IDEAS SOBRE LA CRITICA A LA DEMOCRACIA
1. Si se sostiene que no se puede -o no se debe- actuar en el sistema, pues el sistema es la enfermedad, quedamos paralizados de entrada. El sistema institucional vigente nos incluye, mal que nos pese, puesto que somos ciudadanos de éste Estado, y debemos sujetarnos a los trámites oficiales, cobrar sueldos o jubilaciones, pagar las multas e impuestos, etc.
2. Dice Lilia Genta: “En cuanto al sistema, vivo en el siglo XXI aunque ame el siglo XIII que no es mi tiempo. Dios me hizo vivir en este tiempo y en esta realidad. (...) Es inútil querer forzar la máquina del tiempo. Dios nos exige el testimonio ahora, con todos los medios que se nos presentan. Los medios son sólo eso, medios. El asunto es usarlos sin renuncios.”
3. Señala Ernesto Palacio:
“El error de muchos tratadistas políticos, sin excluir a los más excelsos, consiste en objetar la legitimidad de ciertas formas históricas por los errores intelectuales en que se fundan.”
“El sufragio está justificado por la experiencia secular como una forma de selección legítima de las clases gobernantes, aunque la razón se oponga a las fantasías del contrato social e incluso al dogma de la soberanía del pueblo, en que se funda la religión democrática.”
“Todo gobierno es un gobierno mixto. Aunque no lo sea en su constitución escrita, lo será en su constitución real, en su funcionamiento.”
4. El concepto de democracia aceptable para nosotros, es el de la 5ta. acepción, en la clasificación de Héctor Hernandez: participación del pueblo en la cosa pública. “...el recto rechazo de algunas posiciones democratistas produce a veces un rechazo, esta vez injustificado, de contenidos políticos valiosos.” (Democracia: acepciones, valoración; 1991)
5. La Iglesia acepta la democracia como forma de Estado, o régimen político, compatible con cualquier forma de gobierno que asegure el Bien Común. La última formulación, coherente con el Magisterio anterior, está en la Enc. Centesimus Annus, de Juan Pablo II:
“La Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que:
-asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas
-y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes,
-o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica.”
“Al no ser ideológica, la fe cristiana no pretende encuadrar en un rígido esquema la cambiante realidad sociopolítica y reconoce que la vida del hombre se desarrolla en la historia en condiciones diversas y no perfectas.” (p. 46)
6. Creo que se hace un nominalismo al revés, al hacer hincapié en una palabra, que, en realidad, tiene muchas acepciones. No hay ningún motivo para limitarnos a rechazar el concepto liberal de democracia, ignorando, de paso, la enseñanza de la Iglesia que es madre y maestra, y nos muestra el camino correcto.
7. Desde el plano técnico, considero que la mejor explicación del tema, y que podemos tomar para nosotros, es la de Bidart Campos, en “Doctrina del Estado Democrático”, donde la define así:
“La democracia es una forma de Estado que, orientada al bien común, respeta los derechos de la persona humana, de las personas morales e instituciones, y realiza la convivencia pacífica de todos en la libertad, dentro del ordenamiento de derecho divino y de derecho natural.”
“La democracia es una forma de Estado; con ello la negamos como forma de gobierno...”.
8. Nuestra forma de gobierno es la republicana, según establece el Art. 1 de la Constitución Nacional, y ninguno de los elementos que la describen es incompatible con la fe cristiana.
Córdoba, 1-11-07 - Mario Meneghini
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LA POLITICA COMO OBLIGACION MORAL DEL CRISTIANO
En este artículo queremos resumir un tema que hemos tratado en forma recurrente, siempre desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia.
Como señala el P. Bartolomeo Sorge[1], los cristianos de hoy enfrentan tres tentaciones en su relación con el mundo:
1. La tentación reduccionista. Sabiendo que el cristiano es sal de la tierra, algunos, para hacer más aceptable el cristianismo, diluyen la sal evangélica, que se vuelve insípida. A esto alude Juan Pablo II en la Encíclica Redemptoris Missio:
“La tentación actual es la de reducir el cristianismo a una sabiduría meramente humana, casi como una ciencia del vivir bien. En un mundo fuertemente secularizado, se ha dado una gradual secularización de la salvación, debido a lo cual se lucha ciertamente en favor del hombre, pero de un hombre a medias, reducido a la mera dimensión horizontal”. (§ 11)
“En esta perspectiva el reino tiende a convertirse en una realidad plenamente humana y secularizada, en la que sólo cuentan los programas y luchas por la liberación socioeconómica, política y también cultural, pero con unos horizontes cerrados a lo trascendente”. (§ 17)
2. La tentación fundamentalista. Es la presunción de transformar la tierra en sal. Paulo VI, en la Encíclica Ecclesiam Suam, advertía el peligro de “acercarse a la sociedad profana para intentar obtener influjo preponderante o incluso ejercitar en ella un dominio teocrático”. (§ 72) Es la pretensión de imponer a los demás la propia fe.
En este artículo queremos resumir un tema que hemos tratado en forma recurrente, siempre desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia.
Como señala el P. Bartolomeo Sorge[1], los cristianos de hoy enfrentan tres tentaciones en su relación con el mundo:
1. La tentación reduccionista. Sabiendo que el cristiano es sal de la tierra, algunos, para hacer más aceptable el cristianismo, diluyen la sal evangélica, que se vuelve insípida. A esto alude Juan Pablo II en la Encíclica Redemptoris Missio:
“La tentación actual es la de reducir el cristianismo a una sabiduría meramente humana, casi como una ciencia del vivir bien. En un mundo fuertemente secularizado, se ha dado una gradual secularización de la salvación, debido a lo cual se lucha ciertamente en favor del hombre, pero de un hombre a medias, reducido a la mera dimensión horizontal”. (§ 11)
“En esta perspectiva el reino tiende a convertirse en una realidad plenamente humana y secularizada, en la que sólo cuentan los programas y luchas por la liberación socioeconómica, política y también cultural, pero con unos horizontes cerrados a lo trascendente”. (§ 17)
2. La tentación fundamentalista. Es la presunción de transformar la tierra en sal. Paulo VI, en la Encíclica Ecclesiam Suam, advertía el peligro de “acercarse a la sociedad profana para intentar obtener influjo preponderante o incluso ejercitar en ella un dominio teocrático”. (§ 72) Es la pretensión de imponer a los demás la propia fe.
En la Encíclica Centesimus Annus, Juan Pablo II expresa: “La Iglesia tampoco cierra los ojos ante el peligro del fanatismo o fundamentalismo de quienes, en nombre de una ideología con pretensiones de científica o religiosa, creen que pueden imponer a los demás hombres su concepción de la verdad y del bien. No es de esta índole la verdad cristiana. Al no ser ideológica, la fe cristiana no pretende encuadrar en un rígido esquema la cambiante realidad sociopolítica y reconoce que la vida del hombre se desarrolla en la historia en condiciones diversas y no perfectas. La Iglesia, por tanto, al ratificar constantemente la trascendente dignidad de la persona, utiliza como método propio el respeto de la libertad” (§ 46)
3. La fuga mundi, apartarse del mundo. Consiste en guardar la sal en el salero, para evitar que se corrompa al contacto con el mudo. Por ese motivo, algunos antiguos cristianos preferían retirarse al desierto. Sobre esto enseña la Constitución Gaudium et Spes: “Se equivocan los cristianos que, pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas según la vocación personal de cada uno”. (§ 43)
El laico recibe la llamada al compromiso social y político, no por delegación del obispo o del párroco, sino directamente de Cristo en el bautismo. Pero, además, “si la falta de compromiso ha sido siempre inaceptable, el tiempo que vivimos la hace todavía más culpable. A nadie le es lícito permanecer ocioso”. (Juan Pablo II, Chistifideles Laici, § 3)
Presencia de los católicos en la política
Si bien las tres tentaciones descriptas deben rechazarse con igual fuerza, nos interesa profundizar el análisis en la última -la fuga mundi-, pues es la que afecta a la mayoría de los fieles de buena voluntad, que ignoran la recta doctrina, o, lo que es más grave, no la aplican, pese a conocerla. Nunca como hoy la Iglesia ha insistido tanto en el deber cristiano de actuar en la vida social y política.
3. La fuga mundi, apartarse del mundo. Consiste en guardar la sal en el salero, para evitar que se corrompa al contacto con el mudo. Por ese motivo, algunos antiguos cristianos preferían retirarse al desierto. Sobre esto enseña la Constitución Gaudium et Spes: “Se equivocan los cristianos que, pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas según la vocación personal de cada uno”. (§ 43)
El laico recibe la llamada al compromiso social y político, no por delegación del obispo o del párroco, sino directamente de Cristo en el bautismo. Pero, además, “si la falta de compromiso ha sido siempre inaceptable, el tiempo que vivimos la hace todavía más culpable. A nadie le es lícito permanecer ocioso”. (Juan Pablo II, Chistifideles Laici, § 3)
Presencia de los católicos en la política
Si bien las tres tentaciones descriptas deben rechazarse con igual fuerza, nos interesa profundizar el análisis en la última -la fuga mundi-, pues es la que afecta a la mayoría de los fieles de buena voluntad, que ignoran la recta doctrina, o, lo que es más grave, no la aplican, pese a conocerla. Nunca como hoy la Iglesia ha insistido tanto en el deber cristiano de actuar en la vida social y política.
Llama la atención la precisión y severidad con que Su Santidad advierte que: “...los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política.” (...) Las acusaciones de arribismo, de idolatría del poder, de egoísmo y corrupción que con frecuencia son dirigidas a los hombres del gobierno, del parlamento, de la clase dominante, del partido político, como también la difundida opinión de que la política sea un lugar de necesario peligro moral, no justifican en lo más mínimo ni la ausencia ni el escepticismo de los cristianos en relación con la cosa pública”. (Chistifedelis Laici,§ 42).
¿A qué se debe esa insistencia? La experiencia de los dos últimos siglos, con el fracaso de todas las ideologías, demuestra que sólo será posible un mundo mejor con una transformación de base religiosa. Pablo VI, en la Encíclica Populorum Progressio, reconoce que “ciertamente, el hombre puede organizar la tierra sin Dios, pero al fin y al cabo, sin Dios no puede menos que organizarla contra el hombre”.(§ 42)
La Iglesia ofrece su contribución a la humanización del mundo, en dos formas distintas y complementarias[2]: la opción sociopolítica, propia de los laicos; la opción religiosa, propia de la comunidad eclesial, en la acción evangelizadora.
La política tiene una importancia determinante en la vida del hombre y de la sociedad, porque influyen sus decisiones en la existencia humana y afecta todos los ambientes. También influyen las opciones políticas en las generaciones futuras. Sin embargo, la política no lo es todo, y actúa en el terreno de lo relativo; sólo la fe ilumina la totalidad de la persona y de su vida. Por eso la coherencia entre fe y vida es fundamental; es obligación de los laicos dedicados a la política procurar que la promoción humana y la evangelización estén estrechamente vinculadas. Si los políticos actúan como cristianos, seguramente cambiará y mejorará la política. La Iglesia exhorta a los fieles a comprometerse en la política, porque estima el servicio social y político una de las formas más altas de testimonio y de caridad cristiana. (Constitución Gaudium et Spes § 75)). Los cristianos comprometidos en política tienen el deber y la posibilidad de alcanzar la perfección, no a pesar de su actividad temporal, sino gracias a ella.
Hacer política como cristianos[3]
Una de las consecuencias de la caída del muro de Berlín, que provoca el aparente fin de las ideologías, es el riesgo de un pragmatismo sin ideales. Mientras en toda ideología hay “semillas de verdad”, y los errores pueden corregirse, la política sin ideales se traduce inevitablemente en la búsqueda del poder por sí mismo. Entonces quien quiera hacer política como cristiano, debe ser fiel a criterios marcados por el magisterio social de la Iglesia:
A) Coherencia con los valores del Evangelio, que ha revelado al hombre valores de una antropología sobre la que puede fundarse una sociedad justa y fraterna. La coherencia no debe ser sólo en la teoría sino vivida en el plano personal, y testimoniada en la esfera pública.
