casi la mitad de la población adulta, con ingresos del Estado
Por Silvia Stang
En la Argentina , más de 45% de
la población mayor de 18 años recibe en forma directa y mes tras mes ingresos
que provienen del Estado. Se trata de unas 13 millones de personas, si se
incluye a los empleados públicos -de Nación, provincias y municipios-,
jubilados, beneficiarios de pensiones no contributivas y de planes de empleo y
cooperativas, y los hogares a los que llega la Asignación Universal
por Hijo, según datos de varias fuentes consultadas por LA NACION y en una estimación
conservadora, ya que se tuvo en cuenta que podrían existir superposiciones. La
magnitud y el ritmo de crecimiento de las cifras llevan a que el tema sea
disparador de análisis que se alinean tras las perspectivas fiscal, política y
social (se da el debate, en este último caso, sobre la dinámica ideal de
ingreso y egreso de personas a planes de transferencia de recursos).
El número de
empleados estatales es superior en 52% al de 2002. Llega a 3,32 millones entre
los puestos de planta permanente y las personas contratadas en las
administraciones de nivel nacional, provincial y municipal, según un informe de
la Fundación
de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), con datos a 2012. En la
década se sumaron, en promedio, 312 puestos por día. El empleo privado, en el
período, avanzó mucho menos: 22 por ciento.
Solamente en la
administración nacional hay 570.000 ocupados, un tercio más que una década
atrás. Pero los planteles crecieron con mucha más fuerza en el conjunto de
provincias (47%) y en los municipios, donde hoy trabajan ocho personas más por
cada 10 que lo hacían en 2002.
"Desde 2007 el
empleo público crece más que el privado; sólo en 2012, cuando la ocupación en
la actividad privada subió apenas un 0,1%, el Estado incorporó 133.000
personas, un 4,3% de las que había", analiza la economista de FIEL Nuria
Susmel. ¿A qué responde eso? Las estatizaciones, que llevaron a gestiones
empresariales en manos de movimientos militantes, ofrecen parte de la
respuesta: en bancos y compañías estatales las dotaciones pasaron de 27.700 a
100.327 entre 2002 y 2012.
"Puede ser
también que el empleo público se haya transformado en un plan para evitar más
desocupación", agrega Susmel. En las provincias se dan situaciones
dispares en cuanto al peso que la ocupación estatal tiene sobre la totalidad de
puestos. Al tope del ránking está Tierra del Fuego, con 29,1% de empleo
público. Con índices superiores a 20% aparecen Catamarca, Santa Cruz, Neuquén, La Rioja y Formosa. En los
últimos cuatro casos, la desocupación medida por el Indec logra ubicarse por
debajo de la tasa promedio, de 7,9% de la población activa en el primer
trimestre del año. Con índices por debajo del 10% en la relación entre puestos
públicos y empleo total, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y la Capital Federal
son las jurisdicciones con dependencia más baja.
La transferencia, en
las últimas décadas, de responsabilidades de la función pública desde el nivel
nacional al provincial, y en algunos casos al municipal, se presenta como uno
de los motivos para las contrataciones. Según Soledad Pérez Duhalde,
coordinadora de Análisis Macroeconómico de la consultora abeceb.com, ésa es una
de las causas del rojo actual en las cuentas públicas locales.
"Por el impacto
fiscal, el empleo dejó de crecer tanto y en algunos casos ya no se renuevan
contratos", dice la analista, que destaca que hay una relación directa
entre la suba del gasto en personal y el deterioro de las cuentas públicas
provinciales. En 2003, la licuación de los salarios llevó a un superávit que
siguió hasta 2007. Al año siguiente, con un crecimiento del gasto en personal
(por recomposición de ingresos y creación de puestos), el signo se volvió
negativo.
La sustentabilidad es
también una materia pendiente de debate en el sistema previsional. La Anses paga 5,9 millones de
jubilaciones y pensiones, un número al que se agregan las prestaciones a cargo
de las provincias que mantienen bajo su jurisdicción las cajas propias para sus
empleados públicos (entre ellas, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos).
De acuerdo con un
informe de la
Asociación Argentina de Presupuesto y Administración
Financiera Pública (ASAP), algo más de 2,3 millones de beneficios del régimen
jubilatorio nacional corresponden a la moratoria, que permitió acceder a un
haber mensual a quienes no habían hecho ningún aporte o los habían hecho en
forma insuficiente para ganar el derecho a la jubilación. Esos beneficios se
otorgaron sin que previamente se hicieran cálculos de cuántos serían, ni del
costo que implicarían a futuro.
Más allá de ese
aspecto de la falta de previsión (que bien podría plantearse para el régimen
jubilatorio en general), el llamado plan de inclusión plantea una distorsión
desde el punto de vista de acceso a derechos para los ciudadanos. La moratoria
que permite pagar deudas de aportes a valores históricos y en cuotas que se
descuentan de los haberes mensuales, es un plan que sólo admite la adhesión por
aportes no abonados que hayan vencido en períodos previos a octubre de 1993.
¿Qué significa esto? Que el paso del tiempo elimina progresivamente la vigencia
del programa, y se discrimina entonces por razones de edad.
