicial. Es interesante ese paso que dio la sociedad dispuesta a entender el sentido de la experimentación. Hasta ahora hemos tenido una política prohibicionista ortodoxa basada en la punición y la coerción. Frente a una de las sustancias, la marihuana, hay una disposición de experimentar y ver si al menos regulando una parte del mercado que puede tener un uso medicinal, desactiva algo de esa lógica punitiva.

¿Hay cifras confiables respecto de la escala del financiamiento que el narco hace de la política argentina?

No tenemos buenos datos al respecto porque no tenemos buenos datos sobre los seguimientos de los gastos en las campañas. El narcotráfico no nace en la política pero llega a la política y la utiliza. Y no la usa para producir una revolución social sino para salvaguardar sus intereses y sus negocios. Pongo un ejemplo que muestra qué pasa cuando las sociedades no tienen un buen diagnóstico. En 1978 fue elegido Julio César Turbay como presidente de Colombia. En aquel momento se calculaba que el 10% de los congresistas de ambas Cámaras habían recibido algún tipo de dinero del narcotráfico. En 1994 es electo el Ppresidente Ernesto Samper Pizano y a raíz de una serie de filtraciones y elementos que luego dieron lugar a una investigación de la fiscalía, se comprobó que en 1994 aproximadamente el 65% del Congreso colombiano había sido electo con dinero del narcotráfico.

En la Argentina hubo campañas financiadas por el narco.

Sí, pero hoy no tenemos datos buenos. Y si tenemos esta preocupación genuina válida, esta especulación sobre cuánto incide y cuánto llega, cuánto compra el narcotráfico en la política, lo mejor es tener instrumentos para medir, como una buena ley de financiamiento de partidos políticos y campañas. Hay que romper con un triángulo peligroso y un pacto de silencio mafioso en la Argentina: pandillas, políticos y policías. Conocemos este entramado y también, la cada vez mayor autonomización de la policía en este entramado. Hay que hacer una reforma de la policía que sigue siendo un actor clave que, a diferencia de las FFAA desde el fin de la dictadura hasta la democracia, ha sido intocado e intocable.

Biografía


Juan Gabriel Tokatlian es sociólogo y doctor en Relaciones Internacionales de The Johns Hopkins University (Washington). Profesor en la Universidad Di Tella, ha escrito sobre la política exterior de Argentina y de Colombia, las relaciones entre EE.UU.y América Latina, el sistema global contemporáneo y el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado.

sábado, 29 de abril de 2017

ANÁLISIS ECOLÓGICO FUNDAMENTADO


Los artículos que se reproducen, aportan datos concretos que desmitifican el alarmismo difundido por la ideología ecologista.




El mundo es más verde ahora que hace 30 años, según un estudio internacional

EFE, Madrid, 25 abr. 2016

Aunque parezca mentira, la Tierra es hoy más verde de lo que era hace poco más de tres décadas, y todo gracias al aumento de los niveles de dióxido de carbono (CO2) atmosféricos, que han actuado como 'fertilizante' para las plantas.
Así lo detalla un estudio internacional publicado hoy en la revista científica Nature Climate Change, y en el que ha participado el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el CREAF Josep Peñuelas.

La investigación concluye que, entre 1982 y 2015, se ha producido un ascenso significativo de la cantidad de biomasa verde -las hojas- en casi la mitad de las regiones del mundo (el 40 por ciento), mientras que únicamente en un cuatro por ciento del planeta se ha detectado una pérdida significativa de vegetación.

"Con este estudio, hemos podido atribuir el reverdecimiento del planeta al aumento de los niveles de CO2 atmosféricos provocado por el consumo de combustibles fósiles", asegura Peñuelas.
Y es que al haber más dióxido de carbono, las plantas han podido generar más hojas capturando este gas de la atmósfera durante la fotosíntesis, gracias a lo cual, el aumento de la concentración de este gas de efecto invernadero se ha visto frenado, precisa el estudio.
Además, esta gran adición de verde "puede tener la capacidad de cambiar los ciclos del agua y del carbono a nivel global", añade Josep Peñuelas.

