La Voz del Interior, editorial, 31 de Agosto
Si bien la mayoría de las escuelas de Córdoba
desoyeron el pedido del gremio docente nacional Ctera a los maestros y a los
profesores para que abordaran la desaparición de Santiago Maldonado en las
aulas –a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones
Forzadas–, la polémica petición merece ser analizada y repudiada.
La guía que el sindicato elaboró y distribuyó para que
los docentes trabajasen el tema da por comprobada que la desaparición de
Maldonado se originó en una detención ilegal a cargo de Gendarmería, mientras
reprimía una manifestación en Chubut, el 1° de agosto. En consonancia con ello,
distintas organizaciones políticas, sociales, gremiales y de derechos humanos
han organizado para hoy movilizaciones en todo el país al cumplirse un mes del
hecho.
En otras palabras, la conducción de un sindicato
afirmó de manera taxativa aquello que la Justicia aún investiga.
Miembros de la conducción de Ctera explicaron en los
medios que la guía en cuestión toma como punto de partida la carátula de la
causa propuesta por la fiscal: “desaparición forzada”.
No obstante, la carátula de una causa judicial sólo
enmarca la hipótesis central de la consiguiente investigación alrededor de una
figura jurídica determinada. Esa investigación, en sus conclusiones, dirá si la
hipótesis inicial fue corroborada o refutada. Mientras tanto, no es más que una
guía de trabajo.
De ello se desprende que nadie puede tomar por acreditado
el delito por investigar por el simple motivo de que figure como “título” del
expediente. De ser así, debiéramos dar por probada la acusación del fiscal
Nisman contra Cristina Fernández, o bien las cientos de causas iniciadas contra
funcionarios del pasado gobierno o contra el actual. Y ya que mencionamos a
Nisman, no hubo al momento de su muerte "guías" sindicales para
tratar el tema en las aulas, lo que muestra el sesgo ideológico de la acción
que hoy cuestionamos.
Es inadmisible el mero uso político de las noticias
que conmocionan a una sociedad. Por ello se debe rechazar la acción de Ctera.
Que quede claro: no es que este tipo de noticias no
deba tratarse en las aulas. Nuestro repudio es al uso instrumental de esos
eventos con fines de adoctrinamiento, violando todo respeto por los plazos y
las normas que rigen el esquema judicial.
Por último, es imposible soslayar otro elemento no
menor: un gremio no tiene derecho a decidir el contenido de las clases, así
como el material y la perspectiva con que se lo abordará en todas las aulas del
país.
El corporativismo y el totalitarismo son males que la
sociedad argentina, al elegir vivir en democracia, decidió dejar atrás para
siempre.
