Por José Antonio
Riesco
Loa anticipos (más
publicitarios que efectivos) de la diputada Elisa Carrió sobre gestiones
opositoras para impedir el triunfo del oficialismo en la votación de la reforma
judicial, desataron los escrúpulos doctrinarios y jurídicos del líder de la
bancada kirchnerista. A juicio del diputado Agustín Rossi tal acción no sólo sería un caso de
obstrucción sino un atentado contra el sistema de la Constitución.
Con total
desconocimiento verbal de lo que viene ocurriendo con el comportamiento del
órgano legislativo, el diputado Rossi –de cuya absoluta lealtad a las
instrucciones de la
Presidente nadie duda--
calificó de “golpe de Estado” a la iniciativa de Elisa Carrió. Todavía
más, habló de una tentativa “fascista”.
Tal cual se viene
dando en los hechos la relación del Congreso con respecto al Ejecutivo en el
régimen kirchnerista, habría que buscar en la
experiencia del fascismo europeo de la primera mitad del siglo XX para
encontrar algo parecido. Solamente en esos regímenes se dio una subordinación
tan escandalosa como la que, en la
Argentina del presente, está soportando el sistema
constitucional.
Lo que implica una
verdadera ruptura de la división de los poderes, cuyo respeto es esencial en
una democracia republicana. Tal como actúan y se expresan públicamente los
legisladores kirchneristas, ellos no son representantes del pueblo sino voceros
y ejecutores de la voluntad de la Presidente.
Para más, a cada
momento proceden ignorando groseramente el rol y los derechos de las minorías
parlamentarias, y es de público y notorio que el tema urticante de estos días
(la reforma judicial) estuvo a punto de ser aprobada a libro cerrado y sin
debate. Sería bueno que el diputado Rossi se anoticiara de que, en el sistema
constitucional que adoptamos en 1853, asumiendo modelos con vigencia en otras
partes del mundo, la dictadura de la mayoría estuvo y está excluida del orden
jurídico fundamental. También que, con la división de los poderes, no tiene
ningún sentido pretender imitar la “soberanía del parlamento” propia de
Inglaterra. Aunque en eso parece estar el oficialismo.
Hay que recordarle al
diputado Rossi que el proyecto de reforma judicial está dirigido, sin tapujos,
a la liquidación de la independencia del Poder Judicial. O sea producir un
auténtico “golpe de Estado” con la cobertura formal de una legalidad que ya
viene hecha trizas. El Modelo K no tolera jueces que dicten sentencias al
margen de la voluntad de la
Sra. Presidente. Sobre todo si ponen freno a sus ataques a la
prensa y de paso se niegan a cubrir los
casos de corrupción que proliferan en los ámbitos del poder desde hace años. –