sábado, 24 de junio de 2017

EL GRAN DESAFÍO DE LA POLÍTICA: FINANCIAMIENTO TRANSPARENTE


La ciudadanía no puede ser una espectadora pasiva de un espectáculo que ella termina pagando, pero que nadie sabe a ciencia cierta quién financia

La Nación, editorial, 24 DE JUNIO DE 2017


En diciembre pasado, alertábamos desde esta columna sobre la gravedad de llegar a los comicios de 2017 sin haber intensificado los controles ni eliminado las fallas que atentan contra la imprescindible transparencia en el financiamiento de las campañas políticas. A pesar de los compromisos asumidos por el Gobierno y los legisladores, prácticamente inmersos en un nuevo escenario electoral, no se han concretado aún las prometidas modificaciones a las normas y procedimientos en este tema, fundamental para una república sana.

El Poder Ejecutivo ha anunciado que enviará al Congreso un proyecto de ley con el propósito de sincerar la relación entre dinero y política, y contribuir a la transparencia y al control del origen de los fondos. De aprobarse la iniciativa, regirá recién para las elecciones presidenciales de 2019 en función de los tiempos legislativos, ya que de ninguna manera resultaría conveniente abordar una cuestión tan delicada mediante decretos de necesidad y urgencia que peligroso favor harían a la democracia y a los fines que se persiguen.


La iniciativa del Poder Ejecutivo incluye la bancarización de los aportes a los partidos para facilitar la trazabilidad del dinero, dejando en claro el origen de los fondos. Es una medida positiva que aspira a terminar con la práctica de sumas en efectivo que permite ocultar la identidad de los verdaderos aportantes.

En la misma línea, y con el objetivo de sincerar el financiamiento, el proyecto autorizará los aportes de empresas, que en la actualidad están prohibidos. La prohibición legal sólo ha servido para ocultar esos aportes, que siguen existiendo y se canalizan a través de personas físicas que operan como intermediarios o bien se presentan como donaciones para la actividad institucional permanente de los partidos, aunque terminan pagando los gastos de campaña.


También apunta a la transparencia la idea de establecer un mecanismo de registro y reporte on- line de los movimientos económicos de la campaña. De esta forma se podrá conocer cómo se están financiando los candidatos en tiempo real.

Se prevé también la creación de un registro de proveedores de bienes y servicios utilizados en las campañas para fiscalizar quiénes los contratan, para qué y por qué montos de facturación. El cruce de estos datos con los reportes partidarios facilitará las tareas de auditoria.

Otras reformas incluirían la ampliación de los plazos de campaña y la coordinación de diversos organismos públicos a la hora de cruzar información para promover los controles del financiamiento que lleva adelante la justicia federal. Asimismo, se avanzaría en la regulación de la publicidad oficial y el uso de los recursos públicos durante la campaña para evitar abusos, un fenómeno que se repite en detrimento de las arcas del Estado sin distinción de color político.

Muchas de estas reformas han sido propuestas por organizaciones de la sociedad civil como Cippec, Poder Ciudadano y LA NACION DATA, que monitorean un tema tan crucial como el financiamiento de la política. La transparencia y claridad en el ingreso y egreso de fondos de los partidos son clave para garantizar la calidad del proceso electoral y asegurar el acceso a información fehaciente a la que tienen derecho los votantes. Saber quién está detrás de los candidatos permite conocer qué tipo de compromisos están asumiendo a futuro y cuál es la distancia entre los discursos de campaña y las verdaderas intenciones que guiarán sus decisiones una vez elegidos.

Pero todo esto quedará pendiente hasta 2019. En las PASO de agosto y las elecciones generales de octubre de este año las reglas sobre la relación dinero/política serán las mismas que se han venido aplicando hasta ahora y que han demostrado largamente ser por demás insuficientes y opacas.

Los cambios podrían también provenir de las buenas prácticas de los actores, aun cuando las leyes no estén todavía vigentes. En épocas de vacas flacas como las actuales, con tanta gente bajo la línea de pobreza, los gobiernos de todos los niveles deberían dar ejemplo de austeridad y evitar el abuso de los recursos públicos con fines electorales, empezando por la publicidad oficial. Los partidos y alianzas deberían reportar sus verdaderos ingresos y gastos y deberían respetar los límites legales. Podrían, incluso, alzar la vara y adoptar medidas más exigentes que las que la ley impone estableciendo ellos mismos, por ejemplo, que todos los aportes sólo podrán realizarse a través de cheques o transferencias bancarias.

Hoy el ciudadano ha pasado a ser un espectador pasivo de un espectáculo que él termina pagando, pero que nadie sabe a ciencia cierta quién financia. El país comienza a poblarse demasiado prematuramente de afiches y carteles con caras de sonrientes candidatos, las pantallas nos devuelven actos fastuosos en costosas instalaciones con abultado merchandising y en breve se sumarán los spots televisivos y radiales.


Sin necesidad de un cambio legislativo que no llegará hasta 2019, la dirigencia política tiene ante sí la oportunidad de mostrar un compromiso auténtico que supere las buenas intenciones que evidencian los discursos de todos sobre transparencia. Por su parte, el Gobierno deberá asumir sus compromisos y proponer el tratamiento parlamentario del asunto de una buena vez, respetando los tiempos y los debates que el tema merece. Un auténtico desafío que robustecerá la institucionalidad y los valores republicanos que todos deseamos defender.