viernes, 8 de marzo de 2019

EL LÍMITE DE LA PACIENCIA




PRUDENCIO BUSTOS ARGAÑARÁS*

La Voz del Interior, 07 de marzo de 2019 |
Hace ya varios años que los habitantes de la ciudad de Córdoba soportamos de manera casi cotidiana un atropello a nuestros derechos por parte de diferentes grupos –sindicalistas, abortistas, gays, lesbianas, ecologistas, partidos de izquierda y varios etcéteras– que se apropian de las calles céntricas, cortan el tránsito, detonan explosivos, vociferan obscenidades por altoparlantes, prenden fuego a cubiertas u otros objetos, atacan iglesias y otros edificios y ensucian con grafitis paredes, estatuas, monumentos históricos, comercios y casas particulares.
Quienes cometen estos actos vandálicos son, sin duda, los principales responsables, pero no los únicos. A ellos se suman quienes, por los cargos que ocupan, tienen la obligación de impedirlo y de castigar a los que los cometen, y no lo hacen.
En primer lugar, los magistrados judiciales del fuero penal, ya que cortar calles es un delito previsto en el Código, que debe ser castigado con tres meses a dos años de prisión (artículo 194). La provocación de incendios se pena con tres a 10 años (artículo 186); el daño de cosas muebles o inmuebles, con 15 días a un año (artículo 183), y con tres meses a cuatro años si se emplean sustancias venenosas, como el humo de cubiertas quemadas, o cuando los objetos dañados son bienes públicos, lugares de uso público, monumentos o estatuas (artículo 184).
Se da el caso de un fiscal que, para justificar su inoperancia, llegó al absurdo de sostener que su misión no era perseguir el delito en estos casos, sino mediar en lo que considera un conflicto de intereses, ya que según su curiosa interpretación el supuesto derecho a “manifestar” autoriza a cometer estos delitos, y el que incurre en ellos no debe ser perseguido sino amparado por él.
No he visto consagrado en la Constitución ni en ninguna ley tal presunto derecho. En todo caso podría, de manera muy generosa, considerarse comprendido en el derecho de peticionar a las autoridades, incluido en el artículo 14, o bien ampararse en el artículo 19, que dispone que nadie puede ser impedido de hacer lo que la ley no prohíbe, lo que lo pondría en la misma categoría del derecho a bailar el malambo o a tomar café.
Pero, aun bajo este supuesto, el ejercicio de un derecho no puede legitimar la comisión de un delito, pues como establece el Código Civil en su artículo 10, “el ejercicio de un derecho propio (...) no puede constituir como ilícito ningún acto”. Y se aclara luego que “la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos”.
A ello se añade, en el artículo 14, que “la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general”.
Son también responsables los gobernadores e intendentes, quienes al jurar sus cargos se comprometen a observar y hacer observar, en cuanto de ellos dependa, la Constitución y las leyes.
A la omisión de este deber la castiga el Código Penal en su artículo 249, cuando reprime con multa e inhabilitación al funcionario público “que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio”.
Más allá de lo jurídico, existen reglas fundamentales que rigen la vida en sociedad y permiten la convivencia civilizada, en especial aquella que establece que el derecho de uno termina donde comienza el derecho de los demás.
La inobservancia de este principio convierte la vida en la ciudad en un verdadero campo de batalla en el que reinan la anarquía y el caos, y el incumplimiento de las leyes provoca la aparición de una ley no escrita, la ley de la selva, que no es otra que la ley del más fuerte. Y quien más se perjudica es el débil y el desprotegido, pues el rico y el poderoso tienen recursos para hacer prevalecer sus derechos en medio del desorden.
Pero a todos los nombrados debemos añadir otros culpables, que somos los ciudadanos, cuando a fuerza de convivir con estos agravios cotidianos, nos familiarizamos con ellos y los toleramos callados.
O cuando seguimos eligiendo gobernantes que no cumplen con su deber ni defienden nuestros derechos, o cuando convalidamos los atropellos por entender que quienes los ejecutan persiguen una buena causa, olvidando que Tzvetan Todorov nos enseña que “las causas nobles no disculpan los actos innobles”.
También cuando legitimamos el uso de la violencia y el vandalismo como instrumentos de acción política, al conmemorar y celebrar episodios históricos como el Cordobazo, en el que grupos armados provocaron la destrucción de la ciudad, el caos y hasta la muerte de personas inocentes. O cuando tributamos homenaje a verdaderos asesinos, como el Che Guevara, que iniciaron baños de sangre promoviendo el terrorismo y contribuyeron a instaurar tiranías dinásticas que arrasaron con los derechos y las libertades de los ciudadanos.
Disfrutar de los beneficios de la civilización tiene un precio: comportarnos de manera civilizada y exigir a nuestros gobernantes que lo hagan.
* Escritor, historiador