LA SITUACION EN MEXICO Y EL IMPACTO
DEL NARCOTERRORISMO EN EL CONTINENTE AMERICANO
Buenos Aires - Argentina - 15 de Abril de 2009
(Transcripción parcial)
PROEMIO
El presente ensayo pretende ajustarse -con estricto rigor académico- a la situación actual de los “cárteles” mexicanos, como centro de irradiación del narcoterrorismo y otras formas de crimen organizado en gran parte del continente americano, incluyendo a los Estados Unidos de América. Incluye asimismo, la “corresponsabilidad” estadounidense en el incremento de la violencia en México, ya públicamente asumida por la Secretario de Estado Hillary Clinton durante la reciente visita realizada a este país.
Este trabajo está especialmente dedicado a colegas analistas, periodistas dedicados al estudio de actividades criminales vinculadas al narcotráfico -use este o no la táctica terrorista-; a estudiantes universitarios y de post-grado, y a personal de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales.
El alto grado de violencia narcoterrorista que se observa actualmente en México y se irradia peligrosamente hacia el exterior, es solamente la faceta más visible y dramática del desafío planteado a la seguridad de todo el continente. Los a veces mal llamados “cárteles” en este país y las organizaciones vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, han logrado enraizarse profundamente en todas las instituciones del Estado y de la misma sociedad mexicana en general, merced al alto grado de corrupción imperante, y que el presidente Felipe Calderón trata denodadamente de combatir.
La extrema violencia desatada en México tiene carácter multipartito y multidimensional, y las miles de personas que han perdido la vida solamente en el período del año 2008 y lo que ha transcurrido de 2009, constituyen el saldo luctuoso de la guerra que se desarrolla entre los “cárteles” del narcotráfico y entre estos y la Administración Calderón. Se suma a ello una importante cantidad de víctimas de otras actividades criminales, como el secuestro extorsivo seguido de muerte. También, aquellas que perdieron la vida solamente por encontrarse en medio de enfrentamientos callejeros entre bandas, asaltos a mano armada e intercambio de disparos entre delincuentes y fuerzas del orden.
Los casos contemplados en el estudio y los países que este abarca, tienen como objeto identificar y analizar las actividades delictivas de las organizaciones narcoterroristas mexicanas, en la casi totalidad de países del continente. Asimismo, haciendo hincapié, país por país, en los diversos factores, como la corrupción, que facilitan el desarrollo de las actividades del narcotráfico.
Finalmente, se aborda el “modelo argentino”, representado por un país que desde hace décadas ha logrado constituir una red criminosa autóctona, interrelacionada con funcionarios y servidores públicos corruptos pertenecientes a los tres poderes del Estado.
Por razones metodológicas, debe insistirse en que el presente ensayo está circunscripto exclusivamente a la narcocriminalidad mexicana y a su relación con los actores estatales y no estatales que se mencionan a continuación, haciendo coincidir su publicación con las vísperas de la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Trinidad-Tobago el próximo viernes 17 de abril de 2009.
EL NARCOTERRORISMO EN MEXICO
México es en la actualidad el país que registra el mayor tránsito de drogas ilícitas que ingresan a los EE.UU. Actualmente, el 90 por ciento de la cocaína que se consume internamente en el mercado estadounidense transita por corredores mexicanos . EE.UU. considera también oficialmente que México es una fuente mayor de suministro de heroína, metanfetamina y marihuana, como también un punto primario de colocación de dinero para el lavado de la recaudación criminal derivada de narcóticos.
El lector encontrará a lo largo de todo este escrito la palabra “narcoterrorismo”, asociada a las actividades de las organizaciones criminales mexicanas dedicadas al tráfico de alcaloides.
Dicha designación requiere una explicación, no sólo en razón de las múltiples definiciones que proponen académicos y especialistas, sino también por las diferencias y falta de consenso existente entre estos, sobre las características que debería tener un cártel del narcotráfico para ser considerado como tal.
El concepto de “narcoterrorismo” se remonta a los tiempos del presidente peruano Fernando Belaúnde Terry, quien en 1983 utilizó dicho término para denunciar las violentas acciones de los traficantes que operaban en el país. A la cabeza del narcoterrorismo peruano se encontraba con un enorme poder para desafiar al Estado, la hoy disminuida pero todavía peligrosa “Sendero Luminoso”, una organización maoísta que experimentó un proceso de convergencia con el narcotráfico y otras formas de crimen organizado.
Algo similar sucedió con formaciones políticas en otras regiones de América Latina, como las ultraizquierdistas “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (FARC) y “Ejército de Liberación Nacional” (ELN), y las fuerzas paramilitares anticomunistas conocidas como “Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC). La búsqueda desesperada de nuevas y/o mayores fuentes de ingreso para financiar sus actividades, hizo que se cometiera la brutal desviación que significa desnaturalizar la lucha por el logro de un objetivo político, para sumarse a una actividad criminal como el narcotráfico con el supuesto objeto de financiar sus actividades “revolucionaria”.
El proceso de convergencia entre organizaciones políticas que utilizan tácticas terroristas y el crimen organizado, fue desarrollándose desde una simple asociación hasta un punto en que debido a las mutaciones sufridas resulta imposible distinguir entre unos y otros.
