Por José Antonio
Riesco
“Hay una razón profunda de por qué los derechos
humanos sólo pueden funcionar en un Estado constitucional. Para la eficacia de los derechos humanos la independencia judicial es más
importante que el catálogo de los derechos fundamentales contenido en las
leyes”. (Martin Kriele).
El plan de
“democratización” de la
Justicia que anunció el gobierno no será el primero ni último
atropello contra la
Constitución pero es gravísimo. Por ahora se propone inundar
al Consejo de la Magistra
tura con sus “compañeros” y alcahuetes a fin de construir una admi nistración
de justicia donde proliferen los egresados de la academia Oyarbide. Y donde los
seleccionados deberán presentar certificado de miembros activos de La Cámpora.
Se trata en el fondo
de aniquilar la independencia de los magistrados judiciales, y con ello
eliminar la división de los poderes y hacer retroceder su función eminente a
los tiempos del Absolutismo. El “modelo” requiere jueces como Jeffrey, del
siglo XVII, aquel perverso amanuense de Jacobo II, el último de los “estuardo”,
que se jactaba de siempre “fallar al servicio de la corona”. O acaso como los
“parlamentos” de Francia antes de la Revolución y que dejaron triste memoria por sus
arbitrariedades y atropellos.
La independencia
judicial fue una de las conquistas fundamentales de la Modernidad y el medio
institucional que dio seguridad jurídica, primero a los ciudadanos comunes y,
en su avance, a los derechos sociales, En la mejor doctrina y en la más
correcta jurisprudencia significa que el funcionario actúa y decide sin estar
subordinado a otra instancia que los principios y reglas de la Constitución. Por
algo las autocracias se empeñaron en negarla o eliminarla. Durante el régimen
de Hitler, en los años 30 del siglo XX, uno de sus principales juristas e
ideólogos, Carl Schmitt, llegó a decir
que, para la sentencia de los tribunales, “eran de simple y directa aplicación
los principios del nacional-socialismo”.
Pero, además, dicha
independencia constituye una garantía sustanti va para que el acto de voluntad
con que el magistrado resuelve la causa sobre la cual ejerce su jurisdicción
sea fiel a la ley procesal y de fondo, y sólo a la ley. Y en un plano
personalmente más profundo para que se pronuncie acorde a esa virtud moral que
es la imparcia lidad. Es decir, la actitud que lo lleva a desechar compromisos
con las partes de un conflicto o con
intereses ajenos a la causa judicial.
“-Toda persona tiene
derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable,
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal
formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, (art. 8,
Convención Americana de DH; art. 75, inc. 22 CN)
En eso, precisamente,
consiste el “buen desempeño” que prescribe el art. 53 de la Constitución Nacional ,
norma que comprende el aspecto legal y la dimensión ética. Para el control
jurídico del acceso al cargo de los magistrados y, llegado el caso, evaluar su
conducta si correspondiere, la
Reforma constitucional de 1994 incorporó dos enti dades a
propósito, el Consejo de la
Magistratura y el Jurado de Enjui ciamiento (arts. 114 y 115
CN).
La cuestión que
surge, a propósito de la intención oficialista de “democratizar” a la Justicia , consiste en que
no se puede eludir la confrontación de semejante designio con el contexto
sociopolítico en que se plantea. Puesto
que, a no engañarse, lo que aquí se juega no es únicamente un problema técnico
sino esencialmente uno de orden político. La familia Kirchner lleva nueve años
en el poder, más que un ejercicio del gobierno, sino, como está a la vista, una
experiencia de concentración de las decisiones y de un creciente “culto de la
personalidad”.
Hay efectos y
resultados demasiado elocuentes que no se pueden ignorar. El congreso ha
perdido toda autonomía de decisión, en cada comicio los candidatos del
oficialismo se imponen merced al escanda loso uso y abuso de los recursos
públicos, los miembros de la cúpula kirchnerista integran la clase alta de los
nuevos ricos, y por eso el clientelismo viene aniquilando la dignidad cívica de
millones de argentinos. Hay altos funcionarios que en lugar de currícula
ostentan un lamentable prontuario. Entretanto la inflación ya se adueñó de la
economía y la caja oficial se sigue alimentando con los ahorros de los
jubilados.
No vale equivocarse.
Dichos indicadores son suficientes para entender qué es la democracia para el
régimen que lidera la Sra. Presidente.
Y qué nos quiere decir cuando amenaza al país con la “democratización” de la Justicia , o sea llenar de
Oyarbides la nómina de jueces y fiscales. Para disponer de procesos y
sentencias que lleven a la impunidad de los amigos y socios. Para que, como en
el siglo XVII ocurrió con el juez Jeffrey,
se falle siempre como pide la Corona.-
(Instituto de Teoría
del Estado)