sábado, 11 de mayo de 2013

LA FALSA DEMOCRACIA




Cuando la presidenta Cristina Fernández presentó el proyecto para la reforma de la Justicia, dijo que su Gobierno esperaba que la oposición –que no concurrió al acto oficial– presentara sus observaciones a los importantes cambios que se anunciaban para la modernización de uno de los poderes del Estado.
La hipocresía quedó en evidencia pocas horas después, cuando el senador oficialista Aníbal Fernández reveló que los proyectos serían aprobados “sin tocar una coma” respecto de la redacción original.

Los argumentos expuestos por la oposición, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, fueron desoídos por el kirchnerismo, que no se atrevió a modificar ni siquiera los puntos que entraban en violación con otras normas y con los principios de la Constitución Nacional.
Sólo se admitió un leve cambio cuando una organización social filokirchnerista sugirió que el proyecto que regulaba las medidas cautelares colocaba en total desprotección a los ciudadanos frente al Estado. Esa observación ya había sido enumerada por la oposición política en reiteradas ocasiones en las audiencias públicas, pero no se los escuchó.
Sería injusto decir que se cumplió a rajatablas la orden presidencial de no tocar una coma, pues hubo cambios, sí, pero para tornar aun más inconstitucional las iniciativas, por caso, la de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura.

Esta norma fue observada por jueces y camaristas de todo el país, así como por la Relatoría Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para asuntos jurídicos, que encabeza la jurista brasileña Gabriela Knaul, todo lo cual mereció como respuesta la clásica estrategia kirchnerista de desacreditar las opiniones.

El proyecto registró un cambio significativo cuando el oficialismo advirtió que una eventual alianza opositora le quitaría la pretendida intención de controlar ese cuerpo y avanzar contra los fallos adversos que recibió en la Justicia.
Esas causas tienen nombre y apellido y están vinculadas con la aplicación inconstitucional de la ley de medios y con el encubrimiento de las maniobras de corrupción por parte de funcionarios y empresarios próximos a la Presidenta.

Se pretende que una lista de candidatos sea inscripta por un partido con representación en 18 distritos, algo que sólo podrá observar el oficialismo y, a lo sumo, el radicalismo. Este requisito no se exige para presentar un candidato a presidente, por lo que no puede estar por encima de esa norma, además de violar pactos internacionales que tienen fuerza constitucional.
La proclamada democratización de la Justicia no es otra cosa que consagrar la falta de democracia en la actuación de un poder del Estado que debe ser independiente en su rol y no estar sujeto al control ni a los caprichos del gobierno de turno.

Es hora de evitar que se use en vano la palabra democracia, cuando en realidad lo que se pretende es controlar la actuación de los jueces.

La Voz del Interior, editorial, 11-5-13