Otros estudios ya habían detectado antes que las plantas eran capaces de almacenar cada vez más carbono desde 1980, lo que concuerda totalmente con la idea de reverdecimiento ('greening', en inglés) planetario que defiende este estudio.


El mundo más verde del carbono

Según Elliot Campbell de la Universidad de California en Merced y sus colegas,  al analizar el hielo de la Antártida, descubrieron que en el último siglo, las plantas crecieron a un ritmo mucho más rápido que en cualquier otro momento en los últimos 54 mil años.
En un artículo de la revista Nature, reportan que las plantas ahora convierten un 31 por ciento más dióxido de carbono en materia orgánica que antes de la Revolución Industrial.

El aumento se debe al dióxido de carbono que los humanos introducen a la atmósfera, lo que fertiliza las plantas, dijo Campell. Desde 1850, la concentración de dióxido de carbono ha aumentado más de un 40 por ciento.
A mediados de la década de 2000, los científicos descubrieron un nuevo método de medir el crecimiento de las plantas: estudiando una molécula llamada sulfuro de carbonillo, que está presente sólo en algunas centésimas de billón en la atmósfera, una concentración alrededor de un millón de veces menor que la del dióxido de carbono. Las plantas absorben el sulfuro de carbonillo junto con el dióxido de carbono. Al entrar a sus tejidos, lo destruyen. Luego el nivel de sulfuro de carbonillo en el aire baja al crecer las plantas.

El descubrimiento llevó a los científicos a la Antártida. El aire que llega al Polo Sur está tan bien mezclado que su nivel de sulfuro de carbonillo refleja el crecimiento de las plantas en el mundo.

Con más dióxido de carbono entrando en las plantas, ha habido menos en el aire para contribuir al calentamiento global. El planeta se ha calentado 0,8 grados centígrados desde 1880, pero podría ser más caluroso si no fuera por el reverdecimiento de la Tierra.

(Fuente: Carl Zimmer, The New York Times – Clarín, 29-4-17)




ES ALTÍSIMA LA DENSIDAD DE GASES TÓXICOS EN EL CENTRO DE CÓRDOBA



Por Lucas Viano

La Voz del Interior, 29 de abril de 2017

Pero un estudio reciente determinó que las concentraciones en la atmósfera de estas sustancias son muy altas y preocupantes. En algunos casos se superan los valores detectados en algunas ciudades chinas, donde se trata de un problema de Estado.

Para su tesis doctoral, Carolina Mateos realizó mediciones de cuatros gases tóxicos en 10 puntos de la ciudad de Córdoba durante un año y medio.
Midió dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), ozono (03) y monóxido de carbono (CO) en zonas de la ciudad asociadas a potenciales fuentes de emisiones (tránsito, industria, agricultura y quema de basurales).

“La zona céntrica y las arterias de alto tránsito vehicular presentan una situación crítica en relación con el NO2. Es prioritario tomar algunas medidas para mitigar el impacto de este contaminante”, asegura Claudia González, directora de la tesis de Mateos e investigadora en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv) de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet.

Cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que en 2012 unas siete millones de muertes en el mundo estuvieron asociadas a la contaminación atmosférica, la cual agrava los cuadros respiratorios y es un factor de riesgo en cardiopatías, cánceres y accidentes cerebrovasculares.

La situación más crítica se da en el Centro durante el invierno, cuando en la ciudad de Córdoba ocurre la inversión térmica. Durante este fenómeno atmosférico, se forman diferentes capas de aire según su temperatura, y los movimientos verticales se reducen. Los gases emanados en la ciudad quedan atrapados en esa primera capa de aire.
“En Buenos Aires, los valores de emisión de las fuentes contaminantes son más altos porque hay más industrias y el parque automotor es más grande. Pero como la ciudad es plana, el viento se lleva los gases y la concentración de inmisión, es decir, el aire que se respira, es baja. Eso no sucede en nuestra ciudad porque es un pozo”, explica Mateos.