En los casos arriba mencionados, todas ellas tuvieron algún tipo de ideal y una agenda política, pero con el correr del tiempo fueron incorporando tácticas terroristas, hasta hacer de ellas una metodología de uso común, sin otra lógica que la del lucro, como puede observarse todavía tanto en Perú como en Colombia. Fueron así adquiriendo el carácter de mafias, caracterizadas por la lógica del poder, cimentado a través de la corrupción, la intimidación a funcionarios honestos y los asesinatos selectivos o masivos cuando sus jefes lo consideraban necesario para modelar o consolidar su ámbito operacional.
Lo que diferencia con el narcoterrorismo mexicano, es que los “cárteles” y organizaciones de este país son exclusivamente criminales y carecen de todo ideal o plataforma política. En realidad, si hubo intentos por parte de grupos insurgentes para conquistar una cuota en el negocio del narcotráfico, esto les fue impedido por la existencia de un Estado controlador, y de gobiernos con altos funcionarios que protegían esta actividad y hacían usufructo de ella.
La definición final entonces, es que las organizaciones mexicanas que trafican drogas ilegales, pueden ser denominadas narcoterroristas, porque utilizan el crimen y el terrorismo masivo y selectivo, como tácticas predominantes dentro de su estrategia diseñada para consolidar su poder.
El camino hacia la preeminencia actual de las organizaciones narcoterroristas mexicanas sobre los remanentes de los antiguos cárteles colombianos, comenzó a desarrollarse gradualmente cuando estos últimos comenzaron a pagar con cocaína el respaldo que las primeras prestaban a sus operaciones. Ya a fines de la década de 1980 y comienzos de la siguiente, la ofensiva de los gobiernos colombianos contra los grandes cárteles de Medellín y Cali comenzó a debilitar a los traficantes de alcaloides en su conjunto. A esto se sumaron luego las contundentes victorias alcanzadas contra las organizaciones narcoterroristas encabezadas por las FARC, el ELN y la AUC, a partir de la llegada al gobierno de Colombia del presidente Alvaro Uribe.
El autor de este ensayo ha abordado sintéticamente en diversos escritos y reportajes anteriores el origen, desarrollo y perfil de los principales “cárteles” del narcotráfico mexicano, sus tácticas
operacionales, su dinámica y la cambiante situación que se origina tanto por la guerra que se desarrolla entre dichas organizaciones criminales, como por la dura ofensiva militar lanzada en su contra por el Gobierno de Felipe Calderón.
Durante 2007 hubo en México 2.700 muertes relacionadas con la violencia causada por el narcotráfico, mientras que se registraron más de 5.000 en 2008; tales cifras indican que el porcentaje se ha incrementado apenas debajo del 50 por ciento en el período de un año calendario.
Lo más sobresaliente a destacar, al menos durante los últimos tiempos, es el altísimo nivel de violencia y brutalidad, que han causado dichos miles de muertos, muchos de los cuales han aparecido descuartizados, decapitados y con signos de haber surgido horribles torturas.
Hasta la existencia de un siniestro personaje conocido como “el pozolero” -por su macabra “profesión” de disolver cadáveres de víctimas de los “cárteles” en ácido en su propio establecimiento, e incluso “a domicilio”-, parece más un producto de filmes de terror que alguien surgido de la realidad en el marco del drama mexicano.
El origen de la violencia narcoterrorista en el país
La guerra entre “cárteles” en México no es de tiempos recientes, aunque sí la extrema violencia que han adquirido sus combates, como parte de un diseño táctico creado para aterrorizar a la competencia y a las fuerzas del orden. También, a la ciudadanía indefensa que no cuenta con los medios para protegerse o emigrar a otros países, mientras su patria continúe dominada por el imperio del crimen y no por el del derecho y la justicia.
Podrían señalarse dos causas primarias y paralelas de la violencia extrema suscitada durante los últimos años en México:
Primero, el sideral beneficio que arroja el narcotráfico, a partir de la primacía de los criminales mexicanos sobre los de Colombia, y el valor geográfico de las regiones y ciudades más
próximas a la frontera terrestre entre México y EE.UU., principal consumidor mundial de drogas ilegales.
Segundo, el resquebrajamiento del poder político y la protección que este prestó al narcotráfico, durante las décadas en que México estuvo dominado casi tiránicamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de triste memoria. A la caída del PRI siguieron las iniciativas contra el narcotráfico del ex presidente Vicente Fox, acentuadas más decididamente por el primer magistrado actual, Felipe Calderón.
En una entrevista publicada por Foreign Policy en castellano, el historiador y escritor mexicano Enrique Krauze advierte sobre el peligro inminente de que su país se convierta en un narcoestado. Contestando una pregunta de su entrevistador sobre el brote de violencia causado por el narcotráfico mexicano, Krauze manifiesta: “En México no solía haber este tipo de problemas porque teníamos un sistema político centralizado. Antes el presidente era el rey de facto. Podía ser corrupto o no, pero existía un poder central que afrontaba los aspectos más oscuros de la vida mexicana. Una de las desventajas paradójicas de nuestra nueva democracia [es que ha descentralizado] el poder de los narcotraficantes” .
Sinceramente, muchos de esos “reyes de facto”a los que alude Krauze, pactaron y/o se asociaron al gran negocio de la droga junto a “príncipes” y “barones” de su propio partido y los sucesivos gobiernos del PRI; al punto que era difícil distinguir claramente los límites entre quienes eran corruptos u honestos, o los que por temor miraban hacia otro lado.