El estudio de la ASAP estima, con datos de los
censos nacionales, que en 2001 el 70% de la población mayor de 65 años estaba
cubierta por una prestación, y que en 2010 el índice trepó a 90 por ciento.
Pero, por lo antes comentado, volverá a caer.
En el segmento de
pensiones no contributivas que gestiona el Ministerio de Desarrollo Social, los
beneficiarios son 1,28 millones según el último dato oficial, de junio de 2012.
En la última década, ese número creció un 275%, ya que a fines de 2002 poco más
de 340.000 personas recibían esos pagos. Son prestaciones que insumen el 70%
del gasto de $ 35.900 millones presupuestado para este año para la cartera,
según un análisis de la
Fundación Konrad Adenauer. Más de 90% de las pensiones no contributivas
son las llamadas asistenciales, hoy de 1730 pesos mensuales, que se dan por
vejez, invalidez y a madres de siete o más hijos. Dato llamativo: los
beneficios por invalidez se multiplicaron por 10 en la década y hoy son más de
790.000.
"Hay más
cobertura y gente que está mejor; hoy la inflación complica pero en las
familias saben que tal día del mes contarán con un ingreso", evalúa Daniel
Arroyo, que fue secretario de Políticas Sociales al inicio de la década y que
hoy está en las filas de Sergio Massa. "Se equiparó un sistema no
contributivo al contributivo, pero ahora eso plantea un desafío importante de
sustentabilidad", agrega.
El esquema de pagos
de la AUH previó
el "enlace" con el sistema de asignaciones familiares del empleo
formal. Las personas que consiguen un puesto no dejan entonces de percibir el
monto por hijo. Pero en la práctica, el esquema puede chocar con el mismo
problema que hoy tiene el impuesto a las ganancias: la falta de actualización
en un contexto inflacionario. Para los asalariados formales, el monto de $ 460
es el que corresponde a las familias en las que el ingreso total no supera los
$ 4800; cuanto mayor es el sueldo, la prestación se reduce, hasta la
desaparición del derecho.
Entre los planes con
objetivo declarado de promover el empleo, el principal del Ministerio de
Trabajo es el llamado seguro de capacitación y empleo, con 350.000
beneficiarios, según el informe de la ASAP. Se paga una prestación que lleva años sin
actualizar, de $ 225. Aunque el paso por el plan suele abrir la posibilidad de
recibir otras asignaciones.
Gestionado por la
cartera de Desarrollo Social que conduce Alicia Kirchner, el plan de
cooperativas Argentina Trabaja tiene 132.000 beneficiarios. El dato fue
consignado en una gacetilla difundida por la página oficial de prensa de
Presidencia, con una observación al menos curiosa: se aclara que el ministerio
informó el número en respuesta "a un requerimiento de legisladores
opositores".
La falta de
transparencia y la parcialidad de los informes sobre el manejo de fondos
públicos son temas sobre los que advierten los analistas. Un estudio sobre
gasto social del centro de investigaciones Libertad y Progreso señala que, al no
haber información unificada de los planes, "no existen registros de
posibles superposiciones". También se advierte que "en varios
programas los beneficiarios sufren la discrecionalidad de los funcionarios que
tienen la facultad de otorgarlos".
Para Arroyo, un
desafío pendiente es pensar cómo se pasa de un plan social al empleo genuino.
"Debería haber un sistema de derecho al primer empleo, con incentivos para
empresas y acompañante para el joven principiante. Y un esquema de empalme,
para que quienes cobran un plan social y consiguen empleo sigan con la
prestación en los primeros meses, y que se reduzca el monto progresivamente
hasta no cobrarlo más", dice.
En la opinión del
economista y diputado Claudio Lozano, los planes deberían promover la
finalización de ciclos educativos o la producción de bienes y servicios que
tienen una demanda no atendida, como la autoconstrucción o mejora de viviendas.
Muchas veces, observa, las tareas asignadas a los cooperativistas son las que
deberían hacer trabajadores municipales. "En realidad no debería haber
planes, sino un sistema donde el trabajador sea reconocido como tal, porque
pagar a alguien si no aporta algo productivo no le hace bien ni a la sociedad
ni a la persona", apunta.
El plan de
cooperativas, según el informe de ASAP se subejecutó en el primer trimestre de
este año y tuvo sólo 9 provincias incluidas.
El factor
discrecionalidad atenta contra la eficacia y desafía al plano político.
"Estamos lejos de pretender suscribir una «aritmética electoral» basada sólo
en una dependencia del ingreso estatal, porque sería un argumento corto y un
insulto a la inteligencia del electorado. Pero es un factor a tener
presente", señala Guillermo Galli, economista y asesor del diputado
Gustavo Ferrari, que en un cálculo reciente estimó que "más de 14 millones
de votantes son impactados por el gasto social y el empleo público".
Casi la mitad de la
población adulta cobra ingresos del Estado. Y cuando, en el concepto y en la
práctica, los funcionarios confunden ese Estado con sus gobiernos, los desafíos
de sustentabilidad, de que se ayude sin trabar el desarrollo personal y de
evitar el aprovechamiento para intereses no generales, se hacen más fuertes.
1,1 Millones
Son los empleos del
sector público, en los tres niveles de gestión, que se sumaron en la última
década; el crecimiento fue de 52 por ciento