Según Joaquín Morales Solá:
Parte importante, por lo menos, del peronismo cordobés cree que Néstor Kirchner ha dado instrucciones secretas para desestabilizar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, hasta lograr la intervención de la provincia.
Schiaretti y el líder del peronismo cordobés, José Manuel de la Sota, estuvieron ayer en la inauguración de la exposición rural de Palermo. Es probable, por eso, que Scharetti no pueda verlo en los próximos días al jefe de Gabinete, Sergio Massa.
Es extraño que Massa se prepare para reunirse hasta con Mauricio Macri, que le impuso condiciones públicas para verlo, y no le haya concedido todavía una audiencia reclamada públicamente por el gobernador de Córdoba. Los gremios que enloquecieron de violencia a la capital cordobesa en la semana última son, casi todos, de matriz kircherista.
El gobernador debió hacer un recorte temporario de las jubilaciones de más de 5000 pesos (corresponden a jubilaciones de jueces, legisladores o funcionarios en su mayor medida), pero recibió una ola de violentas protestas por parte de supuestos grupos de izquierda. El gobierno nacional le debe a la provincia más de 1500 millones de pesos para el sistema jubilatorio, según la deuda consolidada por la Anses. El gobierno provincial estima que le deben 1000 millones más. No le debemos nada a Córdoba, remarcaron fuentes del gobierno nacional. El conflicto cobra otra dimensión.
La venganza no se detiene ahí. El ministro de Planificación, Julio De Vido, frenó en seco la construcción de la autopista Rosario-Córdoba y detuvo cualquier preparativo para la construcción de la autopista que uniría Córdoba y Río Cuarto, la segunda ciudad de la provincia, anunciada en su momento por Néstor Kirchner con una espectacular escenografía.
(Extractado de: La Nación, 3-8-08)
Según Orlando Andrada:
“Todos los detenidos son de Córdoba”. Así de terminante fue ayer ante La Nación el fiscal de instrucción José Mana, a cargo de la causa contra una decena de personas arrestadas durante la violenta protesta sindical del miércoles pasado en rechazo a la ley que dispone recortes jubilatorios.
Con la definición de Mana, se descarta la intervención de agitadores foráneos que desde el gobierno de Juan Scharetti se atribuyó al kirchnerismo y a seguidores del piquetero Luis D’Elía.
La supuesta participación de “infiltrados” había sido denunciada por el ministro de Gobierno, Carlos Caserio; el jefe del bloque oficialista de legisladores, Daniel Passerini, y el legislador y vocero del ex gobernador José Manuel de la Sota, Marcelo Falo.
Schiaretti, y su jefe de Policía, Alejo Paredes, aclararon que no había pruebas sobre la acción de activistas ajenos a Córdoba. No obstante, Paredes dijo que quedó documentado con filmaciones la actuación de “verdaderos profesionales” en provocar hechos de violencia.
Schiaretti hizo un enfático reclamo a la Justicia para que procese a quienes protagonizaron los disturbios en los que se destruyeron varios comercios, tres automotores y numerosos bienes públicos, principalmente en la plaza San Martín, escenario de una batalla campal, donde fue sustraída la bandera del mastil principal. La provincia se comprometió a pagar $ 120.000 por daños a privados y más de $ 500.000 en la infraestructura pública.
Mana dijo a La lNación que hasta ayer quedaban seis detenidos por daños y lesiones, tras la liberación de cuatro que no tenían antecedentes.
Agregó que los presos tienen antecedentes penales, pero que no se determinó el sector gremial o político al que pertenecen. Serán indagados como imputados en los próximos días.
Según indicó el fiscal, dos personas de apellido Arguello y Aguirre, con antecedentes penales, fueron detenidos por volcar un automóvil Gol frente a la plaza San Martín. Otros dos, de apellidos Ponce y Gelfi, están presos por lesiones y portaban bulones, tornillos y morteros. Un hombre de apellido Gordillo fue apresado por arrojar objetos a los policías, y otro de apellido Layet tenía pedido de captura por haberse fugado de Tribunales II.
El fiscal reveló quefueron capturadas cuatro o cinco personas que aprovecharon la revuelta para robar.