Más allá de las causas primarias señaladas, la trágica espiral de violencia en México
-relacionada con todo el espectro de negocios relacionados con el narcotráfico, incluyendo la clarificación de dinero ilegal-, está expandiéndose inexorablemente a otros países, en los que ya se registran enfrentamientos entre bandas.
La dinámica situación actual de los “cárteles” y organizaciones narcoterroristas
Ninguna de las principales organizaciones instaladas en el “mapa” del narcotráfico mexicano controla ni los precios ni los niveles de producción; conditio sine qua non para su reconocimiento como “cárteles”, según los criterios académicos más serios utilizados a nivel internacional. Este tipo de disquisiciones no alteran para nada la peligrosidad de los narcoterroristas bajo estudio. Se trata solamente del intento de abordar ciertos temas y términos utilizando un léxico apropiado, que ayude de alguna manera a disipar no pocas confusiones reinantes en los medios masivos de comunicación.
Los documentos de algunas instituciones internacionales en general y de numerosos países en particular, contribuyen a confundir a investigadores y analistas de medios masivos de comunicación y, a través de ellos, a quienes se interesen en el estudio de amenazas como el narcoterrorismo. A veces se califican de cárteles a organizaciones que no reúnen los requisitos mínimos para serlo, y otras tantas se inventan nombres simplemente porque un grupo de delincuentes relacionados con el narcotráfico proceden de un mismo pueblo.
Afirmar hoy que los grandes “cárteles” en México se llaman “del Golfo” o “de Sinaloa”, o si sus brazos armados tienen o no tal o cual nombre, como lo fueron “Los Zetas ” o la “Organización
Beltrán Leyva”, podría resultar irrelevante cuando este trabajo sea publicado, dados el vértigo y la dinámica de su cambiante situación y la del ajedrez fatal del desquicio en México. Vale
recordar -a título anecdótico- un comentario que este autor hizo hace meses en un conocido programa de televisión, al afirmar que no había un “cártel” en Sinaloa sino una federación de ellos. Era así al salir el reportaje al aire, pero en pocos días se produjo una severa fractura, la federación dejó de ser tal y sus antiguos elementos comenzaron a matarse entre ellos por el
control del negocio. Asimismo, “Los Zetas” rompieron su relación con el llamado “Cártel del Golfo”, del que fueron sus sicarios, para establecerse por su propia cuenta, redirigiendo parte de su letal poder de fuego hacia quienes hasta hace poco tiempo habían sido sus patrones.
La misma fuerza narcoterrorista conocida como “Los Zetas”, ha dejado de tener la extraordinaria experiencia y especialización de sus primeros comandantes -muchos de los cuales fueron miembros del Ejército de México entrenados en momento como fuerzas especiales en los EE.UU.-, para dar lugar a nuevos sujetos, animados por una desenfrenada avidez de riqueza y de poder. Si algún día se elaborara un perfil psicológico criminal de esta nueva generación de jóvenes narcotraficantes mexicanos sumamente violentos -integrada frecuentemente por hijos o familiares jóvenes de capos muertos o detenidos-, podría tal vez elaborarse un modelo explicativo de su conducta e identificar las causas de la naturaleza macabra y desenfrenada de la violencia con que actualmente desarrollan sus acciones.
El baño cotidiano de sangre en México no tiene su origen exclusivamente en enfrentamientos que se libran para conquistar nuevos territorios o porciones del negocio. Las diferentes “familias” criminales acostumbran vengar a sus propios muertos y las estadísticas indican que el 90 por ciento de las personas asesinadas en el país, son la consecuencia de la guerra desatada entre organizaciones y bandas rivales y no por las acciones de las fuerzas del orden. Esta espiral de violencia es un continuo que no permite avizorar un punto final; al menos por el momento y probablemente por mucho tiempo.
En definitiva, nada ni nadie estará a salvo de la arremetida narcoterrorista mexicana, dentro o fuera de su territorio nacional, mientras sus organizaciones guerreen para conquistar cuál casilleros en un ajedrez mortal aquellas regiones y ciudades más cercanas a la frontera de los EE.UU., el más apetecible de sus mercados. Y también las autopistas, caminos y los pasos internacionales, principales y secundarios, que conducen a los vecinos estados de Arizona, California, Nueva México y Texas. No en vano los mayores enfrentamientos se han registrado en Tijuana, Nuevo Laredo y Ciudad Juárez, muy cercanos a las fronteras del norte, pero también a las grandes autopistas, transformadas en verdaderos “corredores” por donde se transporta la droga hacia los EE.UU.
En dichas vías de comunicación transita el importante intercambio comercial terrestre con sistemas de fletes contenerizados, entre México y EE.UU., utilizados frecuentemente para el contrabando de droga. No constituye esto un dato menor, por los inconvenientes que acarrearía la adopción de mayores medidas de seguridad y controles por parte de los gobiernos estadounidense y mexicano. Cualquier decisión equivocada podría disminuir el flujo de camiones y con ello afectar sensiblemente la economía de ambos países. De allí a la creación de mayores condiciones para violentas protestas sociales alentadas por las mismas organizaciones del narcotráfico, existe una delgada línea que podría romperse en cualquier momento, como sucedió hace poco en pequeña escala en algunos lugares de México.