B) La coherencia debe ser subjetiva y objetiva. La subjetiva, está basada en la legitimidad del pluralismo político de los cristianos, lo que no equivale a una diáspora cultural. Dondequiera actúen los católicos deben estar unidos en defensa de los valores éticos fundamentales. La coherencia objetiva, consiste en el deber de discernir si los elementos objetivos de una opción política son aceptables según el magisterio. El cristiano no puede - enseña Juan Pablo II- aceptar que toda idea o visión del mundo es compatible con la fe, ni aceptar una fácil adhesión a fuerzas políticas y sociales que se oponen, o que no prestan la suficiente atención a los principios de la Doctrina Social de la Iglesia[4]. El juicio sobre la coherencia objetiva corresponde tanto al fiel individual como a la Iglesia.
C) El método de hacer política debe procurar la concordia y rechazar el totalitarismo. Recordemos que una de las ideologías condenadas por la Iglesia fue el fascismo, mediante la Encíclica Non abbiamo bisogno, de Pío XI. Precisamente, la definición de Mussolini de su ideología, sirve para encuadrar el concepto de totalitarismo: “Todo en el Estado, todo para el Estado, nada fuera del Estado”.
D) Laicidad de la política. La realidad temporal tiene su propia consistencia ontológica. No se puede deducir de la fe un modelo político; el Evangelio señala los valores que inspiran la acción política, pero no indica los programas. Tampoco es lícito poner la política al servicio de la jerarquía (clericalismo), ni dirigirla al apostolado o a la evangelización (confesionalismo).
E) Autonomía de las opciones políticas. Los laicos no son meros ejecutores de disposiciones de la jerarquía en el campo social; son ellos los que deben buscar soluciones a los problemas concretos. Además, pueden ayudar en la elaboración de la misma Doctrina Social de la Iglesia, con sus conocimientos y experiencia de la realidad.
F) Espiritualidad y profesionalidad. La opción política del cristiano es fruto de una doble fidelidad: a los valores morales, y a las reglas propias de la actividad política, que no surgen de la Revelación, sino que pertenecen al plano de la razón, y deben estudiarse científicamente. No basta pues, ser buenos cristianos para ser buenos políticos. Se necesitan hombres que vivan la política con vocación y que se preparen conscientemente. Sabiendo, no obstante, que el tiempo reservado para la oración no es tiempo perdido. En frase de San Juan Crisóstomo: “el hombre que ora tiene las manos en el timón de la historia”.
Concepción correcta de la política y el poder
A diferencia de la Babel del relato bíblico, en la moderna babel es la confusión de ideas la que impide entenderse, aún usando las mismas palabras. En vez de la política como actividad subordinada a la ética, se alude a la política como un orden autónomo, a partir de Maquiavelo, y por eso crece el desprecio a esta actividad, juzgada como algo malo en sí mismo. Muchos católicos repiten el conocido lema de Lord Acton: “todo poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente”. Frase atractiva que expresa un falso concepto; reyes que gobernaron en épocas de monarquías no parlamentarias, fueron canonizados por la Iglesia (San Luis, Rey de Francia; San Esteban, Rey de Hungría).
¿A qué se debe esa insistencia? La experiencia de los dos últimos siglos, con el fracaso de todas las ideologías, demuestra que sólo será posible un mundo mejor con una transformación de base religiosa. Pablo VI, en la Encíclica Populorum Progressio, reconoce que “ciertamente, el hombre puede organizar la tierra sin Dios, pero al fin y al cabo, sin Dios no puede menos que organizarla contra el hombre”.(§ 42)
La Iglesia ofrece su contribución a la humanización del mundo, en dos formas distintas y complementarias[2]: la opción sociopolítica, propia de los laicos; la opción religiosa, propia de la comunidad eclesial, en la acción evangelizadora.
La política tiene una importancia determinante en la vida del hombre y de la sociedad, porque influyen sus decisiones en la existencia humana y afecta todos los ambientes. También influyen las opciones políticas en las generaciones futuras. Sin embargo, la política no lo es todo, y actúa en el terreno de lo relativo; sólo la fe ilumina la totalidad de la persona y de su vida. Por eso la coherencia entre fe y vida es fundamental; es obligación de los laicos dedicados a la política procurar que la promoción humana y la evangelización estén estrechamente vinculadas. Si los políticos actúan como cristianos, seguramente cambiará y mejorará la política. La Iglesia exhorta a los fieles a comprometerse en la política, porque estima el servicio social y político una de las formas más altas de testimonio y de caridad cristiana. (Constitución Gaudium et Spes § 75)). Los cristianos comprometidos en política tienen el deber y la posibilidad de alcanzar la perfección, no a pesar de su actividad temporal, sino gracias a ella.
Hacer política como cristianos[3]
Una de las consecuencias de la caída del muro de Berlín, que provoca el aparente fin de las ideologías, es el riesgo de un pragmatismo sin ideales. Mientras en toda ideología hay “semillas de verdad”, y los errores pueden corregirse, la política sin ideales se traduce inevitablemente en la búsqueda del poder por sí mismo. Entonces quien quiera hacer política como cristiano, debe ser fiel a criterios marcados por el magisterio social de la Iglesia:
A) Coherencia con los valores del Evangelio, que ha revelado al hombre valores de una antropología sobre la que puede fundarse una sociedad justa y fraterna. La coherencia no debe ser sólo en la teoría sino vivida en el plano personal, y testimoniada en la esfera pública.
B) La coherencia debe ser subjetiva y objetiva. La subjetiva, está basada en la legitimidad del pluralismo político de los cristianos, lo que no equivale a una diáspora cultural. Dondequiera actúen los católicos deben estar unidos en defensa de los valores éticos fundamentales. La coherencia objetiva, consiste en el deber de discernir si los elementos objetivos de una opción política son aceptables según el magisterio. El cristiano no puede - enseña Juan Pablo II- aceptar que toda idea o visión del mundo es compatible con la fe, ni aceptar una fácil adhesión a fuerzas políticas y sociales que se oponen, o que no prestan la suficiente atención a los principios de la Doctrina Social de la Iglesia[4]. El juicio sobre la coherencia objetiva corresponde tanto al fiel individual como a la Iglesia.
C) El método de hacer política debe procurar la concordia y rechazar el totalitarismo. Recordemos que una de las ideologías condenadas por la Iglesia fue el fascismo, mediante la Encíclica Non abbiamo bisogno, de Pío XI. Precisamente, la definición de Mussolini de su ideología, sirve para encuadrar el concepto de totalitarismo: “Todo en el Estado, todo para el Estado, nada fuera del Estado”.
D) Laicidad de la política. La realidad temporal tiene su propia consistencia ontológica. No se puede deducir de la fe un modelo político; el Evangelio señala los valores que inspiran la acción política, pero no indica los programas. Tampoco es lícito poner la política al servicio de la jerarquía (clericalismo), ni dirigirla al apostolado o a la evangelización (confesionalismo).
E) Autonomía de las opciones políticas. Los laicos no son meros ejecutores de disposiciones de la jerarquía en el campo social; son ellos los que deben buscar soluciones a los problemas concretos. Además, pueden ayudar en la elaboración de la misma Doctrina Social de la Iglesia, con sus conocimientos y experiencia de la realidad.
F) Espiritualidad y profesionalidad. La opción política del cristiano es fruto de una doble fidelidad: a los valores morales, y a las reglas propias de la actividad política, que no surgen de la Revelación, sino que pertenecen al plano de la razón, y deben estudiarse científicamente. No basta pues, ser buenos cristianos para ser buenos políticos. Se necesitan hombres que vivan la política con vocación y que se preparen conscientemente. Sabiendo, no obstante, que el tiempo reservado para la oración no es tiempo perdido. En frase de San Juan Crisóstomo: “el hombre que ora tiene las manos en el timón de la historia”.
Concepción correcta de la política y el poder
A diferencia de la Babel del relato bíblico, en la moderna babel es la confusión de ideas la que impide entenderse, aún usando las mismas palabras. En vez de la política como actividad subordinada a la ética, se alude a la política como un orden autónomo, a partir de Maquiavelo, y por eso crece el desprecio a esta actividad, juzgada como algo malo en sí mismo. Muchos católicos repiten el conocido lema de Lord Acton: “todo poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente”. Frase atractiva que expresa un falso concepto; reyes que gobernaron en épocas de monarquías no parlamentarias, fueron canonizados por la Iglesia (San Luis, Rey de Francia; San Esteban, Rey de Hungría).
Pues el poder no es otra cosa que la facultad de mover la realidad. No es bueno ni malo; adquiere un sentido por la decisión de quien lo usa, no existe un poder que tenga de antemano un sentido. La intensidad en el uso del poder, no está relacionada con la legitimidad de su utilización. Es obvio que será necesariamente diferente la intensidad del poder que debe ejercer el director de una cárcel, que el aplicado por la superiora del convento. Lo determinante es el concepto que de la política y del poder, posea el gobernante respectivo.
El Cardenal Ratzinger lo explica con referencia al proceso contra Jesús[5]. La pregunta de Pilato: “¿Qué es la verdad?”, expresa según Kelsen, el escepticismo del político, puesto que Pilato no espera la respuesta, considerando, tácitamente, que la verdad es inalcanzable. “Como no sabe lo que es justo, confía el problema a la mayoría para que decida con su voto”. De este modo, acota Kelsen, Pilato actúa como un perfecto demócrata.
Pero el mismo pasaje evangélico ha merecido otra interpretación al exegeta Schlier. Jesús se somete al proceso, por la autoridad que representa Pilato, pero lo limita al decirle: “no tendrías poder sobre mí, si no te hubiese sido dado de lo alto”.
Debemos hacer una digresión para entender que la política no es el arte de lo posible. Podemos clasificar las acciones humanas en dos grandes categorías. Lo factible, se refiere al hacer del hombre, aquello que realiza y queda fuera de él. Este tipo de acciones se rigen por la virtud del arte. Por otra parte, tenemos lo agible, el obrar del hombre, aquello que realiza y queda en sí mismo. Este tipo de acciones se rigen por la virtud de la prudencia. Como la política no produce cosas exteriores, sino que actúa en el orden de la conducta, y su principal actividad es el mando, no cabe duda que pertenece a lo agible. Por lo tanto, la virtud que debe regirla es la prudencia[6]. La definición, reformulada, es: actividad prudencial, que consiste en hacer posible lo necesario.
Tampoco, al hablar de política, la circunscribimos al ámbito del Estado moderno que, al decir de Bertrand de Jouvenel[7] es un “monstruo concebido en el Renacimiento, parido por la Revolución, desarrollado en el napoleonismo, congestionado en el hitlerismo”. El sentido cristiano del Estado es aquel que actúa para mantener la convivencia humana en orden. Le compete al Estado la función de gobernar, entendiendo ésta, no como simple ejercicio del poder, sino como protección del derecho de los ciudadanos y garante del Bien Común.
Pero el mismo pasaje evangélico ha merecido otra interpretación al exegeta Schlier. Jesús se somete al proceso, por la autoridad que representa Pilato, pero lo limita al decirle: “no tendrías poder sobre mí, si no te hubiese sido dado de lo alto”.
Debemos hacer una digresión para entender que la política no es el arte de lo posible. Podemos clasificar las acciones humanas en dos grandes categorías. Lo factible, se refiere al hacer del hombre, aquello que realiza y queda fuera de él. Este tipo de acciones se rigen por la virtud del arte. Por otra parte, tenemos lo agible, el obrar del hombre, aquello que realiza y queda en sí mismo. Este tipo de acciones se rigen por la virtud de la prudencia. Como la política no produce cosas exteriores, sino que actúa en el orden de la conducta, y su principal actividad es el mando, no cabe duda que pertenece a lo agible. Por lo tanto, la virtud que debe regirla es la prudencia[6]. La definición, reformulada, es: actividad prudencial, que consiste en hacer posible lo necesario.
