Por: Alcadio Oña
Las reservas son de todos los argentinos", suele decir Cristina Kirchner. En principio, el "todos" debería incluir, además del Gobierno nacional, a los estados provinciales.Pero tal como fue concebido, el Fondo del Bicentenario será administrado por el poder central y empleado para pagar deuda del Tesoro Nacional. Las provincias entrarían en el "negocio" de refilón: con obras y eventualmente asistencia financiera, que decidirán otros.Así será si nada cambia, aunque ellas también tengan una deuda monumental. Nada menos que cerca de $ 90.000 millones es con la Nación, el 70 % del monto total. Buena parte viene desde la crisis de 2002, cuando la Nación se hizo cargo de las obligaciones que las provincias acumulaban con acreedores locales e internacionales, más los bonos que en realidad eran las cuasimonedas.Es una carga no contemplada en el decreto presidencial. Y una de las discusiones que podrían dar los gobernadores, a propósito del uso de las reservas y del muy desigual reparto de los recursos fiscales.
La deuda provincial con la Nación se ajusta anualmente y está garantizada con la coparticipación impositiva. Idéntico a que el Gobierno nacional respaldara con la recaudación los créditos que toma.Ese sistema tiene otras condiciones, ninguna precisamente favorable a las provincias. Desde el comienzo de cada año, el Gobierno empieza a retenerles porciones de la coparticipación a cuenta de los intereses que vencen en el período. O sea, de arranque les bloquea ingresos.El paso siguiente es negociar con cada gobernador el financiamiento que la Nación le acordará --los llamados PAF--, que nunca cubre el total de los intereses y significa más endeudamiento. Primer problema: esos acuerdos se cierran hacia marzo o abril, cuando parte de la coparticipación ya ha sido retenida. Segundo: los PAF son girados en cuentagotas, a menudo a cambio de prestaciones políticas.Así, la deuda es otro factor que ata a los gobernadores al poder central. Atrapados, encima, por la garantía: si alguno declarase un default, la Nación se cobraría con la coparticipación.
Según la consultora abeceb-com, este año el conjunto de las provincias debe afrontar intereses con el gobierno nacional por $ 15.000 millones. Equivalen a más de la mitad del Fondo del Bicentenario.El grado de dependencia de cada una corre parejo a su endeudamiento. Con más de 30.000 millones, Buenos Aires es de lejos la más comprometida. Le siguen Córdoba y Tucumán, con alrededor de 9.000 y 7.000 millones respectivamente. En escala descendente, vienen luego Chaco, Río Negro, Entres Ríos y el resto.Dado el costo social y político que al kirchnerismo le acarrearía un estallido en Buenos Aires, la provincia recibe cierto "trato preferencial".
Los PAF cubren el 70 % de los intereses y, desde hace un par de años, el 30 % restante le llega por cuerda separada.Probablemente, otras provincias reciban dispensas semejantes. Pero algunos de los gobernadores más expuestos ya están tanteando contrapartidas.El cordobés Juan Schiaretti plantea una refinanciación general de la deuda por 20 años. También, un período de gracia corto, un año o dos, durante el cual no haya retenciones de la coparticipación. Faltaría incorporar el Fondo al paquete, pues el riesgo es aprobar una cosa y quedar esperando por la otra.Claro que esa sería una solución a la medida de los más endeudados. Los que están menos comprometidos, como La Pampa, que casi ni tiene obligaciones financieras con la Nación, pueden poner sobre la mesa otras cartas.
Por ejemplo, rediscutir el reparto de la recaudación del Impuesto al Cheque, que hoy va en un 85 % a la Nación y apenas el 15 % a las provincias.Estas y cualquiera de las restantes ideas en danza implicaría dar de baja el DNU o cambiarlo por una ley, cosa que el Gobierno no admite. Primero, por el costo político colateral. Después, porque dados sus apremios financieros no quiere resignar el uso de las reservas. Finalmente, tal vez piense que por otras vías puede alinear a los gobernadores.También aguarda que un fallo judicial lo habilite a transferir, ya, US$ 6.569 millones del Banco Central al Tesoro Nacional. Un buen entuerto legal e institucional se armaría, si ahora consigue eso y luego el Congreso barre con el DNU.Las reservas son un derivado del superávit comercial, si se quiere, de las exportaciones. Y las exportaciones se originan en producciones provinciales: una buena razón como para que los gobernadores reclamen por lo que aportan.Eso significaría volver al principio: "Las reservas son de todos los argentinos".
Clarín, 23-2-10