El botín del narcotráfico con centro en México arrojaría al conjunto de organizaciones un ingreso anual aproximado a los 40.000 millones (40 billones) de dólares estadounidenses. Gran parte de la recaudación criminal es clarificada con el objeto de montar negocios legales en el país y el exterior, como también para alimentar la corrupción.
Las siderales sumas que arroja como beneficio el narcotráfico, permite a esas organizaciones narcoterroristas adquirir el poder de fuego y el entrenamiento con que cuentan actualmente, que a veces parece superar en magnitud al de las fuerzas del orden en varias partes del país.
Aunque México se enfrente a una precaria situación de seguridad, no existe peligro de que se convierta en un estado fallido y puedan correr riesgos la continuidad histórica del Estado y las instituciones políticas del país. En este sentido y contrariando la opinión de algunos analistas, cabe coincidir con una declaración del presidente Felipe Calderón: "Decir que México es un estado fallido es absolutamente falso", agregando: "No he perdido ninguna parte, ni una sola parte, del territorio mexicano" .
En definitiva, del éxito o la derrota del fracaso en la lucha contra el narcoterrorismo mexicano, dependerá una mayor expansión de este flagelo en todo el continente americano en general y en la Argentina en particular, donde también han hecho pie, comprobadamente, algunos grupos y sujetos criminales procedentes de México, asociados a las redes de delincuentes locales.
FINALMENTE, ARGENTINA, LA CORRUPCION Y LA “CONEXION” MEXICANA
SITUACION DEL PAIS FRENTE AL NARCOTRAFICO Y DELITOS RELACIONADOS
La Argentina es desde hace mucho tiempo un país de tránsito -predominantemente hacia Europa- para la cocaína que se produce en Bolivia, Perú y Colombia. También y de manera notable para la heroína de origen colombiano cuyo mercado final es EE.UU. Los narcóticos ingresan a territorio argentino desde Bolivia, primariamente, pero también desde Paraguay y
Brasil. La mayor parte de la cocaína y la marihuana ingresa desde Bolivia aprovechando las ventajas que da un terreno escarpado y el deficiente control a lo largo de la frontera. En el caso de Paraguay, lo más usual es realizar el contrabando utilizando barcazas que tocan tierra en la margen ribereña argentina, cercana a los puntos de embarque situados en las costas del país vecino.
Según informes altamente especializados de agencias de lucha contra el narcotráfico de EE.UU., gran parte de los cargamentos de narcóticos transbordados hacia Europa desde la Argentina, se
canalizan aprovechando el sistema de puertos del país y generalmente se encuentran ocultos en contenedores.
La heroína de Colombia y parte de la cocaína boliviana y peruana para consumo local y su transbordo a terceros países, llega a la Argentina por vía aérea, aprovechando el escaso control existente debido a la falta de una adecuada radarización. También, por la gran cantidad de pistas de aterrizaje clandestinas (y a veces no tanto), protegidas por organizaciones de narcotraficantes que no podrían realizar sus actividades si no contaran con el respaldo de funcionarios corruptos en numerosas provincias.
La Argentina fue históricamente una casi inagotable fuente de provisión de casi todos los precursores químicos necesarios para la fabricación de diferentes drogas ilegales, gracias a la avanzada industria química de nuestro país.
Pero además, a la condición de país de tránsito y de fabricación y desvío de precursores, debe sumarse desde tiempo atrás la existencia en territorio nacional de pequeños laboratorios, para convertir en clorhidrato de cocaína la llamada “pasta base” elaborada a partir de la planta de coca.
Como si todo ello no fuera suficiente, también se detectaron y decomisaron pequeños laboratorios para la fabricación de drogas sintéticas destinadas al consumo local y al contrabando hacia otros países.
La Argentina se ha convertido durante los últimos años en un país de consumo de todo tipo de narcóticos y substancias estimulantes como las metanfetaminas, el “Extasis” y el devastador “Paco”, llegando a índices que se suponían impensables una década atrás.
Entre los logros a mencionar de las fuerzas de seguridad y policiales de la Argentina se encuentra la localización y secuestro de pequeños laboratorios para tratar y convertir la “pasta base” de coca en clorhidrato de cocaína del 98% o más de pureza. No obstante, el número de unidades neutralizadas de ese tipo demuestra por sí solo el incremento de la actividad tendiente a procesar esa droga a escala local.
El Informe de la UNODC varias veces citado indica que la cocaína procedente de la Argentina secuestrada en Europa en 2006 era del 3 por ciento, mientras que en 2007 decreció al 2 por ciento . Como en alguno de los casos citados, deberán esperarse los informes correspondientes a 2008, para ratificar o no la tendencia hacia la baja.
EL “MODELO ARGENTINO” DE LA CORRUPCION Y EL NARCOTRAFICO
Desde las primeras décadas del siglo pasado, la Argentina comenzó a sufrir lenta pero inexorablemente la construcción de un tejido criminoso, que iría contaminando las principales estructuras del poder político del país a lo largo de todo el territorio nacional.