Tampoco, al hablar de política, la circunscribimos al ámbito del Estado moderno que, al decir de Bertrand de Jouvenel[7] es un “monstruo concebido en el Renacimiento, parido por la Revolución, desarrollado en el napoleonismo, congestionado en el hitlerismo”. El sentido cristiano del Estado es aquel que actúa para mantener la convivencia humana en orden. Le compete al Estado la función de gobernar, entendiendo ésta, no como simple ejercicio del poder, sino como protección del derecho de los ciudadanos y garante del Bien Común.
Dice Ratzinger[8] que no le compete al Estado “convertir el mundo en un paraíso y, además tampoco es capaz de hacerlo. Por eso, cuando lo intenta, se absolutiza y traspasa sus límites. Se comporta como si fuera Dios...”
Compara, al respecto, el cardenal citado, dos textos bíblicos: Rom 13, 1-7 y Ap 13. La Epístola a los Romanos describe la forma correcta del Estado; San Pablo se refiere al Estado como agente fiduciario del orden que ayuda al hombre a vivir comunitariamente. Es un deber moral obedecer al Estado que actúa de ese modo.
En cambio, el Apocalipsis trata del Estado que actúa como Dios y, al hacerlo, destruye al hombre y carece del derecho a exigir obediencia. Agrega Ratzinger que resulta llamativo que tanto el nacionalsocialismo como el marxismo desconfiaran del Estado, “declararan esclavitud el vínculo del derecho y pretendieran poner en su lugar algo más alto: la llamada voluntad del pueblo o la sociedad sin clases”.[9]
Actitud frente a la política
No querer arriesgarse con los conflictos de la polis, es una actitud burguesa, no cristiana, que recuerda la pregunta de Caín: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Cuando los gentiles acusaban a los primeros cristianos de desinterés, Tertuliano respondía: “¿Nosotros inútiles? ¿Nosotros ociosos? No podéis decirlo de quienes comen y visten y se mantienen como vosotros y entre vosotros. No somos brahmanes o fakires, que vivamos en la selva, lejos de la vida social” (Apologeticon, 42).
Compara, al respecto, el cardenal citado, dos textos bíblicos: Rom 13, 1-7 y Ap 13. La Epístola a los Romanos describe la forma correcta del Estado; San Pablo se refiere al Estado como agente fiduciario del orden que ayuda al hombre a vivir comunitariamente. Es un deber moral obedecer al Estado que actúa de ese modo.
En cambio, el Apocalipsis trata del Estado que actúa como Dios y, al hacerlo, destruye al hombre y carece del derecho a exigir obediencia. Agrega Ratzinger que resulta llamativo que tanto el nacionalsocialismo como el marxismo desconfiaran del Estado, “declararan esclavitud el vínculo del derecho y pretendieran poner en su lugar algo más alto: la llamada voluntad del pueblo o la sociedad sin clases”.[9]
Actitud frente a la política
No querer arriesgarse con los conflictos de la polis, es una actitud burguesa, no cristiana, que recuerda la pregunta de Caín: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Cuando los gentiles acusaban a los primeros cristianos de desinterés, Tertuliano respondía: “¿Nosotros inútiles? ¿Nosotros ociosos? No podéis decirlo de quienes comen y visten y se mantienen como vosotros y entre vosotros. No somos brahmanes o fakires, que vivamos en la selva, lejos de la vida social” (Apologeticon, 42).
Por su parte, San Agustín agrega: “los que dicen que la doctrina de Cristo es contraria al bien del Estado, que nos den un ejército de soldados tales como los hace la doctrina de Cristo, que nos den tales gobernantes de provincias, tales maridos, tales esposas, tales padres, tales hijos, tales patronos, tales obreros, tales reyes y jueces, tales contribuyentes y exactores del fisco, cuales los quiere la doctrina cristiana”[10].
León XIII, en la Encíclica Inmortale Dei, señalaba que no es lícito cruzase de brazos ante las contiendas políticas. Y Pío XII afirmaba que: “un cristiano convencido no puede encerrarse en un cómodo y egoísta aislacionismo cuando es testigo de las necesidades y miserias de sus hermanos” (24-12-1948). También es incorrecto consolarnos con la posible intervención divina en los asuntos temporales. Que el infierno no prevalecerá contra la Iglesia está garantizado en el Evangelio, pero en ninguno de sus pasajes figura que la Argentina no desaparecerá en el siglo XXI. Limitarse a confiar en un futuro mejor, es confundir la virtud teologal de la esperanza, con un optimismo suicida. De allí la enseñanza de San Ignacio: hay que confiar en los medios divinos como si no existieran los humanos; y usar éstos como si no contásemos con los primeros.
Sobre la justificación de la Política podemos mencionar dos fundamentos:
a) Moral: si la jerarquía de las ciencias está relacionada con la perfección del objeto, tiene razón Santo Tomás en que la Política es la principal de todas las ciencias prácticas y la que las dirige a todas, en cuanto considera el fin perfecto y último de las cosas humanas[11].
b) Teológico: La política es una forma privilegiada de apostolado, porque, como enseñaba Pío XI: “cuando más vasto e importante es el campo en el cual se puede trabajar, tanto más imperioso es el deber. Tal es, pues, el dominio de la política que mira los intereses de la sociedad entera, y que bajo este aspecto es el campo de la más vasta caridad, de la caridad política, de la que podemos decir que ninguna otra le supera, salvo la de la religión”[12]
León XIII, en la Encíclica Inmortale Dei advierte: “no querer tomar parte alguna en la vida pública sería tan reprensible como no querer prestar ayuda alguna al Bien Común” (§ 22). El mismo Papa, en la Encíclica Libertas, añade que: “es bueno participar en política, a menos que en algunos lugares por especiales circunstancias de tiempo y situación se imponga otra conducta. Más todavía, la Iglesia aprueba la colaboración personal de todos con su trabajo al bien común y que cada uno en la medida de sus fuerzas procure la defensa, la conservación y la prosperidad del Estado” (§ 33).
Desde la filosofía, reflexionaba Ortega que el hombre que sólo se ocupa de la política y todo lo ve políticamente, es un majadero, pero el hombre que no se ocupa de la política, es un hombre inmoral. Es que la vida pública y la privada son interdependientes; si la primera se corrompe, la segunda no puede alcanzar sus fines. Por ello, los hombres se organizan en torno a instituciones, que pueden favorecer su perfección personal o perjudicarla. Las estructuras son parte integrante de la polis. A tal punto que, según Santo Tomás, hay que decir que la ciudad es la misma mirando a la organización política, de modo que si ésta cambia, aunque permanezcan el mismo lugar y los mismos hombres, no es la misma ciudad[13].
(Revista Universitas, del Instituto Tomás Moro - Universidad Católica Ntra. Sra. de Asunción, Paraguay, Nº 4, 2002 - texto actualizado al 3-6-08)
[1] Sorge, Bartolmeo: “La Propuesta Social de la Iglesia”; Madrid, BAC, 1999, págs. 94-96.
[2] Op.cit., págs. 185-186
[3] Op.cit., págs. 193-207
[4] Discurso 23/11/95
[5] Ratzinger, Joseph: “Verdad, Valores, Poder”, Madrid, Rialp, 1998, págs. 87-89
[6] Palacios, Leopoldo-Eulogio: “La Prudencia Política”, Madrid, Gredos, 1978
[7] cit.por Ayuso Torres, Miguel: “La Política Como Deber: Sentido y Misión de la Caridad Política”, pág.354, EN: AAVV: “Los Católicos y la Acción Política”, Madrid, Speiro, 1982
[8] Ratzinger, Joseph: op.cit., pág 90
[9] op.cit., pág 91
[10] cit. por Ayuso Torres, op. cit., pág. 361
[11] Comentario a la Política de Aristóteles, prólogo.
[12] Pío XI: Discurso , 1927
[13] III Politicorum, lec.2, nº 364
León XIII, en la Encíclica Inmortale Dei, señalaba que no es lícito cruzase de brazos ante las contiendas políticas. Y Pío XII afirmaba que: “un cristiano convencido no puede encerrarse en un cómodo y egoísta aislacionismo cuando es testigo de las necesidades y miserias de sus hermanos” (24-12-1948). También es incorrecto consolarnos con la posible intervención divina en los asuntos temporales. Que el infierno no prevalecerá contra la Iglesia está garantizado en el Evangelio, pero en ninguno de sus pasajes figura que la Argentina no desaparecerá en el siglo XXI. Limitarse a confiar en un futuro mejor, es confundir la virtud teologal de la esperanza, con un optimismo suicida. De allí la enseñanza de San Ignacio: hay que confiar en los medios divinos como si no existieran los humanos; y usar éstos como si no contásemos con los primeros.
Sobre la justificación de la Política podemos mencionar dos fundamentos:
a) Moral: si la jerarquía de las ciencias está relacionada con la perfección del objeto, tiene razón Santo Tomás en que la Política es la principal de todas las ciencias prácticas y la que las dirige a todas, en cuanto considera el fin perfecto y último de las cosas humanas[11].
b) Teológico: La política es una forma privilegiada de apostolado, porque, como enseñaba Pío XI: “cuando más vasto e importante es el campo en el cual se puede trabajar, tanto más imperioso es el deber. Tal es, pues, el dominio de la política que mira los intereses de la sociedad entera, y que bajo este aspecto es el campo de la más vasta caridad, de la caridad política, de la que podemos decir que ninguna otra le supera, salvo la de la religión”[12]
León XIII, en la Encíclica Inmortale Dei advierte: “no querer tomar parte alguna en la vida pública sería tan reprensible como no querer prestar ayuda alguna al Bien Común” (§ 22). El mismo Papa, en la Encíclica Libertas, añade que: “es bueno participar en política, a menos que en algunos lugares por especiales circunstancias de tiempo y situación se imponga otra conducta. Más todavía, la Iglesia aprueba la colaboración personal de todos con su trabajo al bien común y que cada uno en la medida de sus fuerzas procure la defensa, la conservación y la prosperidad del Estado” (§ 33).
Desde la filosofía, reflexionaba Ortega que el hombre que sólo se ocupa de la política y todo lo ve políticamente, es un majadero, pero el hombre que no se ocupa de la política, es un hombre inmoral. Es que la vida pública y la privada son interdependientes; si la primera se corrompe, la segunda no puede alcanzar sus fines. Por ello, los hombres se organizan en torno a instituciones, que pueden favorecer su perfección personal o perjudicarla. Las estructuras son parte integrante de la polis. A tal punto que, según Santo Tomás, hay que decir que la ciudad es la misma mirando a la organización política, de modo que si ésta cambia, aunque permanezcan el mismo lugar y los mismos hombres, no es la misma ciudad[13].
(Revista Universitas, del Instituto Tomás Moro - Universidad Católica Ntra. Sra. de Asunción, Paraguay, Nº 4, 2002 - texto actualizado al 3-6-08)
[1] Sorge, Bartolmeo: “La Propuesta Social de la Iglesia”; Madrid, BAC, 1999, págs. 94-96.
[2] Op.cit., págs. 185-186
[3] Op.cit., págs. 193-207
[4] Discurso 23/11/95
[5] Ratzinger, Joseph: “Verdad, Valores, Poder”, Madrid, Rialp, 1998, págs. 87-89
[6] Palacios, Leopoldo-Eulogio: “La Prudencia Política”, Madrid, Gredos, 1978
[7] cit.por Ayuso Torres, Miguel: “La Política Como Deber: Sentido y Misión de la Caridad Política”, pág.354, EN: AAVV: “Los Católicos y la Acción Política”, Madrid, Speiro, 1982
[8] Ratzinger, Joseph: op.cit., pág 90
[9] op.cit., pág 91
[10] cit. por Ayuso Torres, op. cit., pág. 361
[11] Comentario a la Política de Aristóteles, prólogo.