En el Centro, la concentración media en invierno de NO2 fue de 72,13 partes por billón (ppb). La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) fija como valor límite 53 ppb.
Según la OMS, los síntomas de bronquitis en niños asmáticos aumentan si hay una exposición prolongada al NO2. La disminución del desarrollo de la función pulmonar también se asocia con este gas tóxico.

“Exposiciones prolongadas aumentan el riesgo de contraer infecciones respiratorias y el efecto mayor en niños y adultos mayores”, asegura David Allende, especialista en calidad de aire, docente de la Universidad Tecnológica Nacional que trabaja en el Ceamse, de Buenos Aires.
“Los niños no deberían ir al Centro en invierno, con la concentración de gases contaminantes que hay. Es muy dañino para la salud”, asegura Mateos.

La principal fuente de emisión de NO2 son los vehículos. Mateos observó que las concentraciones bajan durante el verano, cuando el tránsito también disminuye.
“La actividad vehicular es responsable en gran parte por estos niveles, por lo que la extensión de este problema es para todas las áreas urbanas. El nivel de contaminación es mucho más grande que el esperable para un centro urbano de la magnitud de Córdoba”, dice Allende, que no intervino en el estudio.

Los niveles de SO2 fueron bajos: 10,94 ppb en el Centro de la ciudad. El valor guía de la EPA es 75 ppb. Esto obedece a que la principal fuente de emisión son las industrias que utilizan combustibles fósiles, y Córdoba tiene muy pocas industrias de este tipo.
Otra fuente contaminante que sí está presente es la quema de basurales. En zonas industriales como Ferreyra, la concentración de este gas es más alta.
El SO2 afecta el sistema respiratorio y causa irritación ocular. Agrava los casos de asma y bronquitis crónica y aumenta el riesgo de infecciones respiratorias.

Algunos estudios demostraron que los ingresos hospitalarios por cardiopatías y la mortalidad aumentan en los días en que los niveles de SO2 son más elevados.
El verano fue la estación del año con concentraciones más altas de ozono (O3). En el Centro, el nivel medio en invierno fue sólo de 3,2 ppb (el valor límite de la EPA es de 70 ppb)

El ozono necesita de gases precursores (NO2 y CO, entre otros) y de la radiación solar. “Encontramos más concentración de este gas en zonas abiertas ya que en el Centro la radiación solar no alcanza a ingresar por la presencia de los edificios”, comenta Mateos.

El exceso de ozono en el aire también está asociado a problemas respiratorios. En Europa, algunos estudios encontraron una relación directa entre un aumento de la mortalidad y de la concentración de O3.

El CO fue el contaminante mayoritario en la atmósfera (680 ppb) pero en ningún momento se superaron los valores límite establecidos por la EPA (35 mil ppb). La principal fuente de emisión, en este caso, es el tránsito.

viernes, 28 de abril de 2017

PESCA Y SOBERANÍA NACIONAL



por José M. García Rozado
Informador Público, 28-4-17


La flota española está pescando en Malvinas. Entre los que están pescando en Malvinas, con licencias de las Islas, se encuentran buques de las compañías “PESCAPUERTA” y también de “PEREIRA”, y ya son 16 los buques. La industria pesquera de bandera nacional tiene buena facturación, pero pierde competitividad. Ahora, la Casa Rosada avanza con una propuesta de ajuste en un área de menor peso ante los ojos de la sociedad: el Ministerio de Defensa, lo que genera indefensión y pérdida de soberanía. En exclusiva, se accedió al plan de “contribución” al “esfuerzo fiscal” de la cartera. Argentina finalmente logro resultados positivos frente a la Comisión de Limites de la Plataforma Continental de la ONU. A razón de esto, el país logró redefinir sus limites incrementando en unos 1,633 millones de kilómetros cuadrados su territorio marítimo, y por lo tanto, la superficie en la cual debe ejercer control.

