Denuncian al Gobierno por ocultar información pública
Martín Dinatale
En una escalada del creciente choque entre poderes y organismos del Estado, la Auditoría General de la Nación (AGN) presentó un amparo judicial contra la Sindicatura General de la Nación (Sigen) por demorar y resistirse a brindar la información de más de 300 expedientes vinculados con auditorías realizadas al Gobierno durante el año pasado.
El pedido de intervención judicial que presentó el 11 de agosto el titular de la AGN, el radical Leandro Despouy, podría obligar al jefe de la Sigen, Daniel Reposo, a entregar todas las investigaciones realizadas al Gobierno. La AGN depende del Congreso y tiene mayoría opositora, mientras que la Sigen es el principal órgano de control de la Presidencia.
Desde marzo último, la Sigen se negó a entregar esa documentación a la AGN al aducir que se trataba de "datos personales" y retiró de su página web todos los informes de control que eran de acceso público.
A lo largo de 28 carillas, Despouy fundamentó su presentación judicial contra la Sigen aludiendo que existe desobediencia de la Constitución e incumplimiento de la ley de administración financiera de parte de la Sigen. También expresó que la AGN necesita los informes de la Sigen con el fin de que se "facilite el desarrollo de la actividad de auditorías y se advierta sobre actos o conductas irregulares del Estado". El escrito también plantea que es "inadmisible y ficticia" la respuesta de la Sigen para justificar su negativa a brindar información.
Un día después de la embestida de Despouy en la Justicia, Reposo envió una carta a la AGN donde se comprometió a remitir toda la información requerida en 10 días. Ya pasaron 26 días desde ese momento y aún no hubo respuesta alguna de parte de la Sigen. Tampoco se expidió hasta ahora la jueza Rita María Ailan, del Juzgado N° 4, secretaría 7, del tribunal en lo Contencioso Administrativo donde se radicó la denuncia.
Ante una consulta por e-mail que el jueves pasado le hizo LA NACION, Reposo sostuvo: "Le vamos a mandar a la AGN todos los informes de gestión la semana que viene. Los de 2009 se están concluyendo. Quedamos con la AGN en reunirnos periódicamente para combinar acciones".
En rigor, los informes de 2009 ya están hechos y la Sigen sólo debería enviar una copia de ellos a la AGN. En caso de que Reposo se niegue a dar la información, el presidente de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que tiene competencias sobre la AGN, el diputado radical Agustín Martínez Oddone, adelantó a LA NACION que "no se descarta modificar la ley que regula a la Sigen para obligar a Reposo a cumplir con los deberes de funcionario público".
La presentación judicial de Despouy fue el desenlace de un largo intercambio de misivas que comenzó el 23 de marzo de este año. Ese día, la AGN solicitó a la Sigen que remitiera todos los informes de control realizados al Gobierno durante 2009 para incorporar en una base de datos y poder ejecutar "el desarrollo de las funciones asignadas".
El 27 de abril, Reposo contestó a la AGN en la nota 1779/2010 que por una resolución suscripta entre la Sigen y la AGN publicada en el Boletín Oficial en febrero de 2010 la Jefatura de Gabinete debía hacer un seguimiento de todo requerimiento de información. Luego, se reunieron todos los auditores y coincidieron en que aquella respuesta era "insatisfactoria" porque la firma de un convenio con la Jefatura de Gabinete "no exonera a la Sigen de entregar oportuna e íntegramente la información solicitada".
Luego, la Sigen envió una carta a la AGN el 1° de julio pasado, en la que mantuvo su postura, pues argumenta "el respeto de los principios de protección de datos personales", aunque remitió un archivo magnético con sólo 14 informes de control al Gobierno de 2008.
Ante la insistente negativa de Reposo, la AGN había advertido que accionaría ante la Justicia y así lo hizo Despouy con el acuerdo de la mayoría de los auditores.
Pero el tema motivó un arduo debate en la reunión de colegio de la AGN el 18 de agosto. Allí, el auditor Vicente Brusca, que responde al kirchnerismo, cuestionó fuertemente al presidente de la AGN, a quien tildó de "desleal" y calificó de "bravuconada" la decisión de acudir a la Justicia.