La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, fue así testigo de cómo muchos de sus más poderosos intendentes -por lo general caudillos de los principales partidos políticos-, eran los beneficiarios del dividendo de delitos como la trata de blancas y el juego clandestino. Desde luego esos intendentes, fieles a la estructura piramidal del poder, elevaban a las instancias superiores, es decir a los gobernadores, la parte más importante de las ganancias obtenidas. El
reparto incluía también, paralelamente- a una importante nómina de partícipes necesarios, con el objeto de que el tejido criminal no pudiera cuestionarse, ni mucho menos perforarse y puesto en peligro por ninguna mafia interna y/o exterior. Así, participaban de esta gigantesca asociación ilícita miembros de la legislatura provincial y municipal, policías, jueces y funcionarios de la administración pública.
Las otras provincias del país, no diferían demasiado del modelo provincial bonaerense, paralelo al de la ciudad de Buenos Aires.
La especial situación argentina carecía de las características de organizaciones mafiosas como la italiana, que contaban con una estructura piramidal casi permanente, con un “capo” acompañado o no de un concejo, del código de silencio conocido como “omertá”. La “mafia” argentina -por el contrario-, estaba constituida mayoritariamente por “servidores públicos” de todos los poderes del Estado Nacional y de los provinciales. Una vez culminado su período en el gobierno de turno o sus destinos en los otros poderes, o en altos cargos policiales, por ejemplo, transmitían el control de los ingresos y el manejo de sus arcas (hoy llamadas “cajas”) a sus sucesores en los cargos.
Resulta oportuno remitirse aquí nuevamente al “modelo de Tomas Schelling” sobre el crimen organizado, ya descripto, pero incluyendo el agregado propuesto en este trabajo sobre los otros partícipes necesarios para tal descomunal montaje de la corrupción en los EE.UU.
Si se suman a los tradicionales dividendos por la trata de blancas y el juego clandestino los nuevos delitos incorporados a lo largo de las últimas décadas, como los tráficos de alcaloides, de armas, de personas, de venta de órganos para transplantes y de negocios de un Estado azotado por la corrupción, sin que casi nadie termine encausado y condenado, esto permite argüir una vez más que la Argentina está sometida a una mafia autóctona de características realmente tenebrosas. Mafia que no ha podido ser penetrada y ni siquiera combatida hasta ahora ni por las más grandes mafias internacionales, como la italiana, a pesar de la importante colectividad de ese origen, que conjuntamente con la española constituyen las dos principales simientes de la nacionalidad argentina.
El grado de corrupción que permite el desarrollo de todo tipo de negocios ilegales, ha llegado al punto de facilitar que las organizaciones criminales colombianas y mexicanas, hayan incluso realizado en territorio argentino (nadie puede asegurar que eso no continúe) el control de calidad
final de la pureza de sus productos. También, debe reiterarse, importando desde el exterior substancias como la efedrina, para transbordarlas luego ilegalmente con un altísimo margen de ganancia hacia países como México, o bien utilizarlas para fabricar estimulantes con destino al mercado doméstico.
Todo ello, al amparo de un sistema legal absolutamente laxo, y de algunas autoridades que en algunos casos parecen alentar -desde la corrupción imperante de la cual forman parte-, que la Argentina pueda replicar modelos como aquellos en que la violencia entre narcotraficantes está a la orden del día.
La organización que operaba el negocio de la efedrina, importada de países productores desde la Argentina para luego ser reembarcada a México, utilizaba una impresionante red de laboratorios y farmacias habilitadas, complementada por sociedades comerciales previamente adquiridas o creadas ad hoc.
El negocio de la substancia en el cual hay necesariamente organizaciones criminales mexicanas involucradas en algunos de los nodos del sistema de tráfico, es solamente una pequeña “punta del iceberg” en el marco del comercio ilegal de medicamentos genuinos y falsificados; clarificación de dinero de negociados escandalosos a lo largo de muchos años; defraudación y estafas a obras sociales, y otros delitos asociados al campo de la medicina de alta complejidad.
Pero en definitiva, los jueces intervinientes en las causas que se tramitan en la Justicia argentina deberán dilucidar en las instancias actuales y las superiores que correspondan, cuáles fueron las leyes que fueron violadas y cuáles no en el caso de la efedrina y el resto de los delitos asociados que se generan en el campo de la salud pública. Estén dichas investigaciones conectadas o no con algunos de los asesinatos perpetrados en 2008, supuestamente vinculados al tráfico de efedrina. Siempre y cuando no haya que enfrentarse a alguno de los enormes fiascos a los que nos tienen acostumbrados algunos jueces en la Argentina, como el mamarracho investigativo y jurídico que ha impedido poner al descubierto la trama doméstica vinculada al Caso AMIA, para citar uno de los más graves ejemplos.
Al cuadro previamente expuesto, cabe sumar un análisis de los hechos más relevantes de los casos vinculados al tráfico de efedrina, incluyendo los asesinatos que se suponen -aunque no probadamente todavía-, estaban estrechamente relacionados a esta actividad delictiva.
LA EFEDRINA Y OTRAS SUBSTANCIAS ESTIMULANTES TIPO ANFETAMINAS
Desde enero hasta agosto de 2008 y merced a la falta de controles sobre el control de efedrina, la Argentina pasó a convertirse en un importante centro para la importación y reembarque de esta substancia a México. No era en ese entonces ilegal la importación y comercialización de la efedrina en la Argentina, sobre todo porque es una substancia que se utiliza medicinalmente,
para elaborar broncodilatadores, descongestivos nasales, etc. No era ilegal siempre y cuando las operaciones comerciales no estuvieran deliberadamente conectadas, tal cual fue descubierto, con un sistema específicamente montado para usar dicha efedrina como un precursor químico utilizado ilegalmente para fabricar estupefacientes de origen sintético.
