por José Antonio Riesco
Instituto de Teoría del Estado
Está a la vista, con sus excepciones, el deterioro del sistema político aunque enmarcado con mera apariencia de legalidad en buena parte de América Latina; bien se ha dicho que “parece haber acuerdo generalizado entre los analistas políticos latinoamericanos acerca de la ausencia de dicho prerrequisito en la mayor parte de la región”. (cf. Peruzzotti-Smulovitz, p. 27) O sea que en forma total o parcial las repúblicas, en esta parte del globo, existen y funcionan casi como regímenes “de facto”. Inclusive por que su origen electivo se degrada permanentemente por el vicio del clientelismo.
La Argentina tiene experiencia en gobiernos de hecho (militares), y de derecho a medias. De los primeros la historia ya puso en claro que nuestros dictadores son ineptos en todo sentido, llegan para limpiar la sociedad y cuando se van la dejan peor que antes y encima llena de deudas. De ahí la firme convicción generalizada de sostener a la democracia con plena voluntad colectiva. Lo que nadie imaginó, cuando se fueron Videla y sucesores, es que la reconstitución de la democracia incluiría colocar en el poder a una clase política inservible y en buena parte corrupta. Lo de la “.Banelco” ha sido y es apenas un botón de muestra, y para nadie resulta un misterio que el “enriquecimiento ilícito” de los funcionarios importa una vocación permanente y expansiva. Ningún argentino quiere un golpe de Estado, pero la práctica política que se plasmó a partir del el Pacto de Olivos (1993) viene confirmando aquello del periodista McDouglas : “La democracia es el único sistema que permite al pueblo elegir a sus propios sinvergüenzas”.
El ejercicio del gobierno en una república requiere talento, realismo, conocimientos, autoridad moral, percepción del presente y visión del futuro, y una gran solvencia para conducir el Estado sin destruir su dimensión jurídica. Estos son tiempos en que ya no se discute el liderazgo del Ejecutivo, pero a condición de no confundir su función con la de un cacique ranquelino. Que esto es, precisamente, lo que le aqueja a quien, trepado en el poder, es impotente para respetar a quienes no son de su tribu; comenzando por la prensa, la judicatura, la dignidad del congreso y la participación activa de la sociedad civil. Esa carencia intelectual y ética es lo que lleva a reclamar “superpoderes” y que, en el fondo, diría un psicoanalista, denuncia un déficit de virilidad.
Ahora el Congreso está convocado para tratar la renovación (o no) de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por encima de las limitaciones constitucionales, los llamados “superpoderes”. Es un invento de la autocracia kirchnerista que, con el uso y abuso de las competencias normales con más las extraordinarias, generó un escandaloso proceso de derroche y endeudamiento, confiscando los ahorros de los jubilados y las rentas agropecuarias, repartiendo subsidios a los amigos y a los leales como los déspotas de las antiguas monarquías. Eso explica que las facultades extraordinarias sólo hayan servido para dilapidar lo ajeno y avanzar escandalosamente en la acumulación personal..Y lo peor de este dañino juego financiero es que luego de seis años de “modelo kk” estamos con la caja acumulando déficits y con no menos de 16 millones de trabajadores en la pobreza, mientras la inflación, restablecida impúdicamente, se come cada aumento de sueldos y salarios. Todo con la bendición de la CGT y, hasta hace poco, de los gordos de la UIA.
El sistema normal de competencias constitucionales permite gobernar sin obstáculos, y si llega el caso de una emergencia la ampliación de poderes al Ejecutivo debe siempre ser por tiempo determinado (6 meses a un año como máximo), adecuadamente justificado, y acorde a las reglas y limitaciones del art. 76 CN y control de la comisión parlamentaria correspondiente. Otro tanto rige par los decretos de “necesidad y urgencia”. Aunque todo se vuelve distorsionado y falso cuando en el Congreso la mayoría no es simplemente solidaria con la política global del Gobierno sino un rejuntado de soldados obedientes y sumisos, y además goza de complacencia de sus “aliados” de la(s) minoría(s). Tal como ocurrió con el legendario asunto de la “Banelco”.
Como parte de sus delirios, el kircherismo reclamó y ejerció “superpoderes” que la mayoría subordinada del Congreso le concedió, llevándose por delante la expresa prohibición del art. 29 de la Constitución que sanciona con la pena de “infames traidores a la patria” a quienes hicieren tal cosa en beneficio de la angurria política y monetaria del Ejecutivo. Se lo hizo mediante el maquiavelismo de los “decretos de necesidad y urgencia” y utilizando unas facultades absurdas para hacer cualquier cosa con las partidas del presupuesto. Al iniciarse el régimen de los superpoderes, el ex jefe de gabinete, Alberto Fernández --hoy fingiéndose moderado y componedor-- fue funcional para enmascarar el dislate que continuaron sus reemplazantes (Massa y don Aníbal F.).
Esto de los “superpoderes” implica que el Ejecutivo puede colocarse, cuando se le da la gana o el negocio, por encima del sistema jurídico, y sus alcahuetes se encargan de legalizar, al menos formalmente, el estropicio. Algo así como cuando Luis XIV ensangrentó a Francia al derogar el compromiso de tolerancia entre las religiones, el famoso “Edicto de Nantes” y lo consumó, según su argumento, por que “a mí me place”. En nuestro país de estas cosas le siguen echando la culpa a Rosas, y nadie tiene presente que la Corte Suprema de Justicia (esa donde están Zafaroni y doña Carmen) puede, en una especie de acto de soberanía, enviar a la papelera de reciclaje cualquier causa judicial que le llega y no tiene ganas de ocuparse de ella. Lo hace invocando el art. 280 del Código C.y C. de la Nación); y todo “porque a nosotros nos place”.
Los “superpoderes” no pueden tener otro significado que reconoce una instancia política por encima de las limitaciones de la Constitución, y esto lleva por imperio de la razón y de la práctica a una autocracia, aunque se lo disimule poniendo en el medio a un jefe de gabinete”. O sea un funcionario que, en los hechos y acorde a la experiencia argentina del último lustro, no es nada más ni nada menos que un dependiente del autócrata. Lo que el Congreso hizo fue, precisamente, una modificación de la Carta Magna y, con ello, un “cambio de régimen” creando un soberano hacia adentro de la sociedad nacional. Tanto que, pese a la derrota electoral, aún está con el mando. Lo cual ha convertido al Estado de Derecho en uno “de facto”; la consecuencia está en que el Presidente (el efectivo) se ha beneficiado con un traspaso de competencias que repugna al sistema legal. Puesto que --bien lo dice Martín Kriele, eminente jurista alemán, en polémica con H. Heller-- “en el Estado constitucional no puede haber un soberano”.
Referencias :
-Juan Llach : “Anatomía de un despilfarro”; La Nación, 23.VII-09.
–Martín Kriele, p. 156 : Introducción a la Teoría del Estado; Bs. As., Depalma, 1980.
-Jorge Gentile (constitucionalista) : “La fábula de los superpoderes”; La Voz del Int., Córdoba, 5.VIII.09.
-Enrique Peruzzoti y Catalina Smulovitz :Accountability Social; Bs.As., ed- Temas, 2002)
Prólogo y Debate