Pelea verbal
Según consta en las actas de la AGN de ese día, a las que accedió LA NACION, la reunión de auditores fue muy polémica y se desató un fuerte cruce verbal entre Despouy y Brusca. El encuentro se tuvo que levantar por pedido de otro de los referentes del kirchnerismo, el auditor Javier Fernández, ya que el asunto había generado un debate de impredecible final y además en el kirchnerismo había diferencias al respecto.
Por lo pronto, por ejemplo, el otro auditor del oficialismo Oscar Lamberto avaló la idea de llevar el tema a la Justicia.
En diálogo con LA NACION, el auditor radical Horacio Pernasetti expresó que Despouy se había presentado a la Justicia con el aval del colegio de auditores, de la comisión mixta del Congreso y con sus propias facultades como presidente de la AGN. "Esperemos que la Justicia actúe rápido porque aquí hay que hacer cumplir la ley y desentrañar este conflicto que no le hace nada bien a la transparencia pública", dijo Pernasetti.
No es la primera vez que la AGN recurre a la Justicia por retaceo de información de parte de la administración kirchnerista. En enero de 2009, la Auditoría exigió por vía judicial al Ministerio de Planificación que remitiera toda la información vinculada con la concesión del Belgrano Cargas para poder avanzar con una auditoría. Luego de una larga pulseada, la Justicia obligó en marzo pasado a la cartera de Julio De Vido a brindar información. Pero la respuesta que hubo fue casi tan irrisoria como la negativa que se había mostrado para dar información: los expedientes del Belgrano Cargas se habían perdido y ante ello hubo una condena de costes al Estado contra Planificación y Belgrano Cargas.
Ahora, las autoridades de la AGN esperan un desenlace diferente en su pelea con la Sigen. Por lo menos, la mayoría, quiere tener en sus manos los 300 expedientes de control de 2009 en todos los ministerios del Poder Ejecutivo para poder definir las investigaciones que se llevarán adelante.
La Nación, 5-9-10
Martín Dinatale
En una escalada del creciente choque entre poderes y organismos del Estado, la Auditoría General de la Nación (AGN) presentó un amparo judicial contra la Sindicatura General de la Nación (Sigen) por demorar y resistirse a brindar la información de más de 300 expedientes vinculados con auditorías realizadas al Gobierno durante el año pasado.
El pedido de intervención judicial que presentó el 11 de agosto el titular de la AGN, el radical Leandro Despouy, podría obligar al jefe de la Sigen, Daniel Reposo, a entregar todas las investigaciones realizadas al Gobierno. La AGN depende del Congreso y tiene mayoría opositora, mientras que la Sigen es el principal órgano de control de la Presidencia.
Desde marzo último, la Sigen se negó a entregar esa documentación a la AGN al aducir que se trataba de "datos personales" y retiró de su página web todos los informes de control que eran de acceso público.
A lo largo de 28 carillas, Despouy fundamentó su presentación judicial contra la Sigen aludiendo que existe desobediencia de la Constitución e incumplimiento de la ley de administración financiera de parte de la Sigen. También expresó que la AGN necesita los informes de la Sigen con el fin de que se "facilite el desarrollo de la actividad de auditorías y se advierta sobre actos o conductas irregulares del Estado". El escrito también plantea que es "inadmisible y ficticia" la respuesta de la Sigen para justificar su negativa a brindar información.
Un día después de la embestida de Despouy en la Justicia, Reposo envió una carta a la AGN donde se comprometió a remitir toda la información requerida en 10 días. Ya pasaron 26 días desde ese momento y aún no hubo respuesta alguna de parte de la Sigen. Tampoco se expidió hasta ahora la jueza Rita María Ailan, del Juzgado N° 4, secretaría 7, del tribunal en lo Contencioso Administrativo donde se radicó la denuncia.
Ante una consulta por e-mail que el jueves pasado le hizo LA NACION, Reposo sostuvo: "Le vamos a mandar a la AGN todos los informes de gestión la semana que viene. Los de 2009 se están concluyendo. Quedamos con la AGN en reunirnos periódicamente para combinar acciones".