En el caso argentino, se fabricaba y/o enviaba de contrabando la materia prima y/o las substancias estimulantes tipo anfetaminas a otros países, México por ejemplo, en los cuales su venta está estrictamente vedada.
Tal como ha sucedido con el caso de la efedrina, el gran problema que crea en la Argentina y otros países como Chile el control de la fabricación de estupefacientes y substancias psicotrópicas, es que la mayoría de estas últimas tienen usos lícitos en la industria química y
farmacéutica. La industria argentina, y en menor medida la chilena, cuentan con establecimientos de producción tecnológicamente muy avanzados; aptos no sólo para la fabricación de precursores para procesar drogas ilegales tradicionales como la cocaína y la heroína, sino también las sintéticas que se encuentran bajo investigación desde algún tiempo.
Sustancias de uso dual utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
Cuadro I Cuadro II
Ácido N-acetilantranílico
Ácido lisérgico
Efedrina
Ergometrina
Ergotamina
1-fenil-2-propanona
Isosafrol
3,4-metilendioxifenil-2-propanona
Norefedrina
Piperonal
Safrol
Pseudoefedrina
Ácido antranílico
Ácido clorhídrico*
Ácido fenilacético
Ácido sulfúrico*
Anhídrido acético
Éter etílico
Metiletilcetona
Permanganato potásico
Piperidina
Tolueno
(*) Las sales de las sustancias enumeradas, siempre que la existencia de dichas sales sea posible
EL “TRIPLE CRIMEN” Y LOS ASESINATOS DE NARCOTRAFICANTES COLOMBIANOS
El caso argentino no se habría diferenciado en demasía al ya descripto de Chile, pero ya no se trata de un probable caso de operaciones reiteradas de contrabando de narcóticos, como muchos de los mencionados en el presente trabajo. La diferencia es que el escándalo de la efedrina escándalo estalló en la Argentina por los asesinatos de los comerciantes Sebastián Forza,
Damián Ferrón y Leopoldo Bina, aparentemente vinculados al tráfico de esta substancia. Pero también -según informan las mismas fuentes judiciales y algunos medios de comunicación que se remiten a ellas-, a una red de comercialización ilegal de drogas genuinas y falsificadas de alto valor.
Además, las investigaciones judiciales realizadas hasta este momento, tanto sobre el caso de la efedrina, como del triple crimen de los tres ciudadanos argentinos mencionados, parecen sembradas de pistas falsas y operaciones de distracción de todo tipo, que incluyen testigos e informantes encubiertos, como también supuestos “agentes dobles” de organismos antinarcóticos, que nadie acredita públicamente a quiénes verdaderamente responden.
Para agravar aún más el caso, se agregó el desconcierto de algunas autoridades nacionales y provinciales, pero sobre todo su grave falta de conocimiento del fenómeno narcoterrorista mexicano. Esto quedó plasmado en la temprana y prematura acusación sobre la pertenencia de
algunos detenidos mexicanos a tal o cuál “cártel” de la droga, que en la realidad ni siquiera existía. Tampoco estaban siquiera acreditados -en ese específico momento-, ni la identidad ni la
nacionalidad de los detenidos, ya que ni siquiera el gobierno mexicano podía confirmarlo .
Un desconcierto similar había ocurrido en julio de 2008, cuando fueron asesinados dos ciudadanos de origen colombiano en el paseo de compras “Unicenter”, provincia de Buenos
Aires. El más importante de ambos era Héctor Edilson Duque Ceballos, alias “Monoteto”, uno
de los tres principales lugartenientes de la “Organización Jiménez Naranjo” -cuya estructura organizacional se encuentra disponible en el sitio web oficial del Departamento del Tesoro de
los EE.UU. . La organización estaba liderada por Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias
“Macaco”, extraditado desde Colombia a EE.UU. el 7 de mayo de 2008. El otro muerto es Jorge
Quintero Gartner, quien sobrevivió al ataque. El jefe de la banda narcoterrorista que lleva su apellido, tenía una estrecha relación con la organización paramilitar narcoterrorista colombiana AUC; asimismo, con el denominado “Cártel del Norte del Valle” que se encuentra actualmente bajo permanente acoso por parte del gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez y como consecuencia de eso con su estructura organizacional y capacidad operacional sumamente debilitadas.
Más allá de que los asesinatos en el paseo de compras “Unicenter” hayan sido o no una venganza del citado Jiménez Naranjo, o de bajas dentro de una lucha territorial entre bandas, lo cierto es que hasta el día de la fecha permanecen impunes. Nadie sabe quién o quiénes ordenaron esos crímenes, ni mucho menos quiénes los ejecutaron.
Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen en la Argentina relacionado con el tráfico de efedrina, registra un ingreso a Chile a principios de abril de 2007. Curiosamente, el 20 de ese mismo mes de abril, también viajaron por unas horas a Chile las dos víctimas colombianas del paseo de compras “Unicenter” de la provincia de Buenos Aires, Héctor Edilson Duque Ceballos, alias “Monoteto” y Jorge Quintero Gartner, que estaban acompañados el momento del ataque por el socio de ambos, de nombre Julián Jiménez Jaramillo, quien pudo sobrevivir al ataque. Aún no se ha podido comprobar fehacientemente si existía alguna conexión entre el primero y los dos últimos sujetos mencionados.