[12] Pío XI: Discurso , 1927
[13] III Politicorum, lec.2, nº 364
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ACTITUD POLÍTICA DE LOS CATÓLICOS
FRENTE AL SISTEMA DE PARTIDOS[1]
1. Uno de los aspectos más criticados de la política contemporánea es el de la representación. La democracia liberal, cuyos errores teológicos y filosóficos fueran severamente señalados en los documentos pontificios[2], ha derivado en lo que se ha llamado “partidocracia”. Esta comunicación pretende esbozar un criterio, basado en los principios de la filosofía política católica, que sirva de guía para la actuación de los católicos en la vida cívica argentina.
2. La crítica al sistema contemporáneo de partidos está, obviamente, justificada. Dicho sistema se basa en la llamada democracia indirecta o representativa, consistente en que, como todo el pueblo -en quien se supone reside la soberanía- no puede gobernar por sí mismo, debe delegar en sus representantes la función de gobierno, sin abandonar por ello la soberanía. Como el gobierno -especialmente el Congreso- debe representar la Voluntad General, se establece por medio de una ficción jurídica que cada representante representa, no a los ciudadanos que lo han elegido, sino a todo el pueblo. Con lo cual se invalida en la práctica la figura invocada del mandato, según la cual los gobernantes reciben al ser elegidos un mandato del pueblo, para ejercer en su nombre el gobierno.
En efecto, esta figura se podía aplicar legítimamente durante la Edad Media, con la monarquía tradicional, pues en las cortes o asambleas los representantes eran elegidos por un grupo social determinado (estamentos, ciudades, corporaciones) y únicamente representaban a ese grupo, con mandato “imperativo” a través de instrucciones precisas que, en caso de no ser cumplidas fielmente por el representante, el mandato de éste podía ser revocado.
Por el contrario, en los parlamentos modernos -y ya desde la Revolución Francesa- se prohiben los mandatos imperativos, y los representantes ejercen una representación “libre”, es decir que, una vez elegidos -si bien alegan actuar en nombre del pueblo-, no reciben órdenes de sus electores y actúan con total independencia.
Por otra parte, todos los representantes son propuestos al electorado por los partidos políticos políticos, únicas entidades que tienen acceso legal a los cargos públicos electivos, no permitiéndose ni las candidaturas de ciudadanos independientes ni la representación de otros grupos sociales (CN, Art. 38).
Es por estar basado en el mito de la soberanía popular y en una falsa teoría de la representación, que el sistema actual de partidos políticos está afectado e invalidez científica y produce efectos negativos en la sociedad. “Es ficción considerar al pueblo susceptible de representación, y como unidad unificada que confiere mandato; ficción es suponer que el parlamento representa a la totalidad del pueblo; ficción que los actos de los representantes son actos del pueblo; ficción que el pueblo gobierna”[3].
Otra distorsión anexa, es el mecanismo electoral que consiste en convocar periódicamente a los ciudadanos para elegir entre las listas de candidatos presentadas por los partidos, para cubrir muchos cargos simultáneamente: Intendente, Concejales, Tribunal de Cuentas Municipal; Gobernador y Vice, Legisladores Provinciales, Tribunal de Cuentas Provincial; Diputados y Senadores Nacionales; Presidente y Vice. Resulta difícil para el ciudadano común conocer a todos los candidatos, ni siquiera de uno de los partidos; es una forma de votar a ciegas, obligado a optar entre diferentes listas, sin posibilidad real de elegir, ni de pedir luego rendición de cuentas a quienes votó, entre otras cosas, porque el voto es secreto y no puede demostrar el apoyo que les brindó.
3. Durante la vigencia de la monarquía, la actividad gubernamental estaba a cargo del propio rey y de la nobleza, es decir, el estamento aristocrático que rodeaba al rey y cuyos integrantes se preparaban para la guerra y el gobierno. Las cortes o asambleas, ya mencionadas, se limitaban a informar y asesorar al rey sobre los problemas e inquietudes, y, en casos excepcionales, a consentir medidas de emergencia como impuestos especiales, pero la decisión estaba reservada al monarca que representaba la unidad del reino, al estar por encima de todos los sectores.
Al ser reemplazada la monarquía por el sistema republicano, surge la necesidad de sustituir a la nobleza en dicho rol, y este lugar lo ocupan -aunque imperfectamente-, los representantes del pueblo, elegidos a través de los partidos políticos.
4. La alternativa que proponen distinguidos profesores y publicistas católicos, consiste -explícita o tácitamente- en sustituir el régimen de partidos por: a) una participación activa en la vida socio-política de los cuerpos intermedios; y b) la Dictadura como forma de gobierno. Los cuerpos intermedios son las asociaciones ubicadas entre la familia y el Estado, que persiguen un fin común (sindicatos, entidades profesionales, cámaras empresarias, centros vecinales, cooperativas, mutuales, cooperadoras escolares, etcétera).
Toda sociedad contiene en su seno infinidad de entidades y grupos mediante los cuales los hombres tratan de lograr objetivos que sirven a su perfección. Un sano orden social requiere la aplicación del principio de subsidiariedad que demanda que el Estado no absorba las actividades que pueden realizar eficazmente las asociaciones inferiores. En virtud de este principio, la Iglesia siempre sostuvo que los cuerpos intermedios deben gozar de la mayor autonomía posible y ocuparse de muchas tareas que hoy el Estado tiene a su cargo y le impiden ejercer correctamente el rol que le compete como gestor del Bien Común. Asimismo, mediante la interconexión y colaboración mutua, los cuerpos intermedios pueden constituir organismos que resuelvan por sí mismos ciertos problemas sociales y económicos, evitando la lucha de clases: es lo que se llama corporativismo u organización profesional.
En este sistema, los grupos intermedios se van articulando hasta formar un Consejo o Cámara nacional en la que se hallan representados todos los grupos e intereses sociales existentes en la sociedad, con la finalidad de asesorar al gobierno, o, incluso, cumplir funciones legislativas. No cabe duda de que este sistema, recomendado por el magisterio pontificio -especialmente en la Encíclica Cuadragésimo Anno-, permite un mejor funcionamiento de la sociedad y a la vez impide los posibles abusos del Estado, pero no puede reemplazar a éste ni asumir la actividad específicamente política.
“Es verdad que estos grupos, si bien necesarios, cada uno según su propia finalidad específica, representan sólo intereses delimitados y parciales, no el bien universal del país. No tienen, por consiguiente, competencia para participar en aquellas decisiones superiores que son peculiares del supremo poder político, primer responsable del bien común” (Carta de la Secretaría de Estado del Vaticano a la XXVI Semana Social de España, 18-3-1967).
5. Es por eso que, inevitablemente, cuando no se quiere aceptar la existencia de los partidos, se busca una monarquía sin corona: la Dictadura. “Sólo la institución de la Dictadura, encarnada en una personalidad central y un equipo de hombres...puede realizar la Revolución Nacional” (Cabildo, julio de 1981). No negamos que pueda resultar inevitable y hasta conveniente establecer un gobierno de facto para producir un cambio integral en nuestro país, desquiciado hasta extremos difíciles de revertir, luego de tantos años de influencia liberal. Pero ocurre que, por definición, la dictadura es “una fórmula de transición”, que no “puede prolongarse indefinidamente”[4].
Sus creadores, los romanos, limitaban su duración a seis meses; aunque aquí se prolongara seis años, ¿bastaría ese lapso para producir los cambios necesarios? Las dictaduras nacionales de Franco, en España, y de Oliveira Salazar, en Portugal, que se extendieron por más de 30 años, demuestran que no es así. Por eso, la alternativa comentada, como reemplazo de la partidocracia, no nos parece satisfactoria como solución factible y útil.
6. Hecho el análisis precedente, se advierte que la empresa de reconstruir el orden social no es sencilla ni fácil, y los católicos debemos aceptar la guía de la Iglesia, cuya experiencia milenaria resulta invalorable, sin olvidar que es depositaria de la Verdad. Pues bien, la doctrina de la Iglesia en materia de regímenes políticos, nos enseña que, en el terreno de las ideas, los católicos pueden preferir uno u otro, incluso llegar a precisar cuál es el mejor, en abstracto, puesto que la Iglesia no se opone a ninguna forma de gobierno legítimo. Pero, en cada sociedad, las circunstancias históricas van creando una forma política específica, que rige la selección y reemplazo de los gobernantes. Y, como toda autoridad proviene de Dios, cuando se consolida de hecho un régimen político determinado, “su aceptación no solamente es lícita, sino incluso obligatoria, con obligación impuesta por la necesidad del bien común...”[5].
7. En nuestro país, existe desde hace 198 años la forma republicana de gobierno, que no podemos desconocer, como tampoco negar la vigencia de la Constitución que le dio fuerza legal, sin desviarnos de la doctrina que acabamos de citar. A partir de estas realidades es que debemos desplegar nuestro esfuerzo por mejorar el funcionamiento de la sociedad en que la Provincia nos ha colocado.
Por otra parte, la actuación de los partidos no es necesariamente mala. En efecto, en todos los tiempos, los hombres se han agrupado en torno a líderes, ideas o intereses, para tratar de influir en la conducción de la sociedad, incluso cuando regía la monarquía y existía la aristocracia. La parte no siempre constituye una facción, ni la discrepancia afecta al bien común, mientras se mantenga dentro de ciertos límites. Por eso la Iglesia reconoce como legítima “la diversidad de pareceres en materia política...La Iglesia no condena en modo alguno las preferencias políticas, con tal que éstas no sean contrarias a la religión y la justicia”[6].
8. Ahora bien, ya hemos dicho que los grupos sociales intermedios -que por ser intermediarios entre la familia y el Estado, son infrapolíticos- no pueden asumir la conducción del Estado ni ejercer la actividad específicamente política.
En primer lugar, porque los intereses sociales contrapuestos no pueden, en muchos casos, lograr un acuerdo, necesitando entonces la intervención del Estado, que se halla por encima de dichos intereses de sector. “No hay más solución que atribuir la decisión definitiva de los conflictos de intereses entre los grupos profesionales, a una autoridad, creada con arreglo a una ley ajena al principio corporativo; o bien a un parlamento elegido por todo el pueblo, o a un órgano de complexión más o menos autocrática”[7].
Por otra parte, “...cada estructura intermedia no expresa al hombre en su totalidad. A través de ellas, el hombre se expresa en tanto trabajador, como jefe de familia, como vecino de un municipio, como empresario, como profesional, como técnico. Pero para lograr el hombre falta algo; eso único e incomunicable que constituye la persona; el hombre es más que la suma de sus expresiones parciales y a veces contradictorias que expresan los grupos. Me parece imposible, cualquiera sea el lugar que le corresponda a los cuerpos intermedios en la determinación de la política, eliminar la voz del hombre”[8].
Además, la eficacia de los representantes de los grupos sociales está dada por el conocimiento, la competencia que poseen en el manejo de la actividad que representan, pero la mayoría de ellos no poseen las cualidades requeridas por la actividad política, ni pueden dejar de defender los intereses del propio grupo o estamento, sin perder la condición de dirigentes del mismo. Por ello, la conducción global de la sociedad, que compete al Estado, debe estar reservada a un tipo de personas con características especiales.
“El hecho natural de la existencia de un estamento dirigente de la vida política, ...se conecta con la doctrina clásica de la vocación, según la cual en los hombres existen aptitudes naturales para los diversos oficios que requiere la comunidad, incluso para el más elevado, esto es, el oficio político, pues, como decía Aristóteles, hay hombres cuya tarea propia parece ser la de gobernar a los demás”[9].
9. Entonces, ¿a través de qué medios puede seleccionarse a los hombres que habrán de gobernar en un sistema republicano, y en qué tipo de entidades habrán de agruparse de acuerdo a sus preferencias políticas? En el mundo contemporáneo, en la casi totalidad de Estados, existen sistemas pluripartidarios o de partido único; las pocas excepciones consisten en Estados con gobiernos militares. Pero, aún en esos casos, la experiencia del último siglo indica que, luego de períodos transitorios, se produce “el eterno retorno de los partidos”[10]. No se ha logrado articular todavía una forma de convivencia que pueda prescindir de los partidos en la actividad política.
