El escándalo generado
por la supuesta vinculación de policías con traficantes de drogas tuvo un nuevo
giro ayer al conocerse un pronunciamiento del Tribunal Oral Federal N°2 de la
ciudad de Córdoba que remitió una nota a la procuradora General de la Nación,
Alejandra Gils Carbó, reclamando su intervención.
Carlos Lascano, José
María Pérez Villalobo y José Fabián Asís comunicaron a Gils Carbó “la situación
de gravedad institucional” generada a partir de los reiterados faltantes de
estupefacientes secuestrados, entre ellos la desaparición de 4,5 kilos de
cocaína hace tres años y los 30 kilos de marihuana reemplazados por alfalfa y
piedras en octubre pasado, hecho que recién trascendió la semana pasada y
derivó en el pedido de captura de un oficial que se entregó ayer.
Al divulgarse de
manera pública este reclamo, ayer a la mañana los tres fiscales federales de
Córdoba, Vidal Lascano, Enrique Senestrari y Graciela López de Filoñuk,
remitieron una carta a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), en la
que expresaron “inquietud” ante el reclamo que se hizo público, del Tribunal Nº
2.
“Estas expresiones
podrían ser malinterpretadas por la prensa y la sociedad, y constituyen una
inadmisible intromisión”, expresaron, al tiempo que solicitaron que intervenga
el Consejo de la Magistratura para evaluar la conducta de los jueces.
“Vi la carta de los
jueces, me pareció sorpresiva y desatinada. Es como si yo enviara una carta a
la Corte para pedirle que haga trabajar al Tribunal Oral N° 2”, dijo sin
vueltas anoche el fiscal Senestrari, y aseguró que Gils Carbó está al tanto
desde el primer momento de la situación y que apoya la investigación.
Los fiscales
entendieron que, en el contexto del escándalo por la investigación contra
policías, el pedido del Tribunal constituye una “deslegitimación” a las
investigaciones que se están desarrollando.
Críticas cruzadas
En su carta a Gils
Carbó, el Tribunal carga las tintas contra el fiscal federal Gustavo Vidal
Lascano, quien intervino en dos casos en los que desapareció droga secuestrada.
Al respecto, los
jueces sostienen que esta situación “no es nueva ya que este Tribunal denunció
hace aproximadamente tres años una situación similar y puso en conocimiento de
la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal todos los antecedentes de una
causa judicial donde se secuestraron aproximadamente 13 kilos de cocaína y
llegaron a nuestro tribunal para juicio oral y público, sólo 8,5 kilogramos”.
Quien denunció la
irregularidad fue Miguel Juárez Villanueva, defensor de uno de los tres
imputados. Ante el incidente, el Tribunal Oral Federal N°2 solicitó una
“investigación profunda” al entonces Procurador General “para determinar las
responsabilidades de todos los órganos comprometidos, poniendo de manifiesto
que la causa se tramitó en el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Alejandro
Sánchez Freytes y que durante la instrucción actuó Vidal Lascano, “sin advertir
ni señalar el importante faltante de droga y acusando a los imputados por 8,5 kilos
de cocaína”.
A pesar de la
desaparición del estupefaciente, el juicio se inició y fueron condenados
Estanislao Alberto Liquitay, Ariel Enrique Savioli y Gustavo Ariel Rodríguez a
penas de entre 6 y 8 años de prisión.
Ahora (como informó
este diario el lunes) la Cámara de Casación Penal de la Nación anuló las
condenas porque los investigadores de Lucha contra el Narcotráfico se valieron
de llamados anónimos para hacer inteligencia, sin conocimiento del juez ni el
fiscal.
En su momento, al
responder a la crítica, Vidal Lascano dijo que el juicio no tendría que haber
empezado y atribuyó al fiscal de Cámara y al tribunal no haber constatado la
prueba existente para iniciar el proceso oral y público.
Paralelamente, en
aquel entonces, el triunvirato del Oral 2 realizó una presentación ante el
Consejo de la Magistratura para determinar la posible responsabilidad del juez
Sánchez Freytes.
“Hoy a casi tres años
de aquella presentación, no tenemos conocimiento del resultado de la
investigación de tan grave suceso, si hubo imputados, qué medidas se tomaron
para deslindar responsabilidades, si hubo responsabilidades policiales o
judiciales por falta de control en la recepción de la droga y en el control de
legalidad del Ministerio Público, teniendo que lamentar nuevamente otro
escándalo que solo beneficia al narcotráfico, como consecuencia de la
ineficiente labor investigativa en aquella oportunidad, continuando las
notorias falencias en el control de los elementos secuestrados”, precisa el comunicado
difundido ayer.
A Lascano, Pérez
Villalobo y Asís, les llama la atención que por noticias difundidas por La Voz
del Interior, surge que la justicia federal recibió 30 kilos de alfalfa y
piedras en lugar de los 30 kilos de marihuana secuestrados, “siendo alarmante
que este supuesto hecho ocurrió en octubre de 2012 y recién en septiembre de
2013 se realiza la pericia química que determina que no se trata de
estupefacientes”.
Tras estas
consideraciones, el Tribunal Oral 2 “solicita y reitera la urgente intervención
de la procuradora General de la Nación, o de las Unidades Especiales, tales
como Procunar”.
La Voz del Interior,
25-9-13