EL PRESUPUESTO NO PUEDE APROBARSE TAL COMO ESTÁ

Por: Jorge Sarghini
DIPUTADO NACIONAL POR LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El ejercicio de un cuarto de siglo de democracia ininterrumpida no ha sido suficiente para alcanzar los consensos necesarios que sienten las bases de un proyecto nacional capaz de desarrollar nuestro potencial productivo, saldar la deuda social y fortalecer las instituciones. Este proyecto debería tener un capítulo dedicado al federalismo, dado que atraviesa a cada uno de los temas de la agenda pendiente.
¿Quién imagina que se pueda definir un sendero productivo basado en criterios de eficiencia económica, en un mundo que no admite ventajas comparativas artificiales; con provincias desfinanciadas que cobran impuesto sobre impuesto para poder pagar los sueldos públicos y construir la infraestructura necesaria? ¿Es posible saldar la deuda social si no se pueden garantizar los ciclos lectivos, si los hospitales públicos no funcionan, o no se asegura la provisión de agua y cloacas, cuya responsabilidad recae en las jurisdicciones provinciales?
Si bien reducir el federalismo al sistema de coparticipación federal es una simplificación riesgosa, creo que su análisis puede ser útil para entender cómo hemos llegado a la actual descomposición institucional y política.

Desde el inicio de la década del 90, las provincias argentinas han perdido un 33% de participación en la distribución de los recursos tributarios de origen nacional. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales la Nación ganó posiciones? Pactos fiscales; reforma previsional con la creación de AFJP, cuya consecuente pérdida de recaudación la Nación la fue a buscar a las provincias mediante el mecanismo de precoparticipación; aumento de impuestos de muy baja o nula coparticipación; contrarreforma previsional -reestatización de las AFJP- sin que la Nación devolviese a las provincias la precoparticipación tomada, son algunas de aquellas razones.

¿Existe un orden causal entre el deterioro del federalismo fiscal y el deterioro institucional y político? Al menos hay una suerte de círculo vicioso por el cual el debilitamiento de uno conlleva a la descomposición del otro. Esta retroalimentación bien podría observarse si hacemos un somero recuento de algunas de sus consecuencias negativas más visibles.
El primero es el principio de gobernabilidad. Hoy, como nunca antes, la gobernabilidad la garantiza el alineamiento directo e incondicional de los gobiernos locales al poder central. La gobernabilidad depende de la discrecionalidad; es la "caja" y sólo con esa adhesión se obtienen los recursos que por derecho propio le corresponderían a las provincias de manera automática bajo el funcionamiento de un sistema federal de reparto.

También ha cambiado el funcionamiento del Congreso Nacional. El principio de gobernabilidad condiciona y debilita considerablemente el sistema de representación parlamentaria y, en nombre de ella, se producen alineamientos a los proyectos oficiales que, de otra forma, resultarían inexplicables. Esta lógica de funcionamiento, agregada al comportamiento natural y legítimo de todo oficialismo, ha transformado al Congreso en una suerte de "escribanía" del gobierno. La consecuencia de este comportamiento es la -en muchos casos inconstitucional- delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo.

Otra consecuencia negativa es el cambio en el sistema de decisiones. En un federalismo democrático, las medidas del gobierno central están fuertemente inducidas por los gobiernos locales y expresan una verdadera síntesis federal. Estos, a su vez, hacen lo suyo en función de sus propias responsabilidades y recursos. Hoy, en cambio, el proceso de toma de decisiones de gestión se concentra en el extremo superior de la pirámide, en tal forma que las jurisdicciones provinciales y municipales han perdido autonomía hasta para definir las obras y servicios más elementales de carácter local. Así, en altas esferas ministeriales nacionales se decide sobre agua, cloacas y pavimento.
Finalmente, y aunque parezca un exceso, también afecta al sistema de partidos políticos. La actual forma de construir y ejercer el poder destruye el funcionamiento partidario y un ejemplo claro fue la creación, en 2007, del "partido del poder". Esa elección derivó en un frente constituido por quienes en los distintos niveles de gobierno tenían responsabilidades ejecutivas, cualquiera fuera el partido político por el cual habían sido elegidos. Más allá del fracaso de esa "Concertación" que hoy se manifiesta en la figura de un Vicepresidente casi convertido en jefe de la oposición, esta confusión ¿no es acaso la consecuencia de esta forma de construcción de poder?
No tengo dudas de que la solución de fondo es el tratamiento de una nueva Ley de Coparticipación. Pero mientras los tiempos y la relación de fuerzas no lo permiten, podríamos discutir una transición comenzando a desandar el camino de estos años.

¿Cómo? El Presupuesto Nacional para el año 2010 debe ser el instrumento, modificando el proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo en cuanto a la relación Nación-Provincias. Si se aprueba tal como ha sido planteado, la mitad de los distritos no podrán cerrar sus propios presupuestos y agudizarán los actuales problemas. Si, en cambio, mediante mecanismos racionales se alivia a las provincias de los vencimientos de deuda que tienen este año con la Nación, se les mantiene el flujo de asistencia financiera y se les "coparticipan" las fuentes de financiamiento intra sector público, recuperarán cierta autonomía y podrán cumplir razonablemente con sus responsabilidades.
Estoy convencido de que ha llegado el momento de tender un puente para hacer una transición. Es posible que no alcance, pero hay que empezar a cambiar.

Clarín, 14-10-09