Como reconoce el Concilio Vaticano II: “Es perfectamente conforme con la naturaleza humana que se constituyan estructuras político-jurídicas que ofrezcan a todos los ciudadanos, sin discriminación alguna y con perfección creciente, posibilidades efectivas de tomar parte libre y activamente en la fijación de los fundamentos jurídicos de la comunidad política, en el gobierno de la cosa pública, en la determinación de los campos de acción y de los límites de las diferentes instituciones y en la elección de los gobernantes” (Constitución Gaudium et Spes, p. 75).
El profesor Félix Lamas ha explicado, con mucha claridad, que los partidos: “Pueden considerarse de existencia necesaria en la misma medida en que es inevitable una cierta dosis de discordia en toda comunidad...”, y por ello es que hay “un margen funcional admisible en los partidos: pueden constituir vehículos de opinión o canales del querer sobre cuestiones opinables, cuando éstas no encuentren adecuada expresión a través de las comunidades naturales, vgr.: la postulación de candidatos o el sostenimiento de un determinado programa conforme con el bien común” (Cabildo, setiembre de 1982).
Un publicista de tanto prestigio como Messner reconoce que no se puede negar que: “El derecho de formación y de la actividad de los partidos en el Estado moderno pertenezcan a los derechos naturales”[11]. Por su parte, Creuzet añade: “Acontece también que su existencia resulta el único medio de contrabalancear el poder tiránico de un Estado descarriado...En este caso, los partidos de la oposición se transforman en verdaderos cuerpos intermedios, apoyo de las personas, de las familias, de los otros cuerpos sociales, en su justa resistencia contra la tiranía”[12].
Debe reflexionarse, además, en que hoy más que nunca la actividad gubernamental es tremendamente compleja y requiere una formación adecuada, que se adquiere luego de muchos años de estudio y experiencia. Precisamente, porque no aceptamos la ilusión populista de que cualquier persona puede desempeñar un cargo público, ni bastan la honestidad y el patriotismo para gobernar con eficacia, es que pensamos que resulta imprescindible constituir grupos de hombres con auténtica vocación política, que se preparen seriamente para gobernar. Y, por ahora, no hay otra vía idónea que la que ofrecen los partidos, que se fundamentan -o deberían hacerlo- en una cosmovisión global y elaboran programas con las soluciones que proponen para cada uno de los problemas que debe afrontar el Estado.
10. Sostenía Pío XII: “muchos de los que se dicen cristianos tienen su parte de responsabilidad en el actual trastorno de la sociedad”, debido a “la indiferencia por los asuntos públicos”, “la abstención electoral, de graves consecuencias”, y a “la crítica estéril de la autoridad”[13]. Esta grave advertencia del Pontífice, nos lleva a reflexionar sobre cuál debe ser la actitud política de los católicos en la vida cívica contemporánea.
Consideramos que no pueden negarse a intervenir en ella, por defectuosa que sea la forma actual de las instituciones. León XIII enseñó al respecto que: “No acuden ni deben acudir a la vida política para aprobar lo que actualmente puede haber de censurable en las instituciones políticas del Estado, sino para hacer que estas mismas instituciones se pongan, en lo posible, al servicio sincero y verdadero del bien público... “[14].
Del modo que describe el Papa, actuaban los primeros cristianos, en pleno paganismo, llegando su influencia benéfica hasta la propia corte imperial de Roma. Si en este siglo se ha producido un alejamiento de los católicos de la actividad política, ello se debe a un menosprecio de la misma -la "cenicienta del espíritu", según Irazusta-, y a una cierta pereza mental que rehuye imaginar soluciones eficaces para enfrentar los problemas espinosos que plantea la época. Esta abstención es “reprobable”, según Pío XII, pues implica “dejar el campo libre, para que dirijan los asuntos del Estado, a los indignos y a los incapaces” (Discurso, 28-3-1948).
Así como alguien llamado a la vida religiosa no podría ignorar su vocación aludiendo a las imperfecciones de muchos de los pastores que conducen hoy a la Iglesia, tampoco quien posea vocación política puede reprimirla porque no le satisfagan las actuales circunstancias de la vida cívica. Y como la vocación política tiene que ejercitarse por los cauces existentes, la actitud correcta consiste, a nuestro juicio, en aceptar el sistema de partidos, procurando su perfeccionamiento. Que no es imposible ni inútil la empresa, lo demuestra la actuación de tantos dirigentes católicos que, sin renegar de su fe, trabajaron en este campo en consonancia con el bien común. Mencionaremos sólo tres casos de políticos, que están en proceso de beatificación:
ACTITUD POLÍTICA DE LOS CATÓLICOS
FRENTE AL SISTEMA DE PARTIDOS[1]
1. Uno de los aspectos más criticados de la política contemporánea es el de la representación. La democracia liberal, cuyos errores teológicos y filosóficos fueran severamente señalados en los documentos pontificios[2], ha derivado en lo que se ha llamado “partidocracia”. Esta comunicación pretende esbozar un criterio, basado en los principios de la filosofía política católica, que sirva de guía para la actuación de los católicos en la vida cívica argentina.
2. La crítica al sistema contemporáneo de partidos está, obviamente, justificada. Dicho sistema se basa en la llamada democracia indirecta o representativa, consistente en que, como todo el pueblo -en quien se supone reside la soberanía- no puede gobernar por sí mismo, debe delegar en sus representantes la función de gobierno, sin abandonar por ello la soberanía. Como el gobierno -especialmente el Congreso- debe representar la Voluntad General, se establece por medio de una ficción jurídica que cada representante representa, no a los ciudadanos que lo han elegido, sino a todo el pueblo. Con lo cual se invalida en la práctica la figura invocada del mandato, según la cual los gobernantes reciben al ser elegidos un mandato del pueblo, para ejercer en su nombre el gobierno.
En efecto, esta figura se podía aplicar legítimamente durante la Edad Media, con la monarquía tradicional, pues en las cortes o asambleas los representantes eran elegidos por un grupo social determinado (estamentos, ciudades, corporaciones) y únicamente representaban a ese grupo, con mandato “imperativo” a través de instrucciones precisas que, en caso de no ser cumplidas fielmente por el representante, el mandato de éste podía ser revocado.
Por el contrario, en los parlamentos modernos -y ya desde la Revolución Francesa- se prohiben los mandatos imperativos, y los representantes ejercen una representación “libre”, es decir que, una vez elegidos -si bien alegan actuar en nombre del pueblo-, no reciben órdenes de sus electores y actúan con total independencia.
Por otra parte, todos los representantes son propuestos al electorado por los partidos políticos políticos, únicas entidades que tienen acceso legal a los cargos públicos electivos, no permitiéndose ni las candidaturas de ciudadanos independientes ni la representación de otros grupos sociales (CN, Art. 38).
Es por estar basado en el mito de la soberanía popular y en una falsa teoría de la representación, que el sistema actual de partidos políticos está afectado e invalidez científica y produce efectos negativos en la sociedad. “Es ficción considerar al pueblo susceptible de representación, y como unidad unificada que confiere mandato; ficción es suponer que el parlamento representa a la totalidad del pueblo; ficción que los actos de los representantes son actos del pueblo; ficción que el pueblo gobierna”[3].
Otra distorsión anexa, es el mecanismo electoral que consiste en convocar periódicamente a los ciudadanos para elegir entre las listas de candidatos presentadas por los partidos, para cubrir muchos cargos simultáneamente: Intendente, Concejales, Tribunal de Cuentas Municipal; Gobernador y Vice, Legisladores Provinciales, Tribunal de Cuentas Provincial; Diputados y Senadores Nacionales; Presidente y Vice. Resulta difícil para el ciudadano común conocer a todos los candidatos, ni siquiera de uno de los partidos; es una forma de votar a ciegas, obligado a optar entre diferentes listas, sin posibilidad real de elegir, ni de pedir luego rendición de cuentas a quienes votó, entre otras cosas, porque el voto es secreto y no puede demostrar el apoyo que les brindó.
3. Durante la vigencia de la monarquía, la actividad gubernamental estaba a cargo del propio rey y de la nobleza, es decir, el estamento aristocrático que rodeaba al rey y cuyos integrantes se preparaban para la guerra y el gobierno. Las cortes o asambleas, ya mencionadas, se limitaban a informar y asesorar al rey sobre los problemas e inquietudes, y, en casos excepcionales, a consentir medidas de emergencia como impuestos especiales, pero la decisión estaba reservada al monarca que representaba la unidad del reino, al estar por encima de todos los sectores.
Al ser reemplazada la monarquía por el sistema republicano, surge la necesidad de sustituir a la nobleza en dicho rol, y este lugar lo ocupan -aunque imperfectamente-, los representantes del pueblo, elegidos a través de los partidos políticos.
4. La alternativa que proponen distinguidos profesores y publicistas católicos, consiste -explícita o tácitamente- en sustituir el régimen de partidos por: a) una participación activa en la vida socio-política de los cuerpos intermedios; y b) la Dictadura como forma de gobierno. Los cuerpos intermedios son las asociaciones ubicadas entre la familia y el Estado, que persiguen un fin común (sindicatos, entidades profesionales, cámaras empresarias, centros vecinales, cooperativas, mutuales, cooperadoras escolares, etcétera).
Toda sociedad contiene en su seno infinidad de entidades y grupos mediante los cuales los hombres tratan de lograr objetivos que sirven a su perfección. Un sano orden social requiere la aplicación del principio de subsidiariedad que demanda que el Estado no absorba las actividades que pueden realizar eficazmente las asociaciones inferiores. En virtud de este principio, la Iglesia siempre sostuvo que los cuerpos intermedios deben gozar de la mayor autonomía posible y ocuparse de muchas tareas que hoy el Estado tiene a su cargo y le impiden ejercer correctamente el rol que le compete como gestor del Bien Común. Asimismo, mediante la interconexión y colaboración mutua, los cuerpos intermedios pueden constituir organismos que resuelvan por sí mismos ciertos problemas sociales y económicos, evitando la lucha de clases: es lo que se llama corporativismo u organización profesional.
En este sistema, los grupos intermedios se van articulando hasta formar un Consejo o Cámara nacional en la que se hallan representados todos los grupos e intereses sociales existentes en la sociedad, con la finalidad de asesorar al gobierno, o, incluso, cumplir funciones legislativas. No cabe duda de que este sistema, recomendado por el magisterio pontificio -especialmente en la Encíclica Cuadragésimo Anno-, permite un mejor funcionamiento de la sociedad y a la vez impide los posibles abusos del Estado, pero no puede reemplazar a éste ni asumir la actividad específicamente política.
“Es verdad que estos grupos, si bien necesarios, cada uno según su propia finalidad específica, representan sólo intereses delimitados y parciales, no el bien universal del país. No tienen, por consiguiente, competencia para participar en aquellas decisiones superiores que son peculiares del supremo poder político, primer responsable del bien común” (Carta de la Secretaría de Estado del Vaticano a la XXVI Semana Social de España, 18-3-1967).
5. Es por eso que, inevitablemente, cuando no se quiere aceptar la existencia de los partidos, se busca una monarquía sin corona: la Dictadura. “Sólo la institución de la Dictadura, encarnada en una personalidad central y un equipo de hombres...puede realizar la Revolución Nacional” (Cabildo, julio de 1981). No negamos que pueda resultar inevitable y hasta conveniente establecer un gobierno de facto para producir un cambio integral en nuestro país, desquiciado hasta extremos difíciles de revertir, luego de tantos años de influencia liberal. Pero ocurre que, por definición, la dictadura es “una fórmula de transición”, que no “puede prolongarse indefinidamente”[4].
Sus creadores, los romanos, limitaban su duración a seis meses; aunque aquí se prolongara seis años, ¿bastaría ese lapso para producir los cambios necesarios? Las dictaduras nacionales de Franco, en España, y de Oliveira Salazar, en Portugal, que se extendieron por más de 30 años, demuestran que no es así. Por eso, la alternativa comentada, como reemplazo de la partidocracia, no nos parece satisfactoria como solución factible y útil.
