(Córdoba)
Por Gabriel Osman
El relato canonizado
de la crónica estrechez de recursos del presupuesto de la Municipalidad de Córdoba
es el demandante gremio y su planta de empleados de dimensiones asiáticas y
salarios muy altos para su bajísima productividad. Ha dicho el intendente,
Ramón Mestre, hace pocos días que la partida sueldos –planteado como objetivo-
llegará este año al 61,3%. No hacen falta más datos para percibir la
hipertrofia de estos gastos corrientes que, esencialmente, son el presente
griego que les ha legado Luis Juez a Daniel Giacomino, a su sucesor y a otros
muchos intendentes, porque el decrecimiento de la planta va a ser
inevitablemente vegetativo: muy pocos municipales podrían renunciar demandados
o tentados por el mercado laboral cordobés.
Pero aunque esta
malformación del gasto sea una descripción verás, se trata más bien de un
relato simplificado. El municipio ha ido acumulando con los años
responsabilidades con cierta ligereza, pese a tratarse de competencias que eran
y son claramente de otra jurisdicción. Se trata, básicamente, de los servicios
de salud de alta complejidad y de su sistema educativo, que fueron asumidos en
su momento sin contraprestación alguna, aunque esto signifique transferencia de
pacientes y de alumnos, en uno y otro caso.
El Urgencias, el
Infantil (ambos construidos durante la última dictadura militar y el primero
específicamente para cubrir eventualidades del Mundial 78) y el Hospital del
Sur (elefante blanco que supo “arrancarle” Giacomino al gobierno nacional), más
la red de casi un centenar de dispensarios y postas sanitarias (que sí son de
competencia municipal), se llevan casi un tercio del presupuesto anual del
Palacio 6 de Julio.
Esta dedicación de
recursos en salud desbordando sus obligaciones, más lo que se destina a atender
el sistema educativo, compuesto por 38 escuelas y con una planta de 1.386
docentes, le han terminado dando al presupuesto otra brutal amputación que
aleja a la Municipalidad de sus responsabilidades esenciales, esas de una
célebre reconvención de Juan Perón a un intendente de la provincia de Buenos
Aires: barrido e iluminación.
Que el intendente
actual cargue con estos gastos en educación o que, incluso, trate de liberarse
aunque sea parcialmente de ellos, termina siendo justo, porque fue su padre el
que inauguró el servicio que en la actualidad consume alrededor del 10% del
presupuesto, sin que en su aparición -1984- le exigiera una mínima compensación
a la Provincia, porque en el fondo no es más que una transferencia de matrícula
sin compensación.
En el Presupuesto
Nacional 2013 hay una partida de $ 507 millones destinada a los municipios que
tienen servicios educativos, que no son muchos. En Córdoba, con nivel inicial y
primario completo, seguro que ninguno a excepción de la Capital. Con el manejo
discrecional que la Nación hace de la ejecución presupuestaria, es difícil
saber el destino cierto de la partida, aunque ésta contenga un reconocimiento
que ya es algo para empezar.
También existen otros
posibles argumentos para las negociaciones (en marcha o no) entre municipio y
Provincia. Esta le paga al sistema de escuelas y colegios privados (como no
creemos que se trate de emprendimientos filantrópicos, sino empresas con fines
de lucro, más allá de lo que diga la ley) encuadrados en el sistema de
asistencia financiera y con tope de arancel, un sueldo inicial a los docentes
de $ 6.608, con cargas patronales.
Si tan sólo se
limitara a tratar a otra jurisdicción del Estado con el mismo metro que a los
privados, le deberían llegar a la Municipalidad nada menos que $ 119 millones
al año. Una señal en esta dirección sería una excelente noticia para el
municipio. Que tampoco debería renunciar a la ya histórica demanda de una
reparación por los servicios de salud de alta complejidad que, como en el caso
de los que brinda el Urgencias, son demandados en toda la provincia y es
principal referencia en el centro-norte del país.
Diario Alfil,
18-10-13