Laura
Sesma*
Para la Real Academia
Española, el cinismo significa “desvergüenza en el mentir o en la defensa y
práctica de acciones o doctrinas vituperables”.
El cinismo es un
presupuesto esencial de lo que Aristóteles, en La Política, denominaba
demagogia: “Degeneración de la democracia, consistente en que los políticos,
mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los
ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder”.
La demagogia
caracterizó a la gestión de Luis Juez, que siempre hizo y dijo lo que le
era útil para su armado electoral y no lo que demandaba el bien común.
era útil para su armado electoral y no lo que demandaba el bien común.
En la misma línea,
dirigentes del Frente Cívico critican hoy el aumento de impuestos, cuando les
consta que el municipio estaría paralizado si el actual intendente no hubiera
decidido recomponer en un sentido progresivo los impuestos municipales de
acuerdo con la inflación real, así como arbitrar los medios para que la Provincia
no se quede con fondos que por coparticipación le corresponden a la ciudad.
Son “demagogos de
manual” cuando critican los 100 pesos que se cobrarán como derecho de examen en
los concursos públicos, mientras que en su gobierno se repartían puestos de
trabajo o certificados de conducta falsos previo pago del canon
correspondiente.
Números reales. En el
artículo publicado en la sección de Opinión de este diario, el 24 de octubre
pasado, bajo el título “Estado, trabajo
en negro y dignidad”, apelando a la mentira y a una de las necesidades más sagradas de cualquier persona –el trabajo y el salario digno–, se pretende reivindicar las acciones del gobierno municipal entre 2003 y 2007 en materia de recursos humanos.
en negro y dignidad”, apelando a la mentira y a una de las necesidades más sagradas de cualquier persona –el trabajo y el salario digno–, se pretende reivindicar las acciones del gobierno municipal entre 2003 y 2007 en materia de recursos humanos.
Se miente cuando se
expresa que al finalizar la intendencia de Juez sólo había 606 empleados
nuevos.
Desde 1983 a la
fecha, Juez fue el intendente que triplicó el ingreso de empleados, si lo
compara con sus antecesores. Además, incrementó el gasto salarial a través del
pago ilegal de horas extras y adicionales al sueldo, para intentar comprarse el
apoyo de la familia municipal en reemplazo de la estructura política que no
tenía.
El exintendente Ramón
Bautista Mestre redujo la planta de personal de 6.300 a 5.100 empleados, si
deja fuera este número a los empleados de las escuelas municipales y a los que
pasaron de la Provincia a la Municipalidad cuando se municipalizó el servicio
de cloacas.
El exintendente Rubén
Martí recibe, en 1991, una planta de casi seis mil empleados, y cuando se
retira quedan alrededor de 6.900, entre agentes permanentes, transitorios y
contratados, de los cuales pasa a planta permanente alrededor de 900 agentes,
cuando aún no estaba vigente la ordenanza 10.174 de concursos, que se aprueba
en diciembre de 1999.
Juez recibe del
exintendente Germán Kammerath alrededor de 7.250 empleados y, cuando se va, deja más de 9.400, cifra que no
refleja los más de tres mil empleados que tienen fecha de ingreso durante su
gestión, porque los agentes que se jubilaron en esa época dejaron cargos que
fueron ocupados por los nuevos.
El exintendente
Daniel Giacomino incrementó levemente la cantidad total de empleados y pasó
1.500 agentes de contratados a transitorios, aumentando el número de
monotributistas.
En los números
informados, no están contemplados monotributistas ni funcionarios.
Otras mentiras.
También se miente cuando se dice que los agentes ingresaron en 2007 a planta
permanente de acuerdo a la Carta Orgánica.
El 9 de septiembre de
2003, el juez de Conciliación de Segunda Nominación admitió la acción de amparo
que interpuse para dejar sin efecto el decreto 1.555 dictado por Kammerath, que
establecía un concurso para contratados y otro para ciudadanos comunes.
En la sentencia
expresaba que “... la ordenanza 10.174 regula el ingreso a la administración
comunal dentro de un marco de condiciones, pero sin condicionamientos,
otorgando prioritariamente la igualdad de oportunidades para los aspirantes, y
que el decreto número 1.555 se aparta totalmente de dichas pautas... al discriminar
la selección de postulantes...”.
Confirmado el fallo
por la Cámara de Trabajo Sala Primera, el 7 de octubre de 2003 se suspendieron
esos concursos y la Justicia impidió el ingreso del personal contratado a
planta permanente.
Aprovechando esa
situación y con el objetivo de nombrar a sus “militantes”, cuando asume Juez en
2003 rescinde casi mil contratos, de los cuales sólo reincorpora alrededor de
500 a pedido del Suoem.
Por mérito. En 2007
inicié un amparo en contra del decreto 670/06 y otros similares dictados por el
entonces intendente Juez, que permitían el ingreso de los contratados y de
ningún otro ciudadano.
La Cámara Primera en
lo Civil y Comercial sostuvo que tal criterio chocaría con el artículo 16 de la
Constitución Nacional, conforme al cual si bien “... el acceso al empleo
público encuentra como condición esencial la idoneidad, exige respeto a la
igualdad de oportunidades...”, y obligó al municipio a admitir a los ciudadanos
demandantes en esos simulacros de concursos cerrados.
Pero,
lamentablemente, pese a tratarse de un amparo de incidencia colectiva, esta vez
la Justicia no impidió el ingreso a planta permanente de más de tres mil
empleados.
Algunos, los menos,
eran contratados de antes de 2003, pero la gran mayoría había ingresado entre
2004 y 2006, elegidos a dedo por el entonces intendente Juez, sin ningún
sistema de selección por mérito, no respetando de esta forma a los miles de
ciudadanos que también tenían derecho de trabajar en el Estado.
De la caótica
situación que heredó el actual intendente, no se saldrá con más demagogia sino
con cambios estructurales, cuyos beneficios sólo suelen verse con el tiempo y,
por ende, no cosechan aplausos inmediatos.
Uno de esos cambios
estructurales será institucionalizar mecanismos que garanticen, para el ingreso
al Estado, “igualdad, mérito y oportunidad”, lema actual de la Comisión
Nacional de Servicio Civil de Colombia, uno de los más de ocho países en
América latina que, a través de la capacitación y de sistemas meritocráticos de
concursos públicos y masivos, se han propuesto cambiar la administración
pública para hacerla eficiente y eficaz al servicio del ciudadano.
*Subsecretaria de
Capacitación y Formación de Recursos
Humanos de la Municipalidad de Córdoba.
La Voz del Interior,
11-11-12