6. Hecho el análisis precedente, se advierte que la empresa de reconstruir el orden social no es sencilla ni fácil, y los católicos debemos aceptar la guía de la Iglesia, cuya experiencia milenaria resulta invalorable, sin olvidar que es depositaria de la Verdad. Pues bien, la doctrina de la Iglesia en materia de regímenes políticos, nos enseña que, en el terreno de las ideas, los católicos pueden preferir uno u otro, incluso llegar a precisar cuál es el mejor, en abstracto, puesto que la Iglesia no se opone a ninguna forma de gobierno legítimo. Pero, en cada sociedad, las circunstancias históricas van creando una forma política específica, que rige la selección y reemplazo de los gobernantes. Y, como toda autoridad proviene de Dios, cuando se consolida de hecho un régimen político determinado, “su aceptación no solamente es lícita, sino incluso obligatoria, con obligación impuesta por la necesidad del bien común...”[5].
7. En nuestro país, existe desde hace 198 años la forma republicana de gobierno, que no podemos desconocer, como tampoco negar la vigencia de la Constitución que le dio fuerza legal, sin desviarnos de la doctrina que acabamos de citar. A partir de estas realidades es que debemos desplegar nuestro esfuerzo por mejorar el funcionamiento de la sociedad en que la Provincia nos ha colocado.
Por otra parte, la actuación de los partidos no es necesariamente mala. En efecto, en todos los tiempos, los hombres se han agrupado en torno a líderes, ideas o intereses, para tratar de influir en la conducción de la sociedad, incluso cuando regía la monarquía y existía la aristocracia. La parte no siempre constituye una facción, ni la discrepancia afecta al bien común, mientras se mantenga dentro de ciertos límites. Por eso la Iglesia reconoce como legítima “la diversidad de pareceres en materia política...La Iglesia no condena en modo alguno las preferencias políticas, con tal que éstas no sean contrarias a la religión y la justicia”[6].
8. Ahora bien, ya hemos dicho que los grupos sociales intermedios -que por ser intermediarios entre la familia y el Estado, son infrapolíticos- no pueden asumir la conducción del Estado ni ejercer la actividad específicamente política.
En primer lugar, porque los intereses sociales contrapuestos no pueden, en muchos casos, lograr un acuerdo, necesitando entonces la intervención del Estado, que se halla por encima de dichos intereses de sector. “No hay más solución que atribuir la decisión definitiva de los conflictos de intereses entre los grupos profesionales, a una autoridad, creada con arreglo a una ley ajena al principio corporativo; o bien a un parlamento elegido por todo el pueblo, o a un órgano de complexión más o menos autocrática”[7].
Por otra parte, “...cada estructura intermedia no expresa al hombre en su totalidad. A través de ellas, el hombre se expresa en tanto trabajador, como jefe de familia, como vecino de un municipio, como empresario, como profesional, como técnico. Pero para lograr el hombre falta algo; eso único e incomunicable que constituye la persona; el hombre es más que la suma de sus expresiones parciales y a veces contradictorias que expresan los grupos. Me parece imposible, cualquiera sea el lugar que le corresponda a los cuerpos intermedios en la determinación de la política, eliminar la voz del hombre”[8].
Además, la eficacia de los representantes de los grupos sociales está dada por el conocimiento, la competencia que poseen en el manejo de la actividad que representan, pero la mayoría de ellos no poseen las cualidades requeridas por la actividad política, ni pueden dejar de defender los intereses del propio grupo o estamento, sin perder la condición de dirigentes del mismo. Por ello, la conducción global de la sociedad, que compete al Estado, debe estar reservada a un tipo de personas con características especiales.
“El hecho natural de la existencia de un estamento dirigente de la vida política, ...se conecta con la doctrina clásica de la vocación, según la cual en los hombres existen aptitudes naturales para los diversos oficios que requiere la comunidad, incluso para el más elevado, esto es, el oficio político, pues, como decía Aristóteles, hay hombres cuya tarea propia parece ser la de gobernar a los demás”[9].
9. Entonces, ¿a través de qué medios puede seleccionarse a los hombres que habrán de gobernar en un sistema republicano, y en qué tipo de entidades habrán de agruparse de acuerdo a sus preferencias políticas? En el mundo contemporáneo, en la casi totalidad de Estados, existen sistemas pluripartidarios o de partido único; las pocas excepciones consisten en Estados con gobiernos militares. Pero, aún en esos casos, la experiencia del último siglo indica que, luego de períodos transitorios, se produce “el eterno retorno de los partidos”[10]. No se ha logrado articular todavía una forma de convivencia que pueda prescindir de los partidos en la actividad política.
Como reconoce el Concilio Vaticano II: “Es perfectamente conforme con la naturaleza humana que se constituyan estructuras político-jurídicas que ofrezcan a todos los ciudadanos, sin discriminación alguna y con perfección creciente, posibilidades efectivas de tomar parte libre y activamente en la fijación de los fundamentos jurídicos de la comunidad política, en el gobierno de la cosa pública, en la determinación de los campos de acción y de los límites de las diferentes instituciones y en la elección de los gobernantes” (Constitución Gaudium et Spes, p. 75).
El profesor Félix Lamas ha explicado, con mucha claridad, que los partidos: “Pueden considerarse de existencia necesaria en la misma medida en que es inevitable una cierta dosis de discordia en toda comunidad...”, y por ello es que hay “un margen funcional admisible en los partidos: pueden constituir vehículos de opinión o canales del querer sobre cuestiones opinables, cuando éstas no encuentren adecuada expresión a través de las comunidades naturales, vgr.: la postulación de candidatos o el sostenimiento de un determinado programa conforme con el bien común” (Cabildo, setiembre de 1982).
Un publicista de tanto prestigio como Messner reconoce que no se puede negar que: “El derecho de formación y de la actividad de los partidos en el Estado moderno pertenezcan a los derechos naturales”[11]. Por su parte, Creuzet añade: “Acontece también que su existencia resulta el único medio de contrabalancear el poder tiránico de un Estado descarriado...En este caso, los partidos de la oposición se transforman en verdaderos cuerpos intermedios, apoyo de las personas, de las familias, de los otros cuerpos sociales, en su justa resistencia contra la tiranía”[12].
Debe reflexionarse, además, en que hoy más que nunca la actividad gubernamental es tremendamente compleja y requiere una formación adecuada, que se adquiere luego de muchos años de estudio y experiencia. Precisamente, porque no aceptamos la ilusión populista de que cualquier persona puede desempeñar un cargo público, ni bastan la honestidad y el patriotismo para gobernar con eficacia, es que pensamos que resulta imprescindible constituir grupos de hombres con auténtica vocación política, que se preparen seriamente para gobernar. Y, por ahora, no hay otra vía idónea que la que ofrecen los partidos, que se fundamentan -o deberían hacerlo- en una cosmovisión global y elaboran programas con las soluciones que proponen para cada uno de los problemas que debe afrontar el Estado.
10. Sostenía Pío XII: “muchos de los que se dicen cristianos tienen su parte de responsabilidad en el actual trastorno de la sociedad”, debido a “la indiferencia por los asuntos públicos”, “la abstención electoral, de graves consecuencias”, y a “la crítica estéril de la autoridad”[13]. Esta grave advertencia del Pontífice, nos lleva a reflexionar sobre cuál debe ser la actitud política de los católicos en la vida cívica contemporánea.
Consideramos que no pueden negarse a intervenir en ella, por defectuosa que sea la forma actual de las instituciones. León XIII enseñó al respecto que: “No acuden ni deben acudir a la vida política para aprobar lo que actualmente puede haber de censurable en las instituciones políticas del Estado, sino para hacer que estas mismas instituciones se pongan, en lo posible, al servicio sincero y verdadero del bien público... “[14].
Del modo que describe el Papa, actuaban los primeros cristianos, en pleno paganismo, llegando su influencia benéfica hasta la propia corte imperial de Roma. Si en este siglo se ha producido un alejamiento de los católicos de la actividad política, ello se debe a un menosprecio de la misma -la "cenicienta del espíritu", según Irazusta-, y a una cierta pereza mental que rehuye imaginar soluciones eficaces para enfrentar los problemas espinosos que plantea la época. Esta abstención es “reprobable”, según Pío XII, pues implica “dejar el campo libre, para que dirijan los asuntos del Estado, a los indignos y a los incapaces” (Discurso, 28-3-1948).
Así como alguien llamado a la vida religiosa no podría ignorar su vocación aludiendo a las imperfecciones de muchos de los pastores que conducen hoy a la Iglesia, tampoco quien posea vocación política puede reprimirla porque no le satisfagan las actuales circunstancias de la vida cívica. Y como la vocación política tiene que ejercitarse por los cauces existentes, la actitud correcta consiste, a nuestro juicio, en aceptar el sistema de partidos, procurando su perfeccionamiento. Que no es imposible ni inútil la empresa, lo demuestra la actuación de tantos dirigentes católicos que, sin renegar de su fe, trabajaron en este campo en consonancia con el bien común. Mencionaremos sólo tres casos de políticos, que están en proceso de beatificación:
-Giorgio La Pira (Alcalde de Florencia)
-Robert Schuman (uno de los fundadores de la Unión Europea)
-Julius Nyerere (Presidente de Tanzania, durante 25 años)
Para finalizar, recordemos la advertencia de Juan Pablo II, al decir que los fieles: “de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política”.
“Las acusaciones de arribismo, de idolatría del poder, de egoísmo y corrupción que con frecuencia son dirigidas a los hombres de gobierno, del parlamento, de la clase dominante, del partido político, como también la difundida opinión de que la política sea un lugar de necesario peligro moral, no justifican lo más mínimo ni la ausencia ni el escepticismo de los cristianos en relación con la cosa pública”[15].
(Texto actualizado al 3 de junio de 2008)
“Las acusaciones de arribismo, de idolatría del poder, de egoísmo y corrupción que con frecuencia son dirigidas a los hombres de gobierno, del parlamento, de la clase dominante, del partido político, como también la difundida opinión de que la política sea un lugar de necesario peligro moral, no justifican lo más mínimo ni la ausencia ni el escepticismo de los cristianos en relación con la cosa pública”[15].
(Texto actualizado al 3 de junio de 2008)
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[1] Meneghini, Mario: Ponencia presentada al Quinto Congreso Católico Argentino de Filosofía, Córdoba, 6/9-10-1989.
[2] Enc. Libertas Praestantissimum, León XIII, 1888; Enc. Diuturnum Illud, León XIII, 1881; Enc. Notre Charge Apostolique, Pío X, 1910. V.: Ramos, Fulvio. “La Iglesia y la democracia”, Editorial Cruz y Fierro, 1984.
[3] Bidart Campos, German. “Doctrina del Estado Democrático”; EJEA, 1961, pág. 186.
[4] Tello, Belisario. “La monarquía sin corona”; Alamena, 1975, pág. 72.
[5] León XIII. Enc. “Au Milieu des Sollicitudes”; p. 22, 23, 15.
[6] León XIII. Enc. “Cum Multa”; p. 3.
[7] Kelsen, Hans. “Teoría General del Estado”; Editora Nacional, 1973, p. 454.
[8] Rivero. “De la politique des groupes a la politique de la nation”; cit. por: Montemayor, Mariano. “Las ideas democráticas y el orden corporativo”; Kraft, 1967, págs. 114/115.
[9] Sampay, Arturo. “Introducción a la Teoría del Estado”; Bibliográfica Omeba, 1964, pág. 490.
[10] Lucas Verdú, Pablo. “Principios de Ciencia Política”; Tecnos, 1971, T. III, pág. 48.
[11] Messner, Johannes. “Ética Social, Política y Económica a la luz del Derecho Natural”; Rialp, 1967, págs. 686/687.
[12] Creuzet, Michel. “Los Cuerpos Intermedios”; Speiro, 1964, pág. 101.
[13] Carta a la 41º Semana Social de Francia, 14-7-1954.