(Extraído de: La Nación, 3-8-08)
Parte importante, por lo menos, del peronismo cordobés cree que Néstor Kirchner ha dado instrucciones secretas para desestabilizar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, hasta lograr la intervención de la provincia.
Schiaretti y el líder del peronismo cordobés, José Manuel de la Sota, estuvieron ayer en la inauguración de la exposición rural de Palermo. Es probable, por eso, que Scharetti no pueda verlo en los próximos días al jefe de Gabinete, Sergio Massa.
Es extraño que Massa se prepare para reunirse hasta con Mauricio Macri, que le impuso condiciones públicas para verlo, y no le haya concedido todavía una audiencia reclamada públicamente por el gobernador de Córdoba. Los gremios que enloquecieron de violencia a la capital cordobesa en la semana última son, casi todos, de matriz kircherista.
El gobernador debió hacer un recorte temporario de las jubilaciones de más de 5000 pesos (corresponden a jubilaciones de jueces, legisladores o funcionarios en su mayor medida), pero recibió una ola de violentas protestas por parte de supuestos grupos de izquierda. El gobierno nacional le debe a la provincia más de 1500 millones de pesos para el sistema jubilatorio, según la deuda consolidada por la Anses. El gobierno provincial estima que le deben 1000 millones más. No le debemos nada a Córdoba, remarcaron fuentes del gobierno nacional. El conflicto cobra otra dimensión.
La venganza no se detiene ahí. El ministro de Planificación, Julio De Vido, frenó en seco la construcción de la autopista Rosario-Córdoba y detuvo cualquier preparativo para la construcción de la autopista que uniría Córdoba y Río Cuarto, la segunda ciudad de la provincia, anunciada en su momento por Néstor Kirchner con una espectacular escenografía.
(Extractado de: La Nación, 3-8-08)
Según Orlando Andrada:
“Todos los detenidos son de Córdoba”. Así de terminante fue ayer ante La Nación el fiscal de instrucción José Mana, a cargo de la causa contra una decena de personas arrestadas durante la violenta protesta sindical del miércoles pasado en rechazo a la ley que dispone recortes jubilatorios.
Con la definición de Mana, se descarta la intervención de agitadores foráneos que desde el gobierno de Juan Scharetti se atribuyó al kirchnerismo y a seguidores del piquetero Luis D’Elía.
La supuesta participación de “infiltrados” había sido denunciada por el ministro de Gobierno, Carlos Caserio; el jefe del bloque oficialista de legisladores, Daniel Passerini, y el legislador y vocero del ex gobernador José Manuel de la Sota, Marcelo Falo.
Schiaretti, y su jefe de Policía, Alejo Paredes, aclararon que no había pruebas sobre la acción de activistas ajenos a Córdoba. No obstante, Paredes dijo que quedó documentado con filmaciones la actuación de “verdaderos profesionales” en provocar hechos de violencia.
Schiaretti hizo un enfático reclamo a la Justicia para que procese a quienes protagonizaron los disturbios en los que se destruyeron varios comercios, tres automotores y numerosos bienes públicos, principalmente en la plaza San Martín, escenario de una batalla campal, donde fue sustraída la bandera del mastil principal. La provincia se comprometió a pagar $ 120.000 por daños a privados y más de $ 500.000 en la infraestructura pública.
Mana dijo a La lNación que hasta ayer quedaban seis detenidos por daños y lesiones, tras la liberación de cuatro que no tenían antecedentes.
Agregó que los presos tienen antecedentes penales, pero que no se determinó el sector gremial o político al que pertenecen. Serán indagados como imputados en los próximos días.
Según indicó el fiscal, dos personas de apellido Arguello y Aguirre, con antecedentes penales, fueron detenidos por volcar un automóvil Gol frente a la plaza San Martín. Otros dos, de apellidos Ponce y Gelfi, están presos por lesiones y portaban bulones, tornillos y morteros. Un hombre de apellido Gordillo fue apresado por arrojar objetos a los policías, y otro de apellido Layet tenía pedido de captura por haberse fugado de Tribunales II.
El fiscal reveló quefueron capturadas cuatro o cinco personas que aprovecharon la revuelta para robar.
(Extraído de: La Nación, 3-8-08)