Resulta increíble que, cuando el discurso oficial insiste tanto en la inclusión social, ahora se conozca que la obra social de los jubilados y pensionados nacionales (Pami) retacea desde 2007 una ayuda mensual de 45 pesos a más de 200 mil beneficiarios.
Es conocida la situación de los pasivos, 87 por ciento de los cuales cobra el haber mínimo de 1.227 pesos desde marzo de este año, para que tengamos que abundar en argumentos acerca de la irritación que genera este tipo de recortes, a todas luces injustos e inexplicables.
El cuadro de situación es el siguiente: de los 5.560.000 jubilados y pensionados nacionales, 25 por ciento cobra un subsidio sociosanitario que paga el Pami. La medida fue dispuesta en 2005 por el entonces presidente Néstor Kirchner y era de 30 pesos cuando el mínimo estaba en 350 pesos. En 2007, éste se incrementó a 596 pesos y el subsidio trepó a 45 pesos y allí se estancó, pese a los sucesivos aumentos en los montos mínimos.
Es decir que la ayuda, que antes representaba 7,5 por ciento del sueldo, ahora es sólo de 3,6 por ciento. Por si esto fuera poco, desde 2007 a la fecha dejó de percibirla 14 por ciento de los beneficiarios (230 mil jubilados), no se reconoce a los nuevos pasivos y está en duda su continuidad.
Es un arbitrio irritante, que va a contramano del sentimiento solidario de la sociedad hacia sus mayores y de los anhelos de alcanzar algún día el 82 por ciento del sueldo del trabajador en actividad. Recordemos que una iniciativa legislativa que aplicaba ese porcentaje al salario mínimo, vital y móvil mereció el veto presidencial y, aunque se dé crédito al argumento oficial en el sentido de que atender ese reclamo pondría en peligro la sustentabilidad financiera de las cajas de jubilación, no es éste el caso, sin ninguna duda.
El Pami ha sido uno de los principales beneficiados por la recuperación del empleo legal, ya que cada trabajador aporta el tres por ciento del salario bruto, que se destina a las diferentes coberturas del organismo asistencial. Sus presupuestos son superavitarios y declara reservas por 7.200 millones de pesos.
Quiere decir que no está presente en este caso el temor a una quiebra o a un desfinanciamiento, sino una gran insensibilidad de funcionarios que están lejos de comprender lo que significa esa ayuda para una persona mayor que cobra el mínimo. Por contrapartida, parece que están muy atentos a cubrir otras necesidades, a juzgar por las facilidades y los planes promocionales, como LCD para Todos, por el que la Nación financia a jubilados nacionales la adquisición de pantallas de televisión LCD de 32 pulgadas, o a los créditos a tasa cero para computadoras de escritorio y notebooks .
Nadie pone en duda el derecho de los jubilados a acceder a esos artículos. Lo justo, en cambio, sería atender, a la vez, la necesidad de subsistencia de una amplia legión de pasivos.
La Voz del lInterior, Editorial, 27-6-11