Desde 1983 se
dictaron sólo 7 condenas por corrupción
El Centro de
Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica
(CIPCE) presentó un informe sobre los procesos judiciales en casos de corrupción
cuyos resultados evidencian la necesidad de una reforma procesal penal.
El análisis de 21
causas del fuero federal fue realizado junto con la Oficina de Coordinación y
Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública
(OCDAP) y la Asociación
Civil por la
Igualdad y la
Justicia (ACIJ).
En el informe se
destaca que el promedio de duración de estos expedientes es de 11 años. También
se destaca como hecho relevante que entre el inicio del caso y el procesamiento
de algún imputado transcurre un tiempo promedio de más de cuatro años, mientras
que para que el caso esté en condiciones de ser llevado a juicio transcurren un
poco más de 10 años.
Cecilia Vazquez,
coordinadora del Programa de Transparencia del CIPCE, expresó que “las fallas
de la justicia federal redundan en privilegios e impunidad que sólo beneficia a
los empresarios y políticos involucrados en casos de corrupción”.
El informe demuestra
que el promedio de duración de los casos de corrupción demora unos 14 años, y
que desde el año 1983 no se han dictado más de siete condenas por delitos de
corrupción.
Pedro Biscay,
director ejecutivo del CIPCE, expresó: “El ejecutivo y el legislativo deben
tomar nota de estas deficiencias e impulsar la reforma federal, es la única vía
para poner coto al goce de fortunas obtenidas ilegalmente por empresarios y
políticos corruptos, que desde hace años se benefician de estas condiciones de
impunidad”.
Sobre el total de 21
causas relevadas, se desprende que el promedio de duración de los expedientes
es de 137 meses, es decir, más de 11 años. Aunque un panorama así ya es
alarmante, la situación todavía es más grave pues ese promedio está compuesto
por 21 expedientes de los cuales sólo 15 llegaron a la etapa de juicio -que es
aquella comprendida desde el momento de radicación de la causa en tribunal oral
hasta su finalización por cualquier causa-, y de esos 15 la gran mayoría (9) no
tuvieron ninguna resolución al momento de finalizar el relevamiento, 3 fueron
declaradas prescriptas, 2 por violación al plazo razonable, y en sólo 3 casos
en los que se realizó juicio oral o abreviado.
Del relevamiento
efectuado, se consideró importante determinar el tiempo transcurrido entre la
comisión del hecho y su judicialización, lo cual arrojó un promedio de 40 meses,
dato por demás relevante si se toma en consideración que en otro tipo de casos,
generalmente hay una inmediatez entre el hecho y su denuncia. Más allá de los
motivos que en este tipo dedelitos llevan a superar el promedio habitual, debe
tomarse en consideración que, en líneas generales, los primeros momentos
posteriores a la comisión de un delito son fundamentales a la hora de efectuar
la recolección de elementos probatorios. Cuanto más tiempo pasa,
más posibilidades existen de modificar el cuadro probatorio o de que elementos
relevantes para la acreditación del hecho desaparezcan.
Urgente 24, 7-9-12