(Observador permanente de la Santa Sede)
La inseguridad alimentaria no es inevitable
Señor Presidente:
El derecho al alimento es un derecho básico y está intrínsecamente unido al derecho a la vida. Casi mil millones de personas, sin embargo no disfrutan de este derecho. El desafío de la comunidad mundial es “hacer frente a uno de los retos más importantes de nuestro tiempo: liberar a millones de seres humanos del hambre, cuyas vidas están en peligro por la falta del alimento diario”.
Dos condiciones están implícitas: ha de haber alimentos seguros disponibles en cantidades suficientes; toda persona debe tener acceso a la comida. Una atención especial se debe dirigir a los 2,5 miles de millones de personas cuyo sustento diario depende de la agricultura. Entre estas poblaciones podemos encontrar a gente que sufre de desnutrición y de hambre. Existen soluciones para mejorar esta situación, pero exigen acciones decididas por parte de los gobiernos y los pueblos de los países afectados. También se espera que la comunidad internacional actúe. Mi delegación desea señalar algunas condiciones que cree necesarias para el disfrute de este derecho humano al alimento y el desarrollo de políticas de seguridad alimentarias como requisitos previos para la autosuficiencia.
Primero, es necesario reconocer y reforzar el papel central de la agricultura en la actividad económica; por lo que para reducir la desnutrición en las áreas rurales, la producción por persona debe aumentar con el fin de hacer crecer la independencia alimentaria local, regional o nacional. Para mejorar la productividad se requieren inversiones en semillas, formación, intercambio de herramientas para el cultivo y en los medios para su comercialización. También se demandan cambios estructurales de acuerdo a lo específico de cada estado. Por ejemplo debemos asegurar la pertenencia de la tierra a los granjeros, especialmente a los pequeños propietarios. El derecho consuetudinario de la propiedad de la tierra debe ser reconsiderado. Un derecho claro de propiedad da al granjero la oportunidad de usar su tierra como aval a cambio de un crédito y así realizar las inversiones necesarias.
Además, la motivación de poseer la tierra es cada vez más importante en relación con el fenómeno de apropiación de tierras. En la África Subsahariana el 80% de la tierra está ocupada por pobres que no tienen el título de propiedad. Además, el ser miembro de cooperativas y el acceso a servicios de información refuerza la productividad.
Debemos asegurarnos de que el alimento va a quien lo necesita. La actual crisis alimentaria ha demostrado que algunas regiones se enfrentan a graves carencias, y que en zonas tradicionalmente productoras de alimentos las reservas están vacías o son limitadas. Estas circunstancias implican fuertes restricciones a la ayuda alimentaria en situaciones de emergencia. La fluidez de los productos alimenticios implican diversas condiciones: que los mercados locales sean eficientes, transparentes y abiertos; la información debe fluir eficientemente; es indispensable la inversión en carreteras, transporte y almacenaje de cosechas. Las barreras a las exportaciones decididas por los estados soberanos deberían ser limitadas. Estas barreras temporales aumentan los déficits de los países importadores y provocan un fuerte aumento de los precios; finalmente, la ayuda alimentaria, que tiene un papel vital en casos de desastre no debería perjudicar a la producción agrícola local. Por ejemplo, la distribución de grandes cantidades de alimentos gratis o muy baratos puede arruinar a los granjeros de la región quienes no podrán vender sus productos durante un tiempo. De este modo, perjudicamos el futuro de la agricultura local.
Medidas adecuadas, por lo tanto, deben ser tomadas para proteger a los granjeros de la volatilidad de los precios que tiene un fuerte impacto en la seguridad alimentaria por varias razones: los altos precios hacen de los alimentos algo inalcanzable para los pobres y los bajos precios dan a los agricultores información incorrecta , después de la cosecha, sobre los semilleros necesarios para el año siguiente. Para prevenir la volatilidad de los precios o al menos minimizar su impacto, las cosechas de alimentos locales deben ser protegidas de las alteraciones de los precios internacionales. Los aranceles de las importaciones (o el ajuste cíclico del tratamiento especial y diferencial) debería tener en cuenta dos cosas, las necesidades de los consumidores pobres y el precio a pagar a los pequeños granjeros para que ellos se puedan permitir un digno nivel de vida y promover la producción. La especulación se debe limitar a los actores necesarios para el correcto funcionamiento de los mercados futuros. Los gobiernos deberían abstenerse de crear medidas que aumenten esta volatilidad, y están llamados a reconsiderar que los alimentos no pueden ser considerados una mera mercancía, objeto de especulaciones e instrumento de presión política. El establecimiento de reservas de alimentos crudos (cereales, azúcar, aceite) puede tener dos tipos de beneficios: estas reservas pueden ser vendidas a un precio asequible en caso de shock, y por otro lado, pueden tener un papel de moderador frente a la volatilidad de los precios locales.
La disponibilidad de alimentos no es factor suficiente para garantizar los alimentos a todos. La gente debe tener ingresos suficientes para comprar alimentos o los alimentos deberían tener un precio asequible a los pobres. Esto plantea la cuestión de una red de seguridad integral que puede consistir en hacer disponibles productos alimentarios a precios subsidiados para los más pobres a un nivel regional. El nivel de subsidio puede variar de acuerdo al precio de mercado de manera que el coste del alimento quede estable. Es ilusorio creer que hay “un buen precio” para el trigo o el maíz. El precio que un consumidor pobre puede pagar no corresponde a lo que un granjero africano necesita para vivir. Debemos construir mecanismos que crucen el vacío que existe entre estos dos precios y la solidaridad con los países más pobres requiere que sean financiados internacionalmente.
Un reciente desarrollo en la búsqueda mundial de la seguridad alimentaria tiene que ver con la compra o alquiler de grandes extensiones de tierra cultivable por parte de organizaciones extranjeras en países que no son los propios. Parece una condición previa razonable exigir que las personas que están en ese área sean respetadas e incluidas en el proyecto, y así el nivel de seguridad alimentaria debería aumentar. Dicho esto, la inversión en el hambre y en la agricultura es esencial para erradicar el hambre y la desnutrición.
En conclusión, señor Presidente, la inseguridad alimentaria no es inevitable, dadas las grandes áreas agrícolas y de pastoreo que pueden ser explotadas todavía. Con una acción determinada y concertada apoyada por la convicción ética de que la familia humana es una y debe avanzar en solidaridad, las poblaciones urbanas y rurales, el derecho al alimento debe ser aplicado a cada persona.
GINEBRA, jueves 10 de marzo de 2011 (ZENIT.org).-