El escándalo surgido como consecuencia de los asesinatos del centro de compras y posteriormente de los tres ciudadanos argentinos, ha permitido llevar al primer plano de las noticias el hecho histórico -aunque no tan conocido-, de que la Argentina era uno de los principales fuentes de importación de aquellos precursores químicos que son imprescindibles, por ejemplo, para fabricar clorhidrato de cocaína, de heroína y de todo tipo de estimulantes en los laboratorios del narcotráfico de América Latina.
¿Por qué la guerra desatada entre bandas de narcotraficantes asociadas y/o pertenecientes a cárteles de la droga basados en países como Colombia y México, que ha culminado con
asesinatos cometidos por sicarios argentinos o del exterior? Aunque sus móviles, autores ideológicos y ejecutores permanecen todavía bajo investigación, lo más importante a señalar
-nuevamente- es que la Argentina ha incrementado su lamentable condición de territorio donde todos y cada uno de los negocios vinculados al narcotráfico, parecen desarrollarse casi sin
control por parte de las autoridades gubernamentales y gracias a los vacíos y la laxitud existente dentro del plexo legal anticriminal.
La circulación de algunos de los sospechosos por ciudades vinculadas a la llamada Triple Frontera , como en el caso del detenido Jesús Martínez Espinoza -sin que este comentario implique presunción alguna sobre su inocencia o culpabilidad en los delitos que se le imputan en los tribunales argentinos-, actualiza una vez más la atención sobre esa neurálgica región. Esta encierra todo tipo de actividades ilegales y una impresionante cantidad de organizaciones domésticas y extranjeras vinculadas al narcotráfico y otras formas de crimen organizado .
En lo que concierne a la Argentina y si bien no hay actividad enraizada del narcotráfico mexicano en el país por el momento, la captura de sospechosos de ese origen y la serie de causas judiciales que están afrontando, constituye un serio indicador de una actividad que debe ser erradicada de cuajo.
Como consecuencia de los cruentos acontecimientos conocidos y las posteriores capturas de individuos y secuestros de mercaderías, parecen haber sido momentáneamente neutralizadas algunas de las operaciones mexicanas en curso en la Argentina hasta hace pocos meses atrás.
Las principales investigaciones sobre algunos de los narcotraficantes mexicanos relacionados con el caso de la efedrina, acreditarían en principio su pertenencia a células de la organización narcoterrorista con centro en el Estado de Sinaloa, liderada por Guzmán Loera, ya citado. Asimismo, que han logrado iniciar acciones coordinadas y/o conjuntas en países vecinos y/o de la región, sobre lo cual no había demasiados registros hasta hace poco tiempo.
Algunos especialistas han comenzado incluso a sospechar que los cárteles mexicanos, como tantas otras organizaciones criminales basadas en la Triple Frontera y otras regiones vinculadas a la seguridad interior de la Argentina, puedan tener ya contactos estrechos con organizaciones terroristas de todo signo, de acuerdo a modelos de convergencia entre ellos, debidamente probados en casos similares por la realidad en el terreno.
El modelo de convergencia anteriormente mencionado entre facciones del movimiento narcoterrorista peruano “Sendero Luminoso” y sus asociados mexicanos, es un indicador claro de que este puede replicarse en países como Bolivia y los de la Triple Frontera. Asimismo, en conexión con actores extracontinentales con alcance global, los cuales constituyen un peligro para la seguridad internacional en cualquier región del mundo .
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el marco de una serie de amenazas multifacéticas y multidimencionales a escala global que se ciernen contra el continente americano, del cual forma parte la Argentina, surge cada vez con mayor intensidad en México un nuevo centro de gravedad del narcotráfico, al que se agrega el uso del terrorismo como metodología casi única y predilecta de sus principales organizaciones.
El narcoterrorismo mexicano, cuyos hilos conectan actualmente con organizaciones y grupos que operan en todo el continente y otras latitudes, vinculados al terrorismo global y regional y al crimen organizado transnacional, incluyendo a las maras y otras pandillas extremadamente peligrosas.
Muy recientemente, el Gobierno de los EE.UU., a través de su Secretario de Estado Hillary Clinton, ha asumido de manera pública la responsabilidad compartida de su país en el drama mexicano. No sólo como principal consumidor mundial de narcóticos ilegales, como la cocaína, la heroína y de substancias estimulantes tipo anfetamina, sino asimismo como el principal proveedor al narcoterrorismo mexicano de todo tipo de armas y equipamiento militar y de comunicaciones de última generación.
Tal “corresponsabilidad” pública de los EE.UU. no podría haber llegado a concretarse en una magnitud de características como las oficialmente reconocidas, si no contara con el respaldo de una inmensa como inescrutable red de corrupción, que amplía hasta límites desconocidos la magnitud observada en el pasado con mafias estadounidenses como la “Cosa Nostra”, parte del ya descripto “Modelo de Thomas Schelling”.
