Por el Padre Gregorio Iriarte o.m.i.
Creo que en estas dos palabras, indigenismo y separatismo, se pueden resumir todas las más graves tensiones que vive actualmente nuestro país. Por un lado tenemos los numerosos artículos de la Nueva Constitución Política (NEP), aprobada en Oruro, claramente indigenista y, del otro, algunos Estatutos Autonómicos, como el de Santa Cruz, con claras connotaciones federalistas y separatistas.
La palabra fundamentalismo hace referencia a actitudes y propuestas impositivas y sectarias de ciertos grupos ya sean políticos, religiosos, culturales o regionales.
Si analizamos serenamente la Nueva Constitución vemos que, en efecto, no solo favorece a los indígenas, tan gravemente explotados, marginados y excluidos, a lo largo de la historia (cosa que sería justa, legítima y necesaria), sino que tiene características de un fundamentalismo indigenista, es decir, separatista y exclusivista. Fracciona al país, dando origen a una especie de feudos sin organicidad nacional. Si analizamos el Estatuto Autonómico de Santa Cruz llegamos a la misma conclusión.
El Estado dejaría de ser dueño de los recursos naturales ya que se privilegia lo indígena sobre lo nacional, lo particular sobre lo general y lo regional sobre lo colectivo.
Tanto los pueblos indígenas como los promotores de los Estatutos Autonómicos Departamentales quieren una propiedad exclusiva de sus recursos naturales, desconociendo o anulando los derechos del Estado. En el fondo este es el problema y el gran desafío nacional. Es evidente que detrás (o delante) de todo esto, están las ambiciones de pequeños grupos con gran poder, tanto económico como político.
Las 36 Autonomías Indígenas tendrán el mismo nivel y las mismas prerrogativas de las otras autonomías, es decir, la autonomía Departamental, Regional, Provincial o Municipal. Las autonomías Indígenas serán totalmente independientes de las otras autonomías.
El proyecto de la Nueva Constitución aprobada en Oruro otorga a los pueblos indígenas aquello que el Estatuto Autonómico de Santa Cruz y otros Departamentos desean para sí: poseer y explotar como bien propio y exclusivo los recursos naturales renovables y no renovables del propio territorio. Al Estado se lo toma como un mero colaborador. Eso significa desconocer y anular el concepto y la naturaleza misma del Estado. Sin embargo, lo que Bolivia necesita es fortalecer al Estado y a las instituciones fundamentales que lo garantizan. El tratar de poner a un departamento o a una región o una autonomía indígena sobre el Estado es avanzar peligrosamente hacia la destrucción del mismo Estado. Es dar luz verde a una serie de republiquetas y crear un puzzle en vez de un país.
Esta es la gran amenaza y si no hay una decisión firme y decidida, tanto del Gobierno, como de las autoridades departamentales y de los dirigentes de los pueblos indígenas, estamos condenados a seguir el camino de Yugoslavia, una gran nación que ha llegado a desintegrarse totalmente ante los ojos sorprendidos del mundo.
Creemos que es difícil, por no decir imposible, el poder articular esas cinco distintas autonomías en forma armónica y equilibrada. Tememos que se constituya en un verdadero rompecabezas, ya que se da una superposición de autonomías con doble o triple pertenencia.
(Extractado de Patria Argentina, Abril de 2008)