Los fríos números del comercio exterior indican que la actividad pesquera tuvo un 2016 con balance positivo, exportaciones por casi US$ 1.700 millones, un saldo de la balanza comercial apenas por debajo de lo exportado, buen volumen de capturas en las especies emblemáticas del mar Argentino (merluza Hubbsi, calamar Illex y langostino) y precios razonablemente buenos. Pero luego de siete años de sobrevivir en la línea flotación entre 2009 y 2015, con un dólar atrasado, inflación, costos operativos crecientes y retenciones entre 5% y 10%, la industria pesquera aún busca recomponerse. Hoy el sector reclama por falta de competitividad y pérdida de mercados, debido a una política oficial que no logra revertir -vía acuerdos comerciales- los aranceles que debe pagar la pesquería nacional en terceros mercados.

Esto sin mencionar el crecimiento de la flota china en aguas argentinas y la de buques españoles en aguas de Malvinas, a las que en sus países les devuelven gastos portuarios y además ingresan la carga con arancel cero, mientras que los barcos nacionales pagan entre 12% y 18% de arancel. El combo se completa con elevados impuestos (Ingresos Brutos y otros), costos de operación en puertos, infraestructura portuaria deficiente, y elevados costos laborales (no salariales), según declaran los empresarios. El tipo de cambio vigente desde fines de 2015 no modificó de modo radical la ecuación económica del negocio, como sí lo hizo en la producción agrícola. Es que además de las cuantiosas inversiones en barcos, reparaciones, repuestos e insumos, todas ellas dolarizadas, también una parte relevante de los salarios del personal embarcado (en el langostino es más del 70% del salario) se paga sobre el valor de la pesca capturada.

“Todo el mundo dice que el sector pesquero facturó el año pasado más de US$ 1.600 millones pero eso fue sólo por el langostino”, señala Antonio Solimeno, empresario pesquero marplatense y vicepresidente de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA). Solimeno exporta el 80% de su producción, cuenta con 12 barcos y emplea a 890 personas, entre marineros y personal de tierra. La flota española que está pescando en Malvinas con permisos de los kelpers y el gobierno de las islas y sin la más mínima critica o queja de nuestro gobierno ante España se dedica a las capturas de Calamar que llegan hasta 35 toneladas día por buque, o sea 560 toneladas diarias y más de 101 mil toneladas por temporada de captura. Los 16 buques de la flota española que pescan en Malvinas y que el 27 de febrero iniciaron la temporada 2017, están logrando un extraordinario rendimiento al superar las 500 toneladas de pesca diaria de calamar (Loligo), según lo explico Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI). España. Entre los que están pescando en Malvinas, con licencias de las Islas, se encuentran buques de las compañías “Pescapuerta” y también de “Pereira”, que además lo hacen en aguas nacionales con permisos de la Secretaria de pesca argentina.

Argentina finalmente logro resultados positivos frente a la Comisión de Limites de la Plataforma Continental de la ONU, el año pasado. A razón de esto, el país logró redefinir sus limites incrementando en unos 1,633 millones de kilómetros cuadrados su territorio marítimo, y por lo tanto, la superficie en la cual debe ejercer control. Este hecho supone no solamente la mejora en la proyección de los intereses argentinos sobre el lecho y el subsuelo de esa porción de mar, sino, un llamado de atención a su propio Estado como a la opinión publica de la capacidad que posee actualmente nuestro país para ejercer un control efectivo sobre las enormes extensiones marítimas con las que se cuenta. Hay que recordar que el año pasado la “CONVEMAR” aprobó el pedido argentino de extensión del limite exterior de la plataforma continental, lo que implicó que el país se hiciera con un 35% de superficie marítima mas, constituyendo un hito tanto para la historia diplomática argentina, como para los funcionarios de carrera que se desempeñan en política exterior.

