Desde esta columna -y
en reiteradas oportunidades- hemos advertido sobre lo que ahora puede
calificarse como la novela del blanqueo salarial de las Fuerzas Armadas y de
Seguridad. Si acaso fuera necesario recurrir a la literatura, a criterio de
construir un titular, sería lícito recurrir al clásico “Crónica de una Muerte
Anunciada”. Nos referimos -claro está- al conflicto acontecido con Prefectura
Naval Argentina, órgano que se exhibe en pleno estado deliberativo. Y al que
más tarde se sumarían elementos de Gendarmería Nacional.
Será, pues, necesario
echar mano de la simpleza para dilucidar este intríngulis, si lo que se
pretende es detectar los orígenes del problema, profundizar y elaborar sobre su
desarrollo y conclusión final. Todo partió desde el Estado Nacional y su
costumbre de abonar al personal militar y de las FF. SS. sumas incorporadas a
sus sueldos bajo el eufemismo de NB/NR (sumas no bonificables ni
remunerativas), disfrazando los ingresos del personal.
Se iniciaron, de esta
manera, miles de demandas salariales. Se plantearon recursos administrativos y
se llevaron a juicio procesos en distintos fueros. El personal en actividad
hizo lo propio en el circuito Contencioso Administrativo, y los retirados, ante
los tribunales adscriptos a la Seguridad Social , de por sí atestados y
colapsados por incontables demandas contra ANSES. Sucedió que el personal
-ciudadanos argentinos de uniforme, con todas las obligaciones y derechos-
recurrió al sistema judicial a los efectos de perseguir una solución para la
problemática en cuestión.
Las demandas
siguieron los pasos correspondientes y alcanzaron los tribunales superiores.
Como última instancia, entendió en este asunto la Corte Suprema de
Justicia. En el caso de Policía Federal, se llegó a obtener una sentencia
denominada Caso Oriolo, bajo la identidad del demandante -a la sazón, segundo
jefe de esa fuerza- y a sus integrantes les sería reconocida la totalidad de
los suplementos. Con el aditamento, en los alcances del fallo, de la
incorporación de la conocida fórmula coincidente con que “Todo lo que ingresa
en el bolsillo es sueldo y remuneración”; por tanto, sujeto a descuentos
jubilatorios y de obras sociales como corresponde.
Siguieron luego las
Fuerzas Armadas, y se falló en idéntica dirección del Caso Oriolo para los
federales, reconociéndose los suplementos. Este fallo se denominó Salas
-siempre acorde al nombre del demandante-, y se constituiría en el leading case
para FF.AA. Pareció que se arribaba al fin de los inconvenientes.
Mas el huevo de la
serpiente hace su aparición en este estadío. Conforme a la información
proporcionada por nuestras fuentes, el Poder Ejecutivo Nacional -fiel a sus
costumbrismos, y por intermedio de sus operadores en el Poder Judicial-,
disconforme con el Fallo Salas y con las liquidaciones que de aquél surgían,
presionó a los Supremos con la amenaza de dar a luz a un nuevo fallo acorde a
los intereses de la Casa
Rosada. De lo contrario, advirtió que remitiría un Proyecto
de Ley para que los jueces también tributasen el famoso Impuesto a las
Ganancias. Al final del camino, los pares del ahora cuestionado Norberto
Oyarbide sentenciaron nuevamente sobre la base del primer Fallo Salas,
modificando las liquidaciones, por supuesto, hacia abajo. El resultado
definitivo dio lugar al Fallo Zanotti.
En este punto, es
dable aclarar que muchos miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
percibían salarios regularizados por intermedio de medidas cautelares que les
habían otorgado los magistrados, basándose en el Caso Salas.
En los albores del
mes de agosto del año en curso, comienzan a salir los decretos del reordenamiento
salarial basados en la modificación de la Corte Suprema ,
produciéndose un verdadero “milagro al revés”: una rampante involución salarial
en una nación con un desbarajuste inflacionario del orden del 25% anual. Índice
reconocida de facto por los incrementos otorgados a solicitud de numerosos
sindicatos en sus respectivas paritarias.
Al inicio de la
columna que Usted está leyendo, referíamos que el culebrón debía intitularse
“Crónica de una Muerte Anunciada”. ¿La razón? A la Corte hoy bajo la picota se
dirigieron reconocidos estudios jurídicos, con la meta de plantearle al Doctor
Ricardo Lorenzetti (solo por el momento, presidente del Cuerpo) lo que
sucedería. El Supremo -siempre en acuerdo con lo reportado por nuestras
fuentes- hasta se habría comprometido a sacar una aclaratoria del fallo en
virtud de lo hasta aquí explicitado, esto es, que los sueldos “bajarían”. Aquí
reside el principio operativo y fundacional de su “milagro al revés”: a la
postre, y por demás, algunos integrantes del personal damnificado hasta
terminarían debiéndole dinero al Estado Nacional, una vez las medidas
cautelares se precipitaran a tierra.