[14] Enc. Inmortale Dei, p. 22.
[15] Cristifideles Laici, p. 42.
[1] Meneghini, Mario: Ponencia presentada al Quinto Congreso Católico Argentino de Filosofía, Córdoba, 6/9-10-1989.
[2] Enc. Libertas Praestantissimum, León XIII, 1888; Enc. Diuturnum Illud, León XIII, 1881; Enc. Notre Charge Apostolique, Pío X, 1910. V.: Ramos, Fulvio. “La Iglesia y la democracia”, Editorial Cruz y Fierro, 1984.
[3] Bidart Campos, German. “Doctrina del Estado Democrático”; EJEA, 1961, pág. 186.
[4] Tello, Belisario. “La monarquía sin corona”; Alamena, 1975, pág. 72.
[5] León XIII. Enc. “Au Milieu des Sollicitudes”; p. 22, 23, 15.
[6] León XIII. Enc. “Cum Multa”; p. 3.
[7] Kelsen, Hans. “Teoría General del Estado”; Editora Nacional, 1973, p. 454.
[8] Rivero. “De la politique des groupes a la politique de la nation”; cit. por: Montemayor, Mariano. “Las ideas democráticas y el orden corporativo”; Kraft, 1967, págs. 114/115.
[9] Sampay, Arturo. “Introducción a la Teoría del Estado”; Bibliográfica Omeba, 1964, pág. 490.
[10] Lucas Verdú, Pablo. “Principios de Ciencia Política”; Tecnos, 1971, T. III, pág. 48.
[11] Messner, Johannes. “Ética Social, Política y Económica a la luz del Derecho Natural”; Rialp, 1967, págs. 686/687.
[12] Creuzet, Michel. “Los Cuerpos Intermedios”; Speiro, 1964, pág. 101.
[13] Carta a la 41º Semana Social de Francia, 14-7-1954.
[14] Enc. Inmortale Dei, p. 22.
[15] Cristifideles Laici, p. 42.
MAL MENOR EN LAS ELECCIONES POLÍTICAS
VOTAR: ¿OPTATIVO O MORALMENTE OBLIGATORIO?[1]
Mario Meneghini
1. Es lugar común en la Argentina la queja sobre el mal funcionamiento del sistema político, y sobre la calidad de la mayoría de los dirigentes. Por eso, en los últimos años -en especial desde la crisis de 2001- se han lanzado muchos proyectos para intentar mejorar dicho sistema político.
El principal problema es que la misma base teórica en nuestro sistema institucional parte de un principio falso: la soberanía popular, que consiste en conferir al pueblo la atribución ontológica del poder. Esta teoría ha quedado consolidada jurídicamente en nuestra Constitución Nacional con la reforma de 1994. En efecto, el nuevo Art. 37 garantiza el ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular. Bidart Campos (1961) demuestra que los supuestos en que se basa esta tesis son científicamente falsos:
Es ficción considerar al pueblo como susceptible de representación, y como entidad unificada que confiere mandato; ficción es suponer que el parlamento representa a la totalidad del pueblo; ficción que los actos de los representantes son actos del pueblo; ficción que el pueblo gobierna.
2. Ahora bien, que señalemos los errores en que se basa la legislación vigente, no nos autoriza a abandonar el campo de la vida cívica. En primer lugar, pues la realidad indica que la teoría democrática no es más que una máscara totemística, y la partidocracia -que implica desmentir la teoría- se impone al margen de las elucubraciones y de las normas. Cuando el electorado es convocado a las urnas, participa en una especie de ballotage, para seleccionar de entre los candidatos que han sido previamente postulados por los partidos.
En segundo lugar, no es correcto cuestionar un ordenamiento institucional por que sean discutibles sus fundamentos intelectuales (Palacio, 1973). En el plano de las ideas es lícito preferir un régimen político que consideremos el mejor, pero, en toda sociedad se impone, con el tiempo, una forma determinada de selección y reemplazo de los gobernantes. Si esa forma no afecta de manera directa la dignidad humana, y rige de hecho en una sociedad, su aceptación no solamente es lícita, sino incluso obligatoria, con obligación impuesta por la necesidad del bien común...[2].
3. En la Argentina tiene vigencia, desde 1853, un ordenamiento constitucional, que, como se ha dicho (Lamas, 1988) es tributario de una serie de pactos y compromisos en el curso de los acontecimientos políticos nacionales, y rige, desde entonces, con una aceptación pacífica y estable, lo que le confiere legitimidad.
Consideramos inaceptable, entonces, la actitud de algunos distinguidos intelectuales de negarse a participar en la vida cívica, por considerar cuestionable la misma Constitución y el sistema electoral que de ella deriva, y promover la abstención como única conducta válida para quienes rechazan la teoría de la soberanía popular[3]. Por el contrario, la obligación moral de participar será tanto más grave, cuanto más esenciales sean los valores morales que estén en juego (Malinas, 1959).
Participación en política
4. Luego de esta introducción, podemos abocarnos al tratamiento de la doctrina del mal menor en el proceso electoral. La historia nos muestra que en todas las épocas y en todos los países, el sufragio ha sido utilizado normalmente como instrumento de selección de las autoridades políticas. Es un modo de poner en acto el derecho natural del ciudadano de participar en la vida pública de su sociedad (Martínez Vázquez, 1966). En todos los tiempos y lugares, se han elegido magistrados, reyes, presidentes y hasta dictadores, sin que de ello se derivara necesariamente un mal para la sociedad. Y la forma republicana de gobierno, que fija nuestra Constitución, implica la periódica elección de autoridades, lo que no es objetable moralmente[4], por el contrario, existe la obligación moral de votar, salvo excepciones[5].
5. Estimamos que, sostener en vísperas de toda elección, que es inútil y hasta una falta moral ejercer el voto, pues todos los candidatos son malos y todos los programas defectuosos, revela una apreciación equivocada de la actividad política. Precisamente en una época histórica caracterizada por problemas sumamente complejos y una gran confusión de ideas, se hace más necesario que nunca acudir a la política para procurar resolver los problemas. Rehusarnos a intervenir en la vida comunitaria porque no nos gusta lo que vemos, equivale a avalar la continuidad de lo existente. Destaca Tomás Moro (1944): Si no conseguís realizar todo el bien que os proponéis, vuestros esfuerzos disminuirán por lo menos la intensidad del mal.
6. Tampoco es correcta la impresión de que la política necesariamente conduce a la corrupción, como afirmaba Lord Acton. Es cierto que el poder es ocasión de peligro moral, lo que ocurre, asimismo, con otras cualidades humanas, como la inteligencia, la cultura, la belleza, la riqueza, lo que no significa que merezcan calificarse de intrínsecamente malas. Puesto que la autoridad ha sido creada por Dios, su ejercicio no puede ser malo en sí mismo[6].
7. Suele alegarse que la decisión de no participar en un proceso electoral, deviene de una obligación de conciencia. Ahora bien, la conciencia debe estar iluminada por los principios y ayudada por el consejo de los prudentes. No es posible identificar la conciencia humana con la autoconciencia del yo, con la certeza subjetiva de sí y del propio comportamiento moral (Ratzinger, 1998)[7]. Por otra parte, como señala el Prof. Tale (2006), el abstenerse de hacer algo por objeción de conciencia es válido, si es la única manera de no afectar el principio en que se funda: no dañar. Y, en muchos casos, la objeción de conciencia no basta para cumplir con el deber moral de participar en la vida comunitaria. Antes de invocar la obligación de conciencia, cada persona debe procurar disponer de la información necesaria para evaluar correctamente a los partidos que se presentan a una elección, así como a los candidatos respectivos. Como ejemplo, podemos citar la última elección presidencial en la Argentina (2003), a la que muchos ciudadanos concurrieron, creyendo que sólo se presentaban cinco candidatos, cuando en realidad fueron dieciocho, de los cuales, por lo menos cuatro no merecían ninguna objeción a quien profese los principios del derecho natural.
8. Como explica Bargallo Cirio (1945): Adecuarse a las circunstancias es sólo contar con ellas para actuar. Para defenderlas o apoyarlas cuando se deba, o para atacarlas, torcerlas o dominarlas, cuando sea necesario. (...) La acción política es antes que nada humilde contacto con la realidad.
Criticar la realidad social contemporánea, despreciándola por comparación con alguna forma que existió históricamente, o con un esquema de lo óptimo, implica caer en el utopismo. Es preciso conocer la realidad, tal cual es, antes de intentar mejorarla. No es racional desconocer la fuerza de los hechos. Reconocer que no podemos modificar una situación injusta, no equivale a convalidarla. Tras las ilusiones, vienen las frustraciones, y la conciencia de la miopía padecida conduce, finalmente, a la abominación del objeto, en nuestro caso de la política (Ayuso Torres, 1982).
9. Para cada sociedad política, pueden existir, simultáneamente, tres concepciones del régimen político: el ideal, propuesto por los teóricos; el formal promulgado oficialmente; y el real - o constitución material-, surgida de la convivencia que produce transformaciones o mutaciones en su aplicación concreta. De modo que negarse a reconocer una constitución formal, implica, a menudo, enfrentarse con molinos de viento, limitándose a un debate estéril, porque, además, no se tiene redactada la versión que se desearía que rigiera.
Por eso, como enseña Pablo VI: La apelación a la utopía es con frecuencia un cómodo pretexto para quien desea rehuir las tareas concretas refugiándose en un mundo imaginario. Vivir en un futuro hipotético es una coartada fácil para deponer responsabilidades inmediatas[8].
La Constitución Nacional (Art. 38) reserva la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, a los partidos políticos, por lo que la única forma de participar en la vida cívica es a través de los mismos, ya sea incorporándose a uno, creando uno nuevo, o simplemente votando por el más afín.
Aplicación del mal menor
10. Afirma Santo Tomás que: Cuando es forzoso escoger entre dos cosas, que en cada una de ellas hay peligro, aquélla se debe elegir de que menos mal se sigue[9]. Por cierto que nunca es lícito, ni aún por razones gravísimas, hacer el mal para conseguir el bien, es decir, hacer objeto de un acto positivo de voluntad lo que es intrínsecamente desordenado, pero sí es lícito tolerar un mal moral menor a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande[10].
Aplicando la doctrina, al tema eleccionario, el Prof. Palumbo (2004) explica que: “En el caso concreto de una elección, al votarse por un representante considerado mal menor, no se está haciendo el mal menor, sino permitiendo el acceso de alguien que posiblemente, según antecedentes, lo hará”.
11. En ocasiones, el ciudadano no tiene la posibilidad de elegir entre varios partidos, pues ninguno le ofrece garantías mínimas, al presentar plataformas que permiten prever acciones perjudiciales para la sociedad, o declaraciones de principios que contradicen la ley natural. En esos casos, tiene el deber de abstenerse de votar. Pero no es habitual que no haya ningún partido aceptable; por lo tanto, aunque no le satisfaga totalmente, debe votar al partido que parezca menos peligroso. Al proceder así, no está avalando aquellos aspectos cuestionables de su plataforma, sino, simplemente, eligiendo el mal menor (Haring, 1965).
Voto útil
12. A menudo se exhibe, incorrectamente, al llamado voto útil, como ejemplo de mal menor. El voto útil consiste en que el elector otorgue su voto a un partido que tiene posibilidades de ganar, aunque no sea el que más le atrae, para que el voto no se desperdicie. Este enfoque pragmático tiene ribetes de exitismo, cuando no de cobardía. El mal menor no se vincula con el maquiavelismo político, que admite hacer un mal para obtener un bien, lo cual es siempre ilícito. El mal menor consiste en tolerar un mal, no realizarlo. Un caso típico es el de la ley seca, en Estados Unidos; la experiencia indicó que prohibir el consumo de alcohol era más perjudicial que tolerarlo.
Votar un partido que carece de posibilidades de obtener ni siquiera una banca de concejal, no es una acción inútil. Si el partido satisface las expectativas, pues defiende principios sanos y presenta una plataforma que convendría aplicarse, y/o postula a dirigentes capaces y honestos, merece ser apoyado. El voto, en este caso, servirá de estímulo para quienes se dedican a la política en esa institución, les permitirá ser conocidos, y facilitará una futura elección con mejores perspectivas.