No se trata ya solamente de un peligro en el llamado “patio trasero” de los EE.UU., sino que ya se han diluido las fronteras existentes y organizaciones narcoterroristas mexicanas mayores, como las de Sinaloa, del Golfo y “Los Zetas”, han logrado adueñarse del negocio de la venta al por mayor y la distribución de drogas en cerca de 250 ciudades de la principal superpotencia del mundo.
El sideral volumen de dinero ilegal generado por el tráfico de drogas, de armas, de personas y de otros delitos altamente complejos asociados o no con estas actividades criminales, constituye asimismo una herramienta para corromper a los estados y debilitar a sus sociedades. La situación se agrava gracias a la carencia de una respuesta global e internacional adecuada y debidamente coordinada, que cuente además con un plexo legal -tanto mundial como propio de cada país en particular-, que permita perseguir, encausar y castigar debidamente a las organizaciones delictivas y a sus integrantes.
A la carencia de un basamento legal unificado se suma la irrupción de doctrinas penales abolicionistas, como las que parecen imponerse en numerosos países, incluyendo la Argentina, en que los ciudadanos están prisioneros dentro de sus casas enrejadas cuál cárceles, mientras la delincuencia se adueña lenta pero inexorablemente de las calles.
Tal cual ha sido descripto a lo largo del presente trabajo, el narcoterrorismo mexicano ha extendido sus operaciones desde Alaska hasta la Argentina profunda, ocupando espacios en los países mencionados como si fueran casilleros de un tablero de ajedrez. Las organizaciones delictivas mexicanas desarrollan sus actividades asociadas con otras similares como las FARC de Colombia y “Sendero Luminoso” de Perú, enlazando con otras organizaciones criminales de alta peligrosidad.
El capítulo argentino en lo que al narcoterrorismo mexicano se refiere, adquiere un perfil particular, ya que está caracterizado por la existencia de un “modelo” autóctono, de un tramado mafioso autóctono, descripto al menos en términos generales.
En su actual configuración y mientras impere la narcocriminalidad respaldada por redes siempre impenetrables de corrupción en todos los poderes y niveles del Estado -incluyendo a los siempre “beneficiados” de los gobiernos de turno-, la gran mafia criolla argentina difícilmente habrá de permitir que organizaciones criminales extranjeras operen en el país fuera del marco permitido por un sistema particular de franquicias.
Un grupo de sacerdotes del clero de la Iglesia Católica de Buenos Aires, que realizan su apostolado en “barrios de emergencia” , acaba de denunciar públicamente hace poco tiempo que estos son “zonas liberadas” para el narcotráfico, como asimismo el grave daño que se causa a los jóvenes más desprotegidos. Estos son los principales consumidores del llamado “Paco”, droga que se obtiene del residuo que queda cuando la pasta base es purificada para ser convertida en clorhidrato de cocaína, mediante procesos químicos que utilizan substancias altamente tóxicas para el cerebro.
La denuncia de dichos sacerdotes, especialmente en lo que a “zonas liberadas” se refiere, es aplicable a toda la ciudad de Buenos Aires, a las de las provincias del mismo nombre y a restantes del país.
Si bien se realizan periódicamente en el país procedimientos exitosos, que culminan con secuestros de grandes cantidades de narcóticos y la detención de criminales vinculados a esta actividad, se trata por lo general -la excepción confirma la regla- de cargamentos destinados a mercados del exterior.
No hay mayores registros de allanamiento y secuestros de drogas que se expenden fácilmente y hasta se consumen en todo tipo de lugares públicos, gracias sin duda a la protección que reciben a lo largo y a lo ancho de la inmensa red de protección que cobija a la narcocriminalidad.
El Gobierno Argentino, que mantiene en su seno posiciones contradictorias -como en el caso del contencioso histórico entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de La Nación y el SEDRONAR-, debería tener asimismo muy presente las exigencias y recomendaciones efectuadas por los principales organismos internacionales.
Las autoridades de nuestro país deberían recoger el interés del Consejo de Seguridad de la ONU, en alentar a los Estados Miembros a efectos de que estos aumenten su cooperación para reforzar la fiscalización de estupefacientes y poner así freno a la circulación de las drogas, incluso cooperando en la gestión de las fronteras, destacándose la necesidad de adoptar medidas perentorias -con el apoyo de los agentes internacionales pertinentes-, para luchar contra la clarificación de las ganancias obtenidas mediante actividades delictivas, la corrupción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sus precursores.
Sería realmente también de primordial importancia que los tres poderes del Estado comenzaran alguna vez a articular entre sí y con todo el arco político y la sociedad en su conjunto, un plan estratégico destinado a erradicar no sólo el contrabando de narcóticos, estimulantes y precursores hacia el exterior, sino también el consumo de drogas en la Argentina, a menos que se quiera convertir al país en una réplica de otros en que la narcoviolencia parece imperar sobre las fuerzas del orden.
Lamentablemente y a la luz de lo que puede observarse cotidianamente, una acción eficaz de la Argentina en la lucha contra el narcotráfico cuenta con baja probabilidad de ocurrencia; por la carencia de una estrategia nacional y de un plexo legal adecuado para abordar el desafío del narcotráfico, y también porque en este país se amplifica gracias a que los grandes “padrinos” de este tenebroso negocio están históricamente enquistados y/o amparados en y por los más altos niveles del Estado.
HORACIO CALDERON