El poder de compra de cientos de miles de jubilados y pensionados acumula una caída de hasta el 36 % desde diciembre de 2001. Esto significa que, debido a que el alza de precios superó al aumento de los haberes, en muchos casos los ingresos hoy alcanzan sólo para hacer frente al 64 % del gasto que podía realizarse hasta el inicio del proceso inflacionario.
El deterioro tiene que ver con la falta de un índice de movilidad que permita mantener el valor de los haberes. El viernes último, un juez de primera instancia ordenó un alza para todos los pasivos cuyos ingresos no hayan tenido una suba que por lo menos siguiera la evolución promedio de los salarios entre 2002 y 2006, que fue del 88,57 por ciento. En rigor; eso significa extender lo dispuesto en un fallo de la Corte Suprema –dictado para el caso del jubilado Adolfo Badaro- a todas las personas afectadas por una recomposición insuficiente. Los jueces también habían instado al Congreso a dictar una ley en la materia, una orden que ha habían dado a mediados de 2006.
Quien cobraba $ 1000 siete años atrás, recibe ahora $ 1517. Suponiendo que en 2001 consumía bienes y servicios por los $ 1000, el valor actual de esos consumos es de $ 2376. Así, el haber equivale ahora al 64 % del precio de los productos que antes era posible adquirir con la jubilación.
Como es complejo conocer el número de pasivos que podrían estar alcanzados por el fallo dictado el viernes, el juez dispuso que la ANSES, junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación, que presentó la demanda, resuelva por la vía administrativa caso por caso. El defensor del pueblo, Eduardo Mondino, sostuvo anteayer que irá a la ANSES mañana para intentar consensuar un mecanismo que permita cumplir lo dispuesto, pero desde el organismo de la seguridad social insistieron en que la sentencia será apelada. Y así sus efectos quedarán suspendidos.
(La Nación, 23-6-08)
El deterioro tiene que ver con la falta de un índice de movilidad que permita mantener el valor de los haberes. El viernes último, un juez de primera instancia ordenó un alza para todos los pasivos cuyos ingresos no hayan tenido una suba que por lo menos siguiera la evolución promedio de los salarios entre 2002 y 2006, que fue del 88,57 por ciento. En rigor; eso significa extender lo dispuesto en un fallo de la Corte Suprema –dictado para el caso del jubilado Adolfo Badaro- a todas las personas afectadas por una recomposición insuficiente. Los jueces también habían instado al Congreso a dictar una ley en la materia, una orden que ha habían dado a mediados de 2006.
Quien cobraba $ 1000 siete años atrás, recibe ahora $ 1517. Suponiendo que en 2001 consumía bienes y servicios por los $ 1000, el valor actual de esos consumos es de $ 2376. Así, el haber equivale ahora al 64 % del precio de los productos que antes era posible adquirir con la jubilación.
Como es complejo conocer el número de pasivos que podrían estar alcanzados por el fallo dictado el viernes, el juez dispuso que la ANSES, junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación, que presentó la demanda, resuelva por la vía administrativa caso por caso. El defensor del pueblo, Eduardo Mondino, sostuvo anteayer que irá a la ANSES mañana para intentar consensuar un mecanismo que permita cumplir lo dispuesto, pero desde el organismo de la seguridad social insistieron en que la sentencia será apelada. Y así sus efectos quedarán suspendidos.
(La Nación, 23-6-08)