Esta política “trans-gobierno” (se inició en 1998 y culmino en 2016) de reclamo en la ONU implica un éxito colosal que se transfiere directamente en la posibilidad de explotación de recursos naturales ictícolas e hidrocarburíferos -entre otros- , tanto en una zona exclusiva ampliada como en un lecho y subsuelo con posibilidad de contar con recursos hidrocarburiferos. Es así, como este éxito en cuanto a política diplomática termina marcando un punto paradigmático para otra política que debe ir siempre de la mano de la política diplomática: la defensa. Argentina, con este agregado territorial, debe supeditar sus políticas publicas en defensa a estas nuevas conquistas diplomáticas. Para cumplir con su responsabilidad funcional de controlar los nuevos limites marinos, las instituciones militares deben contar con medios eficaces para desarrollar tareas de control marítimo frente a innumerables flotillas pesqueras sin permiso que depredan los recursos pesqueros y energéticos.

Nuestro país actualmente cuenta con una de las zonas económicas exclusivas más grandes del mundo, con una proporción de superficie marítima similar a la superficie terrestre. La antilogía de esta proporción es que actualmente el territorio marítimo solo es supervisado por una decena de patrulleras entre buques de la Armada Argentina -muy viejos en su gran mayoría, desgraciadamente- y la Prefectura Naval no apta para patrullar y custodiar este tipo de superficie marítima más allá de las 20 millas náuticas desde la costa. “Las políticas públicas de seguridad y defensa en estos casos hacen agua”. A sabiendas de que la política de defensa debe necesariamente confluir con la política exterior, la primera esta siendo relegada permanentemente por la falta de recursos y la indefinición de las esferas decisorias en una planificación acorde para que las distintas instituciones puedan desarrollar sus funciones primarias de una manera correcta.

En el año 2017 no implicará dar el paso superador que la Armada Argentina espera para poder avanzar sobre nuevos medios con el fin de articular una presencia definitiva en el extenso territorio marítimo. Para este año no se esperan definiciones de las altas esferas decisorias en el edificio Libertador para que esta fuerza pueda contar con nuevos medios. Es así que la presencia argentina en el nuevo espacio a controlar quedara encuadrada todavía por los “únicos 3 viejos pero nobles avisos A-69 que prestan tareas en la División de Patrullado Marítimo”. La definición de avanzar sobre nuevo material se tambalea desde hace años con los diversos anuncios sobre patrulleras, que en definitiva no se han terminado de materializar. La búsqueda de buques del tipo OPV ha transitado un camino de al menos 15 años. El diseño adquirido a la compañía alemana Fassmer terminó en el desembolso de divisas extranjeras y ningún buque en grada. Por otro lado, la gran cantidad de reuniones entre funcionarios de ARS y miembros del Ministerio de Defensa quedaron solamente en intenciones de deseo de trabajo conjunto, y en ningún caso se dio un avance serio para que definitivamente la Armada Argentina pueda contar con unidades de este tipo. En cuanto a ofertas foráneas, en los despachos de funcionarios de defensa se han acumulado ofertas de países como Francia, España e incluso China, todos con resultados negativos.

Volviendo al tema pesca, “Hasta mediados de 2016, con la devaluación más o menos estábamos recuperando, pero a partir de septiembre empezamos a perder de nuevo competitividad”, destaca Solimeno. En ese contexto, se pregunta si “en el 2017 los mercados responderán”. Y agrega: “Puedo tener buena facturación pero el problema es de rentabilidad, sólo en reparaciones navales invertimos el año pasado entre US$9 y 10 millones”. Desde el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), su titular Oscar Fortunato señala que “la economía global no está bien, con el langostino zafamos pero también hay una caída de los precios internacionales”. No obstante, admite que “el 2017 podría ser bueno para el calamar”. El punto que más preocupa es la pérdida de competitividad frente a otros países. A principios de marzo autoridades de CEPA se reunieron con el presidente Macri y funcionarios del área para analizar la coyuntura sectorial. “Hemos hablado de la necesidad de tener acuerdos comerciales con algunos países o la Unión Europea, no digo un TLC pero sí quizás acuerdos contingentes (cuotas de exportación anuales), un instrumento aceptado por la OMC”, explica Fortunato.

