Surge el pretexto de la exportación para justificar la producción de más coca. Pero el destino más seguro de la hoja es la cocaína.
Editorial El Día
Hasta ahora son una incógnita las fuentes de financiamiento de la cuantiosa campaña electoral del MAS, tal vez una de las más opulentas de la historia, aunque resultó obvio el uso y abuso de los bienes del Estado con fines proselitistas. Sin embargo, meses antes de las elecciones, los productores de coca del Chapare se comprometieron a realizar aportes económicos para garantizar el triunfo del presidente y jefe de los sindicatos de productores de coca del trópico cochabambino.
Seguramente no ha sido nada humilde la contribución de los cocaleros, ya que fue a los primeros que agradeció el presidente Morales luego de confirmada la victoria del 6 de diciembre y frente a quienes ha hecho el primer compromiso legislativo, una vez se instale la Asamblea Plurinacional, donde el MAS tiene el suficiente peso para aprobar las leyes que mejor le parezca, incluso declarar “piedra libre” en el cultivo de la coca en el país como ya se anunció oficialmente.
Aparentemente le va a meter nomás con la modificación de la Ley 1.008 del Narcotráfico y Sustancias Controladas, con el fin de elevar el tope legal de las plantaciones de coca, que hoy se ubica en las 12 mil hectáreas, aunque todos saben que en Bolivia hay sobradas 31 mil hectáreas. Y decimos “meterle nomás”, porque el Gobierno nunca hizo los estudios de mercado, las encuestas y todas las investigaciones que prometió y que hacían falta para determinar cuánta coca en realidad es la que se necesita para satisfacer todos los usos legales que se le dan a la “hoja sagrada”.
Hablar de límites en la superficie de cultivo en este momento es pecar de ingenuidad, ya que en los términos que plantea el presidente Morales, legalizar el cato de coca en el Chapare equivale a no establecer fronteras en el número de hectáreas que se deben cultivar, tal como está sucediendo en los hechos y en definitiva, el único saldo en limpio será el saneamiento de aproximadamente 30 mil toneladas métricas de coca que hoy tienen como único destino el narcotráfico, cantidad que le reportó a los contribuyentes de la campaña del Primer Mandatario, alrededor de 170 millones de dólares en un año. Y no estamos hablando de la economía del narcotráfico, con un potencial de producción que supera las 120 toneladas de cocaína anuales y un movimiento económico superior a los 2.500 millones de dólares en tres años.
Una medida como ésta es capaz de generar tensiones entre los cocaleros del Chapare y los de Yungas, los únicos que producen coca para masticar, aunque se sabe que más de un tercio de la producción toma rumbo ilícitos, frente a un 90 por ciento de la hoja chapareña. El oficialismo postula como solución, convertir a la coca en un producto exportable hacia los países vecinos, donde seguramente la idea no va a causar agrado. Argentina ya es un voraz consumidor de coca de contrabando y Bolivia nunca le ha fallado con sus envíos. Sus autoridades al igual que las brasileñas, que están angustiadas por el aumento de la presencia de la cocaína boliviana en las calles de sus ciudades, no se prestarán al riesgo que supone una “inundación” de coca como la que pretende Evo Morales en Bolivia y que ha significado un aumento del 50 por ciento en la fabricación de cocaína desde el año 2006.
ErnestoJustiniano.org, 29-12-09
Editorial El Día
Hasta ahora son una incógnita las fuentes de financiamiento de la cuantiosa campaña electoral del MAS, tal vez una de las más opulentas de la historia, aunque resultó obvio el uso y abuso de los bienes del Estado con fines proselitistas. Sin embargo, meses antes de las elecciones, los productores de coca del Chapare se comprometieron a realizar aportes económicos para garantizar el triunfo del presidente y jefe de los sindicatos de productores de coca del trópico cochabambino.
Seguramente no ha sido nada humilde la contribución de los cocaleros, ya que fue a los primeros que agradeció el presidente Morales luego de confirmada la victoria del 6 de diciembre y frente a quienes ha hecho el primer compromiso legislativo, una vez se instale la Asamblea Plurinacional, donde el MAS tiene el suficiente peso para aprobar las leyes que mejor le parezca, incluso declarar “piedra libre” en el cultivo de la coca en el país como ya se anunció oficialmente.
Aparentemente le va a meter nomás con la modificación de la Ley 1.008 del Narcotráfico y Sustancias Controladas, con el fin de elevar el tope legal de las plantaciones de coca, que hoy se ubica en las 12 mil hectáreas, aunque todos saben que en Bolivia hay sobradas 31 mil hectáreas. Y decimos “meterle nomás”, porque el Gobierno nunca hizo los estudios de mercado, las encuestas y todas las investigaciones que prometió y que hacían falta para determinar cuánta coca en realidad es la que se necesita para satisfacer todos los usos legales que se le dan a la “hoja sagrada”.
Hablar de límites en la superficie de cultivo en este momento es pecar de ingenuidad, ya que en los términos que plantea el presidente Morales, legalizar el cato de coca en el Chapare equivale a no establecer fronteras en el número de hectáreas que se deben cultivar, tal como está sucediendo en los hechos y en definitiva, el único saldo en limpio será el saneamiento de aproximadamente 30 mil toneladas métricas de coca que hoy tienen como único destino el narcotráfico, cantidad que le reportó a los contribuyentes de la campaña del Primer Mandatario, alrededor de 170 millones de dólares en un año. Y no estamos hablando de la economía del narcotráfico, con un potencial de producción que supera las 120 toneladas de cocaína anuales y un movimiento económico superior a los 2.500 millones de dólares en tres años.
Una medida como ésta es capaz de generar tensiones entre los cocaleros del Chapare y los de Yungas, los únicos que producen coca para masticar, aunque se sabe que más de un tercio de la producción toma rumbo ilícitos, frente a un 90 por ciento de la hoja chapareña. El oficialismo postula como solución, convertir a la coca en un producto exportable hacia los países vecinos, donde seguramente la idea no va a causar agrado. Argentina ya es un voraz consumidor de coca de contrabando y Bolivia nunca le ha fallado con sus envíos. Sus autoridades al igual que las brasileñas, que están angustiadas por el aumento de la presencia de la cocaína boliviana en las calles de sus ciudades, no se prestarán al riesgo que supone una “inundación” de coca como la que pretende Evo Morales en Bolivia y que ha significado un aumento del 50 por ciento en la fabricación de cocaína desde el año 2006.
ErnestoJustiniano.org, 29-12-09