Vicente Palermo
Clarín, 14-11-17
¿Recuerda, lector, a los ambientalistas de
Gualeguaychú? Seguramente, ya que por años – presidencias de Kirchner y CFK –
fueron el movimiento social de mayor visibilidad pública, con amplísima
repercusión en los medios y en la retórica política; todos se hicieron eco
acríticamente de sus percepciones y su diagnóstico sobre la instalación de una
“papelera” del otro lado de la frontera.
Hubo pocas voces, muy aisladas – es de buena ley
admitir que los principales periódicos les hicieron lugar – que se
diferenciaron del fárrago del nacionalismo ambiental que bombardeó a los
ciudadanos de a pie, naturalmente alarmados por la catástrofe que se avecinaba,
y que ignoraban, entretanto, que a la sazón existían papeleras argentinas muy
contaminantes.
Ese nacionalismo ambiental no fue responsabilidad de
los activistas gualeguaychuenses. Ellos tenían un diagnóstico comprensiblemente
equivocado sobre el daño ambiental inminente, pero lo peor fue que convirtieron
la cuestión en una cruzada de vida o muerte, y actuaron irresponsablemente.
Cerraron un puente internacional por meses, apelando a
la fuerza sobre una base fundamentalista, colocando al poder público en un
severo dilema: reprimir para despejar el puente, o afrontar un conflicto con el
país hermano.
El gobierno eligió muy mal, acompañado por la clase
política y los formadores de opinión: asumió, de una, la demanda ambientalista,
la convirtió en causa nacional, se floreó con denuncias extravagantes como la
de “contaminación visual” (las fotos en los medios acercaban desmesuradamente
la imagen de la planta a nuestra orilla), mimó a los asambleístas y bajo línea
a los orientales sobre su perfil productivo, independientemente del supuesto
para nada demostrado de que la planta iba a tener terribles consecuencias
ambientales. Hostigó por años la navegación fluvial uruguaya, negándose al
dragado. Llevó con bombos y platillos la causa nacional a los tribunales
internacionales, perdiendo en toda la línea. Y cometiendo una implosión de la
hermandad rioplatense.
El victimismo argentino fue rampante y el uso de un
diferendo internacional para obtener beneficios domésticos desaforado. En lugar
de mantener una prudente y crítica distancia con los asambleístas (incluso sin
removerlos de su trinchera), pensar el diferendo en el contexto más amplio de
la integración, y proponer a Uruguay un mecanismo institucional ecuánime y
altamente calificado para la medición del impacto ambiental, le concedió a la
Asamblea Vecinal un poder de veto.
Una política madura y responsable era optar por la
confianza: declarar que en vista de los elementos de juicio disponibles Botnia
operaría con las mejores tecnologías medioambientales mundiales empleables.
Que ambos países darían fe de que la vigencia de este
precepto reposaría taxativamente en que hubiera permanentes controles sobre la
operación de la planta. Y que la Argentina aceptaría y promovería, a partir de
los compromisos medioambientales fijados, la institucionalización de un
monitoreo conjunto (figura execrada por los ambientalistas), de riguroso nivel
de competencia técnica y científica.
Argentina y Uruguay deberían emprender de manera
asociada, en el marco del Mercosur, un esfuerzo para asegurar la sostenibilidad
productiva y ambiental de los sectores forestal y papelero, estipulando normas
y tiempos para adaptación tecnológica de los productores rezagados.
De todo esto, nada. Los años han pasado, y el perfil
productivo uruguayo se ha asentado. La planta Orion (UPM ex Botnia) funciona y
los informes confiables son elocuentes. En agosto la Comisión Administradora
del Río Uruguay publicó los monitoreos realizados: la planta impacta muy poco
en la calidad de las aguas.
El Comité Científico encontró incumplimiento de los
parámetros establecidos para berilio, aluminio, amonio y hierro, y cumplimiento
efectivo con los más de 50 parámetros restantes.
Montevideo tiene ya muy avanzado un acuerdo con los
finlandeses para instalar una tercera planta, comenzando por un minucioso
estudio de impacto ambiental. Paso de los Toros presentará externalidades
positivas, al requerir un ferrocarril que reducirá costos de producción de
otras empresas.
La Dirección Nacional de Medio Ambiente uruguaya
afirma que es menester tomar muchos recaudos, y que aún no está el proyecto
para su estudio ambiental. Problemas normales en un proceso productivo en
marcha. Entre tanto, nuestra agitación estéril de aquellos años contribuyó poco
y nada para mejorar los perfiles productivo y ecológico. Nuestras plantas
continúan contaminando. Hace poco la Municipalidad de Puerto Piray impuso una
elevada multa a Arauco Argentina, estipulando la obligación de un plan
perentorio.
Los municipios pueden, si quieren. La farra del
fundamentalismo ambiental tuvo una contribución muy negativa en nuestra cultura
política: reforzó el victimismo nacionalista, nuestra pasión por diagnósticos
apocalípticos, y nuestra inaudita disposición a legitimar el uso ilegal de la
fuerza.
Vicente Palermo es politólogo, investigador del
CONICET y presidente del Club Político Argentino
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