Argentina tuvo vigente un acuerdo en el marco del Sistema General de Preferencias (SGP) de la Unión Europea hasta hace tres años. Con la caída del SGP los productos pesqueros nacionales pasaron de pagar 5% de arancel al 12%. En el caso de China el arancel llega al 18% y en México es del 20%. Brasil, por su parte, tiene cerrado su mercado a los productos argentinos, por el fuerte lobby de los productores de camarones, que aducen cuestiones fitosanitarias. Tras la eliminación de reembolsos a los puertos patagónicos en diciembre de 2015, a través de un DNU que derogó el decreto 2.229/15, el Gobierno dispuso reintegros a la pesquería que van del 3% al 6,5%, según las especies exportadas. En la actualidad el Congreso tiene el DNU bajo estudio, para ratificarlo o rechazarlo, y en ese caso reimplantar los reembolsos. Mientras tanto, los productos de todos los puertos tienen los mismos reintegros, aunque los costos difieren sustancialmente según la ubicación.

“El flete sale dos a tres veces más de Puerto Deseado a Madryn que en Mar del Plata, la estiba cuesta tres veces más, y además, tenemos más costos de insumos, víveres y llevar la gente hasta allá, porque no hay marineros en la Patagonia, los tenés que llevar de Mar del Plata o Corrientes”, señala Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores (Capeca), que agrupa en especial a la flota langostinera de la Patagonia. Por eso, añade, “los que operaban calamar en el sur se fueron a Mar del Plata por un tema de costos”. “La pesquería tiene varios problemas graves”, asegura Miguel Glikman, director de Exportación de Newsan Food. Entre ellos, menciona la falta de financiamiento, el costo de las ART, la carga impositiva y cierta obsolescencia de la flota pesquera. Pese a ello, Glikman destaca que “la pesca de calamar vino bien en los primeros meses del año después de un 2016 malo y esperamos una buena campaña de langostino”. Pero el resto de las espeies que brinda el mar argentino y su explotación, muy pobre por cierto, ya que la industria pesquera nacional está muy lejos de parecerse -ni hablemos de competir aunque sea en desventaja- a una industria sudamericana, como la peruana o la ecuatoriana que sin competir con españoles, chinos, japoneses o ploacos están sin embargo a años luz de nuestras flotas pesqueras y por lo tanto de nuestra industria pesquera nacional.

Debemos aclarar que de los 634 buques registrados una gran cantidad son nuestras conocidas lanchas pesqueras amarillas lo que reduce enormemente el número de embarcaciones. Asimismo las 170 empresas mostradas en el gráfico, en muchos casos no son tales ya que son pequeños empresarios dueños de los barcos amarillos y por lo tanto de baja captura y ésta realizada en zonas semicosteras y casi nunca más allá de las 40/60 millas náuticas de la costa nacional. De contar argentina con empresas de envergadura como aquellas española que hoy pescan con permisos kelpers nuestro potencial pesquero debería multiplicarse como mínimo al triple y si se abrieran mercados como debiera ser la propuesta gubernamental y de cancillería las exportaciones podrían con comodidad llegar a los US$ 5 mil millones anuales o sea un cuarto de las agropecuarias. Pero para esto además es imprescindible que nuestra Armada cuente con los elementos indispensables para proteger nuestros intereses en toda la extensión de nuestro mar ahora que logramos su ampliación y el reconocimiento del mismo por la ONU y su organismo especializado.

