El problema no es una
eventual reelección de Cristina Fernández en las elecciones presidenciales de
2015, sino que la reforma constitucional que se requiere para hacerla posible
implique un cambio de fondo de nuestro sistema político-institucional.
Esa alteración podría
significar el abandono de los principios liberales y republicanos que inspiran la Constitución de 1853
–modificada en algunos aspectos instrumentales con la reforma de 1994– y la
instauración de un régimen presidencialista hegemónico y autoritario, con una
democracia plebiscitaria a perpetuidad.
Es decir, habría una
clara tendencia al partido único y a la ocupación de todo el poder por ese
partido, con escaso lugar para las otras expresiones políticas. No hace falta
subrayar que, en ese contexto, la libertad de prensa sería restringida o nula,
tampoco se favorecería el pluralismo ideológico y sería cada vez más difícil la
alternancia de diferentes partidos en el gobierno.
Lo lamentable es que
el modelo tomado por los reeleccionistas argentinos sea el de Hugo Chávez en
Venezuela, un país que alguna vez fue una democracia ejemplar, cuando la mayor
parte del mapa de América latina estaba ocupado por dictaduras. Basta recordar
que muchos exiliados argentinos fueron acogidos con generosidad por gobiernos
democráticos venezolanos.
Por ese motivo, la
adopción del modelo populista y autoritario del chavismo bolivariano
significaría para nuestro país un retroceso histórico inaceptable, una
abdicación de nuestros principios fundamentales y fundacionales. Esta es la
cuestión de fondo que debe ser tenida en cuenta en un debate sobre la
reelección; aunque, si nos ponemos serios, lo mejor sería que no hubiera ningún
debate y que se respetara la
Constitución desde el primero al último artículo.
Como reacción a esta
tentativa oficial, está cobrando fuerza la conformación de un frente
antirreeleccionista, integrado por todo el arco de partidos opositores, grandes
sindicatos y entidades empresariales. “Es una irresponsabilidad total hablar de
2015 cuando hay tantos problemas”, dijo Hugo Moyano, líder de una de las dos CGT.
Otra opinión
pertinente es la del jurista y legislador Ricardo Gil Lavedra, quien puntualizó
que si el kirchnerismo estuviera interesado en adoptar un sistema
parlamentarista, habría recurrido a algunos mecanismos semipresidencialistas
que contempla nuestra Constitución tras la reforma de 1994, entre ellos, la
posibilidad de que la
Presidenta delegue facultades en el jefe de Gabinete. Sin
alcanzar este el rango de un primer ministro, desempeña funciones parecidas,
pero, hoy, ese funcionario “ni siquiera tiene atribuciones para convocar a una
reunión de gabinete”.
Cada vez resulta más
evidente que al kirchnerismo duro le interesa sólo tener todo el poder y
ejercerlo sin límites, sin controles, sin oposición, sin pluralismo y sin una
prensa libre.