La lucha contra la corrupción: tras las limitaciones al fiscal Garrido
Admiten que no hay avances en las causas contra funcionarios
Por Paz Rodríguez Niell
LA NACION, 9-11-08
La oposición dice que los jueces federales porteños le garantizan la impunidad al kirchnerismo; el oficialismo, que la Justicia nunca se caracterizó por investigar con firmeza al gobierno de turno. No discuten el diagnóstico: si algo caracteriza a las causas por corrupción que involucran al poder político central es la lentitud con la que se tramitan.
La reciente limitación de las facultades de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, creada por ley para perseguir los delitos de la gestión pública nacional, reabre el debate: ¿por qué la mayoría de las causas por corrupción no avanzan?
"Los jueces federales porteños cristalizaron en el país la impunidad de los funcionarios. Y esto tiene que ver con la influencia del oficialismo en la nueva composición del Consejo de la Magistratura", dijo el senador radical Ernesto Sanz durante una de las últimas reuniones plenarias del Consejo. En el mismo sentido, el otro consejero de la oposición, el radical Oscar Aguad, sostuvo que es "evidente" que no se investiga al kirchnerismo.
"Revisemos la historia argentina y veamos cuándo los jueces se pararon controversialmente con el poder instituido. ¡Nunca, no es en este gobierno; nunca!", les respondió la diputada kirchnerista Diana Conti.
No hay estadísticas oficiales que permitan conocer la evolución de causas contra funcionarios y ex funcionarios, pero la manipulación de los índices del Indec, la toma de la comisaría de La Boca por Luis D´Elía, los presuntos sobornos de Skanska, los manejos de Romina Picolotti en la Secretaría de Ambiente y las cuestionadas licitaciones del ministro de Planificación, Julio De Vido, son algunos casos paradigmáticos: todos tienen más de un año -en varios casos, mucho más- y sólo están dando sus primeros pasos.
LA NACION consultó sobre las demoras a cinco de los jueces federales porteños, que dijeron que las causas contra funcionarios suelen ser complejas, que las leyes son obsoletas, que dependen del Poder Ejecutivo para que se ejecuten sus órdenes y que en ningún país se procesa a un funcionario en seis meses.
"Nuestra misión no es echar a un ministro, es investigarlo y condenarlo si se prueba un delito", dijo a LA NACION el juez Rodolfo Canicoba Corral. El procesó al ex secretario de Agricultura Miguel Campos por el supuesto reparto irregular de la cuota Hilton, pero su resolución fue revocada por la Cámara. Canicoba es, además, el juez del caso Indec. "Los tiempos de la Justicia no tienen por qué coincidir con los tiempos de la política ni de los medios", afirma.
Según Canicoba, "la realidad muestra que es difícil investigar a un funcionario en un alto cargo y lo reconocieron los propios legisladores en la ley de prescripción". Esa norma lo fija un plazo al Estado para perseguir los delitos, que se suspende mientras los acusados sigan siendo funcionarios. Supone que desde el Gobierno les será más fácil ocultar sus crímenes.
Los jueces federales alegan también que existe una excesiva "judicialización" de la política. "Pretenden que resolvamos lo que no resuelven los demás estamentos del gobierno y la sociedad", dijo uno de ellos. Otro afirmó: "Los políticos no están dando el verdadero debate. No existe una política criminal y las herramientas con las que contamos son una basura".
La única funcionaria de primera línea que está procesada por la justicia federal porteña es la ex ministra de Economía Felisa Miceli, que dejó su cargo por el escándalo de la bolsa con dinero encontrada en el baño de su despacho. El ex titular de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa también fue procesado, pero por un juez en lo penal tributario, Javier López Biscayart, que investiga parte de la causa Skanska. El expediente paralelo, en trámite en el juzgado de Norberto Oyarbide, va más lento.
Una de las causas más demoradas contra un ex funcionario kirchnerista es la de D´Elía por la toma de la comisaría 24a, en 2004. Sergio Torres, sexto juez de la causa, la investiga desde 2006. D´Elía nunca fue citado como acusado. Tampoco lo fue el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, imputado en la causa del Indec. Garrido y Carlos Stornelli, ex fiscal y actual ministro de Seguridad bonaerense, pidieron su indagatoria. Según Canicoba, no hay pruebas suficientes.
Otras dos causas de años son las que se tramitan en el juzgado 8 contra De Vido, que nunca fue citado. Una investiga la licitación del gasoducto del noroeste, obra que no se concretó; la otra, supuestos sobreprecios en la compra de locomotoras. A principios de 2007, antes de renunciar, Jorge Urso había cerrado ambos casos, pero la Cámara los reabrió. Por el momento, no se citó a ningún funcionario.
La justicia federal porteña está en plena renovación: cuatro de sus doce juzgados están vacantes. Los nuevos jueces que se designen heredarán causas de alta sensibilidad política.
Al momento de seleccionar a estos futuros magistrados, el kirchnerismo tendrá una influencia clave, una suerte de derecho de veto: no se puede aprobar ninguna terna de candidatos sin el voto de por lo menos un oficialista.