Llamativamente la Armada Argentina ha difundido un comunicado de prensa titulado “COMPRA DE AERONAVES PARA LA ARMADA ARGENTINA Y SITUACIÓN CAMPAÑA ANTÁRTICA 2016/17” donde señala que ha comenzado un proyecto de “adquisición” de 2 aeronaves, una de transporte y otra en configuración de patrullaje marítimo. Estos dos corresponderían, según la gacetilla, a aviones C-295 de la empresa CASA, informando también que la Fuerza Aérea Argentina se sumaria al pedido.Este proyecto de “adquisición” se enmarca en lo difundido en numerosas oportunidades por medio del Ministerio de Defensa en relación al planeamiento realizado para recambiar sistemas dados de baja o prontos a quedar fuera de servicio, mencionando la intención de dotar a la Armada de la República Argentina con dos aeronaves de transporte C-295 financiadas por el BBVA a un monto total que asciende a un poco mas de 5 mil millones de pesos.

La comunicación oficial por parte de la institución naval se encuadra en un contexto donde priman los anuncios y no necesariamente las decisiones concretas sobre recambio de material, lo que motiva a que las fuerzas se plieguen a comunicados informando intenciones. Hay que tener en cuenta que la difusión de una gacetilla con un titulo decisivo como “compra de aeronaves” no condice específicamente con una etapa de planificación, lo que dista procesalmente del hecho consumado que tanto se espera en la Armada. Por otro lado, se menciona el interés por parte de la Fuerza Aérea Argentina de plegarse al pedido del producto diseñado por EADS, haciéndolo por otras dos unidades mas en versión de transporte. Originalmente, la fuerza había deslizado la intención de adquirir ente 6 a 8 aviones a efectos de recuperar y potenciar una capacidad sumamente disminuida en los últimos años. Este anuncio que involucra al C-295, también se hace a poco de haberse realizado un “demostración de la aeronave C-27 Spartan”, principal competidor del primero, y el cual ya realizo un recorrido sobre el país que finalizo en la Base Marambio.

Sin duda, la necesidad de contar con aeronaves nuevas es imprescindible para las distintas fuerzas para poder realizar las distintas tareas que se estructuran en su misión, es quizá por esto que los distintos comunicados de prensa y gacetillas demuestra mas impaciencia que optimismo para intentar mover con la opinión publica la difícil balanza de las decisiones políticas y públicas. De todas maneras, con una opinión publica ya renuente a seguir escuchando hablar de intenciones o proyectos, todavía se deberá esperar un comunicado en donde la palabra “compra” dentro del titulo sea el resumen del cuerpo de una noticia relacionada a esta. Gacetilla de Prensa N° 22 titulada “COMPRA DE AERONAVES PARA LA ARMADA ARGENTINA Y SITUACIÓN CAMPAÑA ANTÁRTICA 2016/17”.

“La Amada Argentina informa que, ante la necesidad de reemplazar sus aeronaves de transporte mediano, a través del Ministerio de Defensa ha iniciado el proyecto de adquisición de dos aviones C-295 de la empresa CASA, compartiendo este proyecto con la Fuerza Aérea Argentina, quien se ha sumado con dos unidades similares. Una de estas aeronaves estará destinada al transporte de materiales y de personal, mientras que la otra será configurada en versión marítima. Asimismo, se informa que el Comando Naval Antártico puso a disposición del Comando Operacional del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. los transportes navales ARA “Bahía San Blas” y ARA “Canal Beagle” (este último como puente logístico hasta Ushuaia), los recientemente incorporados avisos con capacidad polar ARA “Puerto Argentino”, ARA “Estrecho San Carlos” y ARA “Islas Malvinas” (este último en coordinación con el Área Naval Austral por estar cubriendo la Patrulla Antártica Naval Combinada con Chile), y el Buque Oceanográfico ARA “Puerto Deseado”, los cuales trasladarán personal y reabastecerán a la mayoría de las bases permanentes y transitorias”, siendo el recurso logístico principal de la actual campaña antártica 2016/17. El aviso ARA “Puerto Argentino”, que zarpó el pasado 6 de diciembre de la dársena “E” del Puerto de Buenos Aires dando inicio a la campaña antártica, está arribando a la base permanente de la Armada Argentina “Orcadas” el viernes 16 del corriente.”