El concepto de cleavage
13. Los politólogos utilizan el concepto de cleavage, entendido como línea divisoria entre las distintas opciones electorales, ya que el análisis de los sufragios emitidos muestran que la mayoría de los electores deciden su voto en base a cuestiones concretas evaluadas según su posición previa respecto de ellas (Paramio, 1998). Si bien es admisible que el voto esté influenciado por el grupo social de pertenencia, es falso que sean los intereses quienes determinen las preferencias electorales, pues éstas nunca son unidimensionales. Normalmente, los electores votan al partido que se aproxima más a sus propias preferencias, de acuerdo a las propuestas de la plataforma respectiva. De allí que pueda estimarse que se da una relación de identificación entre los electores y un partido, que los lleva a apoyarlo por considerar que es una opción satisfactoria, en base a los antecedentes, en cuanto a los programas y los candidatos. Esta identificación representa un estímulo para superar la tendencia al abstencionismo o a pensar que todos los políticos son iguales.
Sin embargo, en vísperas de una elección cada partido debe definir posiciones sobre múltiples temas, siendo difícil que el ciudadano pueda compartir lo que se propone en todos ellos. La identificación, entonces, se acentúa en algunas cuestiones que cada persona considera más relevantes según su escala de valores. La forma en que se pronuncien los partidos sobre dichas cuestiones termina de decidir el voto en cada ocasión.
14. Se ha dicho que la clásica división de izquierda y derecha, se mantiene aunque con otro contenido, y acota Hernández (2001) -en referencia a la vida práctica jurídica- que la divisoria en las ideas pasa hoy por las oposiciones: individualismo-solidarismo y cultura de la muerte-cultura de la vida. Agrega Tale (2006), que es necesario defender un derecho natural completo, para no limitarnos a la protección de la vida, descuidando las cuestiones económicas y políticas donde también debe cumplirse el orden natural.
En el último documento del Magisterio Pontificio -Sacramentum Caritatis- se señala la grave responsabilidad social de decidir correctamente, cuando están en juego valores que no son negociables:
-Defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural;
-La familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer;
-La libertad de educación de los hijos;
-La promoción del bien común en todas sus formas[11].
Esta orientación puede servir de guía para el análisis de las plataformas electorales y decidir el voto, ya que se concentra en los temas esenciales.
Opción electoral
15. En base a lo expuesto, la opción electoral no resulta tan difícil, puesto que nuestra adhesión a los principios, y la información recopilada, nos van a indicar el camino correcto entre las distintas posibilidades:
1. Anular el voto: no resulta una opción válida, en ningún caso, y denota una actitud infantil de desquite imaginario contra los malos dirigentes.
2. Votar en blanco: debe distinguirse entre dos aspectos:
a) parcial: es decir, votar en blanco, para algunos niveles de gobierno o determinados cargos; esto es admisible, en muchas elecciones.
b) total: el voto en blanco para todos los cargos y niveles, únicamente puede admitirse en casos excepcionales, cuando todos los partidos y candidatos resulten inaceptables o peligrosos. Si tenemos en cuenta que en este año electoral, habrá que votar por cargos agrupados en 9 o 10 boletas, y optar entre una docena de partidos o frentes, según el distrito, es prácticamente imposible que no haya ningún candidato aceptable.
3. Abstenerse: si se da la situación descripta anteriormente, esta opción parece más lógica que concurrir al comicio para introducir en la urna un sobre vacío. Consideramos, que en la Argentina, hubo un sólo caso justificable para la abstención -o el voto en blanco total-, que fue la elección de convencionales constituyentes de 1957.
Es inaceptable esta opción cuando está en juego una decisión crucial para la comunidad. Un ejemplo reciente ilustra al respecto: en el referéndum sobre el aborto, realizado en Portugal, el 56 % de los ciudadanos se abstuvo; esto permitió que los partidarios del aborto obtuvieran la mayoría de los votos positivos, y si bien no se alcanzó el mínimo legal requerido, el gobierno quedó fortalecido y pudo aprobar la ley respectiva en el Parlamento.
4. Voto positivo: puede desagregarse esta opción en varias alternativas:
1. Votar por un partido que satisface íntegramente, para todos los niveles.
2. Votar a varios partidos simultáneamente, seleccionando los mejores candidatos en cada caso.
3. Votar a un partido y/o candidato, pese a merecer objeciones, aplicando la doctrina del mal menor.
Conclusión
La participación en la vida cívica incluye varias acciones, pero el modo más simple y general de participar en un sistema republicano, es el ejercicio del voto, y ninguna causa justifica el abstencionismo político pues equivale a no estar dispuesto a contribuir al bien común de la propia sociedad. Si, como afirma Aristóteles, es imposible que esté bien ordenada una polis que no esté gobernada por los mejores sino por los malos[12], resulta imprescindible la participación activa de los ciudadanos para procurar seleccionar a los más aptos y honestos para el desempeño de las funciones públicas. Consideramos que en esta compleja actividad, resulta necesario utilizar la antigua doctrina del mal menor, como aplicación concreta de la virtud de la prudencia que debe regir la acción política.
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Referencias:
Ayuso Torres, Miguel (1982). “La política como deber: sentido y misión de la caridad política”; en: “Los católicos y la acción política”; Actas de la XX Reunión de Amigos de la Ciudad Católica, Madrid, Speiro, pág. 353.
Bargallo Cirio, Juan M.(1945) “Ubicación y proyección de la política”; Buenos Aires, Colección ADSUM, Grupo de Editoriales Católicas, págs. 45/46.
Bidart Campos, Germán José (1961). “Doctrina del Estado democrático”; Buenos Aires, EJEA, pág. 186.
Haring (1965). “La ley de Cristo. La teología moral expuesta a sacerdotes y seglares”; Barcelona, Herder, t. II, págs. 124/134).
Hernández, Hector H. (2001). “Interpretación, principios y derecho natural”; cit. p.: Tale, op. cit., pág. 11.
Lamas, Félix Adolfo (1988). “La Constitución Nacional. Sus principios de legitimidad y su reforma”; en: Moenia, Nº XXXIII, págs. 11/40.
Malinas-Unión Internacional de Estudios Sociales (1959). “Código de Moral Política”; Santander, Sal Terrae, pág. 91.
Martínez Vázquez, Benigno (1966). “El sufragio y la idea representativa democrática”; Buenos Aires, Depalma, págs. 20, 25, 31.
Moro, Tomás (1944). “Utopía”; Buenos Aires, Sopena Argentina, pág. 64.
Palumbo, Carmelo (2004). “Guía para un estudio sistemático de la Doctrina Social de la Iglesia”; Buenos Aires, CIES, pág. 150.
Paramio, Ludolfo (1998). “Clase y voto: intereses, identidades y preferencias”; Ponencia presentada en el VI Congreso Español de Sociología, A Coruña, 24/26-9-1998 (tomado de: www.iesam.csic.es/doctrab1/dt-9812.htm)
Ratzinger, Joseph (1998). “Verdad, valores, poder. Piedras de toque de la sociedad pluralista”; Madrid, Rialp, pág. 54.
Tale, Camilo. “La lucha por el Derecho Natural verdadero y completo”; en: El Derecho, Serie Filosofía del Derecho, Nº 11.539, 28-6-06, págs. 11 y 12.
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[1] Exposición en Simposio de Filosofía Política (15-6-07), en el I Congreso Nacional de Filosofía del Derecho y Filosofía Política y IV Jornadas Nacionales de Derecho Natural, San Luis.
[2] León XIII, “Au millieu des sollicitudes”, p. 22 y 23. “Juzgamos innecesario advertir que todos y cada uno de los ciudadanos tienen la obligación de aceptar los cambios constituidos y que no pueden intentar nada para destruirlos o para cambiar su forma”, id., p.17.
[3] “Porque quien pone un voto positivo se hace cómplice avalando el resultado electoral, y al incurrir en lo que los teólogos nombran como cooperación activa al mal, su fe viva no está puesta en Dios sino en la soberanía popular”: Gelonch Villarino, Edmundo. “La secta imperante y la debilidad mental”; en: Centros Cívicos Patrióticos, noviembre de 2002, p. 8.
[4] “Si un pueblo es razonable...es bueno promulgar una ley que permita a ese pueblo darse a sí mismo los magistrados que administran los asuntos públicos”: San Agustín, cit. por Santo Tomás, Suma Teológica, I-II, 97, 1.
[5] “Recuerden, por tanto, todos los ciudadanos el derecho y al mismo tiempo el deber que tienen de votar con libertad para promover el bien común” (Constitución Gaudium et Spes, p. 75).
[6] “Por consiguiente, es necesaria en toda sociedad humana una autoridad que la dirija. Autoridad que, como la misma sociedad, surge y deriva de la Naturaleza, y, por tanto, del mismo Dios, que es su autor”; León XIII, Inmortale Dei, p. 2.
[7] “No se ha de oponer la conciencia personal y la razón a la ley moral o al Magisterio de la Iglesia”; Catecismo de la Iglesia Católica, p. 2039.
[8] Pablo VI. “Octogesima adveniens”, p. 37.
[9] Santo Tomás de Aquino. “Del gobierno de los príncipes”; Buenos Aires, Editorial Cultural, 1945, Vol. 1ro., p. 35.
[10] Pablo VI. Carta Encíclica “Humane Vitae”, 25-7-1968.
[11] Benedicto XVI. Exhortación Apostólica Postsinodal “Sacramentum Caritatis”, 22-2-07, p. 83.
[12] Aristóteles. “Política”; Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, pág. 182.
[1] Exposición en Simposio de Filosofía Política (15-6-07), en el I Congreso Nacional de Filosofía del Derecho y Filosofía Política y IV Jornadas Nacionales de Derecho Natural, San Luis.
[2] León XIII, “Au millieu des sollicitudes”, p. 22 y 23. “Juzgamos innecesario advertir que todos y cada uno de los ciudadanos tienen la obligación de aceptar los cambios constituidos y que no pueden intentar nada para destruirlos o para cambiar su forma”, id., p.17.
[3] “Porque quien pone un voto positivo se hace cómplice avalando el resultado electoral, y al incurrir en lo que los teólogos nombran como cooperación activa al mal, su fe viva no está puesta en Dios sino en la soberanía popular”: Gelonch Villarino, Edmundo. “La secta imperante y la debilidad mental”; en: Centros Cívicos Patrióticos, noviembre de 2002, p. 8.
[4] “Si un pueblo es razonable...es bueno promulgar una ley que permita a ese pueblo darse a sí mismo los magistrados que administran los asuntos públicos”: San Agustín, cit. por Santo Tomás, Suma Teológica, I-II, 97, 1.
[5] “Recuerden, por tanto, todos los ciudadanos el derecho y al mismo tiempo el deber que tienen de votar con libertad para promover el bien común” (Constitución Gaudium et Spes, p. 75).
[6] “Por consiguiente, es necesaria en toda sociedad humana una autoridad que la dirija. Autoridad que, como la misma sociedad, surge y deriva de la Naturaleza, y, por tanto, del mismo Dios, que es su autor”; León XIII, Inmortale Dei, p. 2.
[7] “No se ha de oponer la conciencia personal y la razón a la ley moral o al Magisterio de la Iglesia”; Catecismo de la Iglesia Católica, p. 2039.
[8] Pablo VI. “Octogesima adveniens”, p. 37.
[9] Santo Tomás de Aquino. “Del gobierno de los príncipes”; Buenos Aires, Editorial Cultural, 1945, Vol. 1ro., p. 35.
[10] Pablo VI. Carta Encíclica “Humane Vitae”, 25-7-1968.
[11] Benedicto XVI. Exhortación Apostólica Postsinodal “Sacramentum Caritatis”, 22-2-07, p. 83.
[12] Aristóteles. “Política”; Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, pág. 182.