El meollo terminaría
por ocupar las primeras planas de los periódicos nacionales -y algunos del
exterior-, como se ha visto en la jornada del pasado martes con las ruidosas
protestas. El desquicio salarial y administrativo implosionó, y pueden citarse
algunos ejemplos prácticos para ilustrarlo mejor: un Coronel quedó con un haber
básico de 6.378 pesos. Sin desmerecer a nadie y a ninguna profesión -dado que
según la Doctrina
Social de la Iglesia Católica ha recordado oportunamente que
el trabajo “dignifica al hombre”- podemos decir, sin temor a equivocarnos, que
el citado básico se compara con el de un barrendero de la firma Cliba. En otro
orden, un Comisario General de Policía Federal percibe actualmente un salario
bruto del orden de los 26 mil pesos (sin apuntarse el aumento del 21% otorgado
con retroactividad al pasado primero de julio). Un Teniente General del
Ejército, como ser Luis Alberto Pozzi -Jefe del Estado Mayor General del Arma-
se anota un haber básico de 7.350 pesos, acercándose a la remuneración de un
conductor de un camión recolector de residuos. Téngase presente que entre las
FF. AA y de Seguridad siempre se mantuvo una suerte de equiparación salarial,
sustentada en las distintas y equivalentes jerarquías.
Ante este panorama de
notables perspectivas para el crecimiento intelectual y económico, los datos en
carpeta reportan que un aproximado de 1.200 oficiales de la Armada Argentina
-cuya formación para la
Defensa costó millones de pesos- ya se encuentran anotados
para ser tenidos en cuenta en su ingreso a la Policía Metropolitana.
En esta organización, hacen su entrada con sueldos notoriamente superiores, en
blanco y con una obra social de categoría, como lo es OSDE.
Como corolario, los
lectores interesados deberán tener a bien considerar que no nos encontramos
residiendo en las Fuerzas Armadas de un país desarrollado. Menos aún en el seno
de las de la República
Federativa del Brasil, las de Chile, o de las que operen en
alguna patria con pensamiento estratégico. Para citar a cierta encumbrada (y
muy apreciada) funcionaria: “Chicos; no estamos en Harvard. Apenas si egresamos
de institutos argentinos y universidades nacionales…”
Si la Señora Ministro
Nilda Garré (sobre quien ya pesan, en modalidad off the record, fuertes rumores
de renuncia) y su jefe espiritual / asesor / ex periodista, Horacio Verbitsky
[conocido bajo el alias de “Perro”] observaban, como propósito, aniquilar a las
Fuerzas Armadas echando mano de la división y la fragmentación, y haciendo
añicos la verticalidad y el orden que en ellas debería imperar, pues bien,
Señores; podemos ahora cotejar que su faena ha culminado en un rotundo éxito. Se
las han arreglado para implementar el mismo criterio al observado durante el
retorno de la primera conflagración mundial. Aquella que los soviets ejecutaron
limpiamente y con presteza, con el Ejército Ruso como objetivo.
Al cierre, será justo
colegir que no es Garré la única persona responsable en el espinoso entuerto.
Baste citar que, hace solo cuestión de horas, un grupo de generales increpó a
César Milani (a cargo de Inteligencia del Ejército) porque el escenario
pergeñado por el Estado Nacional redujo sus haberes en un promedio de tres mil
pesos. Coroneles y capitanes de navío se sumaron al reclamo a viva voz,
acusando reducciones en el rango de los mil doscientos pesos mensuales.
En la noche del
martes -y luego del sonoro fracaso que se anotara el Teniente Coronel Sergio
Berni al intentar calmar los ánimos entre personal de Prefectura y
Gendarmería-, el Ministro de Economía Claudio Lorenzino se hallaba reunido con
otros miembros del Gabinete para consensuar cursos de acción. Durante el
jueves, las reuniones se continuarán en la Quinta de Olivos con la Excelentísima Presidente
de la Nación ,
Cristina Elisabet Fernández Wilhelm de Kirchner (que había interrumpido su
visita a Perú a partir de lo sucedido con este tema). Encuentro privado cuyos
resultados se conocerán próximamente.
Sorge
El Ojo Digital
Informador Público,
4-10-12