Pero desgraciadamente la realidad es otra muy distinta, ya que por medios oficiosos nos hemos enterado de duros recortes de presupuesto para las Fuerzas Armadas Argentinas. Se cancela de manera definitiva la remotorización de los Pucara. Se van de Baja 90 blindados M-113. Cancelación de las reparaciones del submarino ARA Santa hasta el 2023. Se cancela modernización de radares Westinghouse de la Fuerza Aérea. Baja de 527 vehículos (principalmente camiones ). Se cancela compra de radares nuevos a Invap. Se cancela el proyecto de fabricar un cañon de 105mm de fabricacion nacional. Baja de aeronaves de enlace de la Fuerza Aérea (Piper y Cessna). Cierre de la VII Brigada Aérea y traslado de su grupo aéreo y de los comandos del GOE a la Base Morón. Cancelación de obras de modernización e infraestructura a realizarse en CITEDEF. No se ejecutarán las obras de mantenimiento del Buque Hidrográfico Comodoro Rivadavia. Reducir el déficit fiscal es una de las obsesiones de Mauricio Macri. Y esa fijación ha llevado a su gobierno a cometer “errores no forzados”, cuya factura se complica pagar en el marco de un año electoral y socialmente conflictivo. Un claro ejemplo de ello fue la resolución que recortó las jubilaciones, con el fin de ahorrar $ 3000 millones. La medida generó una crisis política en el Ejecutivo, que por enésima vez tuvo que dar “marcha atrás”.

Ahora, la Casa Rosada avanza con una propuesta de ajuste en un área de menor peso ante los ojos de la sociedad: el Ministerio de Defensa. En exclusiva, se accedió al plan de “contribución” al “esfuerzo fiscal” de la cartera. Según consta en el documento, durante 2016 el ministerio que conduce el radical Julio César Martínez ahorró $ 4.615 millones. ¿De dónde? $ 3.883 millones estaban destinados al proyecto de remotorización de Pucará, que se llevaba a cabo en la Fábrica Argentina de Aeronaves (FADEA). También hubo una “racionalización” del Plan Anual de Comisiones al Exterior –agregadurías y comisiones– que significó un ajuste de $ 400 millones en el gasto. Con la modificación de los coeficientes por cambio de destino, que es la compensación que reciben oficiales, suboficiales y soldados voluntarios cuando cambian de organismos que disten a más de 20km, en tanto, se ahorraron $ 381,8 millones. “El repliegue de 1800 efectivos desplegados en el marco del plan antidrogas “Escudo Norte”, en tanto, equivalió a $ 160 millones”, una verdadera barbaridad en época de lucha con el narcotráfico y el narcoterrorismo”.

Ahora el plan de ajuste promete profundizarse, mientras el personal es distraído con aumentos salariales que no son otra cosa que una etapa más del postergado blanqueo de haberes. Con el propósito de ahorrar $ 4.346,23 millones, programas, operaciones y obras quedarán suspendidas. También se reducirá el personal de organismos del Ministerio (FADEA, Tandanor) y la plantilla de oficiales y suboficiales. Pero eso no es todo. La propuesta, que ya cuenta con el visto bueno de Macri según confirmó el periodista Edgardo Aguilera en “Ámbito Web”, contempla además la venta de 12 inmuebles por U$S 335 millones. El encargado de presentarla fue el titular del Estado Mayor Conjunto (EMC), teniente general Bari del Valle Sosa, quien al parecer tiró la perinola y le salió “toma todo”. Esta política de vaciamiento responde a la inacción de la cúpula de las FFAA, que ante las demandas de la Casa Rosada priorizó su comodidad por sobre su deber institucional. El año pasado, el Presidente había marcado las pautas: colaboración en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y apoyo a la comunidad. “Necesito tanques”, le planteó entonces el Teniente General Diego Suñer, jefe del Ejército. ¡La respuesta fue achique sin derecho a protesta!

Arq. José M. García Rozado

Ex Subsecretario de Estado 1973/1976 y 1989/1993