En rigor, los informes de 2009 ya están hechos y la Sigen sólo debería enviar una copia de ellos a la AGN. En caso de que Reposo se niegue a dar la información, el presidente de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que tiene competencias sobre la AGN, el diputado radical Agustín Martínez Oddone, adelantó a LA NACION que "no se descarta modificar la ley que regula a la Sigen para obligar a Reposo a cumplir con los deberes de funcionario público".
La presentación judicial de Despouy fue el desenlace de un largo intercambio de misivas que comenzó el 23 de marzo de este año. Ese día, la AGN solicitó a la Sigen que remitiera todos los informes de control realizados al Gobierno durante 2009 para incorporar en una base de datos y poder ejecutar "el desarrollo de las funciones asignadas".
El 27 de abril, Reposo contestó a la AGN en la nota 1779/2010 que por una resolución suscripta entre la Sigen y la AGN publicada en el Boletín Oficial en febrero de 2010 la Jefatura de Gabinete debía hacer un seguimiento de todo requerimiento de información. Luego, se reunieron todos los auditores y coincidieron en que aquella respuesta era "insatisfactoria" porque la firma de un convenio con la Jefatura de Gabinete "no exonera a la Sigen de entregar oportuna e íntegramente la información solicitada".
Luego, la Sigen envió una carta a la AGN el 1° de julio pasado, en la que mantuvo su postura, pues argumenta "el respeto de los principios de protección de datos personales", aunque remitió un archivo magnético con sólo 14 informes de control al Gobierno de 2008.
Ante la insistente negativa de Reposo, la AGN había advertido que accionaría ante la Justicia y así lo hizo Despouy con el acuerdo de la mayoría de los auditores.
Pero el tema motivó un arduo debate en la reunión de colegio de la AGN el 18 de agosto. Allí, el auditor Vicente Brusca, que responde al kirchnerismo, cuestionó fuertemente al presidente de la AGN, a quien tildó de "desleal" y calificó de "bravuconada" la decisión de acudir a la Justicia.
Pelea verbal
Según consta en las actas de la AGN de ese día, a las que accedió LA NACION, la reunión de auditores fue muy polémica y se desató un fuerte cruce verbal entre Despouy y Brusca. El encuentro se tuvo que levantar por pedido de otro de los referentes del kirchnerismo, el auditor Javier Fernández, ya que el asunto había generado un debate de impredecible final y además en el kirchnerismo había diferencias al respecto.
Por lo pronto, por ejemplo, el otro auditor del oficialismo Oscar Lamberto avaló la idea de llevar el tema a la Justicia.
En diálogo con LA NACION, el auditor radical Horacio Pernasetti expresó que Despouy se había presentado a la Justicia con el aval del colegio de auditores, de la comisión mixta del Congreso y con sus propias facultades como presidente de la AGN. "Esperemos que la Justicia actúe rápido porque aquí hay que hacer cumplir la ley y desentrañar este conflicto que no le hace nada bien a la transparencia pública", dijo Pernasetti.
No es la primera vez que la AGN recurre a la Justicia por retaceo de información de parte de la administración kirchnerista. En enero de 2009, la Auditoría exigió por vía judicial al Ministerio de Planificación que remitiera toda la información vinculada con la concesión del Belgrano Cargas para poder avanzar con una auditoría. Luego de una larga pulseada, la Justicia obligó en marzo pasado a la cartera de Julio De Vido a brindar información. Pero la respuesta que hubo fue casi tan irrisoria como la negativa que se había mostrado para dar información: los expedientes del Belgrano Cargas se habían perdido y ante ello hubo una condena de costes al Estado contra Planificación y Belgrano Cargas.
Ahora, las autoridades de la AGN esperan un desenlace diferente en su pelea con la Sigen. Por lo menos, la mayoría, quiere tener en sus manos los 300 expedientes de control de 2009 en todos los ministerios del Poder Ejecutivo para poder definir las investigaciones que se llevarán adelante